El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.

La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni– se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país», es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.

Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.

Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.

En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.

Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.

El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.

Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.

agitada sesión del Senado,Conforme a

El Gobierno firmó este jueves dos acuerdos para fortalecer la cooperación en materia de logística militar con los Estados Unidos y poder acceder a la plataforma de venta de drones y sistemas antidrones del Ejército norteamericano.

Las cartas de intención fueron suscritas este jueves por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en un acto celebrado por el Gobierno como una ampliación en “la cooperación logística y tecnológica”.

Por un lado, uno de los acuerdos gira alrededor del fortalecimiento del apoyo logístico entre ambas naciones mediante un acuerdo para el suministro recíproco de combustible en operaciones.

En ese sentido, el Gobierno argentino reafirmó el Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente entre ambas naciones desde el año 2009 u apunta a “ampliar las capacidades de apoyo logístico bilateral a escala global, facilitando el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran”.

El Ministerio de Defensa sostuvo que ese mecanismo permitirá optimizar el sostenimiento de las fuerzas durante el desarrollo de ejercicios combinados, actividades de adiestramiento, despliegues operacionales, escalas en puertos, operaciones de cooperación y otras iniciativas que las naciones realicen en forma conjunta.

A su vez, “contempla la posibilidad de brindar asistencia logística en situaciones imprevistas o contingencias que demanden una respuesta rápida y coordinada”.

Acceso a un mercado de drones del Ejército de Estados Unidos

Por otro lado, la segunda carta de intención con los Estados Unidos habilita la incorporación de Argentina a un Mercado Digital Internacional para facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados (drones), así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas contra ese tipo de dispositivos.

“Esto permitirá conformar una plataforma centralizada donde los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas desde el ámbito militar de la Defensa”, explicaron desde la cartera que conduce Presti.

Para el Gobierno, la adhesión a este sistema es fundamental en un contexto internacional donde los drones y los sistemas antidrones, se han convertido en herramientas decisivas en numerosos escenarios de conflicto.

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“Las experiencias observadas en los principales teatros de operaciones de los últimos años han puesto de manifiesto el impacto que estas tecnologías tienen sobre la vigilancia, el reconocimiento, la adquisición de blancos, la protección de infraestructuras críticas y la conducción de operaciones militares”, enfatizaron en Defensa.

Por su parte, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, destacó los acuerdos como una muestra de “liderazgo” y proclamó: “Así construimos una Argentina y un hemisferio más fuertes”.

Gobierno, Estados Unidos, ministerio de Defensa