POLITICA
Ante la rebelión de las cámaras federales, la Casación ratificó que es el superior jerárquico
Ante la incipiente rebelión de algunas cámaras federales, la Cámara Federal de Casación ratificó que es su superior jerárquico y que lo dispuesto en sus fallos plenarios es doctrina que debe ser aplicada por todos los tribunales federales del país.
Así lo estableció al fallar en un caso donde dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario que había fijado el valor de una multa impuesta en una condena por narcotráfico en un importe menor al que correspondía legalmente.
La decisión fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Los jueces hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal que había reclamado que se aplique de manera obligatoria lo dispuesto por un plenario de la Cámara Federal de Casación para computar el monto de las multas vigente al momento de que la condena queda firme y se intima el pago, y no al momento del hecho.
Ese criterio fue fijado por la Cámara Federal de Casación Penal en el Plenario n° 17 denominado Pastene, dictado el del 13 de mayo de 2025.
De esta manera, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la importancia de la doctrina de los fallos plenarios dictados por el tribunal, los que resultan aplicables “sin excepción”, dijeron, a todos los tribunales penales federales del país.
La Sala IV hizo lugar al planteo del fiscal y anuló la resolución cuestionada, al considerar que debía respetarse la doctrina legal fijada por el máximo tribunal penal.
En el fallo plenario Pastene, la Cámara Federal de Casación Penal había establecido que las multas previstas para los delitos de narcotráfico deben calcularse tomando como referencia el valor del formulario del Registro Nacional de Precursores Químicos vigente al momento en que se intima el pago, criterio que, según recordó ahora el tribunal, resulta obligatorio para todos los órganos judiciales federales.
En su voto, que lideró el acuerdo, el juez Hornos sostuvo que la resolución rosarina contiene un error manifiesto en la determinación del quantum de la pena pecuniaria, por resultar contraria a la doctrina plenaria obligatoria.
Recordó que el sistema de unidades fijas busca precisamente que el valor de la multa sea proporcional al daño causado por el delito y no se torne irrisorio por el paso del tiempo y la inflación, en resguardo del principio de igualdad tal como lo entendió la Corte Suprema.
Es al momento de la intimación al pago, explicó, cuando se “cristaliza” la intención del legislador de no desnaturalizar la pena monetaria.
Carbajo adhirió en lo sustancial. Borinsky, por su parte, fue directo al punto institucional: frente al criterio del tribunal rosarino, “Cabe estar a lo decidido” en la sentencia plenaria, cuya observancia —conforme el artículo 10 de la ley 24.050— resulta obligatoria para los tribunales inferiores.
Esta situación se dio porque en el nuevo Código Procesal Penal Federal quedó redactado de manera ambigua el rol de la Cámara Federal de Casación.
El artículo 54 habla de “Jueces de revisión con funciones de casación”, en una redacción que pareció generar dudas en diversos precedentes de la Cámara Federal de Córdoba, de Salta y de Rosario, ahora.
Por eso los jueces de Casación ratificaron este rol de control como tribunal superior y la obligatoriedad de adherir a sus plenarios.
Desde el dictado de dos plenarios de 2025 (sobre la constitucionalidad de las restricciones a las salidas anticipadas para condenados por narcotráfico y este sobre multas), distintos tribunales federales del interior vienen resistiendo, de manera más o menos explícita, la fuerza vinculante de esa doctrina.
En Córdoba, el Tribunal Oral Federal 1 declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de ejecución penal de un condenado por drogas para habilitarle el acceso a los beneficios de salidas. Lo hizo el 6 de marzo de 2025 contra el dictamen del fiscal general Maximiliano Hairabedián, que había advertido que no correspondía apartarse de la ley.
El apartamiento más frontal, ya con el plenario vigente, llegó desde la Patagonia: un juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de General Roca declaró inconstitucional la ley de ejecución y concedió la libertad condicional a un condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En junio de 2025, la misma Sala IV revocó el beneficio, revirtió la declaración de inconstitucionalidad y recordó que la cuestión ya había sido zanjada y ese plenario era de aplicación obligatoria. En paralelo, la Sala IV venía declarando inadmisibles los recursos de defensores de Resistencia, Rosario y Posadas que pretendían reabrir la discusión.
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POLITICA
“El horno no está para bollos”: el ingenioso posteo de la embajada británica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra
A horas de que la Selección argentina enfrente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la embajada británica en Buenos Aires se metió en la previa con un posteo en su cuenta oficial en Instagram que combina humor y protocolo diplomático.
“Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, escribió la cuenta, acompañando el texto con la imagen de una supuesta carta oficial.
El documento, fechado este 14 de julio de 2026 y con membrete de la British Embassy Buenos Aires, está firmado por la ficticia “His Majesty’s Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture” (que podría traducirse como la Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido Mundialista entre Inglaterra y Argentina) y detalla tres instrucciones para las redes de la sede diplomática:
- En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto.
- En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes.
- El uso de memes está permitido, pero con tacto. “Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, cierra el memo, en un guiño a la frase argentina “el horno no está para bollos” traducida literalmente al inglés.
El posteo superó los 3400 “me gusta” en la primera hora y generó una catarata de respuestas. Entre ellas una de la diputada libertaria Lilia Lemoine que festejó el posteo con risas.
Megaoperativo de seguridad
El tono distendido de la embajada contrasta con el despliegue de seguridad que prepara el Gobierno argentino en las inmediaciones de la sede diplomática. Como anticipó TN, el Ejecutivo organiza un operativo de seguridad de “gran magnitud” en Recoleta, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados y anillos de seguridad.
Leer más: El Gobierno advierte a los hinchas que no podrán llevar banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra
En Nación explicaron que se tomarán recaudos “como si fuera un 2 de abril”, en referencia al dispositivo que se activa cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, dado el componente simbólico del cruce: la rivalidad futbolística, los antecedentes mundialistas y la cuestión Malvinas.
El operativo, coordinado también con la Ciudad para el seguimiento de los festejos en el Obelisco, contempla múltiples anillos de seguridad, fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas y especialistas en explosivos y riesgos especiales.
Reino Unido, Mundial 2026
POLITICA
En un giro insólito, la Cámara de Casación volverá a revisar qué juez debe investigar la causa por la mansión de Pilar ligada a la AFA
Otra vez, los casos de corrupción contra las autoridades de la AFA quedaron en manos de la Cámara Federal de Casación, que revisará todo lo realizado en estos siete meses, donde las causas avanzaron poco y nada, y definirá cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, jefes del fútbol en el país.
La decisión de abrir el recurso y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar.
Esta madeja de asuntos de competencia, que lleva siete meses y medio y paraliza estas causas contra la poderosa dirigencia de la AFA, es inusual y no se da con frecuencia en los tribunales.
Solo se explica por el poder de los investigados que lograron congelar casi todos los expedientes. Estas causas ya pasaron por tres juzgados federales, dos juzgados penales económicos y tres cámaras de apelación. A razón de 13 magistrados que intervinieron en siete meses y sin ningún indagado.
Solo avanzó el caso de apropiación indebida de aportes en los que el juez Diego Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ese fallo fue confirmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Ahora lo revisará la Cámara de Casación.
Borinsky y Barroetaveña abrieron un recurso de queja planteado por los acusados de ser los testaferros de la AFA en la compra de una mansión en Pilar, contra la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de dejar la causa en ese fuero.
Ahora la Cámara de Casación convocó a una audiencia para el 12 de agosto, después de las vacaciones de invierno, con el objetivo de decidir si dejan el caso en el fuero penal económico, como hasta ahora, o si lo regresan al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados supuestos testaferros de la AFA.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de Barroetaveña y Borinsky, entendió que correspondía darle la razón a los supuestos testaferros de la AFA y revisar la competencia en este caso, referido a saber quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar.
La Cámara en lo Penal Económico había decidido que la causa de la quinta de Pilar regrese de Campana y tramite en el juzgado de Verónica Straccia, en el Penal Económico.
Pero Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión, insistieron con un recurso de casación que fue rechazado y ahora con una queja que fue admitida.
Ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá tratar el asunto y quedó habilitada para revisar todo lo decidido y definir el tribunal competente para llevar adelante la investigación. El juez Slokar, por su parte, hizo reserva de su criterio contrario sobre la cuestión.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencia para escuchar a los abogados el 12 de agosto próximo, tras la feria judicial de invierno.
Hace siete meses y medio que la Coalición Cívica denunció la existencia de la quinta de Pilar y sus supuestos vínculos con Pablo Tovigino, tesorero de la AFA.
El caso avanzó al comienzo con el juez Daniel Rafecas y su colega Marcelo Aguinsky, que allanaron y secuestraron 50 autos de lujo y elementos ligados a Toviggino.
Pero el caso se empantanó cuando la defensa de los supuestos testaferros lo llevó a la justicia federal de Campana y empezó esta pelea por saber quién se queda con la causa de la mansión valuada en US$25 millones, con helipuerto y pista ecuestre
En medio se supo que un juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, supuestamente festejó allí su cumpleaños.
Cuando parecía que el asunto retomaba impulso con el fallo de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que dejó la causa en manos de la jueza Straccia, otra vez se planteó una cuestión de competencia desde la Justicia Federal de Campana para quedarse con la causa.
Ahora nuevamente intervendrá la Cámara Federal de Casación.
González Charvay es el juez que eligieron los investigados, ligados a la AFA, para que trate su caso, supuestamente en la creencia de que les irá mejor con ese magistrado.
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POLITICA
Kicillof acordó con La Cámpora los representantes en el Consejo de la Magistratura y resta negociar por la Corte
En medio de la discusión interna del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió respetar los lugares que el kirchnerismo tiene en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial la designación de seis abogados como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Allí hay leales al gobernador bonaerense, nombres del esquema del entramado judicial del kirchnerismo y referencias a los intendentes peronistas.
El decreto publicado en el Boletín Oficial da cuenta que Kicillof designó a su Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como representante del Ejecutivo. Tal como había adelantado Infobae, el mandatario optó por un funcionario de su confianza que hasta el momento no formaba parte del organismo que se encarga de elegir candidatos para cubrir cargos judiciales en la provincia de Buenos Aires
Pérez Teruel maneja los menesteres jurídicos de la Provincia y desde hace tiempo viene trabajando con Kicillof. Su nombre es uno de los que están sobre la mesa para la negociación por la Corte provincial. Sin embargo, hoy no hay garantías políticas de que ese objetivo prospere.
Entre los representantes por el Poder Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura, también renovarán su mandato el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Révora es un exdiputado provincial que siempre estuvo cerca de la agenda judicial. Forma parte del esquema del senador nacional Eduardo de Pedro; de hecho, son primos. Pellegrini es funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia, que comanda Juan Martín Mena. Al igual que Révora, también forma parte de la esfera de De Pedro.
En el decreto que lleva la firma de Kicillof, del ministro Mena y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se designó a Gabriela Demaría como consejera suplente; al igual que a Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino. En esas designaciones también hay un pie de los intendentes de los distintos sectores del peronismo. Demaría, ex senadora provincial, forma parte del esquema que viene tejiendo el llamado Grupo AFA. Cuando era legisladora, respondía directamente al hoy diputado provincial y exintendente del Partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús. Ramos es una leal al intendente de La Plata, Julio Alak, que despliega sus influencias por distintos ámbitos como el Partido Justicialista bonaerense o el armado político de Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), además de sus intenciones de pelear por una candidatura provincial en 2027.
También el esquema político de La Matanza retiene presencia en el Consejo de la Magistratura, ya que Gustavo Gamino es un abogado de La Matanza, donde gobierna Fernando Espinoza. Gamino fue uno de los que impulsaron la creación del Colegio de Abogados de La Matanza, entidad que hoy está alineada al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. Formó parte del Estudio Jurídico del entonces intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Su llegada al Consejo de la Magistratura fue impulsada por el Secretario Legislativo del Senado, Mariano Díaz Ordoñez, uno de los apoderados del PJ bonaerense por la línea de Magario y yerno de Balestrini. En 2022, Gamino había llegado al Consejo de la Magistratura para reemplazar a Gustavo Dutto, otro matancero del espacio Espinoza-Magario.
Estos nombres se sumarán al resto de los representantes del Poder Ejecutivo. Hasta el momento los únicos consejeros eran el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, como titular, y el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, quien responde al intendente de La Plata y ocupa uno de los cargos suplentes.
Las designaciones se pliegan a las que se acordaron este martes en la Cámara de Diputados bonaerense. En sesión ordinaria, la Cámara baja provincial votó a Mariano Cascallares y a Sofía Vanelli como consejero titular y suplente, respectivamente, en representación del Poder Legislativo. Son parte de las designaciones que venían demoradas por la interna del peronismo. Cascallares también renueva credenciales, ya que ocupaba una silla como consejero. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, era uno de los apellidos por los que empujaba Kicillof, al punto de que se intentó que su designación fuera vía Senado y no por la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Fuerza Patria en el Senado —al que le corresponden cuatro lugares— tenía solo tres abogados, condición excluyente para formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, una de las alternativas que contaba con el aval del gobernador era garantizar las cuatro plazas de esta manera.
Vanelli, es una diputada que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Las conversaciones entre el ex ministro de Economía y el gobernador bonaerense se aceitaron en las últimas semanas.
Por lo pronto, en el Senado solo se resolvió nombrar a los senadores Sergio Berni y Fernando Coronel como representantes por el oficialismo -Berni titular y Coronel suplente- y a la libertaria María Luz Bombaci por la oposición. El sector no oficialista no muestra acuerdo aún para la designación restante. Esta semana habrá sesión en la Cámara alta y podría haber novedades.
Tras el acuerdo por los lugares en el Consejo de la Magistratura —de los pocos en el marco de la interna peronista— , lo que sigue es una negociación más compleja por el carácter perpetuo que representan las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
Hoy la Corte funciona con tres de sus siete miembros originales. Las vacancias son una preocupación para los cortesanos vigentes. Meses atrás, el presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo una demostración de poder interna cuando presentó un proyecto de ley para ir hacia la autarquía del Poder Judicial. En ese evento, le reclamó al Poder Ejecutivo y Judicial que manden los nombres para cubir las vacantes. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres en aquella oportunidad. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años», planteaba en otro pasaje.
La negociación por las vacantes en la Corte bonaerense está en punto muerto y no incluye solo al peronismo. Primero se necesitarán los votos en la Legislatura. Esos votos, admiten distintas terminales; se deberán conseguir puertas afuera de la Legislatura y forman parte de un acuerdo político. La Libertad Avanza, que ya colocó una representante en el Consejo de la Magistratura, busca tener representación en el máximo tribunal, al igual que la UCR y el PRO.
Hoy el peronismo se visualiza en tres sectores: el MDF, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Sin embargo, en el ámbito bonaerense, quienes quieren sumarse como un bloque homogéneo y autónomo son los intendentes del Grupo AFA. No solo para las candidaturas del año que viene, sino también para acelerar el proceso de ocupación de lugares estratégicos en la botonera del poder político y judicial bonaerense. De momento, los votos no están.
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