El Concejo Deliberante de Morón aprobó, este jueves, la interpelación del intendente, Lucas Ghi, por “la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial” que generó el caso de la funcionaria municipal Luna Suyai Ortigoza, prófuga de la Justicia tras un allanamiento en su casa en el que se secuestró casi medio kilo de cocaína.

El pedido de interpelación a Ghi (alineado con Axel Kicillof en la interna de Fuerza Patria) avanzó sobre tablas, para lo que se necesitaban dos tercios de los votos en el Concejo Deliberante moronense. El proyecto de interpelación, impulsado por los bloques de la oposición local, obtuvo 16 votos a favor y tuvo ocho en contra.

Entre los votos positivos que se sumaron para aprobar el pedido de interpelación estuvieron los de cinco concejales alineados con el exintendente de Morón y referente del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien mantiene un duro enfrentamiento con su exaliado Ghi.

Votaron a favor de la interpelación del intendente los concejales de Fuerza Patria que responden a Sabbatella (Diego Spina, Mariano Spina, María Sol Steinberg, Florencia De Luca, Marcelo Notario); los de La Libertad Avanza (Analía Zappulla, María Cecilia Solía, Pablo Tozzi, Cristian Morales, Pablo Miño y María Mobilia); los de Pro (Bernardo Magistocchi y Claudio Faro), y los que se desempeñan en monobloques (Daniela Cáceres, Alejandra Liquitay, y Ariel Aguilera).

En contra de la interpelación de Ghi se expresaron los ediles que aún le responden en el bloque de Fuerza Patria: Agustín Ramponelli, Vanina Moro, Alfonso Martínez, Claudio Román, José María Ghi y Adrián Colonna. Y sumaron sus votos negativos Sibila Beatriz Botti y Lorena Acevedo, ambas del Frente Renovador.

El proyecto de interpelación que se aprobó en el Concejo moronense solicita “al intendente municipal que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, informe con carácter de urgencia, ante este Honorable Cuerpo, de conformidad con el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sobre la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura de la exdirectora Luna Suyai Ortigoza, al frente del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón”.

El artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades citado en el pedido de interpelación permite al intendente “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia” al Concejo. En caso de no hacerlo, se lo considerará “falta grave”.

Ortigoza se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género. Es una militante de Nuevo Encuentro que, al desatarse la interna entre Sabbatella y Ghi, se quedó junto al intendente, mientras que el resto de su familia se mantuvo en las filas del extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El 16 de junio del año pasado, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad. La funcionaria prófuga es del barrio San Juan, en Castelar Sur.

La Policía Federal intenta encontrar a Ortigoza desde el viernes, cuando un allanamiento en su casa derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo ese día. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en inmuebles de Morón y Merlo.

La Cámara Federal de Casación confirmó definitivamente la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa en la que la exmandataria está presa cumpliendo una condena de seis años de prisión por corrupción.

Esto es así porque la Casación rechazó su recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de decomisar sus bienes. Con el recurso rechazado, el fallo de decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato.

Sin embargo, Cristina Kirchner puede aún recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, de queja, aunque difícilmente prospere. La presentación del recurso de queja no suspende la ejecución de sus bienes.

La decisión de rechazar el recurso extraordinario es de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes.

Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.

En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible.

En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte Suprema.

Señaló que los agravios planteados por las defensas remitían principalmente a cuestiones de derecho común vinculadas con la interpretación del art. 23 del Código Penal y con las reglas aplicables al decomiso, materias que, como regla, no habilitan la instancia extraordinaria.

También afirmó que la sentencia cuestionada había dado una respuesta “extensa, fundada y razonada” a los planteos formulados por las defensas y que las impugnaciones solo reflejaban discrepancias con el criterio adoptado sobre el alcance del decomiso y el estándar probatorio aplicable.

Hornos reiteró además el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.

Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.

El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.

Borinsky consideró que debía concederse parcialmente la instancia extraordinaria respecto de determinados bienes alcanzados por el decomiso.

En particular, sostuvo que existían cuestiones federales suficientes en relación con algunos inmuebles de sociedades vinculadas a Báez y respecto de los departamentos ubicados en Mitre 535 y los lotes correspondientes al complejo Los Sauces, vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.

Según explicó, esos bienes habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, que fue la fecha tomada por el tribunal como referencia temporal para evaluar bienes susceptibles de decomiso.

Además, dijo que la sentencia de mayoría no habría tratado de manera suficiente el impacto que esa circunstancia podía tener sobre la procedencia de la medida.

Borinsky entendió que, en esos puntos específicos, los planteos vinculados con el principio de legalidad y el derecho de propiedad justificaban habilitar parcialmente la revisión extraordinaria ante la Corte Suprema.