POLITICA
El cálculo electoral de la Casa Rosada: la verdadera amenaza para Javier Milei es de derecha
Luis “Toto” Caputo está en constante búsqueda de hipérboles para transmitir lo que los mercados quieren escuchar: que las próximas elecciones presidenciales no van a modificar el rumbo macroeconómico. Se lo viene diciendo de una y mil maneras al círculo rojo. Que el 2027 va a ser un “paseo por el parque”. Que “la economía se va a llevar puesta a la política”. Que “el kirchnerismo no será una opción”. “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”, fue su último exceso discursivo. El ministro de Economía, autor intelectual del “riesgo kuka”, cambió definitivamente de libreto para esta etapa.
Lo que no puede decir Caputo -y no es que no lo vea- es la idea que va tomando fuerza en lo más alto del Gobierno: que el verdadero peligro para la reelección de Javier Milei es de derecha. Ese es el cálculo electoral que hacen tanto Karina Milei como Santiago Caputo. Por más enemistados que estén, los dos principales laderos del Presidente coinciden en que el Gobierno no puede permitir que crezca un candidato con volumen que le dispute electorado a La Libertad Avanza (LLA). Que dividir la oferta no peronista puede plantear un escenario complejo para el Gobierno, de derivaciones impredecibles en plena temporada electoral.
Eso explica por qué, pese a que Patricia Bullrich está cada vez más insubordinada, Karina la “abraza” y se saca con ella una foto forzada para mostrar que no están peleadas. La secretaria general de la Presidencia, que nunca dudó en expulsar a importantes referentes propios ante el primer desacato, esta vez no tuvo más opción que contener a la jefa del bloque de LLA en el Senado. Mejor tenerla adentro que afuera.
“Hoy, si hay una alternativa a Milei es de centroderecha. En la opinión pública hay un consenso sobre el equilibrio fiscal, sobre el fin de los piquetes y sobre la política de seguridad. El espectro electoral está corrido hacia ahí”, analizó un importantísimo colaborador oficial. Y agregó: “Lo mejor que nos puede pasar es competir solos contra (Axel) Kicillof, que tiene techo. Tenemos la responsabilidad de no tener fragmentación en nuestro espectro. Que no nos crezca el pasto al lado”.
Aunque en las últimas horas aseguró que “no hay riesgo de fractura”, Bullrich seguirá tensionando desde adentro. Ya le avisó a Milei que no cuenten con ella para algunas cosas. Y en la Casa Rosada captaron cuál es su juego: volverse necesaria. Si los hermanos libertarios la contienen, podrían ofrendarle una candidatura a jefa de gobierno porteño o, más probablemente, un lugar en la fórmula como candidata a la vicepresidencia (casillero con el que alguna vez sonó Manuel Adorni). Nadie se la imagina como una eventual vice decorativa, sino como alguien que reclamará lugares de poder para un segundo mandato. El cálculo es que cuanto más suba su precio en el camino al 2027, más caro cobrará su lugar en una eventual segunda gestión.
Si los Milei la expulsan, Bullrich podría apostar a jugar por afuera y esperar a ver si las vueltas de la economía argentina frustran la reelección presidencial y le dan la oportunidad de su vida. Es una apuesta que debe ser vista con su prisma, el de una mujer que tiene más de 50 años de carrera política y que festejará su natalicio 70 dentro de exactamente una semana.
Así como planteará objeción de conciencia con el retiro del pliego de María Verónica Michelli -la candidata a jueza a la que el Presidente busca obturar la carrera judicial tras descubrir que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon-, Bullrich también le advirtió al jefe de Estado que no votará dos de los pliegos que envió el Poder Ejecutivo, los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, porque (según dijo puertas adentro) “no son trigo limpio”. Y dejó saber que si el Gobierno llega a promover una ley para controlar la tarea periodística —como viene trascendiendo desde algunos despachos oficiales— tampoco apoyará.
“Ella es viva y mete el dedo en la llaga en cuestiones difíciles de defender, como el caso de Adorni o el retiro del pliego de Michelli”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada.
Respecto a los pliegos de Catania y Greenway, en el Ministerio de Justicia, que conducen Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, están enfurecidos. Despotrican porque la postura de Bullrich tiene mareados a los senadores de LLA. Los pliegos necesitan nueve firmas en la comisión de Acuerdos, y hasta hace algunas horas solo tenían siete rúbricas, ninguna de los libertarios. “Patricia es singlista y los senadores nuestros quedan tironeados”, se quejaron esta semana en esa cartera, donde se ocuparon personalmente de persuadir a los legisladores para que se desmarquen de la ex ministra de Seguridad.
Mahiques y Viola son los dos funcionarios que confeccionan las listas con las decenas de pliegos de jueces que el Gobierno viene enviando al Senado. Hay una instancia de validación con Javier y Karina Milei, en general telefónica, que no suele alterar esas nóminas, por el amplio desconocimiento que tienen los hermanos de la cuestión judicial. Eso explica el papelón con pliego de Michelli: los funcionarios de Justicia, naturalmente, no consideraron que ser familiar de un periodista podía ser motivo de veto. El Presidente se dio cuenta después y no dudó en retirar el pliego que él mismo había mandado en marzo, cuando reconocía la idoneidad de la candidata.
Adorni, por el salvataje legal
Las diferenciaciones con Milei no son la única arena en la que está jugando Bullrich. Esta semana viajó a Mendoza a dar una charla de ciberseguridad. De paso, apoyó públicamente a Luis Petri como candidato a gobernador de la provincia cuyana, generando un conflicto con la estrategia electoral de Karina Milei y los Menem. Allí los karinistas tienen un acuerdo político con el gobernador Alfredo Cornejo, que quiere promocionar a un delfín suyo para sucederlo. Las cosas cambian rápido. Bullrich y Petri supieron ser dos ministros halcones de Javier Milei. Pero ahora se mueven con autonomía y reeditan fotos que recuerdan que allá por 2023 fueron una fórmula presidencial.
Lo que no parece volver es la sociedad de Bullrich con Mauricio Macri. Cerca del ex presidente aseguran que en el campamento de la ex ministra “hacen gestiones vía terceros para un acercamiento”. “Nos hacen gestos, pero no, Mauricio da por terminada esa etapa”, dijeron en el primer anillo del ex mandatario. La reticencia es llamativa teniendo en cuenta que podrían tener intereses congruentes para llegar a un acuerdo entre LLA y PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Con los reflectores puestos en otro lugar, Adorni aprovecha esta semana para seguir dando vueltas con sus números y aplazar varios días más la presentación de su declaración jurada. Lo hará recién hacia el final de la semana próxima o el inicio de la siguiente: ¿Qué está esperando? Conocer los resultados del informe que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para analizar las incongruencias en su patrimonio.
Pasaron cuatro semanas desde que Milei dijo que el jefe de Gabinete tenía “todas las cosas listas” para presentar sus papeles. Es evidente que ya no importa que el Presidente se haya expuesto con el tema. Tampoco pesa la opinión pública, que probablemente, cuando lleguen los papeles del ministro coordinador, estará distraída con el inicio del Mundial. Más allá de lo reputacional, Adorni está pensando en el expediente y necesita un salvataje legal.
Adorni declararía no solo una herencia -la sucesión de su padre y su abuela se quedaría corta para explicar su nuevo tren de vida, sobre todo porque figura como compartida con su hermano Francisco-, sino otra fuente de ingresos. Se habla de un mutuo entre privados y de una tenencia no declarada en criptomonedas. Es muy probable que Pollicita requiera que Adorni explique el origen de los fondos en una instancia previa a la indagatoria. Para eso el jefe de Gabinete pretende apoyarse en su tan esperada y meditada declaración jurada.
Con los frentes internos aplacados, pero no resueltos, esta semana la Casa Rosada no celebró su reunión de mesa política, ni tampoco un encuentro del gabinete. Pero la guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo atravesó nuevos frentes de batalla. La novedad de las últimas horas es que la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que alguna vez controló la tropa del consultor y que ahora está bajo la órbita de Mahiques, pidió que la Fundación Faro detalle quiénes fueron sus principales donantes. Se trata del think tank libertario presidido por Agustin Laje donde talla Francisco Caputo, el hermano mayor del asesor presidencial.
Una investigación de Chequeado reveló que Faro declaró en sus balances 4.957 millones en concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención” solo durante 2024. Ese año el equipo de Karina trabajó con la mesa chica de Caputo para organizar floridas cenas de recaudación y juntar dinero para la causa con la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero. Eran otros tiempos. Ahora es la era de las vendettas.
Santiago Caputo recibió el pedido de la IGJ como una “mojada de oreja” de la hermana presidencial. Una señal de que lo está controlando, de la misma manera que audita a los fondos reservados de la SIDE a través de Sebastián Pareja, el flamante titular de la comisión bicameral de Inteligencia.
La otra pelea entre bandos se da por el proyecto de nuevo Código Penal. Tanto Mahiques, (del riñón de Karina) como Caputo y su equipo jurídico (integrado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabajaron un texto con el juez federal de Casación, Mariano Borinsky) mantuvieron audiencias con Javier Milei para presentarle sendas versiones del proyecto. La del ministro de Justicia prevé modificaciones más acotadas, mientras que la iniciativa que comanda Caputo es más amplia y ambiciosa. Ambos sectores pujan para que se imponga su borrador.
Pero coinciden en un punto: ninguno modifica el artículo 80, que es el que plantea los casos de homicidio agravado con prisión perpetua y que incluye los incisos que introdujo la Ley de Femicidio de 2012. Es una decisión pragmática, porque creen que si se meten con ese tema, el proyecto no pasaría el Congreso.
En Davos, el año pasado, Milei había dicho que el femicidio es una “aberración constitucional” y un “ridículo”. Por ahora, las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo no dan marcha atrás con esa figura. Todos esperan que el Presidente no dé un volantazo de último minuto. Bullrich, por lo pronto, ya fijó postura. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años. Condena efectiva y cárcel de por vida”, dijo la senadora en alusión al femicidio de Agostina Vega, en un tuit en el que criticó al feminismo durante el 3J. La senadora, no obstante, cerró con una consigna de ese colectivo: #NiUnaMenos.
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POLITICA
Causa ANDIS: la Justicia fijó una nueva fecha para peritar los audios de Diego Spagnuolo
El juez federal Ariel Lijo dispuso que el peritaje sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, comience el 26 de agosto a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.
Lijo ordenó avanzar con la medida pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz y tras la postergación del peritaje originalmente previsto para el 22 de julio.
El análisis buscará determinar el origen y la autenticidad de los audios en los que se habla de sobornos y sobreprecios, grabaciones que contribuyeron a destapar la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el organismo.
Los peritos deberán verificar si los archivos presentan manipulaciones, cortes o ediciones posteriores e identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como la clonación de voz o la síntesis automática.
Spagnuolo, a través de su defensa, confirmó que no aportara una muestra de su voz por entender que dicho acto vulnera la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.
Como alternativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material de cotejo cuatro entrevistas que Spagnuolo concedió en los canales Neura, La Nación+, Border y El Observador. La fiscalía sostiene, además, que los audios no iniciaron la causa ni fueron empleados para construir la acusación ni para solicitar los procesamientos de Spagnuolo y de otros integrantes de la presunta asociación ilícita.
La causa
La causa ANDIS investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo, con imputaciones por administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita, entre otros delitos.
Hasta el momento hay alrededor de 20 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo. En los audios, se oye una voz atribuida al exfuncionario referirse a cambios en los porcentajes de supuestas coimas, al circuito de fondos y a posibles destinos de esos recursos.
Spagnuolo, a través de su defensa, se negó a aportar una muestra de su voz para realizar el cotejo. Sostuvo que la medida vulneraría su derecho a no autoinculparse.
El juez Lijo rechazó ese planteo y dispuso que el peritaje avance con o sin la colaboración del imputado. El magistrado consideró contradictoria la postura de la defensa, que había cuestionado la autenticidad de las grabaciones y propuesto su propio perito de parte.
Leé también: Ley de Tierras: los cambios que el oficialismo acordó con los bloques aliados para conseguir la media sanción en el Senado
Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Comodoro Py
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Más fondos para Frigerio: el gobernador de Entre Ríos firmó con Nación un acuerdo por $120.000 millones
CÓRDOBA.- Aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, es uno de los que más avances en materia financiera logra con la Casa Rosada. Este martes firmó un nuevo convenio por el que la Anses le transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026.
Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre próximo y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.
La administración provincial ya tiene un convenio en marcha, por lo que hasta octubre inclusive recibirá $6.000 millones mensuales, para saltar después a los $10.000 millones que se extenderán casi hasta el final del mandato de Frigerio. Según los números oficiales, Entre Ríos junto a otras provincias con acuerdos con Anses no recibieron los pagos correspondientes a junio y julio.
Frigerio firmó el entendimiento con el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia. Fue calificado por la provincia como un “avance histórico” en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye “un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial”.
“Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, dijo el Gobernador.
Frigerio estuvo entre los primeros gobernadores en recibir un anticipo financiero. A finales de 2025, Nación le otorgó un adelanto de hasta 220.000 millones de pesos para “cubrir compromisos urgentes y pago de aguinaldos”. En junio recibió una “ampliación” de “hasta la suma” de 400.000 millones de pesos.
Entre enero y julio, además, recibió un total de $15.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con este monto, se ubicó en el segundo puesto del ranking detrás de Misiones.
Por la Caja de Jubilaciones no transferida, Frigerio llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. Según el comunicado provincial, la firma del convenio “constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”.
El mandatario aclaró que los recursos “no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos”.
Las partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
La Legislatura entrerriana aprobó hace poco una reforma previsional lo que, junto al acuerdo, “garantizan mayor previsibilidad financiera”. Frigerio agradeció el trabajo de los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo y Diego Santilli además de los funcionarios de Anses.
Gabriela Origlia,Rogelio Frigerio,Conforme a
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Sofía Clerici pidió ser sobreseída porque el peritaje probó que no recibió dinero de Martín Insaurralde
Sofía Clerici, la modelo que acompañó en su viaje a Marbella al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en 2023, pidió ser sobreseída en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, ya que el peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario determinó que no le entregó nunca dinero.
Argumentó además Clerici que la única razón por la que permanece imputada en la causa es por su “rol profesional” como acompañante de ese viaje y su condición de mujer.
“El núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional” como acompañante, dice el letrado de Clerici en su escrito y señala que “el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
En el escrito firmado por el letrado Martín Larralde se apoya en el punto 77 del informe pericial sobre los bienes de Insaurralde que concluyó que no existen constancias de entregas de dinero por 569.911 dólares a Clerici.
Sostuvo el letrado que apareció “prueba nueva y decisiva” que remueve el único obstáculo que impedía desvincular a Clerici del caso, que estalló cuando ella misma publicó la foto del video de Insaurralde en el yate El Bandido, navegando por el Mediterráneo.
Ese obstáculo era la pericia contable que apunta específicamente a la falta de una relación patrimonial entre Insaurralde y Clerici.
El escándalo político que desató esa imagen forzó la salida de Insaurralde del gabinete de Axel Kicillof. El exintendente de Lomas de Zamora había llegado a ese ministerio por indicación de Cristina Kirchner, luego de la derrota legislativa del peronismo bonaerense en los comicios de 2021.
El relevamiento documental no identificó ningún elemento que dé cuenta de una o varias entregas de dinero de Insaurralde a Clerici por suma alguna, ni en relación con los objetos suntuarios secuestrados, dice el estudio.
Para el abogado de Clerici, la conclusión “aniquila” las hipótesis que originalmente se le atribuyeron a su asistida como haber intervenido en la puesta en circulación de fondos de origen ilícito y supuestos “pagos realizados en nombre de Insaurralde con dinero provisto por él”.
En esta causa, el fiscal Sergio Mola y el fiscal general Diego Velasco, a cargo de la Procelac, pidieron citar a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, a sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde, y a Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez.
No así a Clerici, que según sus abogados su único rol fue acompañarlo en un “breve viaje” a España en septiembre de 2023, en calidad de acompañante.
La defensa sostuvo que el núcleo de la imputación reside exclusivamente en el ejercicio de la profesión de Clerici −acompañante desde hace más de veinte años, según consta en la causa− y en su condición de mujer.
La defensa acusa a la Fiscalía de reconocer su calidad de acompañante sin pedir su desvinculación ni explicar los motivos de su persecución, y sostiene que ello configura una “dinámica estructural de género”, en la que las mujeres quedan involucradas en maniobras sobre las que no tuvieron decisión ni control.
Dijo el abogado que aun de haber existido la recepción de dinero o regalos que la pericia descartó, acompañar a una persona a la que se le reprocha un delito “no constituye, por sí solo, un aporte penalmente relevante al lavado de activos”.
Hernán Cappiello,Sofía Clerici,Martín Insaurralde,Conforme a
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