Palantir, la empresa de data mining y alta tecnología de Peter Thiel, el tecno-magnate recientemente instalado en Buenos Aires e interesado en la gestión libertaria del presidente Javier Milei, tuvo el viernes una derrota judicial en el tribunal comercial de Zurich, en Suiza, en un nuevo episodio de las resistencias que enfrenta en Europa vinculadas a la “soberanía de datos” y el poder de los gigantes tech norteamericanos.

El caso, descripto ´por Financial Times, es un ejemplo del llamado “efecto” o “momento Streisand”: por un episodio de 2003, cuando la actriz y cantante Barbra Streisand intentó por vía judicial impedir la difusión de una foto aérea de su residencia en California, con lo cual atrajo atención masiva y multiplicó la difusión de lo que quería ocultar.

El tribunal suizo rechazó 22 de las 23 solicitudes de rectificación que presentaron Palantir y su filial suiza contra el medio local Republik, que había publicado investigaciones sobre rechazos del gobierno helvético a ofertas de la empresa. Solo una afirmación fue considerada susceptible de respuesta obligatoria, vinculada al origen de la plataforma Foundry, creada según Republik para operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak, algo que la compañía disputó.

Palantir no reclamó daños ni injurias, sino que se centró en el derecho de réplica ante lo que definió como informaciones inexactas. La justicia suiza consideró que la mayoría de los pasajes objetados eran interpretaciones o juicios de valor, no afirmaciones fácticas susceptibles de réplica legal, y cargó sobre la empresa de Thiel el 95% de los costos del proceso, incluyendo pagarle al medio casi 10.000 francos suizos en concepto de gastos legales.

No se trata del primer desafío a Palantir en Europa, cuyos gobiernos buscan reducir su dependencia de proveedores de EEUU en temas estratégicos y de seguridad. En el Reino Unido, un contrato de cerca de USD 450 millones con el Servicio Nacional de Salud está siendo cuestionado y el alcalde de Londres vetó un acuerdo de Palantir con la policía metropolitana. Las fuerzas armadas de Alemania y autoridades de Dinamarca y Países Bajos también limitaron la participación de la empresa de Thiel en sectores sensibles.

El “efecto Streisand” del litigio renovó la atención sobre los informes de Republik, que citan documentos suizos sobre las reservas a la adopción del software de Palantir en áreas clave de la administración pública.

El episodio en Suiza coincide con una etapa de redefinición de Thiel, quien acaba de instalarse en Buenos Aires y parece haber hecho una apuesta personal y tal vez empresarial a la gestión libertaria de Milei. Esa decisión parece responder a una combinación de factores, según señalaron medios como The New York Times y Financial Times: ponerse a salvo de una avanzada de nuevos impuestos sobre grandes fortunas en California, donde reside la elite tecnológica de Silicon Valley, y la percepción de la Argentina como refugio ante eventuales conflictos globales de alto impacto.

Además, Thiel considera al exceso de normas y regulaciones estatales un obstáculo a la innovación y el progreso tecnológicos. Antes de mudarse a Buenos Aires en una serie de charlas en Roma equiparó el exceso de regulaciones al “Anticristo”. Por el contrario, el Papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, que alerta sobre los riesgos de una inteligencia artificial fuera de control.

Al igual que Milei, Thiel se define como libertario y en un ensayo publicado en 2009 sostuvo que “democracia y libertad ya no son compatibles”.

Thiel es un actor relevante en debates globales sobre el alcance y los límites de la innovación, como la reciente controversia en torno de la propuesta de Milei de otorgar personería jurídica a empresas de inteligencia artificial sin participación humana.

La idea, incluida en el proyecto de Ley de Sociedades que el gobierno envió al Congreso, y que tiene como antecedente un paper de Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, el más reciente unicornio argentino, generó la réplica del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien en una columna en el Financial Times advirtió que conferir ese estatus a entidades no humanas podría abrir la puerta a riesgos inéditos, al permitir que modelos de IA accedan a sistemas financieros, económicos y políticos sin responsabilidad directa de personas físicas.

Según Harari, sanciones a humanos, como la prisión, no serían eficaces frente a al IA, carente de motivaciones biológicas. Harari citó que investigaciones han demostrado que la IA es capaz de hacer trampa y alertó sobre la posibilidad de que las corporaciones de IA exploten vacíos legales, participen en el comercio internacional, contraten empleados y financien campañas políticas sin exposición personal.

También James Bosworth, columnista del World Politics Review, criticó la propuesta presidencial, señalando que “Milei quiere desatar el caos de IA en la Argentina” y confrontó su idea con la cautela de Anthropic, una de las empresas líderes en desarrollo de IA, que propuso ralentizar la innovación para evitar riesgos.

La reacción de Milei fue rápida y conciliadora; agradeció el interés de Harari y prometió responder en profundidad para calmar sus temores. “Estamos en el amanecer de una nueva era, que nos sitúa en un lugar no tan diferente del que tú mismo describiste tan bien en Sapiens y tus otros libros”, escribió el presidente argentino.

Thiel no se pronunció públicamente sobre el cruce, pero su afinidad con la desregulación tecno-libertaria sugiere que simpatiza con la visión de Milei. Tanto en sus escritos como en los manifiestos difundidos por Palantir, el empresario aboga por reducir al mínimo la intervención estatal y ampliar los márgenes para la innovación disruptiva.

Milei se define como un “tecno-optimista” y Thiel, en su libro “De cero a uno”, destilado de un curso para estudiantes y emprendedores que dio en la Universidad de Stanford, saca de la teología y a su modo ]“humaniza” el concepto de “milagro”. Lo dice así: “los humanos nos distinguimos de otras especies por nuestra singular capacidad para hacer milagros. Llamamos a esos milagros Tecnología”.

Palantir publicó un manifiesto sobre el futuro de la tecnología, la seguridad y la economía occidentales en el que reivindica el poder duro (hard power) basado en el software y critica la neutralidad tecnológica por considerar que beneficia a rivales estratégicos como China. El punto 12 del documento afirma que “una nueva era de disuasión construida sobre la IA está por comenzar”.

En definitiva, el evento judicial en Suiza ilustra los desafíos que enfrentan empresas como Palantir en su intento de moldear el marco institucional en que operan.

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.

Se refieren al precio del polietileno de alta densidad, que pasó de $1.400 el kilo antes del inicio de la guerra en Medio Oriente a $3.560 y comparan ese aumento con los del petróleo y el gas en el mercado local. Antecedentes

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) denunció en un comunicado “una escalada sin precedentes en los precios de las materias primas petroquímicas que afecta de manera transversal a toda la industria manufacturera argentina”.

Concretamente, los productores locales de juguetes, uno de los sectores más afectados por las importaciones, y en particular aquellas procedentes de China, precisan que entre el 28 de febrero y junio de 2026, la petroquímica Dow Chemical, empresa de Estados Unidos, a la que describen como “principal proveedor de resinas plásticas del mercado local y empresa con posición dominante en el sector” aumentó el precio del polietileno en todas sus variantes en más de un 150%, llevando el valor del kilogramo de polietileno de alta densidad de $1.400 a $3.560 (154,3%).

Ese aumento, argumentan, tiene un impacto mucho más amplio. “El polietileno y el polipropileno son insumos transversales a prácticamente toda la economía real. Envases de alimentos, productos de higiene y limpieza, juguetes, autopartes, materiales de construcción, embalajes logísticos y decenas de categorías más dependen de estas resinas como materia prima esencial. En muchas industrias representan entre el 40% y el 60% de la estructura de costos de producción”, afirma el comunicado.

En ese contexto de precios, agregan, “las PyMEs industriales que fabrican en Argentina no tienen capacidad de absorber indefinidamente este shock sin trasladarlo a precios, reducir producción o cerrar líneas de trabajo”.

En ese sentido, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, declaró: “el conflicto en Medio Oriente impactó en todos los costos de la economía argentina, y nadie lo niega. El petróleo crudo Brent cotizaba USD 68,64 el barril el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, y hoy vale USD 82,58: una suba del 20%. La nafta súper pasó de $1.597 a $2.068 el litro: una suba del 29%. Son aumentos esperables, dentro de la lógica del mercado energético”.

Según Furió, el aumentos que dispuso Dow Chemical para el polietileno “no tiene ninguna lógica de mercado”.

“El kilo de polietileno de alta densidad costaba $1.400 antes del inicio de la guerra. Hoy vale $3.560. Eso es un aumento del 154% — casi ocho veces la suba del petróleo. Y aquí viene la pregunta que la industria se hace: el polietileno que produce Dow en la Argentina no se elabora a partir del petróleo sino del gas natural de Vaca Muerta, cuyo precio en boca de pozo es regulado localmente y no sufrió ningún incremento de esa magnitud por la guerra. ¿Cómo se explica entonces que el polietileno haya subido 154%? ¿Qué parte de ese precio corresponde al costo real de producción y qué parte es aprovechamiento de una posición de mercado sin competencia?”, se preguntó Furió.

El comunicado de los jugueteros reclama “una explicación” de la empresa y afirma que los precios “deberían retrotraerse acorde con los aumentos, pero no triplicarlos”.

El reclamo del sector se produce dos meses antes del “Día del Niño”, fecha clave en que -junto a las Fiestas de fin de año el sector del juguete genera el grueso de sus ventas anuales.

Debe tenerse en cuenta además que, amén de la vigencia de un tipo de cambio (precio del dólar) que la industria local considera bajo y favorecedor de la importación, en octubre del año pasado el Gobierno de Javier Milei redujo los impuestos a la importación de juguetes, apuntando al alineamiento con los aranceles regionales para productos infantiles

En cuanto al sector petroquímico, y en particular en el caso de Dow Chemical, cabe recordar que en octubre de 2024 la empresa cerró su fábrica de polioles y derivados (poliuretanos) de Puerto General San Martín, en San Lorenzo, Santa Fe, lo que incluyó el despido de 40 trabajadores. La empresa había intentado cerrar esa misma planta en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández.