En un año que promete ser histórico para el campo, Javier Milei sorprendió al sector agropecuario con un anuncio inesperado. Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires adelantó que el Gobierno bajaría las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% desde junio.

La medida, que fue bien recibida por el sector, llega en plena definición de siembra y podría otorgar mayor previsibilidad a los productores. De cara a la campaña en curso, la medida tendrá un costo fiscal que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en USD 29 millones. En tanto, en el cálculo anual, una estimación de la Fundación Mediterránea ubica la menor recaudación de 2027 entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre 0,06% y 0,10% del PIB. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, resalta el informe.

Ese impacto sobre las cuentas públicas surge de un universo ya acotado de exportaciones pendientes, una de las principales críticas del sector sobre el timing del anuncio. La Dirección de Información y Estudios Económicos de la BCR precisó que en trigo resta vender 5,3 millones de toneladas de las 19 millones estimadas del ciclo y en cebada quedan 500.000 toneladas de la variedad cervecera y 200.000 toneladas de la forrajera. Igualmente, “el anuncio de menores DEX para trigo y cebada ofrece alivio a los márgenes agrícolas, apuntalando decisiones de siembra e inversión de cara a la nueva campaña”, sostuvo la entidad.

El presidente de la Cámara de Aceiteros (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, valoró la baja de retenciones como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”, señaló el ejecutivo a Infobae.

Con esos saldos remanentes y tomando los precios FOB promedio de junio a noviembre de este año, el costo fiscal asciende a USD 26,2 millones para el trigo y a USD 3,3 millones para la cebada, de acuerdo con el mismo informe. Si la rebaja impulsara mayores ventas externas y las exportaciones trigueras 2025/26 subieran a 20 millones de toneladas, ese costo se reduciría a USD 12,7 millones para ese cereal.

La decisión oficial llega en un contexto de fuerte encarecimiento de insumos para la siembra de granos. Según la Dirección de Información y Estudios Económicos, la suba de combustibles y fertilizantes tras el conflicto armado en Medio Oriente llevó la relación urea/trigo al valor más alto de la historia.

Gustavo Idígoras valoró la baja de retenciones anunciada por el Gobierno y detallada por el ministro de Economía como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de ir bajando paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo el 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”. “Celebramos esta medida, esta decisión y seguramente en estos días estaremos intercambiando ideas y opiniones con el Ministerio de Economía para que el decreto esté redactado de tal manera que se pueda entender correctamente por el mercado”, señaló Idígoras.

El efecto más inmediato de la baja de derechos de exportación aparece en el precio que puede convalidar la demanda. Según la BCR, en el caso del trigo la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3% según la posición comercial, con una mejora de entre USD 4,8 y USD 4,9 dólares por tonelada en el FAS teórico.

Ese alivio llega cuando la campaña ya empezó. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al 21 de mayo la siembra de trigo avanzaba sobre el 3% del área de intención y la de cebada sobre el 6%; en este último cultivo, casi el 92% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires.

En trigo, la implantación muestra una distribución más amplia. Según la SAGyP, el norte argentino y la provincia de Entre Ríos encabezaban el avance de labores, con una cobertura promedio del 30% de la superficie a implantar.

La presión de costos había deteriorado la rentabilidad esperada aún en zonas relativamente cercanas a los puertos. A precios actuales, fertilizantes y fletes explicaban juntos el 54% de los costos de producción del trigo para un campo modelo ubicado a 150 kilómetros del puerto de Rosario, según estimaciones de GEA-BCR.

Con esa estructura de costos, el margen neto en campo propio quedaba en USD 94 por hectárea y se convertía en una pérdida de USD 103 por hectárea en campo alquilado, de acuerdo con GEA-BCR. El costo del flete, además, crece a medida que la producción se aleja de los núcleos de consumo.

Milei también confirmó que desde enero de 2027, y de forma paulatina, las retenciones a la soja bajarán entre 0,25% y 0,5% por mes (actualmente en 24%). “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

El Presidente agregó que también bajarán retenciones para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. Desde el sector hubo una recepción favorable, en un escenario en el que las entidades vienen reclamando la eliminación total de esos tributos.

En la industria sostienen que un esquema de retenciones en descenso, incentivaría a los productores a postergar la venta de soja a la espera de alícuotas sucesivamente menores. Ese comportamiento podría impactar el ritmo de liquidación y el flujo de divisas por las ventas externas del principal complejo exportador del país. Un efecto opuesto al registrado en septiembre de 2025, cuando el cupo de USD 7.000 millones con retenciones cero que dispuesto el Gobierno se agotó en solo tres días por la aceleración de ventas ante una ventana fiscal temporal, en un contexto de alta demanda de dólares previo a las elecciones legislativas.

El trasfondo fiscal ayuda a explicar por qué el Gobierno había frenado medidas de mayor costo en los últimos meses, pese a los repetidos pedidos del campo. En los últimos meses, la recaudación cayó con fuerza en términos reales y la administración mantiene como prioridad el déficit cero y la desaceleración de la inflación.

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe una mejora en el frente externo. Según el informe mensual de exportaciones por complejos presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales alcanzaron USD 16.804 millones, un alza de 16,2% frente al mismo período de 2025.

Ese incremento equivale a un ingreso adicional de USD 2.337 millones para el país en lo que va del año, según el CAA. Solo en abril de 2026, el sector registró despachos por USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en abril del año anterior.

El mismo informe ubicó a los complejos de girasol, trigo y carne más cuero vacuno entre los de mayor aporte al crecimiento neto de divisas. En términos de dinamismo relativo, los mayores avances porcentuales correspondieron a porcino, girasol y legumbres, mientras que soja, manisero y avícola mostraron variaciones negativas o menor impulso.

En paralelo, el Gobierno vinculó su anuncio con el buen desempeño productivo de la campaña agrícola 2025/2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca difundidos por el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X, los seis principales cultivos sumaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior.

Según esos datos oficiales, la soja produjo 49,9 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea, mientras que el maíz alcanzó 70 millones de toneladas, el mayor volumen en dos décadas, con 72 quintales por hectárea. El trigo aportó 27,9 millones de toneladas, máximo histórico de la serie estadística nacional; la cebada sumó 5,6 millones, el girasol 7,4 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas.

Las acciones YPF consolidaron la tendencia alcista en lo que va de 2026. Con 34% de ganancias en el transcurso del año, el ADR de la compañía que cotiza en Wall Street fue una de las mejores apuestas financieras, en un período delicado para las bolsas, atravesadas por noticias geopolíticas y presiones inflacionarias globales.

El papel de YPF tocó los USD 48,90 el miércoles 20, un máximo histórico si se le descuenta al precio de este activo el pago de dividendos de los últimos años.

Sin esta ponderación, el presente es el nivel más alto para el ADR desde USD 52,18 que alcanzó el 14 de marzo de 2011, previo a la expropiación el 16 de abril de 2012.

La capitalización bursátil de la compañía, con la explotación de campos no convencionales de Vaca Muerta como principal activo, supera los USD 20.000 millones.

El salto de precios de la petrolera bajo control estatal obedeció a cinco factores principales, que entusiasmaron a los inversores:

1. La suba del 90% en la cotización del petróleo crudo en 2026 -debido a las hostilidades en Oriente Medio-, con el barril de Brent del Mar del Norte que llegó a negociar por encima de USD 110, máximos desde 2022.
2. El regreso del interés del mercado. Durante el primer trimestre de 2026, Stanley Druckenmiller profundizó su apuesta por Argentina al incrementar de forma sustancial su posición en activos vinculados al sector energético, situando a YPF como uno de los principales focos de su cartera global. El legendario inversor de Wall Street compró más de tres millones de acciones de la petrolera, por un valor cercano a USD 150 millones. “Esa inversión es mucho más importante de lo que todo el mundo cree. Esa persona es muy influyente en la Bolsa de Nueva York y apostó. Eligió YPF. Una vez que fui a Nueva York, estuve con él reunido y me hizo millones de preguntas y se las contesté”, celebró Horacio Marín, CEO de la petrolera.
3. El último balance de la compañía registró en el primer trimestre de 2026 las ganancias más altas de su historia para ese período, equivalentes a USD 1.594 millones y un margen del 32% sobre ingresos. El Ebitda, que muestra la rentabilidad operativa real del negocio, reflejó el crecimiento en la producción de shale y una reducción significativa de costos operativos, como un anticipo de la aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, especialmente en Vaca Muerta. La empresa ya venía de cerrar 2025 con el mejor Ebitda en 10 años.
4. El fallo favorable para Argentina por el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la estatización de la empresa en 2012. El 27 de marzo último la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó totalmente la condena contra Argentina por la expropiación de YPF, eximiendo al Estado de pagar aproximadamente USD 16.100 millones a los fondos demandantes -principalmente Burford Capital-. El tribunal dictaminó que la compañía fue exculpada de responsabilidad y rechazó los argumentos de los accionistas minoritarios.
5. El ambicioso plan de inversiones es otro “driver” en favor de YPF, pues la compañía es una de las mayores protagonistas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el programa de la administración de Javier Milei para atraer capitales a gran escala. La petrolera anunció su intención de invertir USD 25.000 millones para “acelerar el desarrollo exportador” de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

En el reciente salto en la cotización de las acciones, “el catalizador fue la presentación del formulario 13F ante la SEC, que reveló que el legendario inversor Stanley Druckenmiller (Duquesne Family Office) adquirió más de 3.000.000 de acciones de YPF por USD 150 millones, convirtiéndola en la cuarta posición más grande de su fondo”, comentó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“Cuando aprendés a trabajar a largo plazo, no importa lo que pasa hoy, mañana o pasado. Es ruido. Lo que hay que ver es cuán sólido es el proyecto y qué sólida es la legislación. Sin RIGI, todas estás cosas no hubieran podido hacerse. Porque da la seguridad jurídica y cambiaria. Por eso vienen los inversores extranjeros y también porque hay un Gobierno que es business friendly”, destacó el presidente de YPF.

“Esta empresa destaca por su desempeño mensual positivo y proyectos de inversión a gran escala”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que “entre las noticias corporativas, YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para LLL Oil, un megaproyecto de desarrollo de petróleo en Vaca Muerta que contempla una inversión de USD 25.000 millones en 15 años. La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar un plateau (fase en la que un pozo o yacimiento alcanza su pico máximo) de producción de 240.000 barriles por día desde 2032, con el 100% del crudo destinado a la exportación a través del oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur)“.

Según la compañía, “el proyecto podría generar más de USD 100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil y alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032, por lo que se posiciona como una de las apuestas más relevantes de YPF para consolidar el perfil exportador de Vaca Muerta”, detalló PPI.

YPF lidera de manera amplia el mercado energético en Argentina, al concentrar aproximadamente el 55% de la participación en la venta interna de combustibles, una porción que le da una base permanente y muy sólida al resto del negocio. En el sector de exploración y producción, aporta cerca del 36% de la producción nacional de petróleo crudo y el 29% de la de gas natural.

Cobró relevancia en las últimas semanas lo que se llama buffer (amortiguador) de precios por el cual YPF decidió YPF aplicar a mediados de mayo un aumento simbólico del 1% en el precio de sus combustibles, una medida que surgió tras un análisis de las condiciones de mercado y el comportamiento de la oferta y la demanda.

El buffer es un mecanismo de estabilización que funciona como un “colchón” financiero o amortiguador. Su objetivo es absorber las fluctuaciones bruscas de los costos internacionales, como el que se está dando a escala internacional desde fines de febrero, debido al enfrentamiento de los Estados Unidos e Irán en trono al estratégico Estrecho de Ormuz.

Este mecanismo de precios de los combustibles se mantendría vigente hasta fines de mayo, para acotar el impacto sobre la inflación general, que alcanzó en marzo un pico mensual de 3,4% y cedió a 2,6% en abril.

“El mercado anticipa un mayo con un IPC de entre 2,1% y 2,4%. Esta tregua descansa sobre dos pilares: la calma de la cotización del dólar y el atraso del 15% en los combustibles de YPF”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital. “Con rendimientos mensuales del 1,7% al 2%, la tasa fija vuelve a tentar a los inversores frente a un dólar planchado; sin embargo, los bonos que ajustan por CER aún pagan un premio mayor que los bonos a tasa fija”, agregó.

Para Max Capital, “Las presiones relacionadas con transporte podrían continuar en los próximos meses mientras persista el conflicto en Medio Oriente, aunque se espera que algunos ajustes de tarifas de colectivos tengan un impacto mayor, particularmente en Gran Buenos Aires, donde las tarifas aumentaron 11,6%, frente al 5,4% esperado según la fórmula de ajuste previa”.

Los asesores financieros sostienen la sobreponderación estructural en Oil & Gas, donde YPF se mantiene al frente, junto a otros activos relevantes como Vista Energy, Pampa Energía y Central Puerto, papeles que vienen desplazando en las carteras a los bancos y otros rubros ligados a la actividad real.

Vista Energy (Cedear VIST en la Bolsa porteña) fue otra acción con excepcional desempeño en 2026. Ahora opera cerca de los USD 80 en Wall Street, próxima a su reciente máximo histórico de USD 81,44, para mantener un ascenso en 2026 de 58 por ciento.

También se destaca este año la acción de Tenaris (Cedear TEN), la nave insignia del grupo Techint, dedicada a la fabricación y provisión global de tubos de acero sin costura y servicios relacionados para la industria energética. Por encima de los USD 60 en Wall Street registra sus precios más altos desde 2008 y acumula una ganancia en lo que va de 2026 del 59 por ciento.

Vaca Muerta tracciona inversiones millonarias que promueve el RIGI. Además del proyecto LLL Oil de YPG por USD 25.000 millones, Pluspetrol postuló un plan superior a los USD 12.000 millones, Pampa Energía ya presentó su proyecto por USD 4.500 millones para el área Rincón de Aranda, mientras que Tecpetrol planificó una inversión de USD 2.400 millones en Los Toldos II Este.

A la vez, la petrolera colombiana GeoPark solicitó adherir al régimen para con un nuevo polo productivo enfocado en la extracción de hidrocarburos no convencionales. El proyecto prevé hundir capital por más de USD 1.000 millones en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. La compañía tiene como objetivo incrementar su producción actual de 1.500 a 20.000 barriles diarios en los próximos tres años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció días atrás que el ajuste del gasto público había encontrado un límite y que era necesario empezar a recaudar más a partir de ahora para el superávit fiscal. Esta dificultad que enfrentan para mantener el pilar del programa económico quedó de manifiesto en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde el Gobierno se comprometió, en caso de ser necesario, a tomar medidas adicionales para alcanzar el objetivo primario, entre ellas posponer la entrada en vigencia de la reforma laboral.

El aplazamiento se inscribió en el marco de los compromisos asumidos por Caputo frente al FMI. En el staff report, el organismo dejó en claro que para alcanzar el objetivo fiscal de un superávit primario de cerca de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, resultará necesario sostener una política de disciplina de gasto estricta y continua. En una coyuntura de desafíos que fueron señalados por el FMI con el impacto de la reducción de impuestos legales sobre las exportaciones agrícolas y los efectos de las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que alcanzaron 0,35% del PIB, junto con las nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral (0,15% del PIB).

En el informe, el FMI reveló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional tanto corriente como de capital. Pero también a adoptar medidas adicionales si los pagos de intereses de la deuda superan lo previsto, con el fin de resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, demorar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15%/PBI; fortalecer impuestos especiales, 0,10%/PBI; y mejorar la focalización de subsidios al transporte, 0,10%/PBI.

Por hace semanas, Infobae realizó consultas frecuentes tanto a fuentes oficiales del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre los avances en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En cada una de las oportunidades aseguraban que dependían primero de la publicación del decreto reglamentario de presidencia. Pero los tiempos corrían y la Ley de 27.802 fijaba que la iniciativa debía entrar en vigencia a partir del 1° de junio.

Fue en el contexto de la publicación del informe del FMI cuando fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que FAL no entrará en vigencia en junio, siendo una posibilidad que se encuentra habilitada la Ley por un plazo máximo de seis meses (hasta el 1° de diciembre de 2026). Sin embargo, se trata de una encerrona para el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que si bien la entrada en vigencia del FAL tiene un costo fiscal para el Estado (porque las contribuciones al fondo por despido se restaban de las que se hacen a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)), por medio de esta iniciativa se busca desarrollar el mercado de capitales.

Pero el compromiso de mejorar la focalización de subsidios de transporte es otro punto de tensión para el ministro que podría su vez presionar sobre la inflación. La tensión que hay entre Gobierno y las empresas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedo de manifiesta en los últimos meses en donde por el aumento del precio del combustible, los empresarios reclamaban que se actualice la estructura de costos y con ello se otorguen mayores subsidios o un aumento del boleto.

Lo que derivo en las reducciones de frecuencia de líneas de colectivo que afectaron a miles de usuarios. Un problema, al que la Secretaría de Transporte resolvió de manera transitoria y sin dejar conforme a los empresarios con un aumento del boleto del 2% por tres meses desde mayo hasta julio, ya que sostiene estar por debajo de la inflación y guarda distancia con el de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad que todos los meses aumentan dos puntos más inflación.

Pero fue en esa conversación que entablaron los empresarios de colectivos del AMBA con las autoridades de Transporte en donde se puso sobre la mesa que el Gobierno trabaja para que los subsidios vayan a los usuarios en lugar de las empresas de colectivos para lo que esperan tener avances en julio según pudo saber Infobae con fuentes que participaron de las reuniones.

El contexto fiscal presenta tensiones, hace nueve meses que la recaudación viene en caída. Y si bien el propio Caputo reconoció que la gestión económica buscó avanzar en la reducción de impuestos para estimular la competitividad, advirtió recientemente que el margen para ajustar el gasto público se encuentra agotado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó el ministro durante su participación en el programa Economía de quincho.

El Staff Report del FMI remarcó la importancia de mantener la disciplina del gasto público y advirtió que, ante eventuales desvíos, las autoridades deberán implementar acciones adicionales para proteger el objetivo fiscal. El Gobierno reiteró su compromiso con la reducción de subsidios energéticos y el fortalecimiento de los programas sociales focalizados, al tiempo que siguió evaluando alternativas para la racionalización del gasto corriente y de capital.

En este escenario, las prioridades del equipo económico se concentraron en sostener el equilibrio fiscal, promover una mayor eficiencia en el gasto y evitar medidas que incrementen el déficit. El diálogo con el FMI se mantuvo como un pilar central de la estrategia oficial, mientras las definiciones sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral continuaron pendientes de resolución.