El oficialismo comenzó a revisar su hoja de ruta en Diputados. Aunque tenía previsto sesionar el miércoles próximo para avanzar con dos proyectos clave de su agenda económica, el temor a que la crisis de Manuel Adorni monopolice el debate y acelere un intento opositor para desplazarlo de la Jefatura de Gabinete abrió una discusión interna sobre la conveniencia de abrir el recinto.

La planificación original de La Libertad Avanza contemplaba tratar el acuerdo para pagar US$171 millones a los holdouts Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los US$1000 millones. Pero la situación de Adorni alteró el escenario.

Después de la entrevista en la que el funcionario intentó explicar el crecimiento de su patrimonio a partir de dinero encontrado e inversiones en Bitcoin, la oposición convocó para el martes 23 una sesión especial destinada a debatir su interpelación y una eventual moción de censura. La convocaron para apenas 24 horas antes de la sesión que el oficialismo pretendía utilizar para impulsar sus propios proyectos.

El primer interrogante es si los bloques opositores lograrán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate. Por ahora, esos números no están garantizados. Buena parte de la definición depende de los aliados habituales del Gobierno, principalmente Pro y la UCR, que no quieren ser los que definan el futuro político del jefe de Gabinete.

La cautela de los aliados también responde a diferencias internas entre ambas cámaras. En el Senado, donde Mauricio Macri conserva una influencia directa a través de Martín Goerling, jefe del bloque Pro, el partido ya dio señales de que está dispuesto a avanzar con los pedidos de explicaciones a Adorni. En Diputados, en cambio, Cristian Ritondo evita convertirse en el dirigente que termine sellando la suerte del jefe de Gabinete y reserva las críticas más duras para Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente dentro del universo legislativo macrista.

Algo similar ocurre en la UCR. Mientras que en el Senado una mayoría de los radicales se inclina por acompañar el avance contra Adorni, en Diputados predominan posiciones más prudentes. Allí pesa especialmente la influencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales interlocutores del oficialismo entre los mandatarios provinciales. Esa diferencia ayuda a explicar por qué los votos que hoy necesita la oposición para alcanzar el quorum siguen siendo una incógnita.

La situación se volvió todavía más incómoda para los diputados aliados después de que el Senado resolviera postergar una semana la discusión sobre Adorni. En una reunión de jefes de bloque, la oposición acordó con la senadora Patricia Bullrich diferir el debate hasta la semana próxima y avanzar recién el jueves 25 con la aprobación de una interpelación para el 2 de julio.

Esa decisión volvió a colocar toda la presión sobre la Cámara baja. Por eso, entre los bloques dialoguistas crece la idea de evitar cualquier movimiento que los obligue a asumir el costo político de activar el proceso contra Adorni y dejar que sea el Senado quien tome la iniciativa.

A esa discusión política se suma otra, de carácter reglamentario, que preocupa especialmente al oficialismo. Algunos sectores de la oposición sostienen que la interpelación seguida de una eventual moción de censura no necesita atravesar el circuito habitual de comisiones ni requiere los dos tercios para ser tratada sobre tablas. Argumentan que el artículo 101 de la Constitución establece un procedimiento específico que solo exige la mayoría absoluta de cada Cámara.

La interpretación fue planteada en el Senado por el jefe del bloque peronista, José Mayans, y terminó siendo aceptada por el resto de las bancadas, incluido el oficialismo. “Si reúne una mayoría tendría una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura”, reconoció Bullrich al finalizar la reunión de labor parlamentaria.

Ese antecedente aumenta la presión sobre Martín Menem. Si la Cámara baja adopta el mismo criterio, la oposición podría impulsar una interpelación sin necesidad de atravesar el trámite legislativo habitual.

El diputado Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en explicitar esa estrategia. “La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura. No hace falta ni comisiones ni dictámenes”, sostuvo.

Para el oficialismo la prioridad inmediata es bloquear la sesión pedida por la oposición para el martes. Y si su estrategia prospera, son cada vez son más los que consideran inconveniente abrir el recinto al día siguiente para tratar el acuerdo con los holdouts y el “Súper RIGI”. Temen que cualquier sesión termine convirtiéndose en una oportunidad para que la oposición avance contra Adorni.

Por ahora, nadie quiere anticipar una definición. “Lo definirá la mesa política”, respondió a un referente libertario consultado sobre la posibilidad de mantener la sesión prevista para el miércoles. Mientras tanto, los dos proyectos que el Gobierno esperaba convertir en sus próximos triunfos legislativos quedaron en pausa, a la espera de que se despeje la crisis que atraviesa a su jefe de Gabinete.

LA PLATA. – El Senado de la provincia de Buenos Aires se encuentra sumido en una parálisis récord: no tuvo sesiones ordinarias en lo que va del año. Es decir: no aprobó una sola ley en el actual período legislativo que comenzó en marzo pasado.

El cuerpo presidido por la vicegobernadora Verónica Magario se aprobó un presupuesto 156.204 millones por año, de acuerdo a la partida aprobada en diciembre último que aún puede ser sujeta a ajuste por inflación.

El gasto para funcionar equivale a 428 millones de pesos por día. Lo que suma 13.017 millones por mes: en medio año 78.102 millones, pero aún no votó una sola ley que modifique la vida de 17 millones de electores que esperan mientras se dirime una enorme disputa de poder.

La interna del PJ tiene paralizado al cuerpo. Un parate que cuesta miles de millones a los contribuyentes que esperan, acorde al mandato constitucional, la aprobación de leyes.

La última sesión ordinaria fue el 4 de diciembre de 2025. Desde entonces el bloque oficial, aún denominado Fuerza Patria, se trenzó en una batalla por el poder dentro de las facciones internas que incluso tuvo un atisbo de llegar a la justicia.

Pese a que es mitad más uno en el recinto, el bloque de 24 integrantes está sumido en una puja entre los 14 integrantes de distintas vertientes allegadas a Cristina Kirchner, siete aliados a Axel Kicillof y tres de Massa. En otras palabras: allí, entre reparto de cargos y fondos, el oficialismo dirime la disputa que no resuelve en público entre los Kirchner y Kicillof.

La primera pelea la lideró Sergio Berni, que desafío en público a Magario por la aplicación del reglamento de la Cámara en esa última sesión. Finalmente Berni depuso su queja ante la Justicia y se quedó con la presidencia del bloque.

La esposa de Berni, Agustina Propato, se autoproclama precandidata a gobernadora, para suceder a Kicillof. Berni, por su parte, afirma que la interna “es ridícula” pero hace su propio juego: afirma que Kicillof es un “gran candidato a Presidente”. La semana que pasó, recibió en la provincia a Miguel Pichetto y revindicó a Cristina Kirchner.

El registro de sesiones nulo podría interrumpirse este miércoles, para cuando Magario citó a sesionar. No obstante, el índice de sesiones es extremadamente bajo si se compara, por ejemplo, con las 16 sesiones ordinarias identificadas en el año 1984, tras el retorno de la democracia.

El gasto total anual del Senado es de 156.204.115.970 pesos de acuerdo con la ley 15.559. De este total corresponde en un 92,8% a personal: esta cifra ascendería a unos 151.134.718,73 millones, pero puede ajustarse por inflación con una sola ley que dicte el parlamento provincial.

Expresamente la presidencia del cuerpo está autorizada a incrementar las partidas presupuestarias para ajustes salariales para el personal. El Senado tiene 1062 empleados estables más 316 cargos políticos, según las planillas oficiales de la ley publicada el 14 de diciembre de 2025.

Sin registros

No existen registros públicos sobre la distribución de cargos por bloques políticos. Pero si se dividen los 46 senadores por el gasto total del presupuesto de la Cámara alta resulta que cada senador cuesta 3.395.741.651 pesos al año. O 282.978.470 pesos por mes.

El detalle del valor exacto de la dieta de cada senador, los viáticos y movilidad, no está expresado en la planilla que se publicó en el Boletín Oficial tras aprobarse el presupuesto. Si se cuentan los más de cien días que pasaron desde la apertura del 154 período de sesiones supone que cada senador insumió al menos 930.340.179 millones este año.

La pelea entre Magario -que responde a Kicillof- y Berni, que al llegar a la función pública en la Provincia juró como “soldado de Cristina”, estuvo a punto de llegar a la Justicia tras la aprobación de las licencias de los senadores Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) y Diego Valenzuela (LLA), en diciembre del año pasado. Berni aseguró que fueron irregulares.

Tras ese enfrentamiento el 26 de febrero se registró una sesión preparatoria donde se designaron las nuevas autoridades: Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera, un cargo en la línea de sucesión de Magario que aspiraba a controlar Kicillof. El gobernador designó a Ayelén Durán como vicepresidenta segunda. Un tenso acuerdo que incluyó a Berni como presidente del bloque peronista.

El actual registro de inactividad es peor que en la pandemia. En 2020 comenzó a sesionar en mayo, bajo la conducción del bloque de Teresa García, una senadora aliada a Cristina Kirchner que mantuvo el cuerpo en actividad, pese a las diferencias que ya se insinuaban con Magario. En plena cuarentena hubo dos sesiones, antes de mitad de año: el 14 y el 21 de mayo. Incluso un ritmo más ágil se registró en 2021, cuando hubo una sesión el 4 de abril, otra el 18 en mayo y otra en 30 de junio.

La interna en el peronismo no sólo condicionó la elección de las vicepresidencias del cuerpo y la presidencia del bloque. También las presidencias de las comisiones. La Cámpora se quedó con la presidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, clave para la designación de jueces, fiscales, defensores oficiales. Más aún para condicionar la designación de los cuatro sillones vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La Corte bonaerense ya pidió públicamente que se cubran esos cargos de manera “urgente”. El Tribunal destacó que se encuentra “inéditamente desintegrado” y presentó un proyecto de autarquía judicial, en abril pasado. No comenzó siquiera ese debate. “Postergar las designaciones es debilitar el sistema”, advirtió el presidente de la Corte, Sergio Torres, hace cuatro meses. No tuvo respuesta.

La designación de Emanuel González Santalla en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos suponía, además, un pacto con La Libertad Avanza en la vicepresidencia. El lugar finalmente fue asignado a Sergio Vargas, un libertario alejado de las filas de Javier Milei, de modo que tampoco hay acuerdo con la oposición en asuntos sensibles.

La Libertad Avanza busca introducir en la agenda legislativa la aprobación de la Boleta Única Papel, -que no rige en la Provincia- para adaptar el régimen electoral bonaerense al instrumento que ya es ley en el orden nacional. En este punto, cuando comience a sesionar el Senado, difícilmente la oposición tenga quorum: el peronismo en sus distintas vertientes suma la mitad más uno del cuerpo.