ECONOMIA
Dólares del colchón: una por una, las 10 claves de la reforma de la ley de Inocencia Fiscal
El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso el nuevo proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025. El borrador que trascendió introduce cambios en varios puntos que habían generado resistencia entre contadores y contribuyentes, y apunta a ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, precisar cuándo el fisco puede cuestionar una declaración y establecer un plazo concreto para utilizar los dólares que están fuera del sistema financiero.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los argentinos tienen unos 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, y el oficialismo ve en esta reforma una herramienta clave para atraer parte de ese ahorro hacia la economía formal.
Estas son las diez claves del nuevo proyecto:
La ley vigente restringía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) a quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. El nuevo borrador elimina ambos límites.
Cualquier persona humana residente fiscal en Argentina que tribute Ganancias y obtenga exclusivamente rentas de fuente local podrá optar por el esquema simplificado, sin importar el nivel de ingresos o el patrimonio acumulado. El único requisito general que se mantiene es haber tenido residencia fiscal argentina durante todo el período declarado.
Uno de los problemas centrales de la ley original era la falta de claridad sobre en qué casos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podía considerar que la declaración de un contribuyente era incorrecta.
El borrador establece dos umbrales concretos: solo habrá discrepancia significativa si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta el fisco supera el 15% del impuesto determinado y, al mismo tiempo, supera el 5% del límite de evasión simple, que actualmente está fijado en $100 millones. Esto implica un piso de $5 millones para que se active el control. Si la diferencia no alcanza ninguno de esos parámetros, no podrá ser cuestionada.
El nuevo proyecto incorpora de forma explícita que es ARCA quien debe demostrar la existencia de una discrepancia significativa, y no el contribuyente quien debe justificar su declaración. Este punto no estaba consagrado en la ley original —se había intentado incluir por decreto— y su incorporación al texto legal fue uno de los cambios más valorados por los especialistas consultados. Según el borrador, el organismo deberá probar con información objetiva que existe una diferencia de la magnitud necesaria para considerarla relevante.
El borrador incorpora una restricción expresa: ARCA no podrá recurrir ni a la presunción de incremento patrimonial no justificado ni a la de depósitos bancarios para impugnar una declaración de quien esté dentro del régimen.
Esta limitación apunta directamente a una de las herramientas más utilizadas históricamente por el fisco para cuestionar las declaraciones de los contribuyentes, y su inclusión fue señalada por especialistas como un avance concreto en materia de seguridad jurídica.
En la ley original existía el riesgo de que, ante cualquier observación del fisco, el contribuyente perdiera automáticamente los beneficios del régimen. El nuevo proyecto elimina esa posibilidad. Si ARCA detecta una discrepancia que supera los umbrales establecidos, el contribuyente tendrá la opción de rectificar su declaración, pagar la diferencia o regularizarla mediante un plan de pagos, incluso hasta 15 días después de notificada la determinación de oficio, y conservar los derechos adquiridos por haber ingresado al régimen. Esto implica que el pago de una diferencia no equivale automáticamente a caer fuera del esquema.
Una de las novedades del borrador es la incorporación de un plazo concreto para que los contribuyentes adheridos al régimen puedan utilizar fondos no declarados. Según el artículo 5 del anteproyecto, esa posibilidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Durante ese período, ARCA no podrá usar los fondos incorporados al circuito formal como base para determinar ventas omitidas o ganancias no declaradas. La idea es darle a los ahorristas una ventana de tiempo definida en la que puedan disponer de ese dinero sin riesgo de ser perseguidos por el fisco.
La adhesión al RSG no implica necesariamente la exteriorización de fondos no declarados. El régimen tiene dos dimensiones que funcionan de manera independiente. Por un lado, permite presentar una declaración jurada simplificada que no exige informar patrimonio al inicio ni al cierre del período, ni variaciones patrimoniales ni consumos. Por otro, habilita —pero no obliga— a incorporar fondos al circuito formal dentro del plazo establecido. Un contribuyente puede adherirse al régimen únicamente para acceder a la presunción de exactitud y al efecto “tapón fiscal” hacia el pasado, sin necesidad de movilizar dólares.
Quienes presenten la declaración simplificada correspondiente al período fiscal 2025 y abonen el impuesto en término, obtendrán dos beneficios centrales. El primero es la presunción de exactitud: ARCA acepta que lo declarado es correcto y no puede fiscalizar ni ajustar declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos anteriores no prescriptos.
El segundo es la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para los contribuyentes cumplidores, lo que acota aún más el horizonte temporal en el que el fisco puede revisar declaraciones pasadas.
9. Los grandes contribuyentes nacionales tienen un acceso diferenciado
El borrador permite que los grandes contribuyentes nacionales se adhieran al RSG, pero con condiciones distintas al resto.
En su caso, la adhesión tiene efecto únicamente en la presentación de la declaración jurada de Ganancias y en el pago del impuesto, pero no les otorga acceso a la presunción de exactitud ni al efecto tapón fiscal. Esta distinción fue destacada por especialistas como una forma de abrir el régimen sin eliminar los controles sobre los contribuyentes de mayor tamaño.
El nuevo proyecto no altera las facultades de la Unidad de Información Financiera ni las obligaciones de las entidades financieras en materia de prevención del lavado de activos. Los bancos conservan la potestad de solicitar explicaciones sobre el origen de los fondos depositados, independientemente de que el titular haya adherido al régimen simplificado.
La adhesión puede constituir un antecedente favorable en ese análisis, pero no reemplaza la necesidad de justificar la procedencia del dinero cuando corresponda. El régimen, tal como está planteado en el borrador, aplica exclusivamente a fondos provenientes de actividades lícitas.
Ganancias – ARCA
ECONOMIA
El Gobierno y las universidades acordaron aumento y más presupuesto, tras casi 3 años de conflicto
El Gobierno y las universidades nacionales firmaron un acuerdo que pone fin a casi tres años de conflicto presupuestario. La propuesta incluye un aumento salarial del 24,33% y refuerzos millonarios para sectores críticos del sistema universitario.
El ajuste contempla 21,33% para junio y 3% adicional en octubre. A esto se suman fondos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento que venían prácticamente congelados.
El acta quedó sellada este mediodía en el Palacio Sarmiento. La reunión estuvo encabezada por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, junto a rectores y representantes gremiales que estamparon sus firmas formalizando el pacto.
Este desenlace busca cerrar —al menos parcialmente— uno de los conflictos más persistentes de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial en la Corte Suprema continúa su curso.
Cómo llegaron al acuerdo después de años de enfrentamiento
El camino hasta esta firma duró casi tres años. Incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni y la Corte Suprema, tomas de colegios y semanas enteras de paros docentes.
También pasó por seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta el máximo tribunal del país. Las últimas dos semanas fueron de negociaciones intensas.
Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la batalla cultural libertaria.
Hubo múltiples capítulos: acusaciones de curros en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento. También cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.
Qué contempla el acuerdo en números concretos
El Ministerio de Economía autorizó una partida de $800.000 millones. La promesa incluye paritarias cada tres meses en lo que resta del año.
El sector universitario vislumbra ahora la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios docentes y no docentes que venían perdiendo poder adquisitivo mes a mes.
Pero el acuerdo va más allá de la recomposición salarial. Se destinarán $50.000 millones adicionales para los hospitales universitarios, no contemplados en el presupuesto 2026.
Estos fondos se suman a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud. Los rectores venían reclamando hace meses la distribución de esas partidas.
Los gastos de funcionamiento recibirán un 20% de aumento. Las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, subirán un 50%.
Estas becas se mantenían congeladas en $81.685 desde 2024, una cifra que había quedado muy por debajo de la inflación acumulada en ese período.
No está contemplado un aumento para las becas Progresar. Estas cubren un espectro más amplio —educación secundaria y todos los niveles superiores— y por las que también reclamaban.
Por qué este acuerdo marca un cambio respecto a propuestas anteriores
La administración libertaria había intentado impulsar sin éxito una ley alternativa en el Congreso. Esa propuesta contemplaba apenas un 12,3% de actualización, muy por debajo del 24,33% ahora acordado.
Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026. Ese intento también fracasó ante la resistencia legislativa.
El acuerdo actual representa una mejora significativa. Y señala un cambio de estrategia del Gobierno frente a un conflicto que se había vuelto políticamente costoso.
Las negociaciones las llevó Álvarez por parte del oficialismo. En representación de las casas de estudios participaron Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
Ambos ocupan los cargos de presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sin plazos definidos para un fallo de la Corte, las dos partes se mostraron dispuestas a dialogar desde hace algunas semanas.
Qué pasará con la demanda judicial que sigue en la Corte Suprema
Las negociaciones se habían trabado porque el Gobierno pedía que el CIN levantara la demanda judicial. Los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.
El tema judicial de la Ley 27.795 comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado. El motivo fue la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, pero fue suspendida hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6. Esos artículos se refieren a las actualizaciones salariales y de las becas.
El Gobierno apeló. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado.
La ley fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente Javier Milei y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron.
En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar. En esa oportunidad el Congreso no la sostuvo, dejando el conflicto sin resolución legislativa.
El acuerdo firmado hoy cierra un capítulo de ese largo enfrentamiento. Pero el proceso judicial continúa abierto, a la espera de que la Corte Suprema defina si interviene o no en la causa.
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ECONOMIA
Mejora de la calificación de la deuda: qué cambia para la Argentina y por qué puede abrir un mayor flujo de fondos
Nunca más oportuna elevación de la nota de la deuda argentina a B-/B por parte de Standard & Poor’s, la calificadora más dura. Hace tiempo se pensaba que S&P iba a mantener la calificación de la Argentina, pero cedió ante las últimas evidencias de solvencia para afrontar los compromisos financieros.
Por supuesto, contribuyó a que las ofertas por el Bonar 2028 que licitó el Tesoro fueran holgadas. Se ofrecieron USD 266 millones y se aceptaron los USD 200 millones anunciados a una tasa de 8,53% efectivo anual. Hoy se licitan USD 100 millones y son pocos los que dudan de que no se pueda cubrir ese cupo.
La suba en la calificación crediticia de la deuda argentina excluye a los denominados fondos buitres, ya que pierden margen para especular con un posible default. Ahora, pueden ingresar al mercado argentino inversores institucionales que antes estaban restringidos por normas internas, como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión. Con la calificación en CCC, estos actores no podían acceder a los activos argentinos; la mejora les permite incorporarlos a sus carteras.
En simultáneo, la deuda de la ciudad de Buenos Aires recibió una calificación AAA, que no equivale a la máxima categoría a nivel internacional, pero la posiciona como la de mayor solidez dentro del país. Sus bonos se consideran los de menor riesgo y con la tasa más baja entre los títulos sub soberanos argentinos.
Todo esto sucedía mientras el mundo se sumergía en una masiva venta de acciones por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y que la inflación interanual norteamericana es de 4,2%, lo que garantiza una suba de tasas a fin de julio. El Nasdaq de las tecnológicas perdió casi 2% y el S&P 500, 1,62 por ciento. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se elevó a 4,56%, al mismo tiempo que el VIX, llamado “índice del miedo”, entraba en zona de alerta al superar los 20 puntos.
Los bonos argentinos fueron afectados por el movimiento y bajaron hasta 0,8% elevando 5 unidades (+1%) el riesgo país a 503 puntos básicos. En la región, fue el menos afectado; el índice de emergentes cayó 1,8 por ciento.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista bajó $8,50 (-0,6%) a $1.433,50 con negocios por USD 528 millones que le permitió al Banco Central comprar 121 millones de dólares.
En la plaza financiera los dólares bajaron hasta 0,6 por ciento. El MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron en $1.452 y 1.508 pesos. El “blue” se puso a la altura del MEP y descendió $10 a 1.450 pesos.
La consultora F2 de Andrés Reschini destacó que la mejora en la calificación de la deuda “empareja con Ecuador, pero la diferencia con la argentina siguen siendo cerca de 100 puntos básicos de riesgo raís. La incertidumbre política siegue siendo un obstáculo y limita las mejoras que podría conseguir la deuda soberana con el upgrade”.
Sobre el dólar futuro indicó que “el volumen operado se incrementó a 1.395.361 contratos con ajustes negativos e implícitas en su mayoría corridas levemente a la baja. El interés abierto esta vez retrocedió USD 92 millones principalmente por el desarme de 101 millones en fin de junio. En la rueda de bonos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen se hundió a 92 millones (VN) pero a pesar de que la demanda se haya mudado a la licitación de deuda del Tesoro donde los instrumentos de cobertura cambiaria captaron unos $1,74 billones (USD 1.232 millones VN) que es levemente inferior a los $1,81 billones (USD 1.295 VN) de la colocación anterior, sigue siendo un monto relativamente elevado”.
Por otra parte, el S&P Merval de las acciones líderes consiguió una suba de 0,08% ayudado por el alza de Cresud (+2,1%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,9%).
Las tasas estuvieron influidas por la licitación del Tesoro donde cubrió con holgura los vencimientos. Se ofrecieron $7,4 billones, pero aceptó $6,12 billones para no convalidar suba de tasas. Ese monto representó un 120% de los vencimientos, lo que indica que absorbió pesos.
Según Inversiones Pergamino, el dato es positivo ya que el Tesoro “renovó deuda y obtuvo financiamiento neto, ayudando a ordenar las expectativas de corto plazo”. “La demanda volvió a concentrarse en instrumentos defensivos: bonos duales CER/TAMAR, dollar linked (cobertura contra devaluación) y AO28 hard dollar. Esto muestra que el mercado acompaña, pero sigue buscando cobertura entre inflación, tasa y tipo de cambio. También fue relevante la conversión de TZX26 (BONCER) y TTJ26 (bono Dual), que permite extender vencimientos y descomprimir parte del perfil de deuda 2026. En síntesis: licitación sólida, con buena demanda y rollover alto. Pero el mensaje sigue siendo claro: hay apetito por rendimiento, aunque todavía con prioridad en cobertura y protección”, sumó el reporte.
En el mercado overnite, que opera antes de la apertura de las plazas del mundo, las Bolsas de Nueva York no definían tendencia. El oro seguía en baja y cerca de perforar el piso de USD 4.000 por onza, mientras el petróleo Brent avanzaba 0,20% y el WTI, 2,40 por ciento.
El clima permanece adverso para los activos de riesgo y limita el desempeño de los bonos argentinos, debido a la fortaleza sostenida del dólar ante la expectativa de un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos.
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La billetera virtual de Banco Ciudad ofrece 30% de descuento a la hora de hacer compras en ferias de CABA. ¿Qué días y en dónde utilizarla?
10/06/2026 – 17:39hs
El Banco Ciudad continúa impulsando beneficios para acompañar el consumo cotidiano de las familias porteñas. A través de Buepp, su billetera virtual, ofrece un 30% de reintegro en las Ferias de Abastecimiento Barrial de la Ciudad, una red de espacios de cercanía donde los vecinos pueden acceder a productos frescos, de calidad y a precios convenientes. Las ferias cuentan con un esquema de precios en oferta que en las últimas semanas duplicó la cantidad de productos para la canasta familiar.
El beneficio aplica para las compras realizadas con Buepp los lunes, martes, jueves y sábados, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por mes. El ahorro se multiplica en una familia cuando todos los integrantes utilizan Buepp en las ferias. La billetera virtual del Banco Ciudad se descarga sin costo y permite realizar los pagos con el beneficio mediante QR en forma ágil y segura.
Banco Ciudad ofrece descuentos en ferias de la Ciudad.
Las Ferias de Abastecimiento Barrial de la Ciudad —FIAB— funcionan semanalmente en parques, plazas y espacios públicos de todas las comunas porteñas. Son 24 ferias itinerantes, integradas por 140 feriantes, que rotan diariamente de lunes a domingo y acercan a los vecinos una amplia variedad de productos: frutas y verduras, carnes y pescados, lácteos, pastas, fiambres, panadería, almacén, especias, cereales, productos de limpieza, bazar, plantas y artículos para mascotas, entre otros rubros.
Las FIAB funcionan de lunes a domingo, con un promedio de 16 ferias abiertas por día en distintos puntos de la Ciudad. El sábado es la jornada con mayor presencia, con 22 ferias activas en simultáneo, y los fines de semana concentran también la mayor afluencia de vecinos.
Para acceder al descuento, se deberá pagar con BUEPP, la billetera virtual de Banco Ciudad.
El horario habitual es de 8 a 14 horas, aunque también existe una opción por la tarde, los lunes y viernes, en Parque Rivadavia, Caballito.
Los vecinos pueden consultar los emplazamientos, días y horarios de cada feria en:
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