Recuperada a medias de la descompensación que obligó a suspender la audiencia anterior, Hilda Horovitz, la expareja de Oscar Centeno, completó hoy su declaración como testigo en el juicio oral de los cuadernos de las coimas y volvió a quedar enfrentada a sus propios mensajes y audios, en los que insinuaba que tenía material comprometedor sobre el caso y reclamaba dinero a cambio.

Durante el tiempo en que convivió con Centeno, aprovechando un viaje de él a la provincia de Salta, la mujer hizo copias de parte de la documentación que el chofer guardaba en su ropero para utilizarlas con fines extorsivos, según se desprende de su testimonio y los diversos elementos que le fueron exhibidos en estas dos audiencias.

La mujer afrontó un duro interrogatorio que la llevó a enfrentarse con mensajes y audios suyos, en los que, con mayor o menor sutileza, dejaba entrever que tenía material comprometedor y pedía dinero a cambio, presionando así sobre el exfuncionario Roberto Baratta, jefe de su pareja Centeno, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y presunto recaudador de la trama de coimas que se ventila en el juicio.

El martes, la mujer rompió en llanto cuando, en medio de las preguntas y la exhibición de audios, surgió la figura de “Negrito”, su padre adoptivo. Se descompensó, no logró recomponerse y el tribunal debió suspender la audiencia.

“No estoy bien del todo. Pero haciendo fuerza para estar y terminar con esto”, dijo Horovitz hoy, al comienzo de su declaración, para responder a la pregunta de si estaba en condiciones de retomar lo que había quedado trunco la audiencia pasada por su descompensación.

La declaración

La fiscalía reanudó el hilo de la audiencia pasada al exhibirle uno de sus audios. “Voy a hacerle quilombo, ahora me quedo tranquila porque quiero terminar la casa. Pero no va a quedar acá, va a seguir. Tengo 9 años para hacerlo mierda. Recién va el primero o el segundo año”, aseguraba Horovitz en el registro, en referencia a Centeno, de quien dijo haber sufrido episodios de violencia.

En ambas audiencias, la mujer ofreció un relato ambiguo respecto del material sobre el cual había obtenido una copia furtiva para “cubrirse”. Habló de los “papeles” de Centeno, también mencionó “recibos”, “carpetas”, “libretas” y “planos de casas”. Además, Horovitz dijo que vio los cuadernos de las coimas guardados en el ropero, pero que no alcanzó a leerlos, sino solo a ojearlos. La mujer nunca dejó en claro si esos registros en particular formaban o no parte de lo que tuvo en su poder y usó con fines extorsivos.

Como parte de la maniobra, la mujer se contactó con periodistas y le entregó los “papeles” de Centeno a una excolaboradora de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. Según dijo, fue para “hacerlo apurar [a Baratta] y ver si me podía ayudar”. “No sé si está claro”, añadió.

A pesar de que los textos de los mensajes y algunos de los audios representaban amenazas casi explícitas -“que me deposite 2000 por mes y estamos todos tranquilos”, decía en uno- durante toda su declaración la mujer procuró no reconocer abiertamente la extorsión. Sostuvo que ella solo pedía “ayuda” o que simplemente advertía sobre las consecuencias de determinados actos.

“¿Cuál era el sentido de esas fotos?”, la consultó la fiscal Fabiana León. Se refería a una imagen de un bolso con dólares que Horovitz le envió a Baratta. “No sé”, decía Horovitz.

Sin embargo, la mujer buscó poner en valor que ella reconocía como suyos todos aquellos mensajes. “Estoy aceptando lo que hice, que es mucho. Porque acá vino uno que hizo la demencia [sic]”, dijo, y enseguida agregó: “Yo no puedo creer que un encargado, sabiendo la vida y obra de todo el mundo, no se acuerde de que lo que vio”.

La frase apuntaba al testimonio anterior de Julio César Silva, el encargado del edificio de la familia Kirchner en Recoleta, que en el juicio se desdijo de lo que había declarado en 2018 sobre movimientos de bolsos y valijas.

En su testimonio, Horovitz se remitió de manera indirecta a viejos intercambios entre Baratta y Miriam Quiroga, recuperados del teléfono del exfuncionario en otra causa. Esos mensajes, publicados por Infobae en 2021, muestran que Baratta -que nunca contestó directamente los contactos de Horovitz- intentaba contenerla a través de Quiroga para que no hablara. Le pedía que la entretuviera, que la sacara a tomar un café, que ganara tiempo.

Cansada de las evasivas, Horovitz le ordenó a Quiroga que le devolviera los papeles. “Perdelos”, la instruyó Baratta al enterarse. “Está loca pero no es boluda”, dice en otro de esos intercambios.

Los “papeles” de Centeno

Presente en la exsala AMIA, su expareja Centeno la escuchaba con la cabeza gacha, mientras realizaba anotaciones en una libreta. En la audiencia pasada, Horovitz dijo que Centeno tenía por costumbre hablar poco sobre su trabajo y “anotar todo”.

En muchos tramos, con la voz agrietada, reconoció haber sido su “testaferro” y querer “perjudicarlo” por haberla “cagado” con otras mujeres y haberla golpeado en más de una oportunidad.

Gran parte del duro interrogatorio fue llevado por la defensa de Baratta, en manos de Elizabeth Gómez Alcorta, extitular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández.

La letrada buscó indagar sobre la personalidad de Centeno. Le preguntó cómo era él “puertas adentro” y cuestiones sobre su pasado.

Horovitz se mostró esquiva, pero terminó por describir a Centeno como una persona con un temperamento “agresivo” y “variable”, muy hábil para mentir. Relató, por caso, que Centeno había dejado el Ejército luego de haberle tirado una granada a un superior y que evitó represalias al hacerse pasar por loco.

También la consultó por sus contactos con periodistas. La mujer sostuvo que, para evitar recibirlos en su casa, se reunió con algunos de ellos en plazas, aprovechando uno de sus paseos con su perro “Choco”.

“Los papeles que yo recogí, de los que hice fotocopias, nunca los tuvo un periodista, siempre los tuvo el hijo de Miriam Quiroga, Emiliano”, dijo hoy en el juicio Horovitz.

Lo conocía porque trabajaron juntos en Yacimientos Carboníferos. Él, sin embargo, recordó Horovitz, lo hacía en el “subsuelo”, en la parte de “archivos”.

El vecino de Cristina

A Horovitz la siguió Ignacio Laplacette, un empresario que vivió entre los años 2007 y 2011 en el primer piso del edificio donde vivió la expresidenta Cristina Kirchner, sobre la calle Uruguay.

Por problemas de salud, decidió vender el departamento, relató. Aunque la negociación por la compraventa la llevó Osvaldo Sanfelice, el comprador final que se presentó en la escritura fue Osvaldo De Sousa (socio del empresario Cristóbal López).

Siendo ya expropietario, contó haber pasado por la zona. Dijo haber mirado para su exdepartamento y haberse sorprendido al observar las ventanas tapadas con papeles.

La polémica se instaló en el municipio de Avellaneda, que gobierna el intendente peronista Jorge Ferraresi, tras la denuncia pública de un concejal de Pro que advirtió que el jefe comunal le entregó una vivienda de un plan gubernamental a un funcionario de su organigrama en la intendencia.

El edil Lucas Yacob difundió el caso de Patricio Gonzalo Pavón, subsecretario de Administración de Avellaneda, que accedió a una vivienda del plan Casa Propia-Construir Futuro, creado durante el paso de Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, durante el gobierno de Alberto Fernández.

El actual funcionario municipal resultó adjudicatario de una vivienda en la localidad de Piñeiro, en un predio que se ubica en las calles Catamarca y Entre Ríos, en un proceso que entregó un total de ocho unidades funcionales. El 6 de mayo de 2024, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó junto a Ferraresi de la entrega de la propiedad al subsecretario, que ejerce su cargo en la órbita de la Jefatura de Gabinete municipal, que conduce Magdalena Sierra, la esposa de Ferraresi.

“La gente nos comenta que es imposible acceder a viviendas que entrega la municipalidad y que siempre viven funcionarios o militantes que hasta las suelen alquilar. Presentamos un pedido de informe en el Concejo Deliberante. Entregan viviendas a funcionarios y militantes, hacen actos políticos en edificios públicos y persiguen opositores. Manejan la ciudad como el patio de su casa. Patricio Pavón siempre fue secretario privado de Magdalena Sierra, y hace tiempo está nombrado subsecretario”, reprochó Yacob, en diálogo con .

Fuentes confiables del distrito aclararon a que “estas viviendas no se regalan, se cobran por mes”. Las mismas fuentes añadieron que se trató de un programa “segmentado para la clase media”, y puntualizaron: “Al trabajador municipal, se le descuenta del sueldo [la cuota de la vivienda]. Hubo un subprograma para trabajadores municipales. Cuando le adjudicaron la vivienda, él [por Pavón] era un trabajador más; hoy es funcionario”.

La adjudicación de la vivienda al funcionario municipal (y a otros empleados del municipio) fue observada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En su informe del 9 de abril, en el que analizó las cuentas municipales del año 2024, el tribunal formuló observaciones sobre la entrega de las viviendas. Entre otras, indicó que se verificó “la aplicación de la Ordenanza N° 29.967 y nunca se mencionó la N° 29.561″. La primera de esas ordenanzas es la que se aprobó para ejecutar el programa nacional de viviendas en cuestión; con la segunda, se creó el programa Vivienda Única, que cuenta con un decreto complementario para el caso de los empleados municipales.

“Los fondos nacionales están destinados a beneficiar a la comunidad en general o a grupos específicos con necesidades habitacionales, pero no puede establecerse como beneficiarios el grupo de empleados municipales por sobre la comunidad general. Concluyó que en dicha ordenanza [29.561] no se establece que se puedan adjudicar las viviendas en forma directa ni tampoco a empleados municipales”, se concluyó en el informe del Tribunal de Cuentas, un organismo que controla los números de los 135 municipios y preside Federico Thea, un dirigente de extrema confianza de Kicillof.

Desde Avellaneda, indicaron a que “las observaciones del Tribunal de Cuentas fueron resueltas” y no se aplicaron sanciones contra la intendencia.