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Trump ignoró los simulacros de guerra y las advertencias sobre el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON — A mediados de febrero, poco antes de que el presidente Donald Trump declarara la guerra a Irán, la Guardia Revolucionaria iraní realizó ejercicios con fuego real en sus aguas costeras.

Los medios estatales iraníes dieron a conocer el ejercicio, cuyo nombre oficial dejaba claro su propósito:

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«Control Inteligente del Estrecho de Ormuz».

Este ejercicio supuso una clara señal de alerta para la administración Trump, una señal que, por razones que aún no están del todo claras, fue ignorada en gran medida.

A los pocos días del inicio de la guerra, el ejército iraní tomó el control del estrecho, amenazando a los buques cisterna comerciales con barcos, misiles y drones.

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El transporte marítimo se paralizó.

Los precios de la energía se dispararon.

Y Trump se vio acorralado estratégicamente.

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Tres meses después, el control iraní del estrecho se ha convertido en su arma más poderosa, una fuente de enorme influencia en las negociaciones con Trump sobre el programa nuclear del país.

Un presidente acostumbrado a doblegar a sus oponentes a su voluntad ha tenido dificultades para ocultar su exasperación.

En una publicación de abril en redes sociales, Trump exigió con lenguaje soez que los «locos bastardos» que lideran Irán abrieran el estrecho, «o vivirán en el infierno».

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El ejército iraní se burló de la amenaza de Trump, interpretándola como una señal de impotencia.

Pero la respuesta de Irán no ha sido ni descabellada ni sorprendente, según numerosos ex funcionarios estadounidenses que dedicaron horas a simular la probable respuesta de Irán ante un ataque importante de Estados Unidos.

Durante años, el gobierno estadounidense ha realizado simulacros de guerra para abordar posibles conflictos con Irán, incluyendo algunos en el Pentágono a los que asistieron decenas de oficiales militares y responsables políticos.

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Según los participantes, en repetidas ocasiones llegaron a la conclusión de que Irán respondería a un ataque estadounidense de gran envergadura cerrando el estrecho de Ormuz.

“En todas las ocasiones, lo primero en lo que nos centramos fue en el estrecho, sin excepción”, dijo Dennis B. Ross, un alto funcionario de seguridad nacional de la Casa Blanca de Obama.

“Dábamos por sentado que si se entraba en guerra con Irán, este sería su punto de referencia”.

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Trump ha sido consciente de ese riesgo al menos desde su primer mandato como presidente.

John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, recordó haber intentado en vano persuadir al presidente de lanzar una guerra para derrocar al régimen de Teherán, la capital de Irán.

El estrecho de Ormuz siempre fue un tema central en esas conversaciones, afirmó Bolton.

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«Es imposible creer que Trump se sorprendiera por el cierre del estrecho», dijo Bolton.

La verdadera pregunta, añadió, era por qué la administración Trump parecía tan poco preparada para ese desenlace.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que, gracias a una planificación minuciosa, «toda la administración estaba preparada para cualquier acción que emprendiera el régimen iraní».

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“El presidente Trump sabía que Irán intentaría frenar la libertad de navegación y el libre flujo de energía, y tomó medidas para destruir numerosas minas y más de 40 buques minadores”, añadió.

Pero un repaso a los acontecimientos previos a la guerra deja claro que Trump subestimó la capacidad de Irán para cerrar el estrecho y sobreestimó la capacidad de Estados Unidos para reabrirlo en caso necesario.

Si bien la Casa Blanca no ha revelado los detalles de su planificación, expertos y exfuncionarios afirman que la evidencia disponible públicamente apunta a varios posibles responsables.

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Una explicación sencilla es que Trump tal vez esperaba que el gobierno iraní cayera antes de poder cerrar el estrecho.

Algunos funcionarios de Trump también creían —erróneamente— que Irán no podría cerrar la vía marítima sin sacrificar sus propias exportaciones de petróleo y que no cometería un «suicidio económico», como lo denominó uno de ellos.

Trump y sus principales funcionarios también parecían creer que si Irán intentaba apoderarse del estrecho, los aliados estadounidenses ayudarían a las fuerzas estadounidenses a recuperar el control de la vía marítima.

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Eso también fue un error de cálculo.

Las tácticas de Irán pudieron haber sorprendido al ejército estadounidense.

La planificación del Pentágono se basaba en la suposición de que Irán minaría intensamente la vía marítima.

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Sin embargo, Irán ha recurrido principalmente a misiles terrestres y a su arsenal relativamente nuevo de drones baratos para atacar y amenazar a los buques.

Trump heredó un problema geográfico que ha preocupado a los estrategas estadounidenses desde los inicios de la Guerra Fría, cuando temían que la Unión Soviética intentara controlar el canal por el que fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

En las últimas dos décadas, en medio de las crecientes tensiones por su programa nuclear, Irán ha hostigado con frecuencia el tráfico en el estrecho e incluso ha amenazado con cerrar la vía marítima.

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Tras una serie de amenazas similares, a finales de 2011, el presidente Barack Obama envió un mensaje secreto al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, advirtiéndole que la injerencia en el estrecho era una «línea roja» para Estados Unidos que provocaría una severa respuesta militar.

La lección, según Ross, fue que Irán no arriesgaría la supervivencia de su liderazgo por el estrecho.

Cambio

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Pero el ataque de Trump a finales de febrero cambió ese panorama, lanzando ataques aéreos que mataron a Khamenei y a otros funcionarios iraníes, y exigiendo la caída del gobierno de Irán.

“Buscábamos un cambio de régimen”, dijo Kenneth M. Pollack, exanalista de inteligencia de la CIA y vicepresidente de políticas del Instituto de Oriente Medio.

“Esa es la clave; por eso los iraníes cerraron el estrecho”.

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Es posible que Trump esperara —o al menos deseara— un cambio rápido de gobierno que impidiera la acción de Irán en el estrecho.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le aseguró a Trump que el gobierno iraní podía ser derrocado.

Además, Trump aún disfrutaba del éxito de la operación militar de enero que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro.

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Al menos algunos funcionarios de la administración Trump dudaban de que Irán siquiera quisiera cerrar el estrecho, suponiendo que tal medida pondría fin a los lucrativos ingresos petroleros del país.

Irán ha eludido durante mucho tiempo las severas sanciones estadounidenses exportando petróleo ilícitamente a través del estrecho.

“Sería un suicidio económico para ellos si lo hicieran”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a Fox Business el pasado mes de junio.

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“Y conservamos opciones para abordar esa situación”.

Pero el escenario de «suicidio económico» de Rubio también se basaba en otra suposición errónea:

que Irán no podía detener la mayor parte del tráfico a través del estrecho sin renunciar a sus propias exportaciones de petróleo.

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En una audiencia del Senado el martes, los senadores demócratas, visiblemente enfadados, presionaron a Rubio para que les asegurara que Trump no haría concesiones a Irán simplemente por restaurar el estrecho a su estado anterior a la guerra.

La mayoría de los analistas han dado por sentado desde hace tiempo que Irán haría intransitable el estrecho colocando decenas o incluso cientos de minas en sus aguas.

Esto lo convertiría en un lugar demasiado peligroso incluso para la navegación de sus propios buques petroleros.

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El hecho de que Irán no intentara cerrar el estrecho tras la oleada de ataques aéreos estadounidenses, conocida como Operación Martillo de Medianoche, contra sus principales instalaciones nucleares hace un año, puede haber respaldado la postura de Rubio.

Pero Irán sorteó ese problema utilizando menos minas de las previstas —quizás gracias a los ataques estadounidenses contra sus barcos minadores— y recurriendo a misiles y drones para aterrorizar a la navegación.

Los barcos que transportaban petróleo iraní, que no fueron objeto de ataques con misiles ni drones, continuaron cruzando el estrecho durante semanas, hasta que Trump impuso un contrabloqueo al tráfico marítimo iraní en abril.

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Diferencias

Según un antiguo alto funcionario, los ejercicios militares iraníes realizados durante la administración Biden no previeron que los drones desempeñarían un papel tan importante en el cierre del estrecho.

“No se centraron lo suficiente en los drones”, dijo Bolton refiriéndose a los funcionarios de Trump.

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Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado en junio pasado, los legisladores interrogaron al almirante Brad Cooper, quien se convertiría en jefe del Comando Central de Estados Unidos, sobre la amenaza iraní al estrecho y la capacidad militar para contrarrestarla.

Cooper se refirió a la «guerra de minas» y a la capacidad de Estados Unidos para desminar el país, pero no mencionó los drones.

Si bien reconoció que tal escenario sería «complejo», indicó que los militares podrían manejarlo en cuestión de «semanas o meses».

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Un exfuncionario del Pentágono afirmó que la Armada estadounidense era muy consciente de la amenaza que los drones podían representar para el transporte marítimo, debido a los ataques contra el comercio en el Mar Rojo perpetrados por los milicianos hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que comenzaron a finales de 2023.

Sin embargo, el ejército estadounidense ha tenido dificultades para desarrollar defensas antidrones eficaces.

Los funcionarios de Trump también parecían esperar que los aliados de Estados Unidos acudieran en su ayuda si Irán bloqueaba el estrecho.

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«Creo que el mundo entero se pondría en su contra si hicieran eso», predijo Rubio en una entrevista con el programa «Face the Nation» de CBS el pasado mes de junio.

El 3 de marzo, Trump declaró en las redes sociales que los buques de guerra estadounidenses comenzarían a escoltar a los petroleros a través de la vía marítima «tan pronto como sea posible».

A mediados de marzo, su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró a un entrevistador de CNBC que las escoltas militares eran «muy probables» para finales de ese mes, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las escoltas se llevarían a cabo «tan pronto como sea militarmente posible».

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El 10 de marzo, Wright incluso publicó —y borró rápidamente— en redes sociales una afirmación según la cual la Armada estadounidense había escoltado un buque cisterna a través del estrecho.

Las autoridades culparon a un miembro del personal no identificado por la afirmación falsa.

Pero ningún aliado de Estados Unidos fuera de la región inmediata se ha ofrecido voluntario para unirse a lo que muchos consideran la guerra temeraria que Trump ha decidido librar.

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Una coalición de naciones liderada por Gran Bretaña y Francia afirma estar dispuesta a ayudar a vigilar el estrecho, pero no hasta que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo formal para reabrirlo.

En mayo, Trump anunció una operación “humanitaria” limitada, denominada Proyecto Libertad, para rescatar petroleros varados en el estrecho.

Sin embargo, la abandonó al cabo de un día, tras las protestas de Arabia Saudí, que alegaba que conllevaba el riesgo de una peligrosa escalada.

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(En las últimas semanas, Estados Unidos ha guiado discretamente a unos 70 buques mercantes a través del estrecho, aunque una cantidad insuficiente para tener un impacto en los mercados y las cadenas de suministro mundiales).

Una operación militar unilateral estadounidense para abrir el estrecho implicaría un gran riesgo para un presidente que ya se enfrenta a la ira de sus partidarios, quienes creyeron en sus promesas pasadas de evitar guerras caóticas en Oriente Medio.

Pollack, quien ha dirigido o participado en varios simulacros de conflictos entre Estados Unidos e Irán, afirmó que una operación de este tipo requeriría el despliegue de al menos una división del Ejército en la costa iraní para localizar todo su arsenal de barcos, minas, misiles y drones.

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«Para ello, habría que recorrer prácticamente toda la costa norte del estrecho», declaró.

“Siempre ha sido un problema muy difícil”, añadió.

“No me ha sorprendido nada de lo que han hecho los iraníes”.

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c.2026 The New York Times Company

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Judge with intimate ties to Dem Party’s key Russia Hoax players behind latest anti-Trump decision

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The judge who ordered President Donald Trump’s name removed from the Kennedy Center is married to an attorney who has represented a former anti-Trump FBI lawyer, served as counsel to the House Jan. 6 committee and currently represents former President Joe Biden — relationships that Trump blasted as clear conflicts of interest following the ruling.

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Trump claimed in a heated Truth Social post that U.S. District Court of D.C. Judge Christopher Cooper’s wife, Amy Jeffress, a former Obama-era Justice Department attorney turned top lawyer of Trump’, encouraged her husband to reject Trump’s Kennedy Center renovation plans and remove his name from the building.

He pointed to Jeffress’ past and current clients, which include some of his most prominent critics, as evidence that she is «a Radical Left Democrat» who is influencing her husband to rule against him.

«Trump Hating Judge wants to keep it open because his wife probably told him to do so!» Trump wrote of Cooper, referring to his rejection of Trump’s plans to close the Kennedy Center for two years for renovations.

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FEDERAL JUDGE ORDERS TRUMP’S NAME REMOVED FROM KENNEDY CENTER, SAYS ONLY CONGRESS CAN RENAME IT

A composite photo shows a worker on a lift at the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, alongside U.S. District Judge Christopher Cooper, who ruled that President Donald Trump’s name be removed from the building. (Getty / and the U.S. District Court of D.C.)

Cooper issued his ruling on May 29, finding that the Kennedy Center board exceeded its legal authority when it voted to rename the institution to include Trump’s name. He ruled that only Congress can change the institution’s name based on the Kennedy Center’s founding statute, which makes clear that the venue is dedicated to President John F. Kennedy.

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Trump also alleged Jeffress «doesn’t use the ‘Cooper’ name because they, as a couple, don’t want people to know that she has a Conflict of Interest with an important Judge.»

The president pointed to Jeffress’ professional background, which included serving as a counselor to Attorney General Eric Holder during the Obama administration. Trump and his allies have accused the Obama administration of politicizing intelligence about Russian interference in the 2016 election and promoting allegations of ties between Trump’s campaign and the Kremlin. The FBI named its investigation into Russia’s alleged ties to Trump’s campaign Crossfire Hurricane.

WHO IS NORM EISEN? MEET THE ANTI-TRUMP ATTORNEY REPPING FBI AGENTS SUING THE DOJ

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Deputy Assistant FBI Director Peter Strzok preparing to testify at a congressional hearing

Deputy Assistant FBI Director Peter Strzok prepares to testify before a joint hearing of the House Judiciary and Oversight and Government Reform committees at the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., on July 12, 2018. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Thousands of text messages exchanged between Peter Strzok, a senior investigator on the FBI’s Crossfire Hurricane probe, and his then-lover Lisa Page, an FBI lawyer and adviser to Deputy Director Andrew McCabe, became public in 2018. Although Page was not involved in the Russia investigation, the pair’s anti-Trump messages prompted criticism from some who argued the exchanges revealed political bias within the FBI.

Jeffress represented Page during congressional scrutiny of the FBI’s handling of its investigation into former Secretary of State Hillary Clinton’s use of a private email server for official State Department business. Page was not involved in the Clinton email investigation itself.

She later represented Page again in a civil lawsuit against the FBI and the Justice Department, in which she argued that the disclosure of the text messages was improper.

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Years later, Jeffress served as outside counsel to the House Select Committee investigating the Jan. 6 Capitol riot, advising members on legal issues involving evidence, witness testimony and executive privilege claims. The committee examined the causes of the riot, efforts to overturn the 2020 presidential election, and Trump’s actions leading up to the attack.

TRUMP’S NAME ADDED TO KENNEDY CENTER FOLLOWING UNANIMOUS BOARD VOTE TO RENAME HISTORIC BUILDING

Sign on the John F. Kennedy Center for the Performing Arts building

A sign is displayed on the John F. Kennedy Center for the Performing Arts building. (Getty Images)

The president also pointed to Jeffress’ law firm, Hecker Fink LLP, formerly known as Kaplan Hecker & Fink LLP, which represented E. Jean Carroll in her civil lawsuit against him.

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Since July 2025, Jeffress has served as Biden’s personal attorney and is representing the former president in a lawsuit seeking to block the Justice Department from releasing transcripts and audio recordings of Biden’s interview with special counsel Robert Hur, who investigated Biden’s handling of classified documents.

«Amy is totally wired into the Left System, from her husband down, and it is impossible for me to be treated fairly,» Trump wrote on Truth Social. «He has a total Conflict of Interest, and should be brought up on charges for not revealing these facts.»

Appointed by President Barack Obama, Cooper has served on the U.S. District Court for the District of Columbia in Washington, D.C., since 2014.

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The criticism facing Cooper is not the first time he has been accused by Trump or his allies of having a potential conflict of interest. Cooper previously drew scrutiny during Special Counsel John Durham’s prosecution of former Clinton campaign-linked attorney Michael Sussmann, with critics arguing that he should have recused himself because his wife, attorney Amy Jeffress, represented former FBI lawyer Lisa Page, a figure tied to the FBI’s Crossfire Hurricane investigation.

The Sussmann case stemmed from Durham’s probe into the origins of the FBI’s Crossfire Hurricane investigation. Prosecutors alleged that Sussmann falsely told the FBI he was not acting on behalf of any clients when he presented allegations about a purported communications channel between the Trump Organization and Russia’s Alfa Bank during the 2016 election. Cooper rejected Sussmann’s effort to dismiss the case before trial and allowed Durham’s prosecution to proceed, but a jury ultimately acquitted Sussmann in May 2022 after a two-week trial overseen by Cooper.

President Donald Trump speaking during a luncheon with Kennedy Center board members in the East Room of the White House

President Donald Trump speaks during a luncheon with Kennedy Center board members in the East Room of the White House in Washington on March 16, 2026. (Jonathan Ernst/Reuters)

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Fox News Digital reached out to Cooper’s office, Jeffress, a representative for former President Joe Biden, Page, a representative for Garland, and Hecker Fink LLP for comment.

Cooper and Jeffress have been married since 1999. Their wedding was officiated by former Biden Justice Department Attorney General Merrick Garland, who at the time was a judge on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit.

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El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

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El Congreso de Guatemala aprobó Q120 millones y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral, buscando fortalecer su operación en 2026 y organizar las elecciones de 2027 con fondos trasladables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional una ampliación de Q120 millones para el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de fortalecer su operación en 2026 y dejar preparada la organización de las elecciones generales de 2027.

El decreto también asegura que los recursos no ejecutados al cierre de 2026 puedan trasladarse al presupuesto de 2027, para evitar que la planificación electoral pierda financiamiento.

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La reforma incorpora un nuevo artículo 140 Bis al Presupuesto General vigente para 2026 y fija una asignación de Q500 millones para elecciones generales, monto que deberá usarse exclusivamente en planificación, organización, preparación, implementación, capacitación, logística, tecnología, comunicación, operación y otras actividades vinculadas con el proceso electoral de 2027, según el texto del decreto.

Ese mismo artículo dispone que los saldos de caja no ejecutados y financieramente disponibles al 31 de diciembre de 2026 se incorporen al presupuesto institucional del TSE en 2027.

El destino de esos fondos queda restringido al financiamiento del evento electoral, de acuerdo con la normativa presupuestaria, contable y financiera aplicable.

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Un grupo de hombres y mujeres, muchos en trajes formales, sentados alrededor de una mesa de conferencias con micrófonos y botellas de agua
Foto de archivo: La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Rosa Rivera, lidera una importante sesión de trabajo junto a otros magistrados y personal del organismo electoral. (Congreso de la República de Guatemala)

La reforma también faculta expresamente al TSE para realizar en 2026 las adquisiciones públicas necesarias para preparar las elecciones de 2027 bajo la modalidad de excepción prevista en el artículo 44, literal f), de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esa autorización cubre compras asociadas a logística, tecnología, comunicación, operación y demás actividades directamente ligadas al proceso electoral.

A cambio, el tribunal deberá remitir a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso un informe mensual sobre la programación y ejecución de esas adquisiciones. El reporte tendrá que presentarse dentro de los primeros 15 días posteriores a cada mes cumplido y su entrega, según el decreto, no condicionará ni suspenderá la ejecución de las compras.

La ampliación presupuestaria aprobada por los diputados responde a una petición de los magistrados del TSE para contar con el mismo presupuesto de 2025.

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En el desarrollo de la primera sesión extraordinaria, el pleno conoció primero la iniciativa de ley 6773, pero luego alcanzó consensos para dispensarla de dictamen y aprobarla en un único debate.

El Decreto 16-2026 modifica el artículo 140 Ter del Presupuesto General vigente y ordena al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, realizar las modificaciones, reajustes y readecuaciones necesarias para asignar Q80 millones adicionales al tribunal electoral.

La norma indica que esos movimientos deberán formalizarse mediante el acuerdo gubernativo respectivo, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto.

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El mismo artículo 140 Ter autoriza al Tribunal Supremo Electoral a priorizar e incorporar a su presupuesto institucional de 2026 un monto de Q40 millones con cargo a sus saldos de caja acumulados al 31 de diciembre de 2025.

El texto fuente señala que esos recursos estarán destinados al fortalecimiento de necesidades institucionales, entre ellas la ciberseguridad.

La suma de ambos componentes explica la ampliación de Q120 millones aprobada por el Congreso: Q80 millones que deberá trasladar el Ejecutivo y Q40 millones que el propio TSE podrá incorporar desde sus saldos acumulados. El texto fuente precisa que los diputados atendieron así la petición de los magistrados para sostener la capacidad operativa del organismo.

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El diputado Héctor Julio Estrada, presidente de la comisión de finanzas, explicó que la reforma añade una disposición para que lo no ejecutado en 2026 pueda utilizarse en el presupuesto electoral de 2027. Sobre ese punto, dijo: “Entonces, está poniendo un texto que explica que el recurso que reciban este año, si no lo gastan, lo tendrán para aportar a ese presupuesto 2027”.

Estrada también justificó el uso de compras por excepción para acelerar la preparación del proceso. Según su declaración en el texto fuente, “se les está dejando una, la excepción que le toca la parte de obras electorales para que puedan contratar más ágilmente, porque el proceso electoral ya básicamente está encima y levantar los procesos nos han dicho que nos lleva tiempo”.

El legislador sostuvo además que la redacción replica la fórmula utilizada para el ciclo electoral anterior. En sus palabras, “generalmente es como un artículo que se pone en el mismo presupuesto para el año electoral, que sí fue en el año 2022. Ahora estamos el espejo 2026, digamos, cuatro años más tarde. Estamos haciendo la misma redacción para que funcione como 2022 en 2026”.

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Jeffries declines to back Wasserman Schultz as Black leaders revolt over district switch

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Rep. Debbie Wasserman Schultz, D-Fla., is facing mounting backlash from some Black leaders over her decision to seek re-election in a majority-minority district, a move that appears to be costing her support from the highest-ranking Black Democrat in Congress.

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House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., declined to endorse Wasserman Schultz’s re-election bid Tuesday after she entered the race for the plurality-Black district, where she faces four Black opponents in the Aug. 18 primary.

«Haven’t made a decision, as it relates to that particular race,» the lead Democrat said at a news conference when asked if he supports Wasserman Schultz’s run for the Fort Lauderdale-based seat.

Jeffries said he’s spoken to Wasserman Schultz, a member of his leadership team, about the race, but stopped short of offering his support.

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House Minority Leader Hakeem Jeffries, accompanied by Rep. Debbie Wasserman Schultz, speaks at a Democratic Steering and Policy Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., on Oct. 22, 2025. (Andrew Harnik/Getty Images)

REPORTER’S NOTEBOOK: DEMOCRATS SAY THEY CAN STILL FLIP THE HOUSE DESPITE GOP REDISTRICTING GAINS IN THE SOUTH

«Everybody has a right to run where they see fit. They’ve got to make their case to the people that they hope to represent moving forward,» he said.

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«I think we all recognize the sensitivities of the moment in terms of an unprecedented Jim Crow-like assault on Black political representation that has been unleashed by the Supreme Court’s outrageous decision to gut the Voting Rights Act,» he added, invoking the court’s ruling in Louisiana v. Callais, which curbed the use of race in the drawing of electoral districts and spurred redistricting in several Republican-led states affecting majority-minority districts represented by Black Democrats. 

«And it’s an environment that all of us need to be sensitive to as we move forward,» he said.

Jeffries’ comments come as Wasserman Schultz seeks to weather fierce criticism from some local Black leaders over her decision to run in the district. The seat has been represented by a Black lawmaker for more than three decades.

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Elijah Manley, a progressive Gen-Z activist running in the Democratic primary, slammed Wasserman Schultz in a statement posted to social media.

«First, she said the CBC [Congressional Black Caucus] encouraged her to run. The CBC Chair said they did not,» Manley wrote. «Then she went on TV and said that Leader Jeffries was supporting her. Jeffries just declined to endorse her.»

«It is not a good day to be named Debbie Wasserman Schultz in Florida’s 20th District,» he continued.

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Compilation image of Debbie Wasserman Schultz and Hakeem Jeffries

House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., declined to endorse Florida Rep. Debbie Wasserman Schultz’s re-election campaign on Tuesday. (Joe Raedle/Getty Images; Kevin Dietsch/Getty Images)

DESANTIS SIGNS FLORIDA REDISTRICTING MAP TO POTENTIALLY FLIP 4 HOUSE SEATS RED

Wasserman Schultz, however, will likely have a significant fundraising advantage over her primary opponents. Her campaign account has more than $2.5 million in the bank, according to recent Federal Election Commission filings.

Former Rep. Sheila Cherfilus-McCormick, D-Fla., previously occupied the solidly blue seat before she resigned amid an expulsion threat and House Ethics Committee investigation earlier this year. Cherfilus-McCormick is running again for the seat despite facing a pending criminal trial tied to allegedly stealing more than $5 million in disaster relief funds, among other charges.

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Former Broward County Mayor Dale Holness and musician Luther Campbell are also vying for the Democratic nomination.

Florida Republicans carved up Wasserman Schultz’s safe Democratic seat as part of a new GOP-friendly congressional map signed into law in May.

Rep. Sheila Cherfilus-McCormick speaking at a news conference in Washington, D.C.

Former Rep. Sheila Cherfilus-McCormick, D-Fla., is running against Rep. Debbie Wasserman Schultz in the Democratic primary contest, despite facing a pending criminal trial that could result in more than half a century in prison if convicted. (J. Scott Applewhite/AP)

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Wasserman Schultz previously served as chairwoman of the Democratic National Committee, during which her tenure was rocked by the release of internal emails disparaging Vermont Sen. Bernie Sanders’ 2016 presidential campaign. She first won election to the House in 2004.

Fox News Digital reached out to the Wasserman Schultz campaign before publication.

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