Después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propusiera “levantar un muro contra la barbarie” durante un acto de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, consideró que se trató de una estrategia para tapar su “incompetencia política”.

Un nuevo capítulo se sumó a la disputa entre ambas jurisdicciones por cuestiones de seguridad y gestión. Todo se desencadenó por el discurso que Macri brindó en el acto de incorporación de 650 nuevos agentes a la Policía de la Ciudad, en donde destacó que su gestión logró bajar la tasa de todos los delitos durante el año pasado.

De acuerdo con el Mapa del Delito del 2025, todos los tipos de delitos experimentaron un descenso y, en algunos casos, se registraron cifras récord. Mientras que los índices de robos con armas y de autos se posicionaron en sus niveles más bajos desde que se tiene registro, la Ciudad de Buenos Aires se posicionó como la segunda ciudad con menor tasa de homicidios del continente americano. En primer lugar quedó ubicada Ottawa, Canadá.

Por este motivo, Macri remarcó: “Hemos alcanzado un logro histórico, la baja de todos los delitos en la Ciudad, y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa”, antes de volver a trazar sus diferencias con la gestión bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, y administrada por Alonso en materia de seguridad.

“Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof”, apuntó el jefe de Gobierno porteño durante su intervención. En línea con esto, propuso: “Vamos a defender nuestro estilo de vida. El cumplimiento del orden, del respeto a la vida, de las libertades individuales y las diferencias. Es con ley y es con orden”.

Luego de que la máxima autoridad porteña publicara ese fragmento del discurso en su cuenta personal en X, el ministro de Seguridad bonaerense le respondió con críticas a su gestión y a la situación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión”, publicó el funcionario bonaerense a través de una cita que realizó a la publicación original del jefe de Gobierno porteño.

En este sentido, Alonso apuntó: “Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político”. Por esto, en tono irónico, pidió: “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos y atienden y producen en gran parte de la Capital”.

En la misma publicación, el titular de la cartera de Seguridad bonanerese subrayó la necesidad de fomentar la unidad nacional al manifestar que “el país es uno solo”. Por este motivo, le cuestionó al representante de la Ciudad de Buenos Aires: “¿O acaso cuando te pongas la camiseta de la selección para hacer tu marketing sensiblero y barato lo vas a hacer festejando solo los goles de la Ciudad?“.

“Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia”, instó el ministro de Kicillof, previo a cerrar su mensaje con una alusión al patrimonio del que sería dueño jefe de Gobierno porteño y a presuntas investigaciones judiciales.

“Cuando decís que defendés tu ‘estilo de vida’, ¿acaso te referís a tu abultado patrimonio, tan difícil de explicar? En vez de discriminar a un pueblo digno y trabajador, rendí las cuentas que tenés pendientes con la Justicia”, concluyó Alonso.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se opuso a la citación dispuesta por el juez Ariel Lijo para que aporte una muestra de su voz y sea comparada con los audios que revelaron una presunta red de corrupción en el organismo.

La defensa de Spagnuolo, integrada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, anunció que presentará este jueves un planteo ante el juzgado en el que argumentará que la orden “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”.

En diálogo con TN, D’Alessandro aseguró que “los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”. Además, agregó el abogado del extitular de la ANDIS: “Más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Además, instruyó verificar si los archivos presentan características de voz humana natural o generada por inteligencia artificial, identificar posibles ediciones posteriores y reconstruir la cronología de cualquier modificación.

Días atrás, Lijo fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo fue intimado a grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente.

La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.

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La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa de Spagnuolo ya presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.

La decisión de Lijo representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez Sebastián Casanello. Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia

Mientras varios de los principales dirigentes de la CGT están en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros líderes cegetistas planifican en Buenos Aires un plan de lucha en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene en $500 mil.

Para reforzar su pedido, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el titular del área educativa de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones del país, pero los sindicatos advirtieron que en los 8 puntos del temario no figura el tema salarial.

Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha, que incluirá también los reclamos de las universidades.

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Romero a Infobae.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, señaló el líder de UDA, aunque precisó que en todo el país, pese a que algunos gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.

Para organizar el paro nacional docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

Romero incluso espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, consideró el secretario general de la UDA.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral está vigente por los últimos fallos judiciales y establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie el fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Por eso los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para hacer el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que están previstas en la Ley 27.802.

El planteo judicial contra el artículo 101 de la Ley 27.802 justamente lo hizo UDA y derivó en una sentencia favorable a su pedido dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.

En ese momento, Romero afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. Y agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

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