POLITICA
Reforma laboral: la Justicia rechazó un pedido de la CGT para suspender su aplicación
La reforma laboral de Javier Milei sigue plenamente vigente a partir de un reciente fallo judicial que rechazó una cautela de la CGT para frenar la aplicación de la norma.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo que había dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802), se supo este miércoles. La central obrera deberá esperar ahora a que la Justicia se expida sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad.
La resolución lleva la firma de los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes rechazaron la apelación que había presentado la CGT contra el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez, dictado en mayo, que ya había levantado la suspensión de la ley.
El conflicto judicial por la reforma laboral se inició en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió el núcleo de la reforma: artículos referidos a antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas extra, entre otros. El Gobierno apeló esa decisión y logró que la Cámara del Trabajo la revirtiera y que, luego, el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Allí, la jueza Marra Giménez dejó sin efecto la cautelar en mayo, al considerar que el reclamo de la CGT abarcaba demasiados puntos como para resolverse por esa vía: “Dada su complejidad y extensión, el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar”, sostuvo la magistrada en su momento.
Ahora, la Sala IV avaló ese criterio. Los camaristas sostuvieron que la CGT “no pretende conservar el estado de cosas, cuya modificación podría tornar infructuosa la sentencia, sino que pide un anticipo de esta última porque su tardanza le ocasionaría daños irreversibles” a los trabajadores que representa. Y agregaron que “tampoco se advierte la configuración de un perjuicio en cabeza de la parte actora y de la clase a quien representa, que revista una magnitud y probabilidad de ocurrencia que justifique la alteración del orden normal del pleito”.
Leer más: Los detalles de la reforma laboral que volvió a entrar en vigencia después del fallo de la Cámara
El tribunal remarcó además que examinar el pedido de inconstitucionalidad para resolver una suspensión provisional “significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”, algo que excede el marco de una medida cautelar. En ese sentido, señaló que “otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma” y que, en este caso, “tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.
Los jueces aclararon que la jueza de primera instancia “no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad” de la norma, sino solo sobre la procedencia de la cautelar. También destacaron que “la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, en referencia a los plazos breves que rigen para este tipo de juicios.
Con este fallo, la jueza Marra Giménez queda en condiciones de resolver sobre el fondo del reclamo: si la Ley de Modernización Laboral es o no constitucional, mientras la norma sigue aplicándose. La Cámara remarcó que el juicio colectivo tendrá sentencia “en plazos cortos” y que los trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales mientras tanto.
reforma laboral, CGT
POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente de La Libertad Avanza, acusado de administración fraudulenta y peculado
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Concejo Deliberante de la localidad de Allen aprobó hoy, por mayoría de seis votos contra tres, la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza (LLA), involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado.
La medida, fundamentada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa penal que enfrenta el mandatario. Mientras dure el apartamiento, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá de forma provisoria el Poder Ejecutivo.
La investigación penal, que tuvo su punto de inflexión el 18 de junio pasado con la formulación de cargos, se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficio de un tercero. Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román habría autorizado la compra de un teléfono celular por un valor de 479.999 pesos mediante un servicio corporativo a nombre del municipio. Sumando los abonos mensuales, el perjuicio total al erario público asciende a 596.812,38 pesos.
Lo más grave del caso, según la fiscalía, es que el dispositivo fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local que no posee vínculo contractual ni es agente de la municipalidad. Se alega que Ocampo utilizó el teléfono para “impartir órdenes y directivas” de manera indirecta a los empleados municipales, arrogándose facultades de gestión estatal con un recurso privado. Por este motivo, el empresario también fue imputado como partícipe necesario.
“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente, porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal Graciela Echegaray.
Y sumó: “Dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.
En tanto, la justicia de Río Negro ha encuadrado la conducta del intendente bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado (en concurso ideal). El dictamen legal que avaló la suspensión sostiene que la medida es de carácter “higiénico en términos institucionales” y busca resguardar el desarrollo de la investigación, evitando el entorpecimiento en la producción de pruebas, dado que aún restan testimonios de empleados municipales por recolectar.
El dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante aclara que la decisión “de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia de la que goza el señor intendente municipal”, ya que se trata de una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.
“Un acto anticonstitucional”
Tras conocerse la decisión del Concejo, Román rompió el silencio calificando la medida como un “acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional”. El mandatario sostuvo que se trata de una maniobra basada en “cuestiones partidarias y políticas” para desconocer la soberanía popular.
Román confirmó que ya ha judicializado su suspensión y presentó una denuncia penal por “abuso total de autoridad” contra los concejales que votaron a favor de su apartamiento.
Además, defendió su inocencia asegurando que “cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y argumentó que, según su interpretación, la única vía legal para remover a un intendente es a través de un proceso de revocatoria o al finalizar su mandato.
Pese a la ordenanza, el dirigente de La Libertad Avanza manifestó inicialmente su intención de continuar al frente del municipio mientras se resuelven las presentaciones judiciales. Román es actualmente el único intendente libertario en la provincia de Río Negro.
suspensión preventiva,Paz García Pastormerlo,Conforme a
Tras semanas de tensión paritaria, con un paro provincial de por medio y una oferta rechazada de plano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró este miércoles un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes y el personal de la Ley 10430: un aumento del 7% escalonado, con un 5% a aplicarse en julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.
La firma se produjo con el respaldo de la mayoría de las asociaciones sindicales convocadas a la mesa de negociación y pone fin, al menos por ahora, al conflicto que tensó la relación entre el Ejecutivo bonaerense y los trabajadores estatales durante las últimas semanas.
El acuerdo llega después de que la negociación tocara un piso el 3 de julio, cuando el gobierno ofreció un incremento del 2,5% y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente —SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA— lo rechazaron sin siquiera someterlo a consulta de las bases. Aquella reunión virtual, convocada de manera extraordinaria, no arrojó ningún acuerdo y quedó en cuarto intermedio sin fecha de reanudación confirmada. La distancia entre lo que el Estado provincial estaba dispuesto a ofrecer y lo que los sindicatos consideraban aceptable era, en ese momento, considerable.
El cierre de esta nueva paritaria no es un hecho aislado: se produce en un clima en el que los docentes bonaerenses habían realizado, días antes de aquella reunión fallida, el primer paro de alcance estrictamente provincial en seis años de gestión de Kicillof. La medida de fuerza, que los propios gremios estimaron con un 95% de acatamiento, marcó un punto de inflexión en la dinámica del conflicto y aceleró los tiempos de la negociación.
El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, valoró el resultado alcanzado: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial».
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, subrayó el alcance de lo acordado más allá de los números: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas.»
El rechazo a la oferta del 2,5% y el paro que aceleró la negociación
El 1 de julio, los gremios del Frente de Unidad Docente llevaron adelante una huelga en las escuelas públicas bonaerenses que, según sus propias estimaciones, alcanzó un 95% de acatamiento. Fue la primera medida de fuerza de alcance exclusivamente provincial desde que Kicillof asumió la gobernación. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, la describió como “contundente en toda la provincia” y señaló que la protesta respondía tanto a la falta de recomposición salarial como a la situación de violencia en las escuelas.
Olivera fue precisa respecto de la posición de los sindicatos frente al aumento: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB era obtener un incremento por encima del IPC, dado que la pérdida de poder adquisitivo afectaba de manera directa la economía de cada trabajador.
Dos días después del paro, el Ejecutivo provincial convocó de urgencia a una reunión virtual en la que ofreció el 2,5% mencionado. Los gremios del Frente de Unidad Docente lo rechazaron sin consulta a las bases y la mesa quedó en suspenso. Desde el gobierno reconocieron las limitaciones del contexto: “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, señalaron fuentes oficiales.
Qué incluye el acuerdo para el sector docente
Más allá del incremento salarial, el acuerdo para los trabajadores de la educación incorpora una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso hacia el personal docente. El texto busca fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de estas situaciones, con especial atención a los casos graves o complejos, que a partir de ahora serán tratados en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. El Estado provincial también reforzará las acciones que le corresponden en este marco.
La problemática de la violencia escolar había sido uno de los ejes del conflicto previo. Olivera había advertido que en las dos semanas anteriores al paro se registraron entre seis y siete casos graves en distintos distritos, y que los docentes eran agredidos tanto por padres como por alumnos. “El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, señaló la dirigente de la FEB.
El acuerdo también contempla la creación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y piezas de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre la escuela y las familias.
Detalles del acuerdo para el personal de la Ley 10430
Para los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, el acuerdo va más allá del ajuste salarial. El texto contempla el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, una medida de estabilidad laboral que afecta a una franja de empleados estatales incorporados durante los últimos dos años.
A eso se suma la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos, con el objetivo de actualizar y transparentar los mecanismos de acceso a posiciones de conducción dentro del Estado provincial.
El acuerdo prevé además la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa y otros temas pendientes de resolución en el ámbito de la negociación colectiva con este sector del empleo público bonaerense.
POLITICA
Signos de alivio y sugestivo silencio oficial en la Armada tras la sentencia judicial por el ARA San Juan
Con sorpresa y alivio se recibió en la Armada el fallo judicial que absolvió a tres oficiales superiores y condenó –con una pena de ejecución condicional- al capitán de navío Claudio Javier Villamide en el juicio por la tragedia del ARA San Juan.
Pero la satisfacción no es plena, dado que la sentencia generó posiciones encontradas en la Armada, admitieron a fuentes navales. Frente al silencio de la conducción de la fuerza, sectores que transmiten la posición de almirantes retirados lamentan la condena a un oficial superior.
Son varios en la Armada los que esperaban una absolución completa de los cuatro oficiales llevados a juicio, para evitar antecedentes que en el futuro les jueguen en contra a los oficiales que asuman la conducción de personal y medios de la fuerza.
En ese sentido, la preocupación expresada días atrás por sectores cercanos al Foro de Almirantes Retirados no fue acompañada con la misma energía por la conducción de la Armada, que encabeza el almirante Juan Carlos Romay.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal, que había pedido penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro marinos acusados, evalúa recurrir la sentencia a Casación cuando se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto.
Un detalle significativo que en la Armada no pasan por alto es que mientras las absoluciones tuvieron el voto unánime de los jueces, no ocurrió lo mismo con la condena a Villamide, que fue dispuesta por mayoría. “Iba a ser muy difícil que el tribunal absolviera a los cuatro oficiales”, confiaron a fuentes de la Armada.
Con el antecedente de la condena a quien tuvo en sus manos la dirección de la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia, si bien la pena es de ejecución condicional, se cortó en un tercer nivel de la cadena de mandos la responsabilidad por el naufragio del submarino. Quedaron exceptuados el entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, así como el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes cumplían funciones en la Fuerza de Submarinos. Villamide compartió con todos ellos el desgastante proceso judicial. En cambio, no fue llavado a juicio el entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur.
La Justicia tampoco posó su mirada sobre las autoridades políticas, de cuyas decisiones se desprenden los recursos que se asignan a las Fuerzas Armadas para que los medios militares puedan estar en buenas condiciones y dar seguridad.
Sectores navales interpretan que el fallo quiebra un paradigma no escrito, según el cual el comandante de un buque es el responsable directo de lo que suceda con su unidad. La sentencia corrige ese criterio y desplaza esa carga al superior del comando o división naval, que para evitar riesgos o potenciales demandas administrará los recursos con criterios restrictivos.
“Perseguir a la estructura superior en tierra invierte un principio elemental de la profesión naval y solo prospera ante una opinión pública que desconoce cómo funciona el comando en el mar”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, al ser consultado por .
El Consejo de Guerra
Con su fallo, el tribunal concentró la exclusiva responsabilidad por el desenlace del submarino ARA San Juan en el oficial de la Armada que fue destituido por el Consejo General de Guerra, un tribunal disciplinario que se constituyó durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Villamide fue el único marino sancionado por ese organismo, que argumentó “faltas gravísimas”, al imputarle “negligencia por falta de cuidado o descuido de la tropa y del equipamiento a su cargo”. Ese castigo lo privó del grado militar, de sus haberes –su esposa recibe una pensión equivalente al 75% de sus ingresos- y le impide vestir el uniforme militar, que no pudo lucir en el casamiento de su hija. Ese mismo Consejo de Guerra le aplicó al almirante Srur –el jefe máximo de la Armada durante la tragedia del submarino- un arresto de 45 días.
En tanto, en la Armada cuestionan la sanción disciplinaria del Consejo de Guerra, que no tuvo ningún marino entre sus integrantes.
Demandas civiles
Una de las perspectivas que asoman tras el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, si bien todavía no se encuentra firme, son las posibles demandas por resarcimientos civiles que seguirán a la instancia penal.
En el juicio hubo reclamos de una reparación integral, aunque en lo inmediato se espera que la Fiscalía y las querellas se concentren en los recursos de apelaciones y planteos de nulidad para impugnar lo actuado por el tribunal.
Las familias de las víctimas no cobraron aún una indemnización por la tragedia del submarino, ocurrida hace ocho años y ocho meses. Hubo una ayuda económica que otorgó por ley el gobierno de Alberto Fernández, que exigía como condición la renuncia “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Submarino ARA San Juan,Conforme a,Fuerzas Armadas,,La tragedia del submarino. La Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio por el ARA San Juan,,Caso ARA San Juan. Preocupa en la Armada la inminente sentencia judicial contra cuatro oficiales marinos,,»Vuelos bautismo». Pilotos argentinos volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca
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