La explicación de Manuel Adorni sobre el origen de los más de US$500.000 que incorporó a su declaración jurada sigue generando debate. Mientras el jefe de Gabinete sostiene que el dinero proviene de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2014 y 2018, el especialista en criptomonedas Ariel Aginsky asegura que la trazabilidad de esos fondos puede verificarse de forma relativamente sencilla.

“La Justicia puede determinar en muy poco tiempo la trazabilidad y de dónde viene cada bitcoin”, afirmó Aginsky al analizar el caso. Según explicó, la principal característica de Bitcoin es que todas las operaciones quedan registradas de manera pública en la blockchain.

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Para el experto en activos digitales, si efectivamente Adorni realizó las inversiones que menciona, debería poder demostrarlo. “En blockchain está todo trazado. Se puede ver qué transacción entró, cuándo ocurrió y hacia dónde se movieron los fondos. Es público”, sostuvo.

El especialista remarcó que el fiscal tiene la obligación de verificar la versión presentada por el funcionario y reconstruir el recorrido de los activos digitales. En ese sentido, consideró que la falta de precisiones sobre las billeteras utilizadas abre interrogantes.

“Adorni dijo que tenía ocho billeteras virtuales, pero no dio ningún tipo de detalle. El fiscal está obligado a no creerle y él está obligado a demostrar que realmente adquirió esas criptomonedas”, señaló.

Según la versión del funcionario, una inversión inicial de US$200.000 en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018 habría generado ganancias por alrededor de US$300.000, lo que explicaría así el incremento patrimonial cuestionado.

Sin embargo, Aginsky plantea que la discusión no pasa únicamente por la existencia de los bitcoins. “En algún momento ese dinero tuvo que ingresar a una billetera. La Justicia puede ver de dónde viene. Lo importante es reconstruir cuándo se compraron los activos, cómo se financiaron y cuál fue el recorrido posterior”, explicó.

Qué es una billetera fría

Uno de los argumentos utilizados para justificar la dificultad de rastrear ciertos movimientos es el uso de billeteras frías (cold wallets).

Aginsky relativizó esa idea y aclaró que este tipo de dispositivos no ocultan las operaciones. “La billetera fría solamente guarda las claves de acceso. Los activos siguen estando en la blockchain. Es como tener la llave de un departamento dentro de una caja fuerte: la caja protege la llave, pero todo el mundo puede ver quién entra y sale del edificio”, ejemplificó.

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¿Las criptomonedas sirven para ocultar dinero?

Otro de los puntos que suele aparecer en este tipo de debates es la relación entre las criptomonedas y la evasión fiscal.

Para Aginsky, existe una visión exagerada sobre ese tema. “Cuando se dice que toda la operatoria cripto es un tobogán hacia la evasión, eso no es cierto. Hoy el sector está bastante regulado y una parte muy pequeña de los fondos que circulan en criptomonedas está vinculada a actividades clandestinas”, afirmó.

Las preguntas que deberá responder la investigación

Según el especialista, la clave estará en demostrar tres aspectos: cuándo se compraron los bitcoins, con qué dinero se realizó esa inversión inicial y qué billeteras fueron utilizadas durante toda la operatoria.

“Si realmente ocurrió como lo cuenta Adorni, debería existir documentación, registros de plataformas, movimientos y trazabilidad suficiente para reconstruir toda la historia”, concluyó.

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El exministro de Educación Esteban Bullrich calificó ayer como “un corrupto” a Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete que investiga la Justicia y luego de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Tras varias semanas de presiones por parte de la oposición, y también de sectores internos dentro de La Libertad Avanza, como la senadora Patricia Bullrich, Adorni explicó el origen de su patrimonio, y reveló que posee bienes por $944.575.052, cifra que incluye USD 216.181 en efectivo y que representa un incremento del 42,5% respecto de lo declarado a principios del mismo año.

La declaración del funcionario ante la OA incluyó, por primera vez, propiedades que habían surgido en la investigación judicial y que no habían sido consignadas en años anteriores. Entre ellas figura una casa en el country Indio Cuá, escriturada a nombre de su esposa en noviembre de 2024 y valuada en $156.926.249.

Según la documentación reunida por la Justicia, Adorni la adquirió en USD 120.000, pero solo aportó USD 20.000 de su propio bolsillo. El resto —USD 100.000— provino de un préstamo de dos mujeres policías, contra una hipoteca del departamento de Parque Chacabuco. A esa operación se sumaron reformas por USD 245.000, abonadas en efectivo y sin facturas, según declaró el contratista Matías Tabar.

También declaró un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, adquirido el 24 de noviembre de 2025 y valuado en $255.844.500. Adorni es titular del 50% del inmueble; la otra mitad corresponde a su esposa, Betina Angeletti. Para esa compra, el funcionario aportó USD 30.000 en efectivo y tomó una hipoteca privada por USD 200.000 con las anteriores propietarias del inmueble —dos jubiladas—, sin intereses y con vencimiento en noviembre de este año.

En este contexto, Esteban Bullrich sostuvo que el Jefe de Gabinete “es un corrupto”. En tanto, la mesa nacional del PRO fue más allá y emitió un comunicado en el que habló de “falta grave” y criticó el “error” que Adorni reconoció en la confección de sus declaraciones juradas de 2023 y 2024.

“No tiene ninguna justificación posible. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, expresaron. Desde la conducción del espacio reconocieron que se evaluó un texto aún más severo.

La presión también llegó desde el Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de “una vergüenza” el accionar del funcionario y le exigió de manera formal que anticipe su informe de gestión ante la Cámara alta, previsto originalmente para agosto. La intimación se apoyó en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a comparecer ante el Congreso al menos una vez por mes. Adorni no se presentó en mayo y no lo hacía desde que asumió el cargo en noviembre de 2025. Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles 18 de junio, a las 18, para definir la fecha con los titulares de las bancadas.

Al reclamo de Villarruel se sumaron el bloque del PRO en el Senado —cuyo titular, el misionero Martín Goerling, recordó que el último informe de gestión data del 26 de junio de 2025 y fue brindado por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos— y el peronismo, a través del jefe del kirchnerismo, José Mayans. “El jefe de Gabinete, en la próxima sesión, tiene que estar acá”, advirtió el senador formoseño.

Desde el entorno de Adorni respondieron que no contestarán a Villarruel y que el ministro coordinador prepara su estrategia de defensa para enfrentar la moción de censura que la oposición presentó en la Cámara de Diputados. Al término de la reunión del jueves, el propio Adorni confirmó que se presentará ante el Senado, en lo que sus colaboradores leen como una ratificación de su permanencia en el cargo.

Patricia Bullrich, en tanto, calificó la conducta de Adorni como una “omisión ética” y volvió a marcar distancia del Ejecutivo en cuanto a su opinión personal sobre el Jefe de Gabinete. Ayer, la mesa política del Gobierno fingió demencia ante las declaraciones y hasta le festejó los 70 años a la legisladora en una reunión donde, entre bizcochuelo de vainilla y cafés, se repasó la agenda legislativa como si nada más ocurriera. Karina Milei fue quien publicó la foto del encuentro en sus redes sociales, en un intento de mostrar unidad.

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