“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”. Así festejó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el fracaso de la sesión opositora que buscaba derogar el mega DNU 70/23. El posteo fue replicado por el propio Javier Milei y dejó entrever la importancia que el Gobierno le había dado a la misión de sabotear el quórum.

Los movimientos de los libertarios en la previa de la sesión fueron explícitos y apuntaron directamente a los bloques que responden a gobernadores aliados, que suelen funcionar como el fiel de la balanza. El miércoles, apenas 24 horas antes de la sesión, los libertarios accedieron a incluir límites a la venta de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La maniobra representó un giro de 180 grados, ya que cuando ese mismo proyecto se trató en el Senado los libertarios habían intentado eliminar todos los límites a la venta de tierras a extranjeros pero tuvieron que retirar el capítulo por el rechazo social. Incluso se produjo una situación paradójica que fue señalada con ironía por la oposición: LLA, el PRO y la UCR firmaron un dictamen que restituye la ley de tierras kirchnerista de 2011.

El Gobierno dejó en claro desde el principio que su prioridad sería evitar la derogación del DNU 70/23 porque causaría un “shock de incertidumbre” que afectaría las inversiones y hasta podría tener efectos sobre el riesgo país. “Si se cae todo el DNU también se vuelve para atrás con la derogación de la Ley de Alquileres o la liberalización del mercado aerocomercial. Sería un caos”, explicaban en la previa.

Si bien los referentes de la oposición encargados de sumar votos reconocían que el segundo fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros, complicó mucho las conversaciones con los bloques provinciales, también advertían sobre la presión que estaba ejerciendo el jefe de Gabinete Diego Santilli sobre los gobernadores aliados.

De hecho, anticipaban que el Gobierno haría concesiones concretas a algunos pedidos de las provincias. El ejemplo más resonante fue el anuncio -horas antes de la sesión- de una convocatoria para la próxima semana a empresas del sector minero y operadores logísticos para analizar medidas que mejoren la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña. En paralelo, el Gobierno adelantó que promoverá la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral del Ramal C15, clave para la producción salteña por su conexión con Bolivia y con mercados internacionales.

El gobernador Gustavo Sáenz había hecho públicos sus reclamos el lunes a través de las redes sociales. “Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.

Desde la oposición siguieron con atención los movimientos de los salteños que integran el bloque Argentina Federal que si bien aportó dos presencias al quórum (Bernardo Biella y Pablo Outes) también tuvo una ausencia determinante: Yolanda Vega.

También tuvo un rol destacado el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, que intervino directamente para torcer la voluntad de María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión pero luego se arrepintió y no bajó al recinto. Tampoco lo hizo su coterráneo Carlos Risotti, aunque su ausencia no tomó por sorpresa a la oposición, que nunca lo incluyó en sus cálculos. “Zigarán nos había dicho que iba a dar quórum pero planeaba levantarse cuando se tratara el DNU 70. Pero al parecer pesó más el llamado del gobernador”, explicó a Infobae un integrante de su propio bloque, Provincias Unidas.

El tercer mandatario provincial que jugó fuerte fue el tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres diputados del bloque Independencia, que responden directamente a sus órdenes, evitaron adelantar su posición en los días previos y finalmente dejaron las bancas vacías. Jaldo se encuentra en plena negociación con la Casa Rosada para la conformación de alianzas electorales o acuerdos de no agresión de cara al 2027.

Menos determinantes fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que le aportó al oficialismo la ausencia de Jorge “Loma” Ávila (Provincias Unidas), el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, que restó a los dos integrantes de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, y “Rolo” Figueroa, que acordó la ausencia de Karina Maureira, del monobloque La Neuquinidad. Estos diputados suele actuar en sintonía con los libertarios y su ausencia no generó sorpresa.

Las faltas restantes fueron la cordobesa Alejandra Torres, el misionero Daniel Vancsik, la mendocina Lourdes Arrieta, la bonaerense Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.

Martín Llaryora,recibió el alta médica,Mirtha Legrand,Córdoba,Conforme a

Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.

Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.

La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.

Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.

Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.

No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.

“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.

Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.

celeste salguero/comunicaciòn