Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo un megaoperativo contra la explotación sexual infantil en la provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre de “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se realizaron 121 allanamientos coordinados y simultáneos en 76 localidades bonaerenses, con el objetivo de desarticular redes de ciberpedofilia, grooming, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

La acción, que constituye la séptima edición de este tipo de operativos, fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto con fiscales especializados en la temática. La investigación se desarrolló bajo la órbita del Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand.

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal bonaerense, el procedimiento tuvo como objetivo desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. En ese marco, se investigaron delitos previstos en los artículos 128 y 131 del Código Penal, que sancionan la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea, conocido como grooming. Además, se buscó desarticular tanto la circulación de contenido ilegal como los contactos directos con menores de edad por parte de los agresores.

La investigación se inició sobre un total de 138 objetivos, lo que derivó finalmente en 121 allanamientos en domicilios ubicados en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Ocho fiscalías especializadas funcionaron como nodos de investigación y detección de los responsables, entre ellas dependencias de General Madariaga, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui y San Isidro.

Como resultado de la operación, se investigó a 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres, con edades que van desde los 15 hasta los 75 años. Entre los investigados se detectó a dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. Además, se constató que seis de los involucrados trabajan en contacto directo con niños, niñas o adolescentes.

A su vez, los investigadores identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Uno de los domicilios allanados corresponde a una unidad carcelaria, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos sexuales contra menores.

Entre los objetivos allanados se identificó a una persona con antecedentes por abuso sexual infantil. Además, una de las investigaciones surgió a partir de un operativo previo por tenencia de material de abuso sexual infantil y permitió detectar a una nueva imputada por producción y distribución de ese tipo de contenido.

Durante los procedimientos se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Además, se realizaron 31 triages o análisis preliminares sobre los dispositivos digitales incautados.

La red de fiscales y ayudantes fiscales que llevó adelante la operación contó con representantes de distintos departamentos judiciales de la provincia. También participaron efectivos especializados de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina y diversas divisiones especializadas en delitos informáticos, ciberpedofilia y delitos contra la integridad sexual.

Este miércoles, una ex trabajadora sexual de “Wachitas bar”, el local donde se desempeñaba Soledad Andreani —imputada por encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega—, brindó un extenso reportaje donde contó acerca del funcionamiento del establecimiento, actualmente clausurado por la Municipalidad de Córdoba.

La mujer, llamada Carla, aseguró que trabajó en el lugar entre 2020 y 2024 y que fue la propia Andreani quien la incorporó al local. “Fui a trabajar sabiendo que era por un trabajo sexual”, manifestó en una entrevista con El Doce.

De acuerdo con su versión, Andreani administraba los encuentros con clientes, fijaba condiciones y recibía una parte del dinero obtenido por las mujeres. “Esto era un 50 y 50. Un servicio de 5 mil pesos en aquel momento, yo me quedaba con la mitad y la otra mitad iba para ella”, sostuvo.

La mujer también afirmó que Andreani seleccionaba personalmente a quienes trabajaban en el lugar. “Tenías que ser linda, si eras fea no entrabas”, recordó. Además, aseguró que muchas aceptaban las condiciones por necesidades económicas y acusó a la imputada de aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los puntos más delicados de su declaración estuvo relacionado con la presunta presencia de menores de edad en el local. Según sostuvo, algunas de las jóvenes que realizaban servicios sexuales no habían cumplido los 18 años. Esa afirmación todavía no fue corroborada judicialmente.

Carla también aseguró que Andreani llevaba registros escritos de la actividad. “Tenía cuadernos donde anotaba las salidas de cada una”, señaló.

Respecto del funcionamiento interno del local, describió el lugar como “asqueroso” y afirmó que allí circulaban drogas y alcohol. Según denunció, algunos clientes eran drogados sin su consentimiento y también se comercializaban estupefacientes dentro del establecimiento. “Nosotras sabíamos que les iban a poner drogas en los vasos”, afirmó.

La mujer indicó además que el espacio destinado a los encuentros sexuales estaba ubicado en el primer piso del inmueble y describió el ambiente como precario y en malas condiciones de higiene.

Otro de los pasajes más impactantes de la entrevista estuvo relacionado con su salida del lugar. Carla aseguró que decidió alejarse definitivamente cuando sospechó que Andreani intentó suministrarle drogas sin su consentimiento.

“Un día me empecé a sentir mal. Como yo ya consumía, sabía que me habían puesto algo”, relató. Y siguió: “Desde esa vez que me quiso drogar no volví nunca más”.

En ese sentido, calificó a Andreani como una persona “manipuladora” y “mentirosa”. También mencionó a una mujer conocida como “La Gringa” Ludmila, a quien identificó como presunta socia de Andreani y supuesta pareja de Claudio Barrelier.

Las acusaciones formuladas por la mujer tuvieron repercusión inmediata en la Justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Carla declaró este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el femicidio de Agostina Vega.

De acuerdo con lo informado por el propio fiscal, los hechos denunciados por la ex trabajadora de Wachitas Bar se remontan al período comprendido entre 2020 y 2023. Por ese motivo, la información aportada en su testimonio será remitida a las fiscalías especializadas en narcotráfico e integridad sexual para que evalúen si corresponde impulsar investigaciones específicas sobre esos presuntos delitos.

De momento, Soledad Andreani permanece imputada por encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega y será indagada este viernes por el fiscal Garzón, mientras que mañana será el turno del otro imputado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta.

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