El ciudadano dominicano Luis Enrique Cruz Sena fue capturado en la ciudad de Nueva York y deportado a la República Dominicana, donde enfrenta una acusación por tentativa de homicidio relacionada con un hecho de violencia ocurrido en Santo Domingo Este. Según informó la Policía Nacional de República Dominicana, el arresto se logró gracias a la colaboración entre agencias internacionales y la emisión de una alerta por parte de la OCN-Interpol Santo Domingo.

La detención de Cruz Sena se produjo después de una serie de gestiones realizadas por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional. Esta dependencia solicitó a la OCN-Interpol Santo Domingo la activación de una alerta internacional, lo que permitió que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) localizara y arrestara al prófugo, informó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. El proceso incluyó la coordinación de procedimientos legales y migratorios para garantizar la deportación del detenido hacia suelo dominicano.

De acuerdo con el reporte de Pesqueira, Cruz Sena era requerido por la orden judicial de arresto No. 973-2024-EMES-06045, tras ser señalado como responsable de ocasionar múltiples heridas por arma de fuego a Wellington de la Rosa Ovalles. El hecho se registró el 21 de abril de 2024 en el sector Ensanche Isabelita, en el municipio de Santo Domingo Este. La víctima recibió atención médica tras el incidente, mientras las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto agresor.

La deportación de Cruz Sena refuerza la cooperación entre organismos de seguridad de distintos países. Según destacó Pesqueira, el intercambio de información y la colaboración interinstitucional resultan herramientas clave para la localización y captura de personas que intentan evadir la justicia dominicana.

La entidad resaltó la eficacia de los mecanismos internacionales y la respuesta de las autoridades estadounidenses, que permitieron materializar la extradición en un corto plazo.

El vocero de la Policía Nacional subrayó la importancia del trabajo coordinado entre la fuerza pública dominicana y agencias extranjeras. “Este caso demuestra la capacidad de respuesta que brindan los acuerdos de cooperación internacional y el uso eficiente de las alertas de Interpol”, afirmó Pesqueira en su comunicado. El funcionario indicó que el acusado fue entregado al Ministerio Público para que se inicien los procesos judiciales correspondientes.

En lo que va del año, la República Dominicana ha recibido a varios ciudadanos deportados por delitos graves cometidos fuera del territorio nacional. Según registros oficiales, solo en el primer semestre de 2026 se han registrado más de 40 deportaciones de dominicanos acusados de homicidio, narcotráfico, abuso sexual y robos agravados en Estados Unidos y Europa. La Dirección General de Migración informó que estos procesos suelen requerir coordinación entre la OCN-Interpol, la Policía Nacional y organismos judiciales de los países solicitantes.

Uno de los casos recientes incluyó la deportación desde España de un ciudadano acusado de participar en una red de tráfico de personas, mientras que desde Estados Unidos también fue retornado un dominicano con cargos de fraude financiero y asociación ilícita.

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso con la persecución de delitos transnacionales y la cooperación con agencias internacionales para el combate de la criminalidad.

Las organizaciones de la sociedad civil han pedido fortalecer más los mecanismos de control migratorio y la cooperación judicial internacional, en un contexto marcado por el aumento de la movilidad y el uso de nuevas tecnologías para la comisión de delitos. La Policía Nacional y la Dirección General de Migración mantienen operativos y protocolos especiales para la recepción y puesta a disposición judicial de los repatriados.

La detención y deportación de Luis Enrique Cruz Sena se suma a una serie de acciones que buscan garantizar la aplicación de la justicia y la seguridad pública en la República Dominicana, en colaboración con organismos internacionales y agencias de seguridad extranjeras.

FIRST ON FOX: A powerful House committee is escalating its probe into the Biden administration for alleged collusion with gun control activists.

House Oversight Chairman James Comer, R-Ky., is demanding that the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), the federal agency responsible for enforcing gun laws, hand over documents detailing Biden aides’ communications with Everytown for Gun Safety, an influential gun control group founded by billionaire Michael Bloomberg.

Comer’s panel has argued that a now-defunct Biden office may have collaborated with Everytown to help facilitate its lawsuit with the city of Chicago against the gunmaker Glock Inc. 

«These records will inform the Committee as to whether the Biden Administration and Everytown colluded to attack private gun manufacturing companies through lawfare to circumvent Second Amendment rights,» Comer wrote in a letter Wednesday to the ATF that was reviewed by Fox News Digital.

CITY OF CHICAGO SUES GLOCK INC. OVER ‘FACILITATING’ ILLEGAL GUN CONVERSIONS

Chicago’s lawsuit, listing Everytown’s legal arm as the plaintiff’s counsel, was filed in March 2024 and alleges Glock sold pistols that the firearms manufacturer knew could be easily modified to fire like machine guns. 

«Glock knows that it takes little effort to convert its pistols into illegal machine guns and that criminals frequently do so,» the lawsuit alleged. «Glock also knows it could fix the problem, but has chosen not to, putting profits over public safety and violating the law.»

In the letter, Comer cited a 2023 meeting between the White House Office of Gun Violence Prevention (WHOGVP) and representatives from Glock, during which Biden officials pressed the gun manufacturer to modify its pistol designs. 

When Chicago sued Glock three months later, John Feinblatt, president of Everytown, wrote on X, «Federal officials recently contacted Glock to discuss implementing new ways to modify Glock pistols to make it harder for Glock switches to be installed. Rather than help, Glock has falsely insisted there is nothing they can do.» 

Comer argues Feinblatt «appears to have had insider information regarding the WHOGVP’s private meeting with Glock, which raises questions about whether the Biden Administration colluded with Everytown to initiate their lawsuit against Glock,» according to the letter.

The lawsuit is still moving through the court system, with a Cook County judge denying Glock’s motion to dismiss the case in September 2025.

Members of Everytown for Gun Safety rally outside the U.S. Capitol in Washington, D.C., on May 26, 2022. (Chip Somodevilla/Getty Images)

STATES’ TOP COPS GANG UP ON LETITIA JAMES IN CRUSADE WITH POTENTIAL NATIONWIDE CONSEQUENCES

The Kentucky lawmaker has also highlighted close ties between the Biden White House and Everytown. The letter notes that Biden aide Rob Wilcox worked at Everytown for eight years prior to his employment with the WHOGVP. 

Biden also headlined Everytown action fund’s annual training conference, known as Gun Sense University, in June 2024, during which he reiterated his support for a nationwide ban on so-called assault weapons.

Wednesday’s letter comes after the GOP-led panel asked the National Archives and Records Administration (NARA) in April for communications between the Biden White House and Everytown. 

House Oversight Republicans previously subpoenaed the Biden ATF and Everytown for all communications related to their «potential collaboration efforts,» but neither party complied with the request.

President Joe Biden speaks about gun safety at Everytown’s Gun Sense University at the Washington Hilton in Washington, D.C., on June 11, 2024. (Saul Loeb/AFP)

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Comer has also argued that the committee’s probe will help lawmakers evaluate whether new legislation is needed to combat officials violating recordkeeping requirements or using their roles to leak private information to politically aligned third parties.

A spokesperson for the ATF did not immediately respond to a request for comment.

Una cumbre de reconciliación en Riad entre los países del Golfo e Irán el día después de la guerra: es la última evolución de relieve en el Medio Oriente mientras los coloquios técnicos entre Washington y Teherán proseguirán el 29 o 30 de junio en Suiza -como anunció el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio- y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) confirma las inspecciones a los sitios iraníes, desmentidas por los ayatolas.

De acuerdo con un diplomático familiarizado con los preparativos que habló con la prensa internacional, se espera que la capital saudí acoja una cumbre en una fecha aún por determinar, con el objetivo de restablecer y fortalecer las relaciones entre las naciones del Golfo, Irán y posiblemente otros vecinos de la región.

Esta cumbre se llevará a cabo independientemente de las negociaciones que actualmente se desarrollan entre la administración Trump y el régimen de Teherán. Esto significa que los principales actores de la región actúan de forma independiente, distanciándose, al menos parcialmente, de la política estadounidense que, con el conflicto con Irán, hasta ahora solo ha sido perjudicial para sus intereses.

El Golfo Pérsico ya no parece querer actuar como zona de amortiguación para guerras libradas en otros lugares y busca construir una arquitectura regional en torno a los intereses convergentes de Arabia Saudí, Turquía, Egipto y Pakistán. Este pacto táctico entre aliados y rivales está diseñado para contener a Irán, pero también para dialogar con él, evitando que Medio Oriente, tras el conflicto bélico, quede exclusivamente en manos de Estados Unidos e Israel.

Una iniciativa que avanza en medio de incertidumbres y desmentidas de las negociaciones, comenzando con las inspecciones de la AIEA. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, anunció que sus inspectores visitarán las plantas de enriquecimiento de uranio iraníes, un elemento clave del memorando entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El entendimiento preliminar «establece explícitamente que las actividades nucleares que se lleven a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por la AIEA en todos sus aspectos», explicó Grossi: «que ocurran pasado mañana, en una semana o en diez días es importante, pero no esencial. Ocurrirán».

Sin embargo, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, advirtió que Teherán no tiene intención, por el momento, de permitir el acceso a los inspectores, y afirmó que el asunto solo puede ser examinado y resuelto en el marco de un acuerdo definitivo con Estados Unidos, y dependerá de las medidas concretas que tome la otra parte para levantar todas las sanciones. Por lo tanto, los ayatolas están posponiendo las inspecciones hasta que se alcance un pacto definitivo.

Entre los obstáculos a superar se encuentra el alto el fuego en Líbano, que Irán impuso como condición para el acuerdo.

Empero, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz (este último también hoy), declararon reiteradamente que no retirarán las tropas del sur de Líbano, donde afirman haber creado una zona de seguridad para proteger a los residentes del norte de Israel. Y ello ocurre mientras Israel y el Líbano debaten una propuesta respaldada por Estados Unidos que transferiría parte del territorio libanés ocupado por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) al Ejército de Beirut.

Prosigue, en tanto, la misión del secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, en el Medio Oriente: el míercoles se reunió con el jeque emiratí Mohammed bin Zayed Al Nahyan, antes de arribar a Kuwait para una reunión con el Consejo de Cooperación del Golfo, asegurando que Estados Unidos estará «completamente alineado» con sus aliados de la región en las conversaciones con Irán. Entre las cuestiones que les preocupan se encuentran el fondo de reconstrucción de 300.000 millones de euros, que temen que pueda utilizarse con fines militares, y la exclusión de las tratavias del programa iraní de misiles balísticos, que financiaron durante el conflicto. (ANSA)