El congreso del Partido Justicialista (PJ) designó a cuatro dirigentes de su estructura para que oficien de “normalizadores” del PJ en Salta y Jujuy, dos provincias en las que la Justicia intervino el partido y desplazó a los enviados de la conducción partidaria, alineados con la presidenta del peronismo nacional, Cristina Kirchner. Con la decisión tomada en la reunión partidaria, realizada este martes, el justicialismo busca contrarrestar los fallos adversos que recibió y colocar al frente en Salta y Jujuy a los dirigentes Pablo Kosiner, Nora Canunni, Teresa García y Máximo Rodríguez, en caso de que avancen las apelaciones que presentó en los estrados judiciales.

El PJ nacional reunió a su congreso (órgano partidario que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y que debe reunirse anualmente, según establece la Carta Orgánica del PJ) el martes, en su sede de la calle Matheu 130, del barrio porteño de Balvanera. La reunión comenzó en el segundo llamado previsto, alrededor de las 18,30, y se extendió hasta la noche. Se aprobaron balances y actas de reuniones del consejo partidario, y se designaron, como normalizadores del partido en Salta, al exdiputado nacional Pablo Kosiner y la exsenadora provincial Nora Canunni. En los mismos puestos, pero para el PJ jujeño, se nombró a la diputada nacional Teresa García y el exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.

Kosiner y Canunni eran los interventores del PJ salteño hasta la semana pasada, cuando un fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini dispuso la intervención judicial del partido y designó interventor a José Luis Gambetta, un dirigente que está alineado con el gobernador Gustavo Sáenz y el exsenador Juan Carlos Romero.

Antes de Kosiner y Canunni, habían sido designados interventores el actual senador bonaerense Sergio Berni y la actual diputada provincial pampeana María Luz Alonso, quienes renunciaron el 20 de febrero. La intervención se dispuso por el acompañamiento de legisladores nacionales del PJ salteño a proyectos del gobierno de Javier Milei, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

García y Rodríguez, nombrados para el PJ jujeño, ya fueron interventores del PJ en Corrientes. En el peronismo de Jujuy (intervenido desde julio de 2023), el partido nacional había designado como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Pero, a principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño también alineado con el gobernador Sáenz.

En el fallo que designó interventor a Villada, el juez Hansen también dejó sin efecto una resolución de Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados del peronismo jujeño, con argumentos como los de apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño.

Tanto en el caso de Salta como en el de Jujuy, el PJ nacional presentó apelaciones contra las intervenciones judiciales. Si logra éxito, pretenderá que entren en funciones los normalizadores nombrados ayer en el congreso, que se realizó bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. En el caso de Jujuy, Ramiro González, fiscal nacional electoral, recomendó a la Cámara Nacional Electoral que se mantenga la intervención judicial a cargo de Villada.

El partido busca que en Salta y Jujuy se realicen elecciones internas el 25 de octubre. “Está bien que hayan ratificado las elecciones, pero el congreso volvió a caer en una suerte de desobediencia judicial porque vuelve a decir que continúan sus interventores, desconociendo lo que decidió la Justicia Federal. Para llegar a las elecciones, necesitamos una junta electoral imparcial, que no pertenezca a La Cámpora ni a [Juan Manuel] Urtubey. El partido hoy está con sueldos atrasados de sus 12 empleados y cortes de luz”, afirmó a el exsecretario general del PJ de Salta, Antonio Hucena.

“Es una payasada lo que hizo el congreso, es una chicana al juez federal. La intervención es válida”, afirmó, por su parte, Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy, que es uno de los dirigentes que habían sido apartados del PJ provincial por la intervención y que se presentó en la Justicia para pedir el desplazamiento de los interventores alineados con Cristina Kirchner.

Con la asistencia de sus aliados de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y diputados alineados con gobernadores dialoguistas, el Gobierno logró este mediodía bloquear el intento opositor de activar en Diputados una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo crecimiento patrimonial es investigado por la Justicia.

Los bloques críticos habían solicitado una sesión especial para hoy a las 11 con un temario incómodo para la Casa Rosada. Incluyeron pedidos de interpelación a Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. También incorporaron proyectos vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.

Ninguno de esos proyectos contaba con dictamen de comisión, por lo que el objetivo opositor no era aprobarlos en el recinto -algo que requería mayorías especiales difíciles de reunir- sino forzar su tratamiento en las comisiones a las que fueron girados.

Las interpelaciones suelen discutirse en Asuntos Constitucionales y en Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por el oficialismo, que hasta ahora se niega a habilitar allí el debate.

Para neutralizar esa jugada, el oficialismo convocó una sesión una hora antes, a las 10, con un temario propio: el proyecto “Hojarasca”, tratados internacionales y la reforma del esquema de subsidios al gas en las “zonas frías”. La sesión oficialista terminó superponiéndose con la pedida por la oposición.

En ese contexto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió interrumpir la sesión en curso para habilitar el tratamiento del temario opositor. Tras una extensa discusión reglamentaria, el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó la votación, que terminó con 131 rechazos contra 111 votos afirmativos.

Además de La Libertad Avanza, votaron en contra la UCR, Pro, el MID y buena parte de los diputados alineados con gobernadores que mantienen una relación de cooperación parlamentaria con la Casa Rosada, entre ellos los referenciados con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

En cambio, sorprendieron los votos afirmativos de diputados ligados a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), mandatarios que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso. Los legisladores referenciados con Carlos Sadir (Jujuy), en tanto, se abstuvieron.

La oposición cuestionó además el manejo reglamentario de la sesión y acusó al oficialismo de dilatar deliberadamente la discusión para dejar sin efecto práctico la convocatoria opositora de las 11.

“En la palabra de la diputada Giudici quedó claro por qué hicieron todo lo que hicieron en esta hora. El pedido de moción de orden tenía que votarse inmediatamente. Hicieron todo este show para estirar el debate y evitar que la otra sesión estuviera en tiempo reglamentario. El intérprete último del reglamento es el cuerpo, no el presidente”, sostuvo Martínez. Y advirtió: “Dejan un pésimo antecedente. Uno no es eternamente oficialismo; esto se les va a volver en contra”.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, afirmó Cecilia Moreau.

Por su parte, Esteban Paulón aseguró que la oposición insistirá con el reclamo. “Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”, sostuvo. Luego, mientras exhibía un contador gráfico, agregó: “Van 13 días desde que el Presidente dijo que Adorni iba a presentar su declaración jurada. Está esperando ver qué aparece en la causa judicial para no meter la pata”.