El líder opositor cubano José Daniel Ferrer sostuvo que la estrategia utilizada por Estados Unidos para remover de sus funciones al ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Venezuela podría aplicarse en Cuba e, incluso, con mayor rapidez. “No vemos otra opción que sacar al régimen por la fuerza”, aseguró Ferrer, convencido de que “sobrarán los Delcy Rodríguez” dispuestos a tomar el relevo tras la salida del castrismo.

Según el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la presión interna es insostenible tras décadas de privaciones. Ferrer, quien estuvo encarcelado en la Primavera Negra de 2003 y fue nuevamente apresado tras las protestas de julio de 2021, vive ahora en el exilio, tras ser liberado y desterrado a Estados Unidos en octubre de 2025. Desde allí, describe una sociedad marcada por “la opresión y miseria extrema”, especialmente para los presos políticos.

Cerca de dos tercios de la población, estimó Ferrer en una entrevista con Europa Press, apoyarían la salida del régimen, dentro y fuera del país. Bajo su mirada, la alternativa venezolana —donde la detención de Maduro dio paso a Delcy Rodríguez con el respaldo de la administración Trump— es “replicable” en Cuba, con la diferencia de que el proceso podría acelerarse debido al “desgaste” acumulado que sufren los isleños.

En los últimos meses, diversas voces en la oposición cubana señalaron que la crisis política y económica del país deterioró el respaldo al régimen, incluso entre las filas del gobernante Partido Comunista. Muchos militares de rango medio y bajo “no van a hacer lo más mínimo por defender” a las autoridades cubanas, observó Ferrer, quien recalca que “están tan deseosos como sus familiares por que el régimen termine y Cuba pueda salir de la situación” actual.

El opositor subrayó que la cohesión interna del castrismo “se ve fundamentada en el terror, en el miedo, en la desconfianza”. Durante la entrevista, recordó episodios en los que figuras de alto perfil, como el ex vicepresidente Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque, fueron apartadas tras perder la confianza del núcleo del poder.

“Si eso ha ocurrido en tiempos más cómodos para el castrismo”, señaló, la situación actual, bajo “inminente colapso”, anticipa que “van a sobrar los Delcy Rodríguez tanto a nivel de figuras políticas como de mandos militares”.

En este contexto, la falta de una oposición asentada, como la que existía en Venezuela, podría ser, según Ferrer, una ventaja en Cuba. “La desventaja termina siendo nuestra ventaja”, argumentó el dirigente, que destaca la existencia de un exilio “poderoso, política y económicamente hablando” en Estados Unidos y bien coordinado con la disidencia interna.

La relación entre el exilio y la oposición dentro de la isla, explicó Ferrer, es cada vez más sólida. “Las estructuras que no tenemos dentro de la isla, sí las tenemos en el exterior”, afirmó, refiriéndose a una “oposición latente, creciente, muchas veces silenciada, clandestina”.

El dirigente opositor destacó la figura del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como un aliado clave.

“Tiene el tema de Cuba como algo prioritario, como algo personal para él”, subraya Ferrer, quien confirma contactos “constantes y fluidos” tanto con Rubio como con el Departamento de Estado. El propio Ferrer, junto a otros opositores en el exilio como Rosa María Payá y Orlando Martínez, así como figuras dentro de Cuba como Berta Soler y Ángel Moya, participan de estos intercambios.

En cuanto a la situación política, el líder opositor sostuvo que el régimen “está sentenciado” y aseguró que el desenlace podría producirse “en cualquier momento en los próximos meses”.

Para entender la situación actual en Cuba, es clave saber que el régimen enfrenta un rechazo social amplificado por la crisis económica, la persecución política y la existencia de una oposición interna y en el exilio, mientras Estados Unidos muestra una postura firme a favor de un cambio de gobierno. El liderazgo de Ferrer y la coordinación con figuras clave en Washington refuerzan las posibilidades de una transición política inminente.

(Con información de Europa Press)

Tres candidatos presidenciales de distintas tendencias políticas buscarán llegar al balotaje en las elecciones de este domingo en Colombia que elegirán al sucesor de Gustavo Petro.

Ellos son Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico y heredero político del presidente; Paloma Valencia, del conservador Centro Democrático; y el “outsider” Abelardo de la Espriella, del partido ultraderechista Defensores de la Patria.

No son los únicos postulantes. Hay otros ocho candidatos de izquierda, derecha e independientes, con escasas intenciones de voto y que apenas figuran en los sondeos.

Según las últimas encuestas, hay un empate técnico entre Cepeda y De la Espriella, con alrededor del 35% de votos en promedio. En un expectante tercer lugar se ubica Valencia.

Para ser electo en primera vuelta, se necesita el 50% más uno de los sufragios válidos. En caso contrario habrá un balotaje previsto para el 21 de junio entre los dos postulantes más votados.

Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro

El candidato del oficialista Pacto Histórico es el senador Iván Cepeda.

A los 63 años, buscará extender por otros cuatro años la gestión del primer gobierno izquierdista de la historia del país. Petro, su mentor, no puede ser reelecto en forma consecutiva, según la Constitución.

“Cepeda representa la continuidad de la izquierda y una lucha ética en la política de derechos humanos”, dijo a TN la analista Eugenie Richard, docente de la Universidad Externado de Colombia.

Es hijo del histórico dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado por agentes del Estado el 9 de agosto de 1994.

Con una reconocida militancia de izquierda, lideró el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice). Además, el candidato de Petro fue un activo impulsor de los acuerdos de paz firmado con los movimientos guerrilleros en los últimos años.

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Tras saltar a la política, fue diputado entre 2010 y 2014 y actualmente es senador. También se desempeñó como facilitador del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las irregulares Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 y participó en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En los últimos años ha sorteado graves problemas de salud. De hecho, superó con cirugías y tratamientos de quimioterapia un diagnóstico de cáncer de colon y una lesión cancerígena en el hígado.

Abelardo de la Espriella, un “outsider” admirador de Javier Milei

El principal rival de Cepeda es el mediático Abelardo de la Espriella.

A los 47 años, este abogado, empresario y creador digital ha impulsado su carrera política en un escenario de polarización extrema y bajo la ola de los movimientos de derecha dura en la región que llegaron al poder, como el caso de Javier Milei en la Argentina, de quien se declaró su admirador.

“Es un outsider con liderazgo fuerte, al estilo Milei y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele”, dijo Richard.

El postulante de la derecha dura se hizo conocido por llevar adelante, en su rol de abogado, algunos de los casos judiciales más polémicos y mediáticos de Colombia. En especial, cuando fue asesor de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia en el último proceso de paz.

Luego, fue abogado de Alex Saab, el operador financiero colombiano-venezolano considerado testaferro de Nicolás Maduro. También defendió a David Murcia Guzmán, el creador de DMG, una pirámide financiera que estafó a más de 200.000 ahorristas colombianos con un esquema Ponzi, según las denuncias.

Pero su nombre explotó en los medios en 2017 cuando aún era abogado de Saab, hoy detenido en los Estados Unidos. Entonces, en un artículo de opinión publicado en El Heraldo de Barranquilla, pidió asesinar a Nicolás Maduro.

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“Los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno deben entender que la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República. No se trataría de un asesinato común, sino de un acto patriótico que está amparado por la constitución venezolana y que resulta, por demás, moralmente irreprochable”, escribió.

Fue un escándalo y tuvo que renunciar al periódico. Pero poco después subió la apuesta y lanzó el libro “Muerte al tirano”, que aborda distintos casos de “tiranicidio” a lo largo de la historia.

Liberal en lo económico, admira no solo a Milei. También promete conformar una alianza con Donald Trump y acabar con mano dura la violencia de la guerrilla y el narcotráfico que asolan al país.

Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional

La tercera en discordia es Paloma Valencia, candidata del Partido del Centro Democrático, la derecha conservadora y tradicional colombiana.

Si bien corre de atrás, a su favor cuenta con el respaldo de un partido político fuerte capaz de movilizar a sus bases en todo el país el día de la elección.

Pero su candidatura no ha lograda captar a los descontentos con cuatro años de gobierno de izquierda.

“Es una figura híbrida”, definió Richard.

A los 48 años, su nombre irrumpió en las fuerzas conservadoras tras el asesinato del precandidato presidencial de su mismo espacio Luis Uribe, que falleció el pasado 11 de agosto tras ser baleado en un atentado en Bogotá el 7 de junio.

Valencia es una senadora con extensa experiencia política y heredera de una familia aristocrática de la zona del Cauca, en el sur del país. Es legisladora desde hace 12 años y se considera en sintonía con las políticas de Donald Trump. Su abuelo fue el expresidente Guillermo León Valencia (1962/66).

Su mentor político es el exmandatario Álvaro Uribe. “Es una fiel dentro de los fieles. Es una política conservadora que ha demostrado capacidad de lograr acuerdos con otras tendencias políticas”, dijo a TN el analista Yann Basset, de la Universidad del Rosario, de Bogotá.

Uribe, de 73 años, es una figura clave de la política colombiana. Fue presidente entre 2002 y 2010 y sigue siendo una de las voces más influyentes de la derecha local.

Después de un período de enorme turbulencia, volvió al ruedo cuando un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal. Pero a Uribe y su “elegida” le salió un competidor por derecha.

Hoy, Abelardo de la Espriella es el principal escollo para que la derecha tradicional colombiana vuelva al poder.

The Department of Justice announced on Thursday that it filed lawsuits against four Democrat-led states over their refusal to issue undercover license plates to ICE agents.

DOJ Civil Division Assistant Attorney General Brett Shumate previously issued an ultimatum to Maine, Massachusetts, Oregon and Washington, giving them until May 22 to provide immigration enforcement officers with undercover plates for their vehicles. Justice Department officials argue the states’ refusal unlawfully discriminates against federal law enforcement and violates the Constitution’s Supremacy Clause.

These lawsuits escalate a months-long standoff between the Justice Department and Democrat-led states over immigration enforcement. The cases could test the limits of the Supremacy Clause as the DOJ seeks to assert legal authority over state motor vehicle departments, while the states themselves maintain that they are not required to assist with civil immigration enforcement.

«This Department of Justice will exercise any and all lawful authorities to support the brave men and women of law enforcement,» Acting Attorney General Todd Blanche said. «Law enforcement officers risk their lives every day to keep Americans safe and must be able to carry out their duties effectively. By denying undercover license plates to DHS components, including ICE, while issuing them to their own state agencies, these governors are pursuing discriminatory and obstructionist policies against federal law enforcement.»

DOJ PUTS BLUE STATES ON NOTICE AS ICE FIGHT BARRELS TOWARD NEXT CONSTITUTIONAL SHOWDOWN

An official in the Massachusetts governor’s office previously told Fox News Digital that the commonwealth does issue undercover plates to federal agents, but only if they are investigating criminal offenses. It refuses to do so in cases where civil infractions are being investigated, which covers most immigration cases.

«In Massachusetts, we support law enforcement doing legitimate criminal investigative work, and local, state and federal agencies doing that work can request confidential plates,» Gov. Maura Healey said in a statement flagged for Fox News Digital by her staff. «But that’s not what we are seeing from ICE and its unconstitutional tactics.»

Oregon, meanwhile, has gone a step further by placing a general moratorium on issuing undercover plates to federal agents, while Maine and Washington, like Massachusetts, are declining to provide plates for civil investigations.

Massachusetts Gov. Maura Healey takes questions from reporters during a news conference in Boston on Jan. 31, 2024. She nominated an appeals court judge and former romantic partner to an open seat on the state’s highest court. (Stuart Cahill/MediaNews Group/Boston Herald)

FEDERAL JUDGE RULES AGAINST DHS ON WARRANTLESS IMMIGRATION ARRESTS IN OREGON 

«We look forward to defending this lawsuit,» Washington Gov. Bob Ferguson said in a statement his office shared with Fox News Digital. «We take public safety seriously, and work with federal partners to voluntarily provide hundreds of undercover plates every year for criminal investigations. Judges across the country have found that the Department of Homeland Security’s tactics in conducting civil immigration enforcement routinely violate the Constitution.»

«That is unacceptable,» he added. 

A spokesman for the Oregon governor’s office told Fox News Digital that Gov. Tina Kotek is waiting for the state’s Department of Motor Vehicles to conduct a review of its undercover plate policy and that she expects the agency to «communicate next steps.»

Law enforcement officers stand guard as protesters demonstrate outside the Bishop Henry Whipple Federal Building in Minneapolis, Minnesota, on March 1, 2026, opposing U.S. Immigration and Customs Enforcement operations. (Kerem Yucel/AFP via Getty Images)

ANTI-ICE LAW SET TO TAKE EFFECT IN MAINE AS GOVERNOR FACES INCREASED CRITICISM FOR ALLOWING IT AMID SENATE RUN

The Maine governor’s office did not respond to a request for comment when reached by Fox News Digital on Thursday.

The lawsuits filed by the DOJ cite the Supremacy Clause of the Constitution, which establishes federal law as supreme over conflicting state laws, arguing that it can be used to make the four Democratic states issue undercover license plates to ICE agents. 

«The United States has sovereign authority to manage federal law enforcement activities and, under the Supremacy Clause, need not cede that authority to Maine (or any state) by abiding by its dangerous policy which jeopardizes federal law enforcement operations and the officers who carry them out,» the lawsuit reads.

JONATHAN TURLEY: WHY BLUE STATES’ NEW ANTI-ICE LAWS ARE UNCONSTITUTIONAL VIRTUE SIGNALING

Acting Attorney General Todd Blanche criticized reporters for asking questions about a viral story from The Atlantic alleging FBI Director Kash Patel has exhibited ‘erratic behavior’ tied to frequent intoxication, during a press conference on April 21, 2026. (Tom Williams/CQ Roll Call)

«Under the Supremacy Clause, States do not have the power to dictate how the Federal Government executes its constitutional powers within their borders,» it continued.

Conservative legal experts previously told Fox News Digital that they believe the DOJ is fighting an uphill battle in trying to compel states to issue specific license plates by leveraging the Supremacy Clause.

«Federal law preempts state law when state law conflicts with a supreme federal law. And when it does, the state law is preempted, meaning that the state law cannot be given legal effect in those instances of conflict,» Charles «Cully» Stimson, a senior legal fellow at the Heritage Foundation, told Fox News Digital. «There is no law in my mind that is conflicting with federal law. You simply have state actors refusing to issue these types of license plates.»

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Stimson did add that there is an underlying assumption that, by virtue of being in the union and as implied under the Constitution’s separation of powers, the four Democratic states should cooperate with the federal government to enforce laws.

The Department of Justice did not respond to a request for comment when reached by Fox News Digital on Thursday.