POLITICA
La Policía Local se metió en la interna del PJ: Berni chocó con el plan de Kicillof y presentará su propio proyecto
El pedido de los intendentes bonaerenses para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con la creación de policías municipales encontró su primera reticencia dentro del peronismo y repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se discutirá la ley. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado provincial, Sergio Berni, avisó que impulsará su propio proyecto de reforma policial y desconfía de la idea que vienen traccionando los jefes comunales, sobre todo del peronismo. Así, el tema empieza a ingresar a un laberinto, antes de ver la luz.
Para Berni, el tema tiene que ver con los tiempos electorales. Se emparenta, de hecho, a lo que sucedió en 2014 cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, creó por decreto la Policía Local, antes de ingresar con énfasis en el campaña electoral hacia la elección del 2015. Esa fuerza de seguridad quedó absorbida luego por la estructura de la policía bonaerense. “Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, suele repetir el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hoy está distanciado con el gobernador y mantiene un frente abierto en el Senado, desde la conducción del bloque peronista, con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario.
En la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado que enviaría un proyecto de ley para el personal policial. El mismo, había dicho el mandatario, “actualiza la normativa y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del Siglo XXI”; además, también informó que buscará modificar la Ley de Seguridad Pública. En ese punto, Berni tiene un proyecto similar. Ya lo presentó cuando asumió como senador, pero el texto perdió estado parlamentario. Entre las distintas modificaciones que propone, se prohíbe que los policías retirados estén al frente de las secretarías de seguridad en los distritos. La idea es mirada con recelo por distintos intendentes que tienen en su gabinete a ex efectivos. “Los intendentes quieren el control del territorio”, opina Berni al respecto, y no pasa por una cuestión de mayor presencia policial. Lo ejemplifica con la cantidad de efectivos en promedio de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y el número de delitos entre una administración y la otra. Cree, también, que los intendentes rechazarán esa cláusula.
Desde hace más de un mes que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viene reuniéndose con intendentes tanto del peronismo como de la UCR o del PRO para debatir detalles del proyecto que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura. Ese movimiento aún no se ejecutó.
“Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, decía el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, del PRO aunque cercano a la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Pero los intendentes que orbitan cerca de Kicillof también presionan para darle un marco normativo a las fuerza de seguridad local. Lo planteó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de reunirse con Alonso. “Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, aseguró Sujarchuk.
Además de ser el presidente del bloque peronista en el Senado, Berni quedó al frente de la comisión de Seguridad. Recientemente conformada la comisión, el exministro usará ese ámbito para marcar sus diferencias con la vicegobernadora y titular de la Cámara alta. Lo explicitó cuando se conformó la comisión de Seguridad, semanas atrás. “En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona, y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades, vamos a hacer la formalidad de crear una comisión de seguridad”, planteó en la primera reunión de comisión. Las diferencias son políticas y se enmarcan en la discusión interna y macro que atraviesa el peronismo.
En el recorrido legislativo, en algún momento, el proyecto que eleve el Ejecutivo sobre policías locales debería pasar por la comisión de Seguridad que comanda Berni, que tiene once integrantes. De ese total, Fuerza Patria tiene seis integrantes, aunque están repartidos sectorialmente. Por el cristinismo, además de Berni, se anota Sabrina Bastida. Los intendentes cuentan con la figura de Adrián Santarelli; mientras que el Frente Renovador -que está a favor de las policias comunales- cuenta con la presencia de Marcos Pisano y Malena Galmarini.
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POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
POLITICA
El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia.
Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le giró casi 190.000 dólares, un pedido a la AFA para que informe quién autorizó las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.
La resolución, firmada este viernes, responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que Tapia está investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez dejó por escrito que la información servirá para conocer “de una manera más acabada” el patrimonio del dirigente, “cuyo incremento resulta materia de investigación”.
Una de las medidas más llamativas es el exhorto internacional a la Confederación Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de tres transferencias que hizo a favor de Tapia: US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020.
Las dos primeras se acreditaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop y la tercera se liquidó en pesos en otra cuenta del mismo banco. En total suman unos US$189.577.
Lijo también le pidió a la FIFA el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que le abonó a Tapia desde 2016, con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas de destino.
A la AFA, el juez le exigió las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Tapia de tarjetas adicionales Visa y Cabal de cuentas de la asociación, además de tarjetas American Express Corporate. Pidió los límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con comprobantes.
Lijo quiere saber, además, si la AFA imputó esos consumos como remuneración, retribución en especie o anticipo a cargo de Tapia.
Y pidió que explique el concepto de cinco transferencias a sus cuentas del Credicoop entre 2020 y 2023 —la mayor, de $1.251.000, en abril de 2023— y cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad.
El juez ordenó que el Sindicato de Choferes de Camiones informe el concepto de 37 depósitos por un total de $1.494.678 que hizo entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Pidió su legajo, los cargos que ocupó en el gremio, los recibos de haberes y las fechas de alta y baja.
La resolución levanta los secretos fiscal, bursátil, bancario y el que protege la información de la Unidad de Información Financiera respecto de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano.
A ARCA le pidió que reconstruya “de manera integral” su situación fiscal y patrimonial: declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, bienes en el país y el exterior, deudas y préstamos, facturación, participaciones societarias, alquileres, cuentas en billeteras virtuales y criptoactivos, e información de intercambio internacional sobre cuentas en el exterior.
También deberá informar si tuvo vínculos con contribuyentes de la base APOC, es decir, emisores de facturas apócrifas, y si declaró ingresos o egresos de dinero por la Aduana.
Lijo pidió además que el Banco Central circularice a todas las entidades financieras para detectar cuentas, cajas de seguridad, tarjetas y giros al exterior a nombre de Moyano, y que la Caja de Valores y Coelsa informen sus cuentas comitentes y transferencias.
En otro punto, el juez le pidió a ARCA que informe si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos o al régimen especial de Bienes Personales de la ley 27.743, el blanqueo de 2024, y en ese caso qué bienes, monedas y valores declararon y qué pagos hicieron.
Lijo ordenó al Registro de la Propiedad Automotor que informe de qué vehículos Tapia figuró como “autorizado” desde 2016 y que remita los legajos de cuatro autos a su nombre, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020.
Pidió al Credicoop y al Banco de Servicios y Transacciones todos los movimientos de dos cuentas comitentes de Tapia, abiertas en 2017 y 2021 y las cuentas desde las que entró y salió el dinero.
Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas para informar cualquier producto que Tapia tenga o haya tenido en cualquier carácter.
El juez le dio 72 horas a la Oficina de Integridad Pública del gobierno porteño para que diga dónde y cómo se guardan las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022, con sus anexos reservados, y quién está a cargo de esa documentación.
A la Ceamse le preguntó si aparecieron los registros laborales de Tapia de marzo y diciembre de 2006.
También pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que informen si Marisa Galarza ejerce como escribana y qué registro tiene a su cargo.
Lijo pidió certificar el estado de siete expedientes en los que aparece Tapia o la AFA (en los juzgados en lo Penal Económico 2, 5, 7 y 8, en dos juzgados criminales y correccionales y en el juzgado federal de Campana) y que le envíen copias de todo lo vinculado con su patrimonio desde 2016. Varias de esas causas fueron impulsadas por el empresario Guillermo Tofoni.
Por último, el juez reiteró los pedidos de información que había hecho el 16 y 17 de septiembre a la CNV, la UIF, la IGJ, el INAES y el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a 16 plataformas de criptoactivos (entre ellas Binance, OKX y Ualá) y a remesadoras como Banco Piano y Western Union local, que todavía no respondieron.
La investigación fue impulsada por el fiscal Pollicita a partir de una denuncia de Tofoni, y quedó en manos de Lijo después de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.
Es el cargo de Tapia en la Ceamse, y no la presidencia de la AFA, lo que permite investigarlo por enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
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Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.
En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.
Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.
La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.
Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.
Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.
La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.
El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”
Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.
En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.
Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.
Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.
En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.
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