POLITICA
La Iglesia criticó el proyecto del Gobierno que busca modificar la ley de propiedad privada: “Atenta contra la soberanía”
La Iglesia católica argentina cuestionó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, al que calificó como una amenaza directa a la soberanía del país sobre sus recursos naturales. La advertencia llegó mediante una carta abierta firmada por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina, dirigida a los legisladores que deberán debatir la iniciativa.
El documento institucional señala que la propuesta oficial “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”. La carta no se limita a una condena genérica: identifica artículos concretos del proyecto que, a juicio de las organizaciones firmantes, representan riesgos para el patrimonio colectivo de los argentinos.
Uno de los puntos que genera mayor alarma entre las entidades eclesiásticas es la eliminación de las restricciones vigentes para que personas físicas o empresas extranjeras adquieran tierras rurales, incluyendo aquellas vinculadas a reservas de agua y otros bienes naturales. Hasta ahora, la legislación limitaba esas operaciones en zonas de frontera con el objetivo de frenar la extranjerización del suelo. El nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo solo mantendría requisitos de autorización previa para Estados extranjeros y empresas con participación estatal, igualando al resto de los inversores foráneos con los nacionales.
Las organizaciones firmantes también pusieron el foco en los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios, una posibilidad que hasta ahora estaba vedada. El comunicado califica esa disposición de “alarmante” y la vincula con la modificación que el proyecto introduce a la denominada “ley del fuego”, norma impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner.
La legislación vigente extendía las restricciones pos-incendio a bosques implantados y tierras productivas, además de los bosques nativos. El texto enviado al Congreso acota esa prohibición exclusivamente a los bosques nativos y a las áreas definidas por el ordenamiento territorial de cada jurisdicción, lo que amplía el universo de superficies disponibles para su uso inmediato tras un siniestro.
La carta también advierte que el proyecto debilita la potestad del Estado —en sus distintos niveles— para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario frente a capitales privados, tanto locales como extranjeros. Las organizaciones sostienen que esta pérdida de capacidad regulatoria afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
Para respaldar su posición, el comunicado recurre a la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León, de la que cita un pasaje central: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.
Las entidades también recuperan palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, donde se describe a la tierra como “hermana y madre” que “nos sustenta, nos alimenta y nos cobija”. Desde esa perspectiva, el documento rechaza que el suelo sea tratado como una mercancía o un recurso meramente económico, y reivindica su dimensión cultural e identitaria para las comunidades rurales, campesinas e indígenas.
La carta incluye además una cita de Magnifica Humanitas sobre el concepto de desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes”, y agrega que no puede considerarse humano aquel que “aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.
El comunicado incorpora también la cuestión habitacional como un eje vinculado al proyecto. Las organizaciones reconocen que el acceso a la vivienda propia es una necesidad primaria para numerosas familias argentinas y plantean que cualquier marco jurídico en la materia debe ser “justo tanto para propietarios como para inquilinos”, sin avalar las herramientas propuestas por el Ejecutivo para resolver esa problemática.
El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa con argumentos de dinamización del mercado. Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% en 2025 frente a 2023, aunque la infraestructura registral no acompaña ese ritmo al operar aún mayoritariamente sobre soporte físico. El proyecto oficial incorpora la digitalización integral y la creación de una “Ventanilla Única Federal Inmobiliaria” para agilizar la gestión remota de certificados.
Pastoral Social, Endepa y Cáritas convocaron a los legisladores a que, al momento de votar, antepongan “el bien común y el futuro de las generaciones venideras” por encima de los intereses particulares, apelando a lo que definen como “la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.
El 29 de abril pasado asistimos a un acontecimiento singular en la historia política reciente: el presidente de la Nación, junto a las principales figuras del gabinete, asistieron a la exposición del Jefe de Ministros ante el recinto de la Cámara de Diputados.
Hoy sabemos con certeza de qué se trató aquel espectáculo inusual: una ODA a la mentira nunca antes interpretada con tal descaro.
El jefe de Gabinete leyó aquella vez, en transmisión para todo el país, respuestas prefabricadas y datos al voleo sobre la situación por la que se lo investiga.
Eso sí, las leyó con tanta convicción y altanería que sus intervenciones eran correspondidas con vivas y aplausos estruendosos de palcos y butacas oficialistas.
Al finalizar la actuación, el elenco de gobierno y su bancada se retiró del hemiciclo entonando aquello de los Divididos -“cuando la mentira es la verdad…”- con tanto convencimiento de que hubo tiempo, además, para el insulto a opositores y periodistas que se atrevieran a indagar.
Cuando la mentira es una conducta legitimada y celebrada desde el poder, ella deja de ser el rasgo individual de un funcionario y produce un daño silencioso en la sociedad que suele advertirse tardíamente.
Alguna vez, Arturo Illia dijo que “si no sabemos con seguridad que nuestra verdad es la verdad, sabemos, al menos, dónde está la mentira”.
El problema ahora es que se ha mentido tanto, y tan sistemáticamente, que la verdad pierde sus contornos. Estamos frente a un problema moral que se convierte en un problema institucional de impacto sobre la salud de la democracia.
Terreno peligroso
Una sociedad puede convivir con errores, promesas incumplidas de sus gobernantes, exageraciones, exceso de retórica. Pero cuando el funcionario utiliza la mentira deliberadamente, como herramienta de comunicación, o como estrategia defensiva para mantener el poder a cualquier precio, entramos en un terreno peligroso.
La pregunta es inevitable. Si los responsables del poder, como el Jefe de Gabinete, pueden mentir sin consecuencias ¿por qué razón la sociedad debería tener la obligación de decir la verdad?
La mentira emanada desde el poder, y más todavía si tiene el apoyo del propio presidente, actúa como legitimación de una realidad falsa y falseada. La naturaliza y la consolida.
Con nuestros aciertos y errores, venimos de una tradición donde la conducta pública tenía un efecto pedagógico. El gobernante era el espejo donde muchos ciudadanos se miraban: su comportamiento, aun cuando no enseña, educa.
No puede argumentarse que la mentira construida sea el resultado de un invento resabio de la casta, que desea regresar al pasado. Lo ridículo pasa a la categoría de cinismo.
El gobierno y sus seguidores creen que encarnan una excepción. Si no se detienen, van a quedar como los protagonistas del peor cambio cultural.
Como sociedad tenemos que reaccionar urgentemente. No puede ser que una baja de la inflación o del riesgo país lo permita todo. La democracia no se sostiene únicamente con cifras. Necesita confianza, y ella existe sobre la base de la verdad.
No estamos exigiendo gobiernos o dirigentes infalibles e incontrovertibles, no existen. Pero una cosa es equivocarse y otra aferrarse a la mentira deliberadamente.
El error se corrige; la mentira sistemática, destruye.
Como se vio aquella tarde en el recinto de Diputados, la mentira política nunca viene sola. Necesita acompañarse de agresiones, polarizaciones y ataques generalizados, como los que padece la prensa en busca de la verdad.
Los argentinos hemos soportado crisis económicas, políticas, decepciones, fatiga social y hasta corrupción. Pero no podemos consentir la destrucción deliberada de la verdad pública.
Aunque miremos diariamente la pizarra de los números y sigamos votando, solo la degradación nos espera.
Mario R. Negri,Conforme a
POLITICA
Manuel Adorni confirmó que irá el 2 de julio al Senado tras la presión de aliados y opositores
Luego de que la oposición, aliados y la vicepresidente, Victoria Villarruel, presionaran al jefe de Gabinete para que presente el informe de gestión, Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado de la Nación el próximo jueves 2 de julio. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae este martes por la noche.
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 02 de julio”, manifestó en la nota que el jefe de ministros envió al despacho de Villarruel.
Según el escrito al que tuvo acceso este medio, Adorni presentará “el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”. Tal como había anticipado, la visita será concretada en julio y no en junio, como esperaban los bloques aliados y opositores.
El anuncio llegó en medio de tensiones con diferentes bloques que buscaban avanzar con una moción de censura; en ese caso, sería el primer titular del Gabinete en ser sometido a este proceso. De hecho, en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para este miércoles, los bloques esperaban definir si se incorporaría al temario tratar sobre tablas la interpelación del jefe de los ministros, en el caso de que se sesione el jueves.
El pedido comenzó a tomar fuerza durante la última semana, cuando los sectores dialoguistas, Villarruel y el bloque peronista manifestaron su rechazo a que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara alta recién en julio para brindar su informe de gestión. Por este motivo, legisladores de diferentes espacios presionaron para que Adorni se presente durante el corriente mes tras no haberlo hecho en mayo.
Durante la jornada del jueves, Villarruel había reiterado la solicitud a Adorni de que cumpla con su obligación constitucional y publicó en redes la carta enviada al funcionario. En su mensaje, la Vicepresidenta subrayó que Adorni no asistió al Senado desde que asumió en noviembre de 2025, por lo que exigió su presencia en junio.
“No habiéndose usted puesto a disposición de asistir a esta Cámara desde que ha asumido tan alta responsabilidad, le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”, apuntó la titular del Senado, tras convocar la Labor Parlamentaria para este miércoles 17 de junio a las 18:00 horas.
La fecha fue fijada luego de que el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, reclamara públicamente la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria con el mismo objetivo y recordara que el último informe fue el número 143, presentado el 26 de junio de 2025 por el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. De esta manera, mañana se definirá el cronograma y la agenda junto a los jefes de bloques oficialistas y opositores.
No obstante, el reclamo hacia Adorni se remonta a una semana atrás, cuando el jefe del kirchnerismo, José Mayans, solicitó formalmente a Villarruel que estableciera la fecha de presentación. Según constató este medio, el 8 de mayo envió una carta a la presidenta del Senado para requerir que el jefe de Gabinete asista al recinto y se indique el plazo para la presentación de preguntas por parte de los senadores.
“El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es que, como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”, criticó, según consta en la versión taquigráfica.
En ese mismo documento especificaron que, previo al informe, los legisladores pueden enviar centenares de requerimientos para que sean respondidos por escrito antes de la comparecencia. Sin embargo, hasta el día de la fecha, ninguna de estas acciones se habría concretado.
De acuerdo con la estrategia que planteó el jefe de Gabinete, la cita buscaría obligar a los legisladores a que el tradicional receso de invierno quede trunco, al menos, por 48 horas. Aunque se planteaba que el funcionario habría intentado retrasarlo por un mes y medio, solamente consiguió tener dos semanas de ventaja hasta el día de la cita.
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El Poder Ejecutivo oficializó, mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el nombramiento de 11 jueces y camaristas y cuatro funcionarios del Ministerio Público, tras la aprobación de 75 pliegos por parte del Senado el pasado 4 de junio.
Los nombramientos fueron firmados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de su viaje a París para participar en el plenario del GAFI en la OCDE, y donde coincidió con el juez Ariel Lijo.
Las designaciones abarcan tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del interior del país.
Entre los cargos cubiertos en el fuero penal federal bonaerense figuran los de Claudio Ricardo Silvestri y Pablo Ezequiel Wilk como jueces de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 y N° 2 de La Plata.
En la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I, fue designado vocal Laureano Alberto Durán, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario del mismo tribunal.
En la Capital Federal se completaron vacantes en distintos fueros. Paula Fuertes y Soledad Eugenia Mariño fueron nombradas juezas de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N° 14 y N° 18.
José Miguel Guerrero cubrirá el Juzgado N° 1 del mismo fuero, mientras que María Gloria Capanegra fue designada para el N° 17. Laura Wiszniacki asumirá como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62.
En el fuero comercial, Jorge Djivaris fue designado vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, y Analía Victoria Romero ocupará igual cargo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E. Diego Allievi fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10.
Leé también: El Gobierno modificó por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia
En el Ministerio Público, Santiago Vismara fue designado Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9.
En el Ministerio Público de la Defensa se nombraron a Lucas Marcelo Bellotti San Martín y Marcela Lorena Sasso como Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo de la Capital Federal (Defensorías N° 2 y N° 3), y a María Inés Reston como Defensora Pública Oficial ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1.
Verónica Michelli, a la espera
Estos nombramientos se suman a los tres oficializados la semana anterior, entre los que se encuentra el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como integrante del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
Junto a Rosatti fueron designados Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa ciudad y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.
Tal como lo adelantó TN, en el Gobierno mantienen la postura de que Milei no planea firmar la designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por descontado que el Presidente mantendrá demorado ese decreto, aun cuando llegue la comunicación formal del Senado.
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