POLITICA
El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías

El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Un patrón de fraude que investiga que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.

Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
POLITICA
Primeros cruces entre sectores del peronismo por el programa económico para enfrentar a Milei

El peronismo empezó a discutir en público el plan económico que quieren construir, de cara a la sociedad, para identificar el proceso político que pondrán en consideración del electorado en los comicios nacionales del año que viene. En ese camino, empezaron a surgir divergencias entre dos sectores del Fuerza Patria respecto al contenido del programa. De un lado, el PJ Federal. Del otro lado, La Cámpora.
Una entrevista que la diputada nacional Paula Penacca le brindó a El Destape, en la que cuestionó la postura del espacio presentado en Parque Norte respecto al equilibrio fiscal, derivó en una respuesta en cadena de sus representantes, poniendo sobre la mesa un discurso del ex presidente Néstor Kirchner.
“Algunos compañeros entran en la falsa discusión del equilibrio fiscal, pensando que van a poder conquistar algunos sectores del poder económico, les falta hablar, en algunas ocasiones de darles estabilidad jurídica. Nos empiezan a meter una discusión en la que nos moderan los términos. Y cuando nos moderan los términos, nos moderan las acciones”, sostuvo la legisladora porteña.
En esa línea argumental, Penacca consideró que “el peronismo no puede ser un peronismo modesto, condescendiente, que habla de equilibrio fiscal” y advirtió: “Todos creemos que hay que tener una macro estable en la Argentina, pero eso no puede ser a condición de dejar para el último minuto la distribución del ingreso”.
El mensaje de la diputada tuvo una respuesta con sello federal. Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos recogieron el guante y expresaron en las redes sociales su posición contraria. Los tres recordaron el discurso de Néstor Kirchner en la apertura de sesiones del 25 de mayo del 2003, en el inicio de su gobierno.
“El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación, eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente. Ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre afectan a los sectores de menos ingresos”, señaló el entonces presidente.
Marcando su plan económico a mediano plazo, el mandatario también aseguró: “Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premian la inversión y la creación de empleo. Que recaiga allí, donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento de equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores”.
Por último, en el fragmento de video que publicaron los dirigentes del peronismo federal, resalta: “Con equilibro fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad de superávit comercial externo, nos harán crecer en función directa”.
De esa forma, los exponentes del PJ Federal confrontaron la postura camporista respecto a la necesidad del equilibrio fiscal. Michel acompañó el video con una frase contundente sobre la relevancia de la gestión de Kirchner: “Siempre es importante recordar los fundamentos económicos del mejor gobierno desde la vuelta de la democracia”.
Más corto y al hueso, Olmos, a través de la cuenta del Nuevo Espacio de Participación (NEP), espacio que fundó y conduce, escribió: “Escuchar a Néstor SIEMPRE”. Tolosa Paz utilizó la misma frase, pero le agregó una descripción más extensa en la que resaltó que “el equilibrio fiscal siempre estuvo en los principios económicos del peronismo”.
La legisladora bonaerense fue un paso más allá y agregó su postura: “No hay estabilidad posible sin producción nacional, valor agregado y un Estado que impulse el desarrollo. Hay una alternativa nacional con equilibrio, estabilidad con inclusión, progreso, competitividad y un modelo de país que defienda a quienes producen y trabajan en la Argentina”.
El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte, defiende a ultranza la necesitad de lograr equilibrio fiscal, renegociar y pagar, en otros plazos distintos a los actuales, la deuda con el FMI, y generar confianza en los mercados, para desintegrar con un plan económico más audaz y que rompa los moldes del último tiempo del kirchnerismo, el denominado “riesgo kuka”, que el Gobierno utiliza como argumento frente a la incertidumbre de algunos inversionistas.

Las diferencias entre sectores la había expresado tiempo atrás el economista de La Cámpora Santiago Fraschina en un artículo publicado en el portal Contraeditorial, donde cuestionó la mirada económica del peronismo peronismo federal, al considerar que para ese sector “primero debe alcanzarse el equilibrio, luego consolidarse el crecimiento y recién después mejorar la distribución”, y resaltar que “la tradición justicialista plantea una secuencia distinta”.
Según su mirada, la tradición peronista “no niega la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero entiende que el orden durable no surge simplemente del ajuste de variables contables, sino de una economía que amplía su capacidad de distribuir, producir, invertir, exportar, recaudar y generar empleo”.
“La idea de que primero hay que crecer y luego distribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Es, en esencia, la vieja teoría del derrame. La pregunta de fondo es otra: ¿de verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos?“, escribió el economista ultra K.
En el PJ Federal insisten con otra mirada. “Sin orden macroeconómico no hay desarrollo sostenible. El equilibrio fiscal, por sí solo, no alcanza. La Argentina necesita producción, trabajo, industria nacional y salarios dignos. Necesita un modelo de crecimiento con redistribución, porque no se puede distribuir lo que no se genera. Esa es la doctrina histórica del peronismo”, sostuvo, tiempo atrás, Tolosa Paz.

Michel se expresó hace poco en la misma sintonía: “La salida es con crecimiento. Hay que darle competitividad a la producción con el tipo de cambio, el sistema impositivo, el marco laboral, financiamiento y logística”. También lo hizo Olmos: “El equilibrio fiscal es fundamental. Tenemos ejemplos muy virtuosos como el de Néstor y tenemos que ponerlos arriba de la mesa”.
En ese sector creen en que cada uno debe dar su aporte y después revalidarlo, en una interna o en una PASO, frente al voto de la gente. En definitiva, advierten que todas las diferencias deben servir para darle forma a un plan económico integrado. Pero que si no es posible, entonces serán los votos de la gente los que validen el programa político y económico que cada espacio y candidato represente el año que viene.
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POLITICA
Milei recibirá a representantes de los laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que impulsa Estados Unidos

Javier Milei recibirá este viernes a representantes de laboratorios en medio de la disputa por el tratado de patentes que pidió Estados Unidos dentro del acuerdo comercial con la Argentina.
Según la agenda confirmada, el Presidente participará el jueves a las 12 del Latin Economic Forum en Parque Norte; el viernes a las 10 mantendrá una reunión con el empresario británico Maurice Ostro en Casa Rosada; y a las 12 recibirá al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano.
El encuentro se da en un momento sensible para la Casa Rosada. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados, pero el Gobierno evita fijar una fecha para llevarlo al recinto. En el Ejecutivo reconocen que el expediente sigue trabado por la tensión entre laboratorios internacionales, que impulsan la adhesión, y laboratorios nacionales, que reclaman cambios para limitar su impacto sobre la competencia, los genéricos y el mercado interno.
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No crea una patente internacional ni obliga a la Argentina a conceder automáticamente derechos sobre invenciones extranjeras, sino que permite presentar una única solicitud internacional de patente y luego decidir en qué países continuar el procedimiento. Cada Estado conserva la facultad de examinar, observar, conceder o rechazar la patente según su legislación nacional.
El debate no es solo jurídico, sino también económico y productivo. Los sectores que impulsan la adhesión sostienen que el PCT puede “facilitar la protección internacional” de desarrollos locales, “reducir costos” para investigadores, universidades, startups y pymes, y dar una señal de previsibilidad para inversiones en investigación clínica, biotecnología y economía del conocimiento. También remarcan que la Argentina es “el único país del G20” que no forma parte del sistema.
CAEME, que agrupa a laboratorios internacionales, respalda la agenda de nuevos estándares de propiedad intelectual incluida en el entendimiento comercial con Estados Unidos. En sus presentaciones, la cámara plantea que un marco más alineado con estándares internacionales puede favorecer la “innovación”, la “inversión en investigación y desarrollo” y el “acceso a innovación médica”.
La posición de los laboratorios nacionales es distinta. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos reclama que, si la Argentina adhiere al PCT, lo haga con reserva del Capítulo II. Ese capítulo permite solicitar un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. Para la industria local, aunque ese examen no sea formalmente vinculante, puede generar presión sobre el INPI y favorecer estrategias de extensión de patentes sobre medicamentos mediante cambios incrementales.
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La diferencia técnica tiene impacto económico. Bajo el Convenio de París, los solicitantes cuentan con 12 meses para avanzar en otros países. El PCT extiende esa ventana a 30 meses y permite diferir decisiones y costos. Para sus defensores, eso mejora la planificación de inventores y empresas argentinas que buscan proteger desarrollos afuera. Para sus críticos, también facilita el ingreso de más solicitudes extranjeras al sistema local y puede tensionar la competencia en sectores sensibles como el farmacéutico.
El dictamen en Diputados expuso esa disputa. El oficialismo consiguió mayoría en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, con 57 firmas entre 91 presentes. En La Libertad Avanza defendieron que el tratado no concede patentes internacionales ni limita la soberanía argentina. En representación del Ejecutivo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo presentó como parte de una política de integración comercial y alineamiento con reglas internacionales de propiedad intelectual.
La oposición y algunos aliados marcaron reparos. La Coalición Cívica cuestionó el peso del lobby farmacéutico en la discusión y Unión por la Patria sostuvo que el tratamiento responde a compromisos asumidos con Estados Unidos dentro del acuerdo comercial. En paralelo, los laboratorios nacionales empujaron la reserva del Capítulo II, lo que obligaría a que el texto vuelva al Senado si Diputados lo aprueba con modificaciones.
El tratado es uno de los puntos más sensibles del acuerdo comercial con Washington. El capítulo de propiedad intelectual es seguido de cerca por Estados Unidos a través del informe Special 301, que evalúa la protección y el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual en sus socios comerciales. En el Gobierno destacan que la Argentina mejoró su clasificación en ese monitoreo tras la derogación de criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, pero admiten que Washington seguirá mirando el tratamiento del PCT.
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Es por eso que la reunión de Milei con CAEME no aparece como una actividad sectorial aislada. Se produce mientras el Gobierno intenta sostener señales de alineamiento con Estados Unidos, avanzar en compromisos comerciales y administrar una disputa doméstica con fuerte impacto sobre medicamentos, innovación, genéricos, competencia e industria nacional. En Balcarce 50 mantienen el proyecto en agenda, pero todavía no confirman cuándo intentarán votarlo.
La demora también responde al calendario legislativo. El oficialismo busca reactivar el Senado la semana que viene con pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts, mientras en Diputados todavía debe ordenar la agenda de proyectos enviados en los últimos días. En ese marco, el tratado de patentes quedó con dictamen, pero sin fecha cerrada de recinto.
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POLITICA
El Gobierno busca avanzar con su plan para achicar el Estado y prepara cambios en los sectores inmobiliario, financiero y de seguros

A pocos días de entregar su declaración jurada con el objetivo de aclarar su situación patrimonial, Manuel Adorni retomó este miércoles las reuniones con los ministros del Gabinete para planificar la agenda del periodo 2026/2027.
Esta vez, el turno fue de Federico Sturzenegger y todo su equipo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conversaron con el jefe de Gabinete sobre los hitos de la cartera y los proyectos de trabajo para el año en curso.
Durante la reunión de trabajo, los funcionarios debatieron sobre los procesos de achique de la estructura y dotación del Estado, la racionalización de organismos públicos y las iniciativas destinadas a fortalecer la profesionalización del empleo público.
Además, “se analizaron los próximos proyectos de ley vinculados a las desregulaciones necesarias para seguir consolidando un Estado más eficiente, moderno y orientado a simplificarle la vida a los argentinos”, según comunicaron en la Jefatura de Gabinete.
Según pudo saber TN, también se abordaron digestos de normas de sectores productivos, es decir, leyes consideradas redundantes u obsoletas como las que fueron incluidas en la Ley Hojarasca.
Respecto al resto de los proyectos bajo elaboración, fuentes al tanto de la reunión aseguraron a este medio que las iniciativas se irán anunciando a medida que estén listas. Sin embargo, entre ellas aparece un paquete de desregulación que apunta a reducir costos, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a nuevos actores para una serie de actividades económicas.
El paquete incluirá puntos que van desde una reforma a la Ley de Cabotaje para garantizar la libre navegación fluvial hasta cambios en el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el financiero.
Manuel Adorni recupera protagonismo a días de presentar su declaración jurada
La última vez que Adorni había recibido a un ministro en su despacho para conversar sobre la gestión había sido a principios de mayo, cuando se reunió con Diego Santilli.
Desde entonces, el funcionario protagonizó una serie de apariciones públicas, incluida una conferencia de prensa con los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), para anunciar el envío de un proyecto de super-RIGI y anunciar avances en materia de la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, si bien el tema desescaló respecto a semanas atrás, Adorni todavía no logró dejar atrás la presión, tanto interna como externa, alrededor de su investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, según anticipó TN, el Gobierno espera que el ministro coordinador presente su declaración jurada los primeros días de la semana que viene para esclarecer el asunto.
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Tal como lo dijo el presidente Javier Milei, en Casa Rosada insisten en que Adorni tiene cómo justificar su patrimonio, y adelantan que el funcionario apelará a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa para respaldar parte de los fondos investigados por la Justicia.
Con la presentación, el oficialismo apunta a lograr pasar la página sobre el asunto y así poder recuperar la iniciativa perdida durante los últimos meses. Para ello, el Gobierno enfoca toda su atención en una batería de proyectos de ley que actualmente tramitan en el Congreso, ayudados también por la cercanía del Mundial, que se llevará buena parte de la atención pública.
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