EL CALAFATE.- Por primera vez, el Poder Judicial de Santa Cruz será sometido a una exhaustiva revisión administrativa y contable que dejará expuestos desde los fondos presupuestarios hasta el estado de las causas judiciales pendientes. La orden de rendir cuentas emanó del renovado Tribunal Superior de Justicia, que ayer entró en funcionamiento pleno.

También se tomarán medidas por la demora que atraviesa la actividad judicial por el paro gremial sobre el cual no se había pedido, hasta esta semana, el dictado de la conciliación obligatoria.

La información surge de las actas del Acuerdo Extraordinario firmado por ocho de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia que se reunió por primera vez anteayer, luego de la Corte Suprema avalara la ley que amplió el cuerpo de cinco a nueve miembros.

Con la mayoría asegurada por las nuevas designaciones, se votó para la presidencia a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y se avanzó con la solicitud de un detallado pedido de informes en el interior del propio Poder Judicial.

El análisis solicitado deberá detallar los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto Provincial, la ejecución presupuestaria y los créditos ejecutados, recursos propios y otros egresos, obligaciones existentes y devengadas.

En el mismo informe que deberá ser presentado por el administrador general del Poder Judicial, el contador Fernando Ortiz de Zárate, deberá estar el detalle de la masa salarial de magistrados, funcionarios, personal superior y demás empleados del Poder Judicial; el costo mensual en concepto de tributos y servicios en cuanto a lo que se abona de manera global y en cada una de las reparticiones, obras, equipamiento informático, contratos de locación vigentes y costos de los mismos. También, un informe amplio del parque automotor y dependencias a las cuales fueron asignadas las unidades. Asimismo, deberá contener información detallada sobre las “licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas, celebradas durante los ejercicios 2025 y 2026”.

Este es un punto crítico, dado que el 12 de enero, en medio de la feria judicial, el Tribunal dispuso un aumento de sueldos cercano al 50% escalonado a octubre, un porcentaje que supera con creces las proyecciones de inflación anual que determinan los acuerdos paritarios. Con esta mejora, el sueldo de un vocal del Tribunal Superior treparía a entre 20 y 24 millones de pesos según la antigüedad.

En un esquema de caída pronunciada de los ingresos a las arcas provinciales, y cuando los estatales en ese momento, y aún hoy, no obtuvieron incrementos salariales, la decisión económica de los jueces exacerbó el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por la falta de recursos para financiar los nuevos montos salariales.

Fuentes oficiales del gobierno confirmaron a que al Poder Judicial solo se envió lo que estaba previsto en el presupuesto aprobado por la Legislatura. El pedido de incremento de sueldos fue posterior.

En febrero, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz –gremio que pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte por considerar, entre otros argumentos, que la misma afectaba los salarios judiciales– inició medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial.

El conflicto tiene paralizada desde febrero la actividad judicial, situación por la cual anteayer, por mayoría, se decidió el llamado a conciliación obligatoria, con la resistencia de los vocales que se resistían a la ampliación.

En otro de los puntos, el nuevo Tribunal Superior de Justicia dispuso que todo ingreso al Poder Judicial se realice a través de concursos abiertos y públicos de antecedentes y oposición, y resolvió que oportunamente evaluará la modalidad de los concursos y temarios, en tanto se requirió que la Dirección de Gestión Administrativa y RRHH, en un plazo de dos días, remita por correo electrónico un informe detallado de los ingresos producidos desde el año 2025 hasta ayer. Le dio además tres días para informar sobre los funcionarios del Poder Judicial que prestan funciones fuera de la provincia.

El paro gremial y la causa ante la Corte resuelta la semana pasada generaron una demora en la tramitación de expedientes en todos los fueros del Poder Judicial; por esa situación, ayer el Tribunal ordenó que todas las secretarías del TSJ presenten un “informe sobre las causas en trámite” que tengan.

Un detalle similar se solicitó a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Jueces de Recursos y Cámaras en lo Criminal de ambas circunscripciones judiciales de la provincia. Les pidieron que en un plazo de cinco días incluyan si existen personas privadas de la libertad.

Agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y sindicatos se unieron hoy en un reclamo conjunto contra el gobierno de Javier Milei por el cierre de 25.000 pymes en todo el país. La protesta, cuya epicentro fue en el cruce entre la avenida General Paz y San Martín, terminó con un tenso choque entre los manifestantes y los efectivos de la Policía, que neutralizaron el reclamo con gas pimienta.

De la manifestación participaron dirigentes del gremio estatal ATE, que se plegaron por en la misma zona se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se estima que habrá un nuevo recorte y peligran 700 puestos de trabajo. En la primera línea de choque con la policía se divisó a Oscar de Isasi, referente de ATE y de la CTA bonaerense y aliado del gobernador Axel Kicillof.

También participó de la protesta el el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, que quedó en medio del enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, que evitó que se interrumpa el tránsito.

“No vamos a permitir que sigan cerrando industrias. Estamos convencidos de que la Argentina sale adelante cuidando y defendiendo al empresario pyme. Nos estábamos manifestando pacíficamente, pero la violencia y el autoritarismo de Milei no permitió que empresarios de pie, industriales, trabajadores del INTI y estudiantes no se puedan expresar. Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para frenar la destrucción del país”, expresó Katopodis.

La movilización, que reunió a unos 500 manifestantes, contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Se firmó un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.

La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.

“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó el dirigente estatal.