POLITICA
Pro y LLA aprobaron la desregulación de la VTV en la Ciudad y la ley de “hojarasca” porteña
La Legislatura porteña aprobó el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, que buscaba adherir a los cambios propuestos por el ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.
En la sesión de este jueves también se sancionaron, entre otras iniciativas, el proyecto de ley “Hojarasca” con el que LLA pretende eliminar normas “obsoletas” en el distrito y el financiamiento de la linea F de subte. Pro y el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Ciudad, se mostraron en sintonía en la votación de los tres textos.
El bloque libertario había presentado una iniciativa para modificar el servicio de la VTV en la ciudad. El texto proponía ampliar los plazos de revisión de vehículos particulares, liberar el esquema de precios -hasta ahora el Estado fijaba precios máximos- y abrir el juego para que talleres privados puedan realizar las verificaciones.
Hasta ahora, el servicio estaba concentrado en pocos empresarios que también tallan en el sector del transporte en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos están siendo investigados en la causa por direccionamiento de la licitación de la VTV bonaerense contra Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof.
“Pocas plantas, pocas opciones, poca competencia. Nos dijeron que no había otra alternativa. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que el estado tiene que controlar que la revisión se haga bien, pero no decidir dónde, cómo y con quién tenemos que hacer la revisión técnica, por eso abrimos la competencia”, sostuvo Ramírez. “Una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es tener un sistema cerrado”.
El proyecto se sancionó con el apoyo del bloque oficialista Vamos por Más (Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza y Desarrollo, la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.
Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (PJ) rechazaron la iniciativa para que la ciudad adhiriera al régimen propuesto por Casa Rosada. Cuestionaban la desregulación de los precios y las dificultades del nuevo modelo para garantizar la calidad y seguridad de las VTV que se realicen en talleres privados.
LLA también logró aprobar, esta tarde, la ley “hojarasca” porteña que -al igual que la norma homónima aprobada a nivel nacional a instancias de Sturzenegger- proponía la eliminación de registros y normas “obsoletas” en el tradicional bastión de Pro. El partido de Javier Milei impulsa desde hace meses una agenda de desregulación y simplificación burocrática en el distrito.
“Durante años se acumularon normas, trámites y requisitos sin sentido. Con hojarasca, eliminamos burocracia y les devolvemos tiempo y libertad a los porteños”, expresó la presidenta de la bancada violeta. Entre otras cuestiones, la normativa dejó sin efecto algunos registros profesionales y regulaciones para actividades comerciales, turísticas y operativas, como restricciones al uso de plazas y parques públicos.
Esta mañana, en la puerta de la Legislatura, guías turísticos se movilizaban en contra de esta normativa, que deroga su registro profesional en la Ciudad. También se registraron protestas en defensa de la educación especial, tras las quejas de docentes por presuntas restricciones a la inscripción de adultos al programa BA Aprende.
Fuerza Patria también rechazó esta iniciativa. “Una vez más, en lugar de afrontar una revisión seria e integral, Jorge Macri se suma a las apuradas a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para subirse al discurso de la desregulación del Gobierno nacional. Y en el medio derogan leyes que hacen a la vida cotidiana y el funcionamiento básico de la Ciudad, como el control de la cadena de frío en las góndolas, el Régimen de promoción de la economía social, o la protección de los espacios verdes públicos”, afirmó Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista.
Al igual que LLA, Jorge Macri también consiguió dos triunfos parlamentarios. Por un lado, logró aprobar una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra “trapitos” y cuidacoches. Era una promesa que había hecho durante la apertura de sesiones de marzo y que se alinea con la agenda de “orden del espacio público” que viene impulsando desde hace meses como un guiño al oficialismo nacional.
El financiamiento de la línea F es el otro proyecto que Pro logró sancionar. El Ejecutivo necesitaba el aval de la Legislatura para contraer deuda para avanzar con la obra de la nueva línea de subterráneo que conectará Palermo y Barracas. El texto aprobado preveía un pasivo máximo de 1350 millones de dólares.
El proyecto de financiamiento se aprobó por amplia mayoría: contó con el respaldo de tradicionales aliados de Vamos por Más como la UCR, pero también de Confianza y Desarrollo, LLA y el peronismo. Su apoyo, de todos modos, no estuvo exento de críticas.
Tanto el bloque libertario como Fuerza por Buenos Aires cuestionaron la falta de planificación del gobierno y las sucesivas postergaciones en el llamado a licitación. En la bancada de Rodríguez Larreta, además, apuntaron contra Jorge Macri por el deterioro general de la red subterránea.
“Queremos la Línea F, la G, la I. Pero no creemos que esta gestión esté a la altura de darles a los porteños un transporte público de calidad. Hoy vemos peor frecuencia, problemas de limpieza, estaciones que cierran por meses y anuncios que son solo para la foto”, afirmó Ferrario.
Según pudo saber , el peronismo negoció su apoyo al proyecto de financiamiento a cambio de que Pro acompañara un proyecto del excandidato a jefe de gobierno Leandro Santoro para el desendeudamiento familiar. Detrás de ese acuerdo estuvo el secretario administrativo de la Legislatura Cristian Gribaudo.
Fuentes parlamentarias confirmaron a que el alfil de Daniel “Tano” Angelici ganó, en las últimas semanas, mayor protagonismo en la articulación entre los distintos bloques para auxiliar a un oficialismo que, desde diciembre, es tercera minoría en la cámara. El procurador de la ciudad, Martín Ocampo, también hombre de confianza el operador judicial del macrismo, ya cumplía un rol similar tras bambalinas.
El proyecto de Santoro proponía la creación de una línea de crédito especial del Banco Ciudad de uso exclusivo para la cancelación de deudas personales anteriores a la aprobación de la norma. Además de Pro, el texto recibió el apoyo del radicalismo, los representantes larretistas y la Izquierda. LLA, consideró que, por sí sola, la iniciativa de refinanciamiento es insuficiente y podría resultar perjudicial en el mediano plazo, por lo que se abstuvo en la votación.
Los beneficiarios tendrán hasta 60 días desde la implementación de la ley para acceder al crédito. No podrán adherir los titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves, tenedores de activos financieros o quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos reclamados.
“Facilitarle la refinanciación de deudas a una persona en situación de vulnerabilidad financiera sin brindarle contención no es alivio financiero. Por el contrario, puede generarle una mayor dificultad en el largo plazo”, aseguró la legisladora violeta Solana Pelayo.
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POLITICA
Rechazan apartar al juez que investiga a Tapia y Toviggino por la evasión de $19.353 millones
La Cámara en lo Penal Económico rechazó por tercera vez un pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que lo investiga por evasión, junto a Claudio “Chiqui” Tapia y el consejo directivo de la organización rectora del fútbol.
El camarista Roberto Hornos volvió a confirmar al magistrado Amarante al frente de la investigación por retención indebida de aportes.
La estrategia de la defensa había sumado además una denuncia del abogado de la AFA Gregorio Dalbón contra el magistrado (ya archivada) y una presentación ante el Consejo de la Magistratura donde le pidieron su juicio político.
Ahora, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico consideró que no existen elementos objetivos que acrediten una enemistad, animosidad o aversión del magistrado hacia el dirigente, ni tampoco una pérdida de la imparcialidad con la que debe llevarse adelante la magistratura.
El fallo fue firmado por el camarista Hornos, que le impuso las costas a Toviggino.
La resolución es la tercera derrota consecutiva de Toviggino en su intento de apartar a Amarante del expediente que lo tiene procesado junto Chiqui Tapia. Las dos anteriores habían sido resueltas también por Hornos, que integra el tribunal junto a la jueza Carolina Robiglio.
En esta tercera presentación, el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, alegó que el juez Amarante incurrió en una nueva manifestación de enemistad manifiesta al dar un “tratamiento diferenciado” a dos presentaciones llegadas el mismo día.
La primera es una denuncia de “forum shopping” que la defensa radicó ante el propio juzgado. La segunda, una ampliación de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes.
Mientras la presentación del organismo recaudador fue enviada al fiscal de manera inmediata, la presentación de la defensa, según dijo Rochetti, fue ignorada.
Ante un pedido de pronto despacho, el magistrado respondió con un escrito que Rocchetti calificó de irónico y oscuro.
Hornos no le dio la razón. Señaló que la pretensión de que una denuncia contra el propio juez tramite ante ese mismo juzgado “no se compadece con criterio de lógica procesal alguno”.
Y dijo que aun si pudiera discutirse la corrección del trámite otorgado a la ampliación de la ARCA, las partes cuentan con recursos específicos para impugnarlo. La recusación, subrayó, no puede convertirse en un mecanismo para desplazar al juez natural de la causa.
El juez Amarante procesó a Tapia y Toviggino en marzo de 2026 por la presunta retención indebida de $19.353 millones en aportes previsionales e impuestos nacionales no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El 11 de marzo, apenas terminada la indagatoria de Toviggino −que ingresó a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes rodeado de un operativo de seguridad y se retiró en una camioneta sin patente−, el abogado de la AFA Dalbón anunció que iba a denunciar al juez.
Radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, la causa fue archivada por inexistencia del delito.
Dijo el abogado que Amarante habría impedido la salida del país de Tapia aun sabiendo que el presidente de la AFA tenía un rol en las gestiones para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.
En mayo, el abogado también presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Amarante, a quien acusó de haber mantenido presuntas “coordinaciones extraprocesales” con funcionarios de ARCA en la causa AFA.
Hornos, que hoy firmó el rechazo de la tercera recusación, integra el tribunal que también deberá revisar los procesamientos dictados por Amarante.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy en busca de reforzar el apoyo de “dialoguistas” en el Congreso
Diego Santilli recibió este jueves al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en su despacho de la Casa Rosada, en el marco de la ronda de contactos que el Ministerio del Interior mantiene con los mandatarios provinciales. El encuentro tuvo como eje central el repaso de los proyectos de ley que la administración de Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación, con especial énfasis en la reforma electoral que el oficialismo busca aprobar antes de que concluya el mes. El jujeño, en tanto, insistió en la necesidad de retomar el mantenimiento y ampliación de las rutas nacionales que pasan por la provincia.
La reunión con Sadir se suma a una serie de encuentros que Santilli sostuvo en los últimos días con otros gobernadores considerados “dialoguistas”: Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Leandro Zdero, de Chaco, y Marcelo Orrego, de San Juan. La estrategia del ministro apunta a consolidar una base de apoyo legislativo en las provincias cuyos bloques parlamentarios resultan determinantes para alcanzar los votos necesarios en ambas cámaras.
El proyecto que concentra mayor atención en esta ronda de diálogos es la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, el intercambio con Sadir sirvió para “alinear posiciones en torno a las reformas estructurales” que La Libertad Avanza colocó en discusión, aunque todavía no hay fecha confirmada para que el proyecto ingrese al recinto.
El gobernador en tanto, reiteró las necesidades de la provincia de avanzar en obras clave como la reparación de rutas nacionales.
La dinámica de estos encuentros sigue un patrón definido: el ministro recibe a cada mandatario en su despacho, repasa el paquete legislativo del Ejecutivo y busca traducir los acuerdos políticos en respaldo concreto de los bloques provinciales. Con Zdero, el entorno de Santilli confirmó que se “abordaron iniciativas conjuntas y acciones de coordinación” y que ambos “destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación” de la reforma electoral, según supo Infobae.
Orrego, de San Juan, ya había anticipado públicamente su posición favorable a derogar las primarias. “Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios”, declaró meses atrás durante un acto oficial. El mandatario sanjuanino también respaldó avanzar en una ley de boleta única a nivel provincial y nacional.
Melella, pese a mantener diferencias con la administración Milei en otros planos, se manifestó a favor de suprimir las primarias a comienzos de 2025. “Creo que tiene que ver con una instancia política que estuvo bien pensada en su momento, pero que hoy, para mí, no tiene mucho sentido”, sostuvo en aquella ocasión.
El respaldo al proyecto no se limita a los mandatarios que se reunieron esta semana con el ministro. El entrerriano Rogelio Frigerio cuestionó el costo fiscal de las PASO y consideró necesario “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”. Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas” y también se pronunció a favor del proyecto oficial.
El radical mendocino Alfredo Cornejo adoptó una postura más matizada: decidió apoyar la eliminación de las primarias a nivel nacional pero preservarlas dentro de su provincia. El dirigente, impedido de buscar la reelección, enfrenta una disputa interna por la sucesión en la que la herramienta primaria podría resultar determinante para dirimir diferencias con el espacio libertario.
La semana anterior, Santilli también había conversado sobre el proyecto con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil. El ministro planea continuar con la ronda de encuentros hasta completar la lista de mandatarios del país, en un proceso que la administración libertaria concibe como la construcción gradual del consenso necesario para llevar la reforma al recinto.
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POLITICA
La Sala D de la Cámara Civil, el tribunal que blinda a la AFA desde hace años y que volvió a favorecerla
La Sala D de la Cámara Civil, para no tener casi jueces, es bastante eficiente blindando a la AFA ante sus problemas judiciales. Lo viene haciendo desde 2024 y ahora, con los mismos jueces que entonces, volvió a solucionarle sus problemas.
Hay un solo camarista titular en la Sala D de la Cámara Civil. Es Gabriel Rolleri, designado por un decreto de Alberto Fernández, pero su nombre lo acercó a oídos de Cristina Kirchner un abogado cercano a la AFA.
Pertenece a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, cercana al peronismo. Allí están sus padrinos judiciales.
El Senado le prestó acuerdo con el mensaje PE N° 28/21, en el mismo lote en que también avaló la designación de Maximiliano Caia, el otro camarista que como suplente acompañó a Roleri en el voto de hoy y que lo viene acompañando en favor de la AFA desde 2024.
Esta vez -con un tercer voto del subrogante Juan Manuel Converset– la Sala D de la Cámara Civil evitó que la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, pudiera analizar sus balances, que están cuestionados en la justicia penal por supuesta administración fraudulenta.
La solución para quitar del medio a la IGJ y prohibirle a sus veedores que controlen a la AFA fue reconocer el domicilio de la organización en un terreno baldío de Pilar, provincia de Buenos Aires, en jurisdicción de Axel Kicillof, y no del control de un organismo del gobierno nacional.
La AFA tiene su sede en la calle Viamonte 1366, como sabe todo el mundo que camina por la ciudad y pasa frente al edificio histórico cuyo capitel está adornado con el escudo de la organización e identificado con un cartel que dice Asociación del Fútbol Argentino, en grandes letras mayúsculas blancas.
El fallo de la sala D de la Cámara Civil se precipitó luego de que quedara firme la decisión para que sea la justicia en lo penal económico con el juzgado de Verónica Straccia, la que investigue el supuesto fraude en la AFA.
Antes de que sea la justicia penal la que pida los balances y empiece un largo peritaje, la Cámara Civil decidió sacarle esa posibilidad a los veedores de la IGJ, que en tres semanas podrían haber producido un informe que echara luz sobre las irregularidades denunciadas en los libros de la organización.
No había tiempo para que se completara la Sala D de la Cámara Civil con otro de los jueces titulares ya elegido. Es que a Rolleri lo acompañará como camarista —cuando el Senado le dé acuerdo y Javier Milei lo designe— Agustín Raúl Rubiero, exintegrante del tribunal de disciplina de la AFA, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que llegó como candidato desde el lugar 22 de la lista de mérito en el concurso del Consejo de la Magistratura. Rubiero era fiscal laboral, no especialista en derecho civil.
Rolleri participó del Concurso N° 405, donde estaba en el puesto 12 del orden de mérito (con 157,25 puntos), y quedó en segundo lugar de la quinta terna. Es doctor de la UBA, subdirector del Posgrado en Derecho Sucesorio allí y profesor en esa universidad y en La Plata, Lomas, Palermo y la UCA, entre otras.
Su colega, subrogante en este fallo, fue Maximiliano Caia, que fue designado también pror decreto de Alberto Fernández. En el concurso 405 estaba en el segundo puesto en el orden de mérito (con 185,45 puntos), y era el primero de la segunda terna.
Viene de carrera del fuero y tiene actividad académica y numerosas publicaciones, Caia tiene la carrera judicial más larga dentro del tribunal; toda su trayectoria transcurrió en la Cámara Civil.
Converset es el único de los tres con presencia activa en redes sociales, donde se presenta como juez y docente. También expone su pertenencia a Independiente de Avellaneda.
La futura llegada de Rubiero a la Cámara Civil -donde fue propuesto por el ministro Mahiques, es mirada con lupa. Llegó desde la lista complementaria del concurso tras la renuncia de uno de los postulantes de la terna, Alejandro José Laje.
Rubiero había quedado en el puesto 22 del orden de mérito general del Concurso 405, en la lista complementaria con 134 puntos. Mahiques aprovechó la renuncia de Laje para colocar a Rubiero desde la lista complementaria. No consideró a los otros dos de la terna.
Los fallos de la polémica
Rubiero integró el Tribunal de Apelaciones de la AFA, que revisa las sanciones disciplinarias de la entidad desde diciembre de 2021.
El primer conflicto llegó a la Sala D después de que la IGJ, bajo la conducción de Daniel Vítolo, impugnara la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza.
Talleres de Córdoba —opositor a Tapia, presidido por Andrés Fassi— había presentado una denuncia ante la IGJ cuestionando la convocatoria para la renovación anticipada del mandato: Tapia intentaba reelegirse un año antes del vencimiento de su período.
La IGJ declaró la “irregularidad e ineficacia total” de la asamblea y limitó los puntos que se podían tratar; prohibió la reelección, la reforma estatutaria y la mudanza a la provincia de Buenos Aires.
La AFA ignoró la resolución y realizó la asamblea de todas formas: Tapia fue reelecto hasta 2028 con 44 votos sobre 45 posibles, con Pablo Toviggino como tesorero y Juan Román Riquelme como vicepresidente.
Rolleri y Caia otorgaron el recurso de apelación de la AFA con efecto suspensivo, lo que dejó en pie todo lo actuado en la asamblea mientras se resolvía el fondo.
Tres semanas después, la Sala D dictó el fallo de fondo donde declaró la nulidad de la resolución de la IGJ que invalidaba la asamblea y convalidó la reelección de Tapia hasta 2028.
El fallo sostuvo que la asamblea aprobó todo “por unanimidad del voto de los delegados” sin que ninguno de los presentes “estimara cercenado alguno de sus derechos”. Sobre Talleres, los camaristas calificaron sus argumentos como “meramente subjetivos” y señalaron que el club cordobés no había presentado lista de candidatos, por lo que sus objeciones constituían “una mera expectativa”.
La cuestión de si la AFA tenía derecho a adelantar las elecciones un año antes del vencimiento del mandato quedó sin respuesta.
Además, los descensos de la Liga Profesional fueron eliminados y la mudanza a Pilar fue convalidada como decisión asamblearia.
Ahora, a comienzos de mes, la misma sala dictó una medida cautelar para proteger los balances de la AFA y la Superliga. Frenaron la intimación de la IGJ para acceder a los libros del período 2022-2025.
La resolución de Caia, Converset y Rolleri llegó horas antes del inicio del Mundial. La cautelar bloqueó el acceso de los veedores a la documentación contable en un momento en que el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Gerchunoff, había detectado indicios graves: señaló que la posible falsedad de los balances “está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA”, vinculada a la empresa estadounidense Tourprudenter LLC.
Gerchunoff advirtió además que el cambio de domicilio a Pilar no podía ser analizado “como un hecho aislado, sino como parte del mismo patrón de opacidad, fragmentación y resistencia a la fiscalización”.
Y así se llega al fallo de hoy, el definitivo, donde la Sala D anuló la Resolución Particular 140/2026 de la IGJ y la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 16 de marzo de 2026 por Mahiques, que había ordenado una intervención en grado de veeduría por 180 días hábiles.
El tribunal dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y declaró que el control de legalidad corresponde en adelante a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
El fallo calificó la actuación de la IGJ como “arbitraria”, extralimitada en sus competencias y afectada por “graves defectos de motivación”.
Señaló que la IGJ “desatendió palmariamente la oportuna decisión de este Tribunal” y que se colocó “por encima” de su par provincial. Blindaje total.
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