Patricia Bullrich nunca se sintió atraída por las alcantarillas ni por los semáforos de la Capital. Siempre la atraparon las políticas nacionales y no las pequeñeces locales. Por eso, suponer que ella aspiraba a ser la sucesora de Jorge Macri fue una ingenuidad. De hecho, en estos días no está discutiendo con el actual jefe del gobierno capitalino, sino con el propio presidente de la Nación o, lo que es más grave, con su hermana.

La discordia de Bullrich con los Milei se refiere al caso más notorio y comprobable de injusticia que cometió este Gobierno. Javier Milei nos acostumbró a los periodistas a sus insultos y agravios, pero nunca hasta ahora había tomado represalias contra la familia de un profesional del periodismo. Lo está haciendo con María Verónica Michelli, que tiene el único demérito de ser hermana de la esposa del periodista Hugo Alconada Mon. Con más de 30 años de carrera judicial y académica, la cuñada del periodista fue ya dos veces propuesta como jueza de un Tribunal Oral de La Plata, pero esta vez chocó con el obstáculo insalvable de ser pariente de quien investigó supuestos actos de corrupción con la criptomoneda $LIBRA; las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ventiló en conversaciones telefónicas su propio exdirector, Diego Spagnuolo, y los despilfarros patrimoniales de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y protegido de Karina Milei. La hermana presidencial está involucrada también en los otros dos casos en los que hurgó Alconada Mon. Ella es, entonces, la autora intelectual de la arbitrariedad contra una persona de la que ni siquiera se sabe qué piensa políticamente.

Michelli había sido propuesta como jueza de ese tribunal por el gobierno de Mauricio Macri en una lista de decenas de pedidos de acuerdos que envió al Senado en 2018, pero un año después llegó Alberto Fernández y retiró esa lista y armó otra propia, que tampoco fue aprobada. Aquella vez, uno de los que propulsaron la candidatura de Michelli fue el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, porque entonces era el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, que es la institución que debe examinar las candidaturas a jueces y elaborar una lista con los mejores. Ahora, ya ministro de Milei, Mahiques volvió a firmar la propuesta para que se hiciera justicia con Michelli. Es el mismo Mahiques que después de haber promovido dos veces el ascenso de Michelli pidió retirar en los últimos días su pliego del Senado.

Hay una particular obsesión del mileísmo contra Michelli, pero el capricho es de Karina especialmente. ¿Qué podía hacer Mahiques si la persona más poderosa del Gobierno decidió vengarse de un periodista maltratando a un familiar de este? “Nada; solo cumplir la orden”, se escuchó entre los que están cerca de la secretaria general de la Presidencia. No es cierto. El ministro podría haber renunciado en homenaje a sus propias decisiones anteriores. Pero Mahiques hizo trascender que él se quedaba en el cargo con el propósito de moderar a los inmoderados. Ha fracaso en el intento, si fuera así. Formalmente, fue él además quien le dio la orden al presidente de la comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto, para que retuviera el pedido de acuerdo de Michelli. O para que se lo devolviera al Poder Ejecutivo.

Resulta que tiene un problema: el acuerdo de Michelli ya tiene la firma de la mayoría de los senadores que integran esa comisión. Una mayoría de senadores consideró que Michelli tiene los pergaminos suficientes como para ser jueza de un tribunal oral. Pagotto es un riojano por adopción, amigo entrañable del clan Menem y, por lo tanto, está a las órdenes de Karina Milei, ya sea que esas órdenes estén dentro de la ley, fuera de ella o deslizándose entre sus costuras.

No demos más vueltas: la orden de castigar a Michelli fue de la hermanísima. Esa indicación hizo saltar algunos fusibles en el Senado y provocó el mayor desacuerdo de Patricia Bullrich con los Milei, a tal punto que, según confirmó este martes en una entrevista radial, el lunes por la noche le ofreció al Presidente su renuncia como presidenta del bloque libertario del Senado. Milei se la rechazó, dijo. No se trata de Hugo Alconda Mon, sino de la injusticia que se comete contra una mujer que está muy lejos del trabajo de su cuñado. Y que seguramente ni siquiera se entera de lo que este hace como profesional del periodismo.

Es probable que un caso tan detestable haya provocado la sublevación de Bullrich, aunque también es cierto que ya era muy largo el silencio de la senadora que otrora fue una perseverante defensora de la libertad de prensa y de las prácticas justas en la política. Para peor, varios senadores que son amigos imprescindibles de la administración Milei −imprescindibles para aprobar las decisiones del jefe del Estado− anunciaron que se sumarán a la posición de Bullrich. Lógico: ¿por qué radicales o peronistas amigables serían más amigos del Gobierno que la propia jefa del bloque oficialista? ¿Por qué ellos tendrían menos cuestiones de conciencia que la más importante representante del oficialismo en esa cámara?

El caso de Michelli (que no es lo mismo que decir el caso de Alconada Mon) espoleó al fiscal federal Guillermo Marijuan a impulsar una denuncia contra el Gobierno por discriminación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. ¿Era necesario que el Gobierno se autoinfligiera semejante escándalo político y judicial y que no fuera advertido por el ministro Mahiques de lo que sucedería con semejante abuso?

Michelli podría entrar en un limbo legal si el Senado, en su reunión plenaria, le concediera el acuerdo porque luego el Presidente debe formalizar su designación. ¿La formalizará? ¿La firmará a pesar de la posición de su hermana? ¿Qué sucede con una candidata a jueza que tiene el acuerdo del Senado, pero que al mismo tiempo carece de la designación del propio gobierno que la propuso? Son extravagancias que solo cometía el kirchnerismo en su peor época o que solo pueden suceder en un país estrafalario. “El mileísmo es como la caída del Muro de Berlín: el Muro de la vieja dirigencia cayó, pero la nueva dirigencia no sabe ahora qué hacer”, dice alguien desde dentro de la Casa de Gobierno.

Mahiques no solo perdió la oportunidad de mostrarse como un ministro digno del cargo en este caso; también es el presunto responsable de que no se hable más de la causa que investiga los manejos financieros de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino. Se trata de 400 millones de dólares, que es, hasta ahora, el monto del supuesto fraude. En la Argentina, el caso tiene dos jueces: el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que hace la pesquisa por evasión fiscal, y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que aparentemente investiga la propiedad de la mega quinta de Pilar cuyos dueños serían los dos cabecillas de la AFA. Amarante tiene fama de “mano dura” con la evasión fiscal y, sobre todo, con el narcotráfico. Es el juez natural de la causa porque la AFA está en la Capital, aunque hayan tratado de disimular y enmascarar esa realidad comprobable. González Charvay es el juez que prefieren Tapia y Toviggino, y que se hizo cargo del caso de la enorme propiedad de Pilar porque esta ciudad está dentro de la jurisdicción judicial de Campana.

No son dos delitos; es un solo. La quinta de Pilar forma parte de la evasión fiscal, del lavado de dinero o de cualquier irregularidad impositiva que les comprueben a Tapia y a Toviggino. Amarante cometió hasta ahora un solo error, a pesar de que los procesó a los dos patrones de la AFA, y consistió en permitirles que salgan del país para asistir al Mundial de Fútbol que comenzará dentro de una semana en los Estados Unidos. Tapia y Toviggino podrían aprovechar la oportunidad para fugarse y buscar protección en algún país que no tenga tratado de extradición con la Argentina. Además, ambos se han resguardado siempre detrás del escudo de la selección argentina, actual campeona del mundo, cuyos jugadores ni siquiera saben de las correrías de los máximos dirigentes de la entidad más importante del fútbol argentino.

Además, será mucho peor cuando progrese, como se asegura, la causa abierta en los Estados Unidos contra Tapia, Toviggino y otros cómplices por el trasiego de millones de dólares en bancos norteamericanos y por lavado de activos. Estados Unidos se atribuye jurisdicción cuando el dinero presuntamente mal habido transitó por el sistema financiero norteamericano. Según versiones que se escucharon en boca de políticos que conocen el mundo del fútbol, jueces norteamericanos tomarían drásticas decisiones después del Mundial de Fútbol.

Mahiques podría haber evitado esa vergüenza con solo no dejarse llevar por sus simpatías personales o por sus compromisos con la AFA de Tapia, en la que tuvo alguna función. Y su padre, el juez Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños número 74 en la fastuosa quinta de Pilar que sería propiedad de Tapia o de Toviggino o de los dos.

Javier Milei se pronunció en diciembre pasado contra la jerarquía de la AFA. “Tapia está destruyendo el fútbol argentino”, dijo, y agregó: “La Justicia se tiene que ocupar porque el que las hace las paga”. En marzo, el Presidente designó a Mahiques en lugar de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, y desde entonces el escándalo público de la AFA cesó. La causa que se ventila en Campana en manos del juez González Charvay, que es el preferido por Tapia y Toviggino, entró a dormir el sueño de los justos. Mahiques habría congelado también la petición que envió al Poder Ejecutivo el juez de la Cámara Federal de la Capital Martín Irurzun para continuar en el cargo después de cumplir los 75 años, el 18 de julio próximo. Irurzun es uno de los jueces más prestigiosos del fuero federal que habita el edificio de Comodoro Py. En cambio, el padre del ministro, el camarista Mahiques, consiguió ese acuerdo en tiempo récord y seguirá siendo juez hasta los 80 años. Mahiques, el ministro, no evita nada y no se priva de nada.

Cuatro diputados que integraron la comisión investigadora del caso $LIBRA −cuya labor concluyó el año pasado− solicitaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, proveer a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) los recursos necesarios para garantizar la continuidad de la investigación.

La causa que investiga el lanzamiento del activo digital que promocionó Javier Milei a través de X está en manos del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Taiano le solicitó a la Ufeci, la una unidad especializada en ciberdelito que depende del Ministerio Público Fiscal, rastrear transferencias millonarias vinculadas a $LIBRA pero, ocho meses después de ese pedido y en un escrito de no más de una carilla, la Ufeci reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” del software correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.

Los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Sabrina Selva y Juan Marino, de Unión por la Patria, señalaron que la limitación planteada “afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de una investigación de evidente trascendencia institucional”.

Y marcaron, también, las consecuencias jurídicas de esta parálisis: “Implicaría un grave obstáculo para el esclarecimiento de los hechos investigados y podría traducirse en una efectiva denegación de justicia”.

“Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad”, sumó Ferraro en una publicación en X.

Además de expresar preocupación ante la situación planteada por la unidad especializada, solicitaron a Casal “arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la Ufeci de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente”.

La Ufeci, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” que corrió en la previa al lanzamiento de la moneda.

Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en momentos clave. Sus compras, por más de 13 millones de dólares, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien estaba al teléfono con Mauricio Novelli −el intermediario−, quien, a su vez, se encontraba en los Estados Unidos junto a Hayden Davis, el creador de $LIBRA.