El Senado abrió esta semana el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pyme regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.

El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.

El director de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli, cuestionó esa aritmética en diálogo con Infobae: “El 20% de ahorro prometido equivale, en la práctica, a apenas el costo del aceite de soja, sin contar metanol, mano de obra ni energía. La diferencia real entre una planta grande y una pyme ronda el 5% o 6% en el precio del biodiesel, lo que se traduce en aproximadamente 0,5% en el surtidor. Son diez pesos”, sintetizó.

“Si se aprueba la ley de Patricia Bullrich, van a quebrar 25 pyme, se van a perder 1.500 puestos de trabajo y se va a concentrar el mercado en seis multinacionales”, agregó Martelli.

Hoy, el mercado interno de biodiesel es territorio exclusivo de las pyme. Las grandes cerealeras tienen habilitada la exportación, pero prácticamente no exportan: los principales mercados mundiales –Estados Unidos y la Unión Europea– protegen su propia producción con barreras arancelarias y paraarancelarias. Esa situación empujó a las multinacionales a mirar hacia adentro, y el proyecto de Bullrich les abriría la puerta.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las grandes exportadoras, respaldó públicamente la iniciativa oficial y salió al cruce de las pyme con un argumento histórico: “Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso”, publicó Ciara en sus redes sociales.

En contraste, la entidad que representa a las empresas agroexportadoras, sostuvo que el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en ocho provincias, con una capacidad instalada de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión. La producción nacional de aceite de soja alcanza a 8,5 millones de toneladas anuales; las pyme de biodiesel consumen unas 650.000 toneladas, equivalente a un mes y medio de esa producción.

“Estuvimos todos apoyando un proyecto de ley que es el proyecto del futuro, porque va a permitir volver a poner en funcionamiento las grandes fábricas de biodiesel que están cerradas”, afirmó el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras.

La entidad recordó que entre 2016 y 2018, Argentina fue el primer exportador mundial de biodiesel, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones exportadas e inversiones superiores a los USD 2.500 millones.

A su vez, Idígoras rechazó los argumentos sobre el riesgo laboral. Afirmó que las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para “adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país”. Sobre el empleo, planteó que cada planta pyme ocupa en promedio a 10 personas, mientras que la industria exportadora tiene 1.500 puestos “en suspenso” por no poder abastecer el mercado interno.

“Estamos comparando 10 contra 1.500”, dijo, y agregó que la nueva ley traerá “una mejora sustancial para el consumidor en calidad y en precio”. Idígoras también calificó el régimen vigente de “soviético” y sostuvo que durante dos décadas las pymes vendieron biodiesel “a un precio 20% por encima de las condiciones de mercado”, con la Secretaría de Energía como garante de esa ecuación.

Martelli advirtió que el proyecto no amplía el mercado para las pyme, sino que lo reduce. El texto sube el corte del 7,5% al 10%, pero habilita a las petroleras a cubrir tres puntos porcentuales de esa diferencia mediante el denominado coprocesamiento, un mecanismo que consiste en incorporar grasas o materia vegetal en la destilación del petróleo y que técnicamente no constituye biodiesel. El resultado neto es que el corte efectivo para las pymes bajaría del 7,5% al 7 por ciento.

La desventaja estructural de las pyme ante una eventual competencia abierta con las cerealeras es múltiple. Las grandes empresas son, al mismo tiempo, proveedoras de aceite y potenciales competidoras. Según Martelli, esas compañías venden el aceite por encima de la paridad de exportación en el mercado interno, lo que encarece el insumo antes de que las pymes puedan transformarlo en combustible.

La diferencia de escala agrava el cuadro: una planta pyme grande produce hasta 50.000 toneladas anuales de biodiesel, mientras que una cerealera puede alcanzar las 500.000 toneladas. Las plantas de las multinacionales ya están construidas -levantadas originalmente para exportar- y no requieren inversión adicional para volcarse al mercado interno.

El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas. Daniel González esa opción por el impacto en el costo del gasoil y por razones fiscales: el biodiesel está exento de los impuestos que sí paga el diésel de origen fósil, de modo que un mayor corte implicaría menor recaudación. Las previsiones oficiales apuntan, además, a que el precio internacional del petróleo volverá a caer, lo que haría al biodiesel comparativamente más caro.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán ahora elaborar un dictamen antes de que la iniciativa llegue al plenario del Senado. La reunión del miércoles fue informativa y el texto aún no tiene fecha de votación. Brasil, que avanzará este año con un corte obligatorio del 15% y proyecta llegar al 20% en 2030, apareció como referencia recurrente en el debate para quienes reclaman una política más ambiciosa en materia de biocombustibles.

El economista realizó un análisis de la situación económica del país, remarcando el contraste entre el auge exportador y la economía doméstica estancada

06/06/2026 – 18:05hs

La coyuntura financiera de la Argentina continúa siendo objeto de profundos debates entre los principales especialistas del sector, quienes intentan descifrar el rumbo de las variables macroeconómicas y su impacto real en el día a día de la población. En las últimas horas, el reconocido economista Miguel Kiguel analizó el escenario actual y aseguró que el país atraviesa una etapa de fuerte contraste, caracterizada por una marcada brecha entre los sectores que se benefician directamente del auge exportador y una economía doméstica que todavía no logra recuperar su dinamismo. Si bien el experto destacó el impacto positivo de la energía, la minería y el agro sobre el ingreso de divisas, advirtió que la falta de estímulos y las dificultades estructurales del crédito mantienen deprimido el consumo y retrasan la reactivación de amplios sectores de la actividad comercial.

Al detallar el comportamiento de las economías regionales, Kiguel explicó que actividades como la minería, el petróleo y una parte del sector agropecuario atraviesan un escenario favorable impulsado por la demanda internacional y los altos precios de los commodities. Sin embargo, el analista señaló que estos rubros poseen una característica intrínseca que limita de forma notable su capacidad de derrame inmediato sobre el conjunto de la sociedad. «Cuando vos ves cuáles son los que emplean más capital y menos gente, al tope están energía, minería y agro», sostuvo en diálogo con Splendid AM 990, remarcando que si bien generan empleo, no se trata de puestos de trabajo distribuidos de manera homogénea en todo el territorio nacional.

Tarifazos, pérdida de poder adquisitivo y el dilema del mediano plazo

El economista también vinculó el persistente malestar social con el severo esquema de ajuste económico aplicado durante los últimos meses. Según su descripción, muchas familias perciben que sus ingresos nominales ya no alcanzan para afrontar los gastos cotidianos más básicos debido al incremento exponencial en las boletas de las empresas prestadoras de servicios esenciales. Respecto a este fenómeno, el especialista dejó una definición tajante sobre la realidad de los asalariados: «La gente hoy gana más o menos lo mismo que antes, pero se le va muchísimo más en la luz, en el gas y en el agua». Esta situación, lógicamente, drena los recursos excedentes e impacta de forma directa sobre los niveles de consumo masivo.

Frente a las persistentes críticas de distintos sectores comerciales por la falta de una reactivación palpable en las calles, Kiguel consideró que las políticas de largo plazo impulsadas por el Gobierno apuntan a mejorar la competitividad general mediante incentivos a la inversión privada y la reducción de la presión impositiva. Sin embargo, sostuvo que la delicada coyuntura social requiere algún tipo de impulso adicional por parte del Estado. «La política económica de mediano plazo está muy bien, pero hay que llegar al mediano plazo», afirmó de manera crítica. En esa misma línea, evaluó que actualmente la administración nacional «no cree» en las políticas de estímulo fiscal o monetario para acelerar de forma artificial la actividad económica en el corto plazo.

El freno del crédito bancario y la conducta con el dólar

De acuerdo con la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el economista explicó que la estrategia oficial de reducción de las tasas de interés no logró todavía traducirse en una expansión significativa del crédito para las empresas y familias debido a la extrema cautela que mantienen las entidades financieras. Kiguel expuso las razones detrás del freno bancario: «Los bancos no están prestando porque la cartera está en mora, los préstamos que dan no saben si los van a cobrar». Según su análisis técnico, la desconfianza mutua sigue siendo un factor central que limita la velocidad de la recuperación y genera que el proceso esté «tardando en que la gente tome plata y que los bancos presten».

Por último, al evaluar el comportamiento tradicional de los ahorristas locales en este contexto, el especialista consideró que la compra de dólares minoristas continúa siendo una conducta habitual y cultural de los argentinos, descartando que los niveles de demanda actuales representen un peligro real para la estabilidad cambiaria del Banco Central. «Eso es normal, es manual», sostuvo al referirse a las adquisiciones mensuales de divisas para el resguardo de valor, aunque aclaró que el verdadero problema financiero aparece cuando la demanda alcanza volúmenes muy superiores y desestabilizantes. Para finalizar, insistió en que el gran desafío del Gobierno consiste en lograr que los beneficios de los sectores agroexportadores se traduzcan en una mejora más amplia de la economía real, mientras que la recuperación del consumo y del crédito continúe siendo una asignatura pendiente para consolidar el crecimiento.

Desde su lanzamiento, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el Gobierno nacional como una herramienta para atraer capital privado a sectores estratégicos de la economía argentina. Con el correr de los meses, el programa fue acumulando adhesiones: al momento de esta publicación, son 18 los proyectos que ya cuentan con aprobación oficial.

La suma de las inversiones comprometidas asciende a USD 22.551 millones y, según los datos informados por las propias empresas, la cantidad de empleos directos e indirectos que generarán en conjunto supera los 57.000 puestos de trabajo.

Los 18 proyectos aprobados pertenecen a cinco sectores distintos: minería, petróleo y gas, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura. La minería es la actividad con mayor presencia, con ocho iniciativas que en conjunto representan más de la mitad del empleo total prometido por el programa.

En términos de puestos de trabajo, el proyecto con mayor impacto laboral estimado no es minero sino de infraestructura: la Terminal Multipropósito Timbúes, que ejecutará Terminal Timbúes S.A. en la provincia de Santa Fe con una inversión de USD 277 millones. Esa iniciativa es la que más empleos promete generar de toda la cartera aprobada, con un total de 9.700 puestos entre la construcción y la operación, de acuerdo a lo detallado por el Gobierno durante el informe de gestión presentado por Manuel Adorni.

En segundo lugar aparece la Ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Gas del Sur S.A. en La Pampa. Con una inversión de USD 550 millones, ese proyecto comprometió 7.535 empleos, lo que lo convierte en el principal generador de trabajo del sector de petróleo y gas dentro del RIGI.

El tercer puesto corresponde al Proyecto Los Azules, de la empresa McEwen Cooper, que se desarrollará en San Juan. Se trata de una iniciativa minera con una inversión de USD 2.672 millones y una promesa de 7.391 puestos de trabajo.

San Juan se consolida como una de las provincias con mayor concentración de empleo proyectado dentro del RIGI. Además de Los Azules, aloja al proyecto Nuevo Gualcamayo, de Minas Argentinas, que demandará USD 665 millones y generará 4.500 puestos, y al proyecto Veladero, de Barrick Mining, que suma 1.048 empleos con una inversión de USD 380 millones. En total, las tres iniciativas sanjuaninas del RIGI comprometieron más de 12.900 puestos de trabajo.

Mendoza, en tanto, tiene dos proyectos aprobados. El primero es San Jorge, de Minera San Jorge S.A., que con una inversión de USD 891 millones comprometió 6.300 empleos, convirtiéndose en el cuarto proyecto con mayor generación de trabajo de toda la cartera. El segundo es el Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, que proyecta 384 puestos con una inversión de USD 211 millones.

El Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa Acería S.D.E., radicado en la provincia de Buenos Aires, es el que mayor cantidad de empleo promete entre los proyectos no mineros y no vinculados al gas o la infraestructura: 3.800 puestos con una inversión de USD 286 millones. Es también uno de los casos donde la relación entre inversión y empleo generado es más favorable en términos laborales.

Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto de VMOS S.A. en Río Negro, es otra de las iniciativas de mayor volumen tanto en inversión —USD 2.486 millones— como en empleo: promete 3.108 puestos de trabajo.

En el sector minero también se destacan Diablillos, de AbraSilver, que abarca territorios de Salta y Catamarca y comprometió 2.013 empleos con una inversión de USD 764 millones, y Sal de Oro, de Posco Argentina, también en Salta y Catamarca, con 2.335 puestos y USD 208 millones de inversión.

El proyecto Gasoducto San Matías, de San Matías Pipelina S.A. en Río Negro, suma 2.489 empleos con una inversión de USD 1.300 millones. Cauchari Olaroz, de Minera Exar en Jujuy, comprometió 1.787 puestos con una inversión de USD 1.241 millones.

Completan la nómina el proyecto Río Tinto, de Minera Río Tinto en Salta, con 1.985 empleos y USD 2.744 millones de inversión; la Expansión Fase 1B (Fénix), de Minera del Altiplano en Catamarca, con 1.273 puestos y USD 531 millones; el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural de Southern Energy S.A. en Río Negro, con 836 empleos y USD 6.878 millones; Hombre Muerto Oeste, de Galan S.D.E. en Catamarca, con 670 puestos y USD 217 millones y el Parque Eólico Olavarría de Acindar y PCR en Buenos Aires, con 165 empleos y USD 250 millones.

Las apuestas más grandes en inversión

Si el foco se pone en el volumen de capital comprometido, cuatro proyectos se destacan del resto y en conjunto suman USD 14.780 millones, lo que representa el 65,5% del total de inversiones aprobadas en el RIGI hasta la fecha.

El más voluminoso es el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que Southern Energy S.A. desarrollará en Río Negro con un desembolso de USD 6.878 millones. Le sigue el proyecto Río Tinto Rincón, de Minera Río Tinto en Salta, con USD 2.744 millones comprometidos. En tercer lugar figura Proyecto Los Azules, de McEwen Cooper en San Juan, con USD 2.672 millones, y en cuarto lugar Vaca Muerta Oil Sur, de VMOS S.A. en Río Negro, con USD 2.486 millones.