Con el presidente Javier Milei casi toda la semana en los Estados Unidos por la asamblea general de la ONU, en Buenos Aires su hermana Karina se puso al frente de las gestiones para tratar de contener los conflictos, tanto internos como externos, que había generado la falta de coordinación en torno a la presentación del Presupuesto 2027 y, particularmente, las modificaciones en las partidas por discapacidad.

Con las tensiones con Patricia Bullrich a flor de piel, la secretaria general decidió bajarse del viaje a Nueva York, al cual iba a ir como parte de la comitiva, para seguir de cerca las votaciones en el Congreso, fortalecer la relación dentro de La Libertad Avanza y administrar las diferencias con el PRO en medio de las negociaciones electorales.

La primera actividad relevante en el marco de este objetivo fue el martes al mediodía, cuando encabezó en la Casa Rosada la habitual reunión de la mesa política que, en esta oportunidad, estuvo marcada por las críticas de la jefa del oficialismo en el Senado.

En los días previos, la ex ministra de Seguridad había hecho público su malestar por haberse enterado a través de los medios que el Poder Ejecutivo había decidido introducirle modificaciones al Presupuesto, justo cuando se estaba negociando con la oposición.

La dirigente reveló que el tema no se comentó en ninguno de los encuentros previos que tuvo la cúpula libertaria y que ni siquiera el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sabía los detalles del texto que ahora va a tener que impulsar en el recinto.

“Cuando uno es el líder de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, expresó Bullrich.

Luego, generó ruido el video que publicó en las redes sociales, en el que se la veía trabajando mientras escuchaba una canción de Lali, la artista que tiempo atrás fue el centro de los cuestionamientos del Presidente.

Tal como publicó este medio, en la mesa política le pidieron a la senadora que evite expresar las críticas abiertamente y que las discusiones sobre las cosas con las que no esté de acuerdo se lleven adelante de manera privada.

Al dia siguiente, Karina Milei la convocó a ella y al resto del bloque a una cena para dejar atrás las diferencias, en la previa de las votaciones de los proyectos de zonas frías y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de gran importancia para el Gobierno.

La cita fue en Unaghi, un restaurante de sushi ubicado en Olazábal al 4600, en el barrio porteño de Villa Urquiza, que ya había sido utilizado por la funcionaria para anteriores encuentros con legisladores.

Todos los asistentes a esa velada coincidieron en que fue un “evento social”, en el que no se habló de política ni de las leyes que estaban en juego, sino que sirvió para que los integrantes del espacio pudieran conversar en un clima distendido.

De aquella comida, Bullrich se retiró negando cuanlquier enfrentamiento con los otros miembros de la cúpula libertaria y asegurando que la relación estaba en perfectas condiciones: “¿Lali toca en River? Ah, no sabía… yo soy de Independiente», le respondió a una periodista que la esperaba afuera del local gastronómico.

El jueves, en tanto, autorizó la convocatoria a una nueva mesa de diálogo con el PRO que hasta último momento estuvo en duda, en un contexto de tensiones con el partido aliado que también manifestó sus reproches por los cambios en discapacidad.

Los dos espacios venían juntándose semana por medio y esa iba a ser la primera vez que se suspendía uno de los encuentros encabezados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en los que se buscan tanto acuerdos electorales como legislativos

“No creo que se realice porque no se habló nada hasta ahora y, la verdad, esta vez me parece mejor pasarla, porque si no levantás expectativa, tenemos que salir a contar qué se dijo y no es conveniente”, le había confesado a Infobae uno de los dirigentes que participan de esas reuniones, cuando todavía estaba en duda si se iba a hacer.

En tanto, desde Presidencia reconocían que todavía el encuentro no estaba en agenda y que podía posponerse, aunque aseguraban que si eso ocurría sería solamente por dificultades en la coordinación y no porque haya un distanciamiento.

“Si no se lleva adelante es porque hay un montón de cosas que están pasando y es difícil encontrar un hueco, pero se está organizando y no es que taxativamente se hace todos los jueves, va variando“, indicaron.

No obstante, los tres encuentros anteriores habían el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en el que se sumó la propia secretaria general, que pasó unos minutos a saludar a los presentes.

Finalmente, Santilli convocó a los referentes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con tan solo unas horas de anticipación. De hecho, las gestiones fueron tan rápidas que Martín Menem no pudo cancelar otros compromisos que ya tenía en agenda y debió ausentarse.

Si bien se conversó sobre algunas de las cuestiones en carpeta, los dirigentes macristas pasaron buena parte observando las negociaciones a distancia del “Colo” con los senadores de distintos espacios, que en ese mismo instante estaban debatiendo la reforma del Banco Central.

Los aliados vienen cuestionando el rumbo que tomó el diálogo que tienen con el oficialismo, “porque primero te dicen todo que sí, pero después queda todo en el aire y salen a decir que te van a competir“.

“En casi todos los distritos bonaerenses en los que nosotros estamos gobernando se quieren meter y, en los que no estamos, tampoco reconocen a la gente que tenemos trabajando desde hace años”, indicó uno de los referentes amarillos.

Asimismo, hay cierto malestar con la estrategia en la ciudad de Buenos Aires, porque consideran que la armadora libertaria en territorio porteño, Pilar Ramírez, está siendo muy dura con Jorge Macri.

“Entonces, no ordenan su tropa y cuando ellos hacen algo es una boludez, pero cuando uno salta para protestar resulta que somos unos quilomberos y que no cumplimos con lo pactado. Estamos en una situación bastante compleja“, remarcó a este medio uno de los integrantes de la cúpula macrista.

La relación entre ambas partes pasaba por un buen momento hasta que, este miércoles, el partido amarillo emitió un comunicado en el que cuestionó al Poder Ejecutivo por haber incorporado modificaciones en los artículos del Presupuesto vinculados a las partidas para discapacidad que, según advirtió, podían debilitar herramientas centrales para garantizar las prestaciones.

“El Gobierno se equivocó”, señalaron en el texto que publicaron en las redes sociales, aunque remarcaron que seguirán acompañando las medidas que consideren necesarias para sostener el rumbo económico.

Luego de todas las repercusiones, en el marco de la mesa política, el oficialismo les presentó a los otros bloques del Senado una nueva iniciativa “superadora” que trata específicamente esta problemática, para tratar de llegar a un consenso.

“El proyecto es bueno. Tiene más que la emergencia. Pero adolece de credibilidad. Pero bueno, lo acompañamos en disidencia, sabiendo que puede ser mejor”, opinó el líder de otra de las bancadas cercanas a la Casa Rosada.

El nuevo texto plantea actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad, garantiza la continuidad de la cobertura médica y mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

El Gobierno busca que esa redacción permita evitar una extensión de la emergencia en este sector y reemplazarla por un esquema permanente. También pretende que los acuerdos con los bloques aliados se traduzcan en un dictamen favorable durante el tratamiento del Presupuesto, que sigue su curso paralelo en comisiones.

Asimismo, el PRO también marcó sus diferencias al anunciar formalmente el lanzamiento de Hernán Lacunza a la Presidencia, en un gesto que desafía los deseos de la cúpula libertaria, enfocada en eliminar las PASO y llegar a un acuerdo que implique que no haya competencia para la reelección de Javier Milei.

De todas formas, el economista ni siquiera cuenta con el respaldo de los referentes de su propio espacio: “Fijate que en la foto (que publicó el futuro candidato en las redes sociales) no hay un solo intendente ni nadie que tenga territorio, son todos dirigentes menores”, minimizó un hombre de peso en el armado amarillo.

El ex ministro reconoció públicamente que tiene diferencias con algunos de los miembros de su partido, particularmente con Ritondo, a quien criticó por mostrarse muy cerca del oficialismo en el último tiempo.

En diálogo con este medio, el jefe del bloque en Diputados comentó que Lacunza es alguien a quien “respeta”, porque lo considera “un economista serio que hace años forma parte del PRO”, pero también puso reparos a su eventual candidatura.

“Como digo siempre, hoy el foco tiene que estar puesto en otra cosa: impulsar los cambios pendientes, fortalecer lo que logramos y blindar, como dice Mauricio, el cambio para que no volvamos atrás”, agregó.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que se realizará desde las 12. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

Este viernes, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, diagramó el cronograma para el tratamiento del proyecto. La primera reunión será informativa: habrá expositores invitados, pero no se firmarán dictámenes.

Las tres comisiones que abordarán la iniciativa están conducidas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

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El oficialismo prevé una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre. Allí buscará cerrar el debate, firmar los dictámenes correspondientes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

El proyecto por debatir

La propuesta ingresó a la Cámara baja el pasado 17 de septiembre. El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.

La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.

Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.

El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.

El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.

Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.

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Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

Los cuestionamientos al proyecto

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas de las normas contenidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo debate comenzará el próximo miércoles.

En un primer análisis, la entidad estableció que la defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Sin embargo, señaló que los instrumentos destinados a alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.

“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, planteó la entidad.

Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no serían compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Según el Colegio, algunos de los comportamientos mencionados como merecedores de graves sanciones penales o administrativas presentan tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance.

El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.

La presidenta del Colegio de Abogados, Alejandra García, señaló: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.

El documento del MID

En la previa al debate por la soberanía en Malvinas, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que está representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su posición frente al proyecto enviado por el Gobierno y planteó la necesidad de combinar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional.

Entre los principales puntos, el MID afirma que la soberanía no se sostiene únicamente mediante declaraciones y que requiere ampliar las capacidades materiales de la Nación en materia de inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal.

También advierte que el alcance integral del proyecto debe ser explicado con transparencia y reclama no desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso.

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