POLITICA
El cálculo electoral de la Casa Rosada: la verdadera amenaza para Javier Milei es de derecha

Luis “Toto” Caputo está en constante búsqueda de hipérboles para transmitir lo que los mercados quieren escuchar: que las próximas elecciones presidenciales no van a modificar el rumbo macroeconómico. Se lo viene diciendo de una y mil maneras al círculo rojo. Que el 2027 va a ser un “paseo por el parque”. Que “la economía se va a llevar puesta a la política”. Que “el kirchnerismo no será una opción”. “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”, fue su último exceso discursivo. El ministro de Economía, autor intelectual del “riesgo kuka”, cambió definitivamente de libreto para esta etapa.
Lo que no puede decir Caputo -y no es que no lo vea- es la idea que va tomando fuerza en lo más alto del Gobierno: que el verdadero peligro para la reelección de Javier Milei es de derecha. Ese es el cálculo electoral que hacen tanto Karina Milei como Santiago Caputo. Por más enemistados que estén, los dos principales laderos del Presidente coinciden en que el Gobierno no puede permitir que crezca un candidato con volumen que le dispute electorado a La Libertad Avanza (LLA). Que dividir la oferta no peronista puede plantear un escenario complejo para el Gobierno, de derivaciones impredecibles en plena temporada electoral.
Eso explica por qué, pese a que Patricia Bullrich está cada vez más insubordinada, Karina la “abraza” y se saca con ella una foto forzada para mostrar que no están peleadas. La secretaria general de la Presidencia, que nunca dudó en expulsar a importantes referentes propios ante el primer desacato, esta vez no tuvo más opción que contener a la jefa del bloque de LLA en el Senado. Mejor tenerla adentro que afuera.
“Hoy, si hay una alternativa a Milei es de centroderecha. En la opinión pública hay un consenso sobre el equilibrio fiscal, sobre el fin de los piquetes y sobre la política de seguridad. El espectro electoral está corrido hacia ahí”, analizó un importantísimo colaborador oficial. Y agregó: “Lo mejor que nos puede pasar es competir solos contra (Axel) Kicillof, que tiene techo. Tenemos la responsabilidad de no tener fragmentación en nuestro espectro. Que no nos crezca el pasto al lado”.

Aunque en las últimas horas aseguró que “no hay riesgo de fractura”, Bullrich seguirá tensionando desde adentro. Ya le avisó a Milei que no cuenten con ella para algunas cosas. Y en la Casa Rosada captaron cuál es su juego: volverse necesaria. Si los hermanos libertarios la contienen, podrían ofrendarle una candidatura a jefa de gobierno porteño o, más probablemente, un lugar en la fórmula como candidata a la vicepresidencia (casillero con el que alguna vez sonó Manuel Adorni). Nadie se la imagina como una eventual vice decorativa, sino como alguien que reclamará lugares de poder para un segundo mandato. El cálculo es que cuanto más suba su precio en el camino al 2027, más caro cobrará su lugar en una eventual segunda gestión.
Si los Milei la expulsan, Bullrich podría apostar a jugar por afuera y esperar a ver si las vueltas de la economía argentina frustran la reelección presidencial y le dan la oportunidad de su vida. Es una apuesta que debe ser vista con su prisma, el de una mujer que tiene más de 50 años de carrera política y que festejará su natalicio 70 dentro de exactamente una semana.
Así como planteará objeción de conciencia con el retiro del pliego de María Verónica Michelli -la candidata a jueza a la que el Presidente busca obturar la carrera judicial tras descubrir que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon-, Bullrich también le advirtió al jefe de Estado que no votará dos de los pliegos que envió el Poder Ejecutivo, los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, porque (según dijo puertas adentro) “no son trigo limpio”. Y dejó saber que si el Gobierno llega a promover una ley para controlar la tarea periodística —como viene trascendiendo desde algunos despachos oficiales— tampoco apoyará.
“Ella es viva y mete el dedo en la llaga en cuestiones difíciles de defender, como el caso de Adorni o el retiro del pliego de Michelli”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada.

Respecto a los pliegos de Catania y Greenway, en el Ministerio de Justicia, que conducen Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, están enfurecidos. Despotrican porque la postura de Bullrich tiene mareados a los senadores de LLA. Los pliegos necesitan nueve firmas en la comisión de Acuerdos, y hasta hace algunas horas solo tenían siete rúbricas, ninguna de los libertarios. “Patricia es singlista y los senadores nuestros quedan tironeados”, se quejaron esta semana en esa cartera, donde se ocuparon personalmente de persuadir a los legisladores para que se desmarquen de la ex ministra de Seguridad.
Mahiques y Viola son los dos funcionarios que confeccionan las listas con las decenas de pliegos de jueces que el Gobierno viene enviando al Senado. Hay una instancia de validación con Javier y Karina Milei, en general telefónica, que no suele alterar esas nóminas, por el amplio desconocimiento que tienen los hermanos de la cuestión judicial. Eso explica el papelón con pliego de Michelli: los funcionarios de Justicia, naturalmente, no consideraron que ser familiar de un periodista podía ser motivo de veto. El Presidente se dio cuenta después y no dudó en retirar el pliego que él mismo había mandado en marzo, cuando reconocía la idoneidad de la candidata.
Adorni, por el salvataje legal
Las diferenciaciones con Milei no son la única arena en la que está jugando Bullrich. Esta semana viajó a Mendoza a dar una charla de ciberseguridad. De paso, apoyó públicamente a Luis Petri como candidato a gobernador de la provincia cuyana, generando un conflicto con la estrategia electoral de Karina Milei y los Menem. Allí los karinistas tienen un acuerdo político con el gobernador Alfredo Cornejo, que quiere promocionar a un delfín suyo para sucederlo. Las cosas cambian rápido. Bullrich y Petri supieron ser dos ministros halcones de Javier Milei. Pero ahora se mueven con autonomía y reeditan fotos que recuerdan que allá por 2023 fueron una fórmula presidencial.

Lo que no parece volver es la sociedad de Bullrich con Mauricio Macri. Cerca del ex presidente aseguran que en el campamento de la ex ministra “hacen gestiones vía terceros para un acercamiento”. “Nos hacen gestos, pero no, Mauricio da por terminada esa etapa”, dijeron en el primer anillo del ex mandatario. La reticencia es llamativa teniendo en cuenta que podrían tener intereses congruentes para llegar a un acuerdo entre LLA y PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Con los reflectores puestos en otro lugar, Adorni aprovecha esta semana para seguir dando vueltas con sus números y aplazar varios días más la presentación de su declaración jurada. Lo hará recién hacia el final de la semana próxima o el inicio de la siguiente: ¿Qué está esperando? Conocer los resultados del informe que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para analizar las incongruencias en su patrimonio.
Pasaron cuatro semanas desde que Milei dijo que el jefe de Gabinete tenía “todas las cosas listas” para presentar sus papeles. Es evidente que ya no importa que el Presidente se haya expuesto con el tema. Tampoco pesa la opinión pública, que probablemente, cuando lleguen los papeles del ministro coordinador, estará distraída con el inicio del Mundial. Más allá de lo reputacional, Adorni está pensando en el expediente y necesita un salvataje legal.
Adorni declararía no solo una herencia -la sucesión de su padre y su abuela se quedaría corta para explicar su nuevo tren de vida, sobre todo porque figura como compartida con su hermano Francisco-, sino otra fuente de ingresos. Se habla de un mutuo entre privados y de una tenencia no declarada en criptomonedas. Es muy probable que Pollicita requiera que Adorni explique el origen de los fondos en una instancia previa a la indagatoria. Para eso el jefe de Gabinete pretende apoyarse en su tan esperada y meditada declaración jurada.
Con los frentes internos aplacados, pero no resueltos, esta semana la Casa Rosada no celebró su reunión de mesa política, ni tampoco un encuentro del gabinete. Pero la guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo atravesó nuevos frentes de batalla. La novedad de las últimas horas es que la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que alguna vez controló la tropa del consultor y que ahora está bajo la órbita de Mahiques, pidió que la Fundación Faro detalle quiénes fueron sus principales donantes. Se trata del think tank libertario presidido por Agustin Laje donde talla Francisco Caputo, el hermano mayor del asesor presidencial.

Una investigación de Chequeado reveló que Faro declaró en sus balances 4.957 millones en concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención” solo durante 2024. Ese año el equipo de Karina trabajó con la mesa chica de Caputo para organizar floridas cenas de recaudación y juntar dinero para la causa con la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero. Eran otros tiempos. Ahora es la era de las vendettas.
Santiago Caputo recibió el pedido de la IGJ como una “mojada de oreja” de la hermana presidencial. Una señal de que lo está controlando, de la misma manera que audita a los fondos reservados de la SIDE a través de Sebastián Pareja, el flamante titular de la comisión bicameral de Inteligencia.
La otra pelea entre bandos se da por el proyecto de nuevo Código Penal. Tanto Mahiques, (del riñón de Karina) como Caputo y su equipo jurídico (integrado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabajaron un texto con el juez federal de Casación, Mariano Borinsky) mantuvieron audiencias con Javier Milei para presentarle sendas versiones del proyecto. La del ministro de Justicia prevé modificaciones más acotadas, mientras que la iniciativa que comanda Caputo es más amplia y ambiciosa. Ambos sectores pujan para que se imponga su borrador.
Pero coinciden en un punto: ninguno modifica el artículo 80, que es el que plantea los casos de homicidio agravado con prisión perpetua y que incluye los incisos que introdujo la Ley de Femicidio de 2012. Es una decisión pragmática, porque creen que si se meten con ese tema, el proyecto no pasaría el Congreso.
En Davos, el año pasado, Milei había dicho que el femicidio es una “aberración constitucional” y un “ridículo”. Por ahora, las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo no dan marcha atrás con esa figura. Todos esperan que el Presidente no dé un volantazo de último minuto. Bullrich, por lo pronto, ya fijó postura. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años. Condena efectiva y cárcel de por vida”, dijo la senadora en alusión al femicidio de Agostina Vega, en un tuit en el que criticó al feminismo durante el 3J. La senadora, no obstante, cerró con una consigna de ese colectivo: #NiUnaMenos.
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POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho

Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.

Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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ADEPA rechaza los agravios del presidente Javier Milei contra editores y periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
POLITICA
Los piqueteros protestaron contra Pettovello y los jueces de la Corte

Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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