El juez federal Luis Armella rechazó el pedido del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de su exesposa Jesica Cirio para descartar como prueba los videos donde se ve a la exmodelo rodeada de fajos de billetes termosellados en un vestidor, que las autoridades estiman que suman unos 10 millones de dólares.

Con esta decisión, a la que accedió , se complica la situación de ambos, que están siendo investigados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

No obstante, aún restan los resultados de un estudio para determinar si esos videos difundidos por este medio se grabaron en la casa que ocupó la pareja en un country de San Vicente, en el departamento de Palermo de Cirio, o en un tercer lugar.

Al mismo tiempo, hoy se realizó la extracción del contenido del celular de Cirio para determinar si allí se encuentran copias de los videos, y también del contenido de sus dispositivos electrónicos encontrados en su piso de Palermo: dos tablets y cinco pendrives, incluido uno que estaba en el interior de su Jeep Compass.

Insaurralde, mediante su abogado Fernando Pinto, dijo que debía excluirse el video como evidencia porque sostuvo que tiene origen en un ilícito y afecta la intimidad de la que entonces era su pareja.

Sostuvo que la nulidad debía ser “absoluta e insubsanable” porque no se comprobó si el video supera las pruebas de “licitud, autenticidad e integridad”. Mencionó que Cirio dijo que la hackearon y que las imágenes fueron alteradas.

Indicó que no se controló la cadena de custodia y que el contenido está amparado por la privacidad y la intimidad. Argumentó con la doctrina del fruto del árbol envenenado que “la ilegalidad de la obtención originaria proyecta y contamina todos los actos consecutivos que de ella dependan”.

La defensa de Jesica Cirio adhirió a los argumentos de Insaurralde. Sostuvo que ya había denunciado la posible filtración de material de su intimidad y que el juez sabía de la ilicitud del video y la ignoró.

Fue más allá su abogado Claudio Caffarello y sostuvo que Cirio es víctima de un delito, pero no obstante fue allanada y el Estado no investigó su denuncia, sino que se aprovechó del ilícito.

El fiscal Sergio Mola rechazó los argumentos de ambos y pidió convalidar los videos como evidencia. Dijo que no existen pruebas de que las imágenes publicadas por hayan sido obtenidas de modo ilegal y que la defensa no demostró en qué se basa para hablar de delitos.

Armella ordenó el pasado 21 de junio de 2026 el allanamiento del departamento de Cirio en el piso 18 de la calle Ortega y Gasset 1661, para secuestrar dispositivos electrónicos y dinero. Esos dispositivos empezaron a ser analizados.

El juez Armella sostuvo que si bien Cirio denunció en 2025 un acceso ilegítimo a su celular y notebook con fines extorsivos, ese expediente se archivó el 27 de marzo de 2026 por “inexistencia de delito”.

Esto fue así porque no se logró verificar “la propia materialidad de los hechos denunciados” y Cirio consintió esa decisión sin apelarla. Para Armella, eso “echa por tierra los dichos de las defensas”, sobre que el tribunal basó sus allanamientos en material de origen ilícito comprobado.

Ante la denuncia de las defensas de que los videos podrían estar manipulados o incluso generados por inteligencia artificial, el juez recordó en su fallo que ya se ha dado intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP).

Serán los peritos oficiales y los de parte quienes certifiquen la autenticidad del material para determinar si fue alterado. El juez destacó que la investigación y enriquecimiento ilícito es “completa y rigurosa”, y que la orden de allanamiento fue “debidamente fundada y proporcional frente al cuadro probatorio existente”.

Asimismo, el juez Armella ordenó que se realicen las tasaciones de los inmuebles investigados en este expediente, en particular el de Fincas de San Vicente, donde vivieron Cirio e Insaurralde. Esa casona, de un barrio cerrado, es objeto de investigación, ya que se sospecha que el lote fue adquirido mediante testaferros y que la construcción se hizo de manera de ocultar a sus verdaderos dueños.

No pueden salir del país

Armella dispuso la prohibición de salida del país de Insaurralde y Cirio, al tiempo que rechazó el pedido del fiscal Mola de detenerlos. Además dispuso el impedimento para viajar al exterior respecto de dos de los hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), Sofía Clerici y otros dos imputados.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que se publicó una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Ocupó el cargo hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”. Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.

Claudio Uberti, el funcionario que durante el kirchnerismo manejó los contratos de concesión vial y que se transformó en el primer “arrepentido” que contó la recaudación ilegal que hacía para Néstor Kirchner, fue beneficiado hoy con la prisión domiciliaria, luego de denunciar amenazas de muerte en la cárcel. Será controlado con una tobillera electrónica.

Uberti está preso en la cárcel de Ezeiza, juzgado por el caso de los Cuadernos y condenado a cuatro años y medio de prisión por el ingreso al país de 800.000 dólares en el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, destinados a financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007.

Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió concederle la prisión domiciliaria a Uberti. El tribunal, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma y la disidencia parcial en los alcances del juez Alejandro Slokar, fundamentó su decisión en el grave deterioro de la salud de Uberti y el “terror” constante que padecía intramuros por su condición de imputado colaborador, lo que incluía denuncias por amenazas.

El defensor de Uberti dijo que desde que es “imputado colaborador” fue ingresado al Protocolo de Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad, que se transformó en verdad en un régimen “de trato cruel, inhumano y degradante”.

Los abogados de Uberti denunciaron amenazas explícitas y manifestaciones públicas hostiles contra quienes, como él, decidieron romper el pacto de silencio. En los informes periciales del Cuerpo Médico Forense y de psicólogos de parte, quedó acreditado que el encierro le provocó un estado de “terror” subjetivamente verosímil, angustia, pesadillas y una “hipervigilancia constante”.

Para evitar agresiones en pabellones comunes, el Servicio Penitenciario Federal lo mantuvo en aislamiento prácticamente absoluto. Pasaba casi las 24 horas del día encerrado, sin actividades educativas, sin salida regular al aire libre y sin luz natural, lo que terminó agravando severamente su cuadro psicofísico.

Los jueces evaluaron además el estado de salud del exfuncionario. Uberti padece patologías crónicas e irreversibles: hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, temblor esencial y lumbociatalgia.

Se agravó el caso cuando sufrió un episodio de descompensación severa con pérdida de conocimiento, que obligó a que fuera trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital externo al penal.

Además, durante su encierro desarrolló hiperglucemia con parámetros diabéticos y tuvo que incrementar su medicación psiquiátrica por insomnio persistente y depresión.

Los jueces consideraron para decidir la posición del fiscal general Mario Alberto Villar, que apoyó el pedido de la defensa, argumentando que la permanencia de Uberti en prisión comprometería su salud más aún.

Villar dictaminó que no estaba acreditado que el Hospital Penitenciario de Ezeiza pudiera tratar adecuadamente las patologías del detenido y que debían ponderarse los severos riesgos derivados de su condición clínica junto con el estrés y el temor constante que padecía.

Los jueces de Casación advirtieron que, ante el consentimiento fundado y razonable del fiscal para otorgar el beneficio, el tribunal debía hacer lugar a la prisión domiciliaria.

Finalmente, Casación resolvió que la prisión domiciliaria deberá efectivizarse “con la inmediata colocación de una tobillera electrónica” para asegurar que el arrepentido siga sujeto al proceso desde su hogar.

Uberti, como arrepentido en el caso de los Cuadernos de las coimas, fue el más explícito en sus declaraciones, que cobran vital importancia por tratarse de un funcionario que estaba en el corazón del poder.

“Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de [Julio] De Vido”, dijo Iberti, que trabajaba para el entonces ministro de Planificación Federal, también con prisión domiciliaria por sus condenas.