La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró este martes la nulidad del decreto de necesidad y urgencia 366/2025, con el que el Gobierno había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. El tribunal concluyó que el Poder Ejecutivo reguló una materia de carácter electoral mediante un instrumento que la Constitución prohíbe utilizar para esos casos.

La resolución sostuvo que el otorgamiento de la ciudadanía mantiene una relación directa con la adquisición de derechos políticos y, por ese motivo, excede las atribuciones que el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional reconoce al Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia. En ese marco, dejó sin efecto la norma cuestionada y revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado una solicitud de ciudadanía.

Además de resolver el caso concreto, la Cámara ordenó comunicar la decisión al Ministerio de Seguridad Nacional para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el alcance del fallo. También dispuso poner la resolución en conocimiento de los jueces federales con competencia electoral de todo el país, en su carácter de órgano encargado de unificar criterios dentro del fuero.

La decisión judicial se concentró en los límites constitucionales para el dictado de decretos de necesidad y urgencia y en la competencia para regular cuestiones vinculadas con la ciudadanía, sin pronunciarse sobre el contenido general de la política migratoria impulsada por el Gobierno.

Los límites para un DNU

Uno de los ejes centrales del fallo fue la relación entre la ciudadanía argentina y el ejercicio de los derechos políticos. Sobre esa base, la Cámara entendió que el decreto modificaba aspectos que corresponden a la materia electoral, un terreno en el que la Constitución impide expresamente que el Poder Ejecutivo legisle mediante decretos de necesidad y urgencia.

Los jueces recordaron que el artículo 99, inciso 3°, establece esa prohibición “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”. También señalaron que el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación legislativa, por lo que el Ejecutivo no podía alterar ese régimen a través de un DNU.

Otro de los argumentos desarrollados por la Cámara apunta a las razones invocadas para justificar el decreto. Según el tribunal, el Gobierno no acreditó circunstancias de “rigurosa excepcionalidad y urgencia” que hicieran imposible seguir el trámite legislativo ordinario, condición que la Constitución exige para habilitar el uso de este tipo de normas.

La sentencia agrega que, frente a una situación de ese tipo, los tribunales deben preservar el principio de jerarquía normativa y aplicar la ley cuando un decreto modifica su contenido con exceso de facultades constitucionales. A partir de ese criterio, la Cámara declaró la nulidad del DNU 366/2025 y dejó establecido que la competencia para otorgar la ciudadanía continúa en el ámbito previsto por la legislación vigente.

CNE, Migraciones, ciudadanía argentina

Tras la no sesión del jueves pasado y un intento que fue descartado rápido para la corriente semana, los jefes del oficialismo libertario y la oposición dialoguista del Senado se juntaron ayer en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR) para intentar ir al recinto el miércoles próximo, con el fin de aprobar la demorada ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No obstante, nada está asegurado.

Para que todo esto avance, los titulares de las bancadas tendrán que validar lo charlado en una reunión de Labor Parlamentaria. Según pudo saber Infobae, la misma fue sugerida para las 13 de hoy. La activación de la misma quedó en manos de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que desde el lunes recibió una solicitud formal de quien comanda La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Buenos Aires).

En caso de consumarse la cumbre y que se ratifique el acuerdo de las últimas horas, la idea de oficialismo y dialoguistas es aterrizar al recinto a partir de las 9 del miércoles que viene -8 de julio-, con el objetivo de no terminar muy tarde y permitir a legisladores el regreso a los distritos. Un caso puntual: la tucumana Beatriz Ávila desea estar por la noche en su provincia para la vigilia, en la Casa Histórica, por el aniversario 210 de la Declaración de la Independencia. Allí estará el primer mandatario, Javier Milei.

De esta manera, y si bien se estima que habrán cuestiones de privilegio y homenajes que consumarán largos minutos, el objetivo de los senadores es terminar la sesión por la tarde. Todo esto, siempre y cuando se realice Labor Parlamentaria en las próximas horas. Además, la eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos que esperan desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

En cuanto a propiedad privada, lo cierto es que la iniciativa fue desplumada por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho en un plenario de comisiones y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un texto final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la última versión. Otros, en tanto, hablaron de sesionar un lunes. Así es el clima de la Cámara alta.

Con las horas acotadas, podría quedar afuera la ley “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados, por lo que quedó al filo de la sanción. Los aliados ya le habían avisado a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Para este caso en particular no había objeciones para hacer una excepción, pero prefieren no arriesgar con los tiempos y el compromiso de terminar un potencial encuentro más temprano de lo habitual.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Durante el convite de ayer -finalizó pasadas las 17- marcaron presente, además de Bullrich -se retiró antes-, los presidentes de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); de Encuentro Misionero, Carlos Arce; y la legisladora radical Mariana Juri (Mendoza), entre otros.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa donde Cristina Kirchner busca que se le restituya la pensión como viuda de Néstor Kirchner, dada de baja por su condena en la causa Vialidad.

El dictamen, al que tuvo acceso TN, planteó que la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó en febrero a la ANSES restituirle la pensión a CFK, desconoce los efectos de la condena firme por corrupción en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal. Es decir, que la expresidenta debe ser despojada de cualquier beneficio, como la jubilación, pensión o retiro, civil o militar.

Esa decisión de la Cámara, según Casal, generó un conflicto institucional al invadir la competencia del juez de ejecución penal.

Con este dictamen, el funcionario avaló el recurso de queja presentado por el fiscal general de la Fiscalía General N°1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que la Corte Suprema intervenga y confirme el rechazo a restituirle la pensión.

Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.

Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.

En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.

Casal consideró que “resulta jurídicamente incompatible mantener el beneficio de asignación mensual vitalicia a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado, castigado con pena de prisión por más de tres años”.

La batalla judicial por la pensión

La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.

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La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.

Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.

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