En medio de las permanentes tensiones internas que atraviesa al gobierno de Javier Milei, la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia se reunió esta tarde y decidió convocar al director de la SIDE, Cristian Auguadra, para fines de agosto.

La reunión de la bicameral fue la primera presidida por el diputado nacional Sebastián Pareja (Buenos Aires), operador político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en territorio bonaerense.

La convocatoria no tiene fecha definida todavía, deberán coordinarse con el funcionario, pero tendrá por objeto que los senadores pongan la lupa sobre las dudas e interrogantes que tengan sobre el Plan Nacional de Inteligencia.

Auguadra es un funcionario alineado con Santiago Caputo y reemplazó en los primeros días de diciembre del año pasado a Sergio Neiffert, el primer jefe de la inteligencia de la administración libertaria y también con referencia política en el asesor presidencial.

El llamado a Auguadra a comparecer ante la comisión bicameral abre una serie de interrogantes acerca de si la feroz interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se trasladará, al final, al terreno de la inteligencia.

De hecho, la elección de Pareja al frente de la Comisión Bicameral fue leída como una batalla más en la ofensiva lanzada por la hermana presidencial para quitarle poder al asesor estrella de Milei.

La entronización del peronista bonaerense devenido en libertario en la comisión fiscalizadora de la SIDE no solo provocó ruido interno, sino que también generó un clima ríspido con los socios del Pro.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires), dijo de manera pública que el oficialismo le había prometido dejarle la presidencia de la comisión, pero no cumplió con su palabra.

El enojo de Ritondo se tradujo en su ausencia en la reunión constitutiva en la que Pareja fue elegido presidente de la bicameral.

No fue la única ausencia en aquella reunión. Los senadores del kirchnerismo decidieron darle la espalda a la bicameral en rechazo a la pérdida de un representante. Lo llamativo del caso es que los diputados peronistas Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi se quedaron en la reunión y convalidaron, con su presencia, la elección de Pareja como presidente.

Otra vez, los casos de corrupción contra las autoridades de la AFA quedaron en manos de la Cámara Federal de Casación, que revisará todo lo realizado en estos siete meses, donde las causas avanzaron poco y nada, y definirá cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, jefes del fútbol en el país.

La decisión de abrir el recurso y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar.

Esta madeja de asuntos de competencia, que lleva siete meses y medio y paraliza estas causas contra la poderosa dirigencia de la AFA, es inusual y no se da con frecuencia en los tribunales.

Solo se explica por el poder de los investigados que lograron congelar casi todos los expedientes. Estas causas ya pasaron por tres juzgados federales, dos juzgados penales económicos y tres cámaras de apelación. A razón de 13 magistrados que intervinieron en siete meses y sin ningún indagado.

Solo avanzó el caso de apropiación indebida de aportes en los que el juez Diego Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ese fallo fue confirmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Ahora lo revisará la Cámara de Casación.

Borinsky y Barroetaveña abrieron un recurso de queja planteado por los acusados de ser los testaferros de la AFA en la compra de una mansión en Pilar, contra la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de dejar la causa en ese fuero.

Ahora la Cámara de Casación convocó a una audiencia para el 12 de agosto, después de las vacaciones de invierno, con el objetivo de decidir si dejan el caso en el fuero penal económico, como hasta ahora, o si lo regresan al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados supuestos testaferros de la AFA.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de Barroetaveña y Borinsky, entendió que correspondía darle la razón a los supuestos testaferros de la AFA y revisar la competencia en este caso, referido a saber quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar.

La Cámara en lo Penal Económico había decidido que la causa de la quinta de Pilar regrese de Campana y tramite en el juzgado de Verónica Straccia, en el Penal Económico.

Pero Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión, insistieron con un recurso de casación que fue rechazado y ahora con una queja que fue admitida.

Ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá tratar el asunto y quedó habilitada para revisar todo lo decidido y definir el tribunal competente para llevar adelante la investigación. El juez Slokar, por su parte, hizo reserva de su criterio contrario sobre la cuestión.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencia para escuchar a los abogados el 12 de agosto próximo, tras la feria judicial de invierno.

Hace siete meses y medio que la Coalición Cívica denunció la existencia de la quinta de Pilar y sus supuestos vínculos con Pablo Tovigino, tesorero de la AFA.

El caso avanzó al comienzo con el juez Daniel Rafecas y su colega Marcelo Aguinsky, que allanaron y secuestraron 50 autos de lujo y elementos ligados a Toviggino.

Pero el caso se empantanó cuando la defensa de los supuestos testaferros lo llevó a la justicia federal de Campana y empezó esta pelea por saber quién se queda con la causa de la mansión valuada en US$25 millones, con helipuerto y pista ecuestre

En medio se supo que un juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, supuestamente festejó allí su cumpleaños.

Cuando parecía que el asunto retomaba impulso con el fallo de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que dejó la causa en manos de la jueza Straccia, otra vez se planteó una cuestión de competencia desde la Justicia Federal de Campana para quedarse con la causa.

Ahora nuevamente intervendrá la Cámara Federal de Casación.

González Charvay es el juez que eligieron los investigados, ligados a la AFA, para que trate su caso, supuestamente en la creencia de que les irá mejor con ese magistrado.