El empresario Lázaro Báez, condenado a 14 años de prisión por lavado de dinero y fraude, está más cerca de cumplir su condena en su casa en arresto domiciliario.

Tiene 70 años y una dolencia pulmonar. El tribunal oral federal que lo condenó rechazó la solicitud planteada por su defensa para que deje la cárcel, pero la Cámara Federal de Casación Penal revisó esa decisión y le devolvió el expediente al tribunal para que dicte un nuevo fallo.

La Sala IV de la Casación, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvió enviar la causa al Tribunal Oral Federal N° 4 para que revea su decisión. El juez Gustavo Hornos votó en disidencia, por rechazar la prisión domiciliaria.

Báez está cumpliendo una condena por su participación en el caso por corrupción conocido como Vialidad, por el que fue condenada Cristina Kirchner. Se trata de delitos vinculados al direccionamiento irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

El empresario, que fue amigo cercano de Néstor Kirchner, había pedido que se le concediera la prisión domiciliaria porque tiene 70 años y problemas de salud, y porque su grupo familiar atraviesa una situación delicada.

El pedido había sido rechazado por el juez de ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, Néstor Costabel. Contra esa decisión, la defensa interpuso el recurso de casación que ahora fue resuelto.

El juez Carbajo, cuyo voto encabezó el acuerdo, señaló que, tras el rechazo de Costabel, se produjeron una serie de novedades vinculadas con el estado de salud de Báez y con la atención recibida en su lugar de detención.

Entre ellos, que cambió la disposición de turnos médicos especializados y la posibilidad de garantizar los controles glucémicos diarios; también, el acceso a turnos con el servicio de gastroenterología.

Por ello, consideró que la situación que motivó el rechazo de la prisión domiciliaria se había modificado y que correspondía devolver la causa al tribunal para que hiciera una audiencia y analizara nuevamente el asunto.

Borinsky, por su parte, sostuvo que directamente correspondía hacer lugar al recurso y conceder la prisión domiciliaria a Báez. Recordó que el condenado, de 70 años, padece hipertensión arterial, diabetes tipo II, EPOC, dislipemia y antecedentes de insuficiencia cardíaca.

Dijo además que en noviembre de 2025 le retiraron, mediante una endoscopía, un pólipo de colon cuyo estudio anatomopatológico reveló un adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado —una lesión premaligna que, según los médicos, exige vigilancia endoscópica y controles trimestrales durante el primer año posoperatorio-.

Pero dijo que este seguimiento no se concretó pese a que en los días previos Báez había tenido episodios de sangrado que podrían estar vinculados con esa patología.

Señaló además que desde su traslado al pabellón común identificado con la letra K no recibió los controles glucémicos en la forma indicada por los médicos y que no tiene pilas para medirse la glucemia con su dispositivo.

En cuanto a la situación familiar, destacó que la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, atraviesa un proceso oncológico que requiere tratamientos y controles periódicos, y que la persona que colaboraba con el cuidado de los dos hijos menores de la pareja debió regresar a Buenos Aires, con lo que los hijos adolescentes quedaron a cargo exclusivo de su madre enferma.

Todo esto, dijo Borinsky, se da en un contexto en el que los ingresos por alquiler que sostenían al grupo familiar fueron afectados a una cuenta judicial.

Recordó que las autoridades que velan por la salud de los menores se habían pronunciado a favor de la prisión domiciliaria en resguardo del interés superior de los niños.

Citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual la falta de atención médica adecuada a una persona privada de su libertad puede resultar violatoria de su derecho a un trato digno.

Tras conocer la posición de sus colegas y para formar mayoría, adhirió a la solución propuesta por el juez Carbajo.

El voto en disidencia

En cambio, el juez Hornos, en disidencia, votó por rechazar el recurso de casación y confirmar la resolución impugnada, al considerar que las afecciones del condenado pueden ser atendidas adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado.

Sostuvo que el cumplimiento de una pena privativa de libertad bajo prisión domiciliaria es excepcional y que su aplicación es de carácter restrictivo. Hornos destacó que su análisis debe basarse en circunstancias objetivas y particulares de cada persona condenada, como razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados que tornen inadecuada la permanencia en una unidad penitenciaria.

Destacó que el panorama de salud de Báez parece encontrarse en plena evolución; sin embargo, por el momento, sus afecciones pueden ser atendidas debida y suficientemente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado.

Consideró “que las circunstancias invocadas por la defensa, aun cuando revelan la existencia de patologías crónicas y la necesidad de sostener controles médicos periódicos, no logran demostrar que el estado de salud de Lázaro Antonio Báez resulte incompatible con su permanencia en el establecimiento penitenciario donde actualmente se encuentra alojado”.

El pasado fin de semana, en atención a los reclamos de la defensa de Báez, el juez Costabel visitó la cárcel, vio al condenado y constató sus condiciones de detención. No advirtió que su salud corra peligro ni que esté en una situación de desprotección que requiera un cambio en su lugar de alojamiento.

El Tribunal Oral Federal 7 les dio un plazo de cinco días hábiles al expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y al exasesor Juan Marcelo Vargas para que se presenten en su sede y comiencen a cumplir las condenas de cuatro años de prisión que recibieron por el desvío de fondos públicos destinados a una obra en la provincia de Santa Cruz.

“Hágase saber a Atanacio Pérez Osuna, Juan Marcelo Vargas y Juan Carlos Lascurain que, en el término de 5 (cinco) días hábiles, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (sito en la calle Talcahuano 550, 6º piso, oficina 6118) a los fines de cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta», dice la resolución del Tribunal.

El exintendente de Río Turbio Pérez Osuna ya estaba detenido porque su condena había quedado firme en 2021, por falencias en la presentación formal.

Ayer, en tanto, la Corte dejó firme la condena Lascurain y Vargas por el desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.

Tras el fallo, que desestimó una serie de recursos presentados por las defensas, la fiscal del juicio Fabiana León sostuvo que “cesó el único obstáculo procesal” que impedía ejecutar la condena y solicitó la detención inmediata de los tres condenados, el cómputo de las penas y la puesta en práctica de las inhabilitaciones absolutas perpetuas, además de la recuperación del dinero desviado.

El TOF le solicitó a la fiscal que especificara la tasa de interés aplicable a la liquidación solicitada. León contestó que ya había fijado postura al respecto en una presentación de hacía más de dos años.

“Para evitar más dilaciones, me remito a todo lo plasmado en la presentación del 6/3/24 y solicitando que la liquidación instada ayer se practique aplicando la tasa activa del BNA para créditos de libre disponibilidad”, contestó León.

La Justicia determinó que entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, YCRT entregó a la firma FAINSER S.A., de la que Lascurain era titular, tres cheques por un total de $50 millones, presentados como un adelanto para la “Readecuación de la Avenida YCF” de Río Turbio.

Según la sentencia, no existía ninguna causa válida para ese desembolso y los fondos ingresaron en las cuentas y en el giro comercial de la empresa.

La sociedad estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.

Este fue el primer juicio oral por irregularidades en Río Turbio. Además, está pendiente otro debate por el presunto desvío de al menos $264 millones destinados a obras en la mina de carbón, en el que está acusado un grupo de exfuncionarios encabezado por el exministro de Planificación Julio De Vido.