El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles un aumento de hasta 25% de los haberes mensuales para los integrantes de las Fuerzas Armadas, con un plus que apunta a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrantes, informó este miércoles el Ministerio de Defensa. Semanas atrás las distintas fuerzas del Ejército Argentino planeaban realizar una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires para denunciar los sueldos por debajo de la línea de pobreza y sin actualización. 

En ese marco, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales de los uniformados. La medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de redes sociales.

«Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas», señala el comunicado.

Este suplemento reconoce tecnicaturas, títulos de grado y posgrados vinculados con las funciones desempeñadas por el personal militar. Esta recomposición será extensiva, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

Su incorporación al régimen de haberes «permite establecer un criterio objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, incentivar la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización del instrumento militar», se indicó.

De cuánto es el bono por título de las Fuerzas Armadas

La escala establecida contempla un suplemento equivalente al 10% del haber mensual correspondiente al grado para tecnicaturas o títulos equivalentes; 15% para títulos de grado; y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

Al calcularse sobre el haber mensual correspondiente al grado, el suplemento no se establece como una suma fija, sino que acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar. De esta manera, el reconocimiento a la formación se integra de forma permanente al régimen de haberes.

La medida también corrige una asimetría dentro del Estado, ya que este tipo de reconocimiento existía en otros ámbitos de la administración pública nacional. A partir de esta incorporación, el personal militar contará con un régimen ordenado y equitativo para el reconocimiento de titulaciones afines a sus funciones.

Además, el ‘Suplemento por Título’ contempla al personal militar retirado y a los familiares con derecho a pensión. En esos casos, el reconocimiento podrá incorporarse siempre que el título haya sido obtenido con anterioridad al pase a retiro del causante, preservando la correspondencia entre los haberes del personal en actividad y los haberes de retiro y pensión.

«La profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para el fortalecimiento del instrumento militar. La formación académica no solo contribuye al desarrollo individual de cada integrante de las Fuerzas Armadas, sino que también mejora las capacidades institucionales en áreas críticas para la defensa moderna», se puntualizó. Este proceso se apoya «en un sistema educativo de defensa consolidado, con una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 posgrados», dijeron.

«Cada militar que estudia, se capacita y perfecciona sus conocimientos fortalece a su Fuerza y contribuye a una Argentina con mayores capacidades para proteger sus intereses estratégicos. Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza», sostuvo el Ministerio.

Cuánto cobra un miembro de las Fuerzas Armadas hoy

Solo como referencia, los salarios básicos del personal de Grado de las Fuerzas Armadas quedaron establecidos de la siguiente manera para el mes de mayo 2026, de acuerdo a la Resolución Conjunta 10/2026, publicada en el Boletín Oficial a fines de marzo pasado. 

• Teniente General, Almirante, Brigadier General: $3.161.227
• General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.819.120
• General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.568.496
• Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.249.776
• Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.956.072
• Mayor, Capitán de Corbeta: $1.541.059
• Capitán. Teniente de Navío: $1.276.302
• Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.135.195
• Teniente, Teniente de Corbeta: $1.023.416
• Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $183 926.881
• Suboficial Mayor: $1.580.610
• Suboficial Principal: $1.401.249
• Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.242.227
• Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $1.092.677
• Sargento. Cabo Principal: $980.975
• Cabo Primero: $880.369
• Cabo, Cabo Segundo: $814.831
• Voluntario 1ra.. Marinero 1ra: $742.200
• Voluntario 2da., Marinero 2da.: $686.838

Vale la pena mencionar que los consignados en el documento oficial publicado en el Boletín son salarios básicos brutos. Los mismos podrían verse incrementados entre un 10% y un 25% con el nuevo Bono por Título Académico, oficializado en el día de la fecha.  

No obstante, según publicó iProfesional días atrás, especialistas afirman que los militares ganan hasta un 30% menos que el personal civil con tareas de vigilancia y que esa brecha se amplía enormemente si se la compara con, por ejemplo, el ámbito bancario. Además de destacar que durante 2025 no hubo «recomposición» salarial para el personal castrense, se afirma que más del 60% de los militares cobra por debajo de la línea de la pobreza. Pero por el momento

Tras el envío del proyecto del Súper RIGI por parte del Gobierno al Congreso, la Fundación Mediterránea criticó el esquema y aseguró que es “otra isla en el océano de distorsiones”, ya que si bien puede hacer viables algunas inversiones de gran escala, también profundiza una lógica de excepciones que no reemplaza la necesidad de reformas más amplias.

Vale mencionar que este régimen apunta a inversiones superiores a los USD 1.000 millones, vinculadas principalmente a inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, centros de datos, entre otros.

La Fundación Mediterránea sostuvo que un proceso de crecimiento sostenido requiere una inversión en torno al 25% del PBI, pero Argentina raramente superó el 20% en las últimas dos décadas y en los últimos años se ubicó apenas en el 16% del PBI.

El déficit resulta más notable en el nivel de Inversión Extranjera Directa (IED). Salvo años atípicos, este componente de la inversión nunca superó el 3% del PBI y en 2025 apenas alcanzó el 0,5%. Esto muestra un claro contraste con el 3,7% de Chile y 3,4% de Brasil para el mismo año.

“La baja inversión no tiene una causa única. No son problemas de un sector o de un tipo de inversión; son fallas sistémicas del entorno institucional que afectan a toda la economía”, aseguró la Fundación Mediterránea.

En ese sentido, mencionó como factores principales a la volatilidad macroeconómica, el cepo, los impuestos distorsivos, como derechos de exportación, cheque, ingresos brutos, sellos y tasas municipales que gravan las ventas; la inseguridad jurídica y una política comercial restrictiva.

Por otra parte, comparó la Tasa Interna de Retorno (TIR) entre los diferentes esquemas de incentivos implementados. Tomando como base un hipotético proyecto de inversión, esta sería del 6% bajo el régimen general, 6,6% con los beneficios de la reforma laboral, 6,8% con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), 11,1% con el RIGI y 12,4% con el Súper RIGI.

Consideró que para configurar un entorno favorable para la inversión el camino es darle continuidad al proceso transformador iniciado hace 2 años, a través de las siguientes medidas:

• Sostenibilidad al equilibrio fiscal
• Terminar de eliminar el cepo y converger al régimen monetario y cambiario definitivo, institucionalizando el bimonetarismo al estilo de Perú y Uruguay
• Ordenamiento integral del sistema tributario que permita eliminar los impuestos más distorsivos y que dé confianza a los inversores en la estabilidad de las reglas tributarias en los tres niveles de gobierno
• Modernizar los poderes judiciales para generar confianza entre los inversores de que las controversias se dirimen con objetividad y que la estabilidad jurídica se respeta independientemente del ciclo político

La Fundación Mediterránea sostuvo que es necesario consolidar a los fines de generar un entorno más amigable con la producción. “Hasta ahora se han hecho avances importantes pero parciales y, por lo tanto, insuficientes para revertir los crónicos déficits de inversión. El cúmulo de distorsiones acumuladas llevan a que sea un proceso extremadamente desafiante que demanda perseverancia, cambios disruptivos y tiempo para su maduración”, señaló.

Explicaron que el RIGI viene cumpliendo con éxito sus objetivos de incentivar proyectos en los sectores para los que fue creado; particularmente, en la energía y la minería. “Pero escapa a sus posibilidades operar como una herramienta que dinamice de manera general la inversión”.

Por su propio diseño, aseguran, el RIGI no tiene capacidad para transformar el patrón de inversión prevaleciente en las últimas décadas, dado que su funcionalidad se centra en promover y hacer viables proyectos en determinados nichos.

Como aspecto positivo del Súper RIGI, destacaron que no existe costo fiscal porque “las eximiciones y reducciones de alícuotas son sobre impuestos que, de no ejecutarse el proyecto, no se recaudarían”. Tampoco se generan pérdidas cambiarias, ya que “la libre disponibilidad de divisas es sobre divisas que no se generarían si el proyecto no se ejecuta”.

El compromiso de mantener las condiciones tributarias y establecer canales especiales para controversias también se justifica, siempre que “son proyectos que de otra manera no se ejecutarían”.

Entre las desventajas, se destaca que la existencia de regímenes especiales “aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado como para las empresas”. Además, “mientras más complejas son las reglas mayores son los costos y los riesgos de desvíos y discrecionalidades”.

Las empresas tienen incentivos a destinar recursos para calificar en estos regímenes, y el Súper RIGI incorpora “disposiciones expresas anti-elusión (que modifiquen artificialmente sus proyectos o estructuras solo para acceder a los beneficios fiscales previstos)”, lo que implica el reconocimiento de ese riesgo.

La entidad sostuvo que es recomendable priorizar las reformas generales y, en materia de regímenes especiales, ajustarse a la estrategia original de que el RIGI es una herramienta que adelanta de manera transitoria condiciones que se irán generalizando a medida que avance el proceso de transformaciones estructurales.

“No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Particularmente, no se justifica crear un nuevo régimen (el Súper RIGI) con características muy similares al que ya está operando con éxito (el RIGI). Máxime cuando no se cambian sustancialmente la estructura de beneficios especiales”, señaló el documento.

“Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el Súper RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción sino en una mejora en el diseño y aplicación del RIGI. Para ello, los esfuerzos deberán estar centrados en buscar los instrumentos para que sea más atractivo explotar las ventajas que ofrece la Argentina, más que seguir agregando ‘super’ excepciones, mientras que el resto de la producción sigue lidiando con los enormes déficits institucionales que todavía padece la Argentina”, concluyó la Fundación Mediterránea.

Con la paritaria resuelta, la conducción de la Asociación Bancaria tiene en la mira la caída de los puestos de trabajo por el cierre de sucursales de distintas entidades crediticias. En este caso, el gremio le reclamó a la Embajada de Israel en la Argentina que interceda ante Eduardo Elsztain –»un miembro destacado de la comunidad», remarcó textualmente– para que detenga «el plan de ajuste sobre el Banco Hipotecario».

El secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, a través de un comunicado, le explicó al embajador Eyal Sela: «Con total insensibilidad hacia las personas, la empresa que conduce el sr. Elsztain ha dispuesto así, sin más, la eliminación de fuentes de trabajo no obstante el hecho de que el Banco Hipotecario está en una buena situación económica».

Para La Bancaria, «privilegian un fuerte afán de lucro»

En la misiva, le solicitó al funcionario una «intervención personal» porque «la empresa que conduce un miembro destacado de la comunidad israelita en la Argentina, el Sr Eduardo Elsztain, al ser el presidente del Banco Hipotecario S.A., viene implementando políticas de ajuste en esa entidad que incluyen el cierre de sucursales en todo el país y la pérdida de sus empleos por parte de los trabajadores que allí se desempeñan».

Subrayó: «Es evidente que en este caso se ha privilegiado un fuerte afán de lucro, sacrificándose a la vez la más elemental responsabilidad social empresaria hacia los trabajadores y hacia las comunidades afectadas», agregando: «Comprenderá usted el gravísimo daño personal, familiar y social que el mencionado proceder determina y que a todas luces resulta menester subsanar. Cada empleo es esencial porque es fuente de ingresos alimentarios que deben ser preservados».

Fuentes sindicales revelaron a iProfesional que las sucursales a «liquidar» son las de Tandil, Luján, Junín, San Francisco (Córdoba) y Tigre y detallaron: «Salvo la de Tigre, donde anunciaron que van a reubicar a todos los compañeros, en las demás están apretando para que arreglen o está la posibilidad de que sean despedidos».

Le piden al embajador que intervenga «para reparar el daño laboral causado»

En la carta, La Bancaria terminó planteando: «Es considerando lo descripto que, conocedores del fuerte vínculo que mantiene el Sr. Elsztain con esa Embajada y con el Estado de Israel, le solicito su intervención personal a fin de que ella pueda contribuir a reparar el gran daño laboral causado».

La organización gremial ya realizó medidas de fuerza tanto en el Hipotecario como en el Banco Central, Supervielle y Santander. En este último, no solo realizó protestas, sino que también recurrió a la embajada de España para que intervenga en el conflicto, considerando que no se trata de una crisis económica del sector, sino una reestructuración donde «aprovechan para reducir personal, subiéndose además a la Ley de Modernización Laboral recientemente aprobada«, indicaron.

Palazzo explicó: «Venimos haciendo las denuncias ante la secretaría de Trabajo y el ministerio de Capital Humano y como única respuesta hemos tenido la convocatoria a reuniones que no llegaron a ningún acuerdo» y añadió: «Es evidente que hay un accionar de las patronales afines a este modelo económico donde el ajuste lo pagan los trabajadores«.

La segunda parte de la carta de La Bancaria a la Embajada de Israel

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Palazzo afirmó: «Ejecución de cesantías injustificadas»

Si bien desde la dirección de Hipotecario no hay una comunicación oficial sobre el conflicto, dejaron trascender: «Las gestiones de los clientes se hacen en su gran mayoría a través del home banking, hasta los pedidos de préstamos no se hacen más en forma presencial», y añadieron: «A esto hay que sumar que también bajó la presencialidad del personal, por lo que no tiene sentido sostener semejante estructura edilicia, que implica gastos impositivos y de servicios y, en algunos casos, de alquileres».

El Banco Hipotecario es una sociedad anónima de capital mixto, donde el Estado Nacional es el accionista mayoritario con aproximadamente el 60% de las acciones (a través del Banco de la Nación Argentina y la ANSES). El sector privado posee el 40% restante, en manos del grupo inmobiliario IRSA, presidido por Elsztain, quien también actúa como presidente del directorio de la entidad crediticia.

Palazzo declaró: «Estamos reclamando el mantenimiento de las fuentes de trabajo» y afirmó que el Hipotecario, pese a la buena situación económica de la entidad, su dueño, Eduardo Elsztain –a quien vinculó estrechamente con el presidente Javier Milei–, está ejecutando un plan que incluye despidos injustificados y el cierre sistemático de sucursales en diversas provincias.

Aseguró: «Estamos frente al cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país; por lo que rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo».