ECONOMIA
Inocencia Fiscal: el Gobierno lanza un nuevo proyecto para que salgan USD 170.000 millones de los colchones de los argentinos

Este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que girará a la Cámara de Diputados. Tras reiterados reclamos de los contadores sobre algunos obstáculos para los contribuyentes, el equipo económico reconoció los escollos y buscará corregirlos para que salgan los USD 170.000 millones que los argentinos tienen abajo de los colchones.
La exposición de Caputo se realizará en el quinto piso del Palacio de Hacienda y responde a un proceso de revisión que el Gobierno encaró durante las últimas semanas. El punto de inflexión ocurrió tras una reunión en mayo entre el ministro y especialistas en materia tributaria. Durante ese encuentro, los expertos señalaron los inconvenientes que presentaba la versión original de la ley y sugirieron modificaciones para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes interesados en adherir al blanqueo de capitales.
La semana pasada, tras un segundo encuentro, se estableció como medida provisoria mantener la fecha de pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio, aunque se pospuso hasta el 27 de agosto la obligación de presentar la declaración jurada. El oficialismo espera que antes de ese plazo Diputados apruebe la nueva versión de la ley, lo que permitiría a los contribuyentes sumarse al régimen bajo condiciones revisadas y corregidas.
El núcleo de la propuesta radica en la posibilidad de sumar a la economía formal recursos que hasta ahora permanecen fuera del sistema financiero. Según cálculos del ministro de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el país hay USD 170.000 millones que no se encuentran bancarizados, una cifra que, de integrarse al circuito formal, podría tener un impacto determinante en la remonetización de la economía.

Durante la última conferencia conferencia, Caputo defendió con énfasis la necesidad de avanzar con una nueva ley. “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, afirmó.
La normativa actual no logró los resultados esperados ni la adhesión suficiente por parte de los contribuyentes. La cuestión está si luego de lo que sucedió, el Gobierno logrará que se apruebe en el Congreso. “Ya lo han aprobado, lo que estamos mandando ahora es una versión mejorada porque, luego de habernos juntado con un grupo de contadores, nos prestaron lo que ellos creían que eran las principales razones por las que no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos. Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo el ministro.
El nuevo texto que el Ejecutivo girará a Diputados introduce cambios sustanciales en los requisitos y alcances del blanqueo. Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la obligación de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) para quienes deseen exteriorizar fondos.
Esta condición generó polémica y una fuerte discusión en el ámbito parlamentario, sobre todo tras confirmarse que varios funcionarios públicos del Gobierno, incluido el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumaron al régimen. Si bien la sola adhesión no implica la utilización automática del mecanismo para exteriorizar fondos, la presencia de funcionarios en el sistema alimentó el debate político y el recelo de la oposición.
La cuestión de las personas políticamente expuestas ocupa un lugar central en las discusiones. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que el anteproyecto permitía que grandes contribuyentes ingresaran al RSG, aunque no gozaban de todos los beneficios, como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago. “Sería razonable que se excluya a las personas políticamente expuestas, no es razonable que tengan esos beneficios también”, sostuvo y también reclamó por la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que dejaban afuera a contribuyentes con herencias, ventas de acciones o inmuebles.

En tanto, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $ 10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Esta modificación responde a la intención de facilitar la regularización de fondos que, por diferentes motivos, quedaron fuera de los parámetros establecidos en la ley que rige actualmente.
Otro aspecto es la definición de “discrepancia significativa”, un punto clave en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios. Domínguez explicó que resulta necesario eliminar la exclusión de la disminución de saldo a favor y establecer un umbral mínimo para la punibilidad, que el anteproyecto fijó en el 5% del monto objetivo de evasión simple.
Con la legislación vigente, ese umbral equivale a $5 millones, una cifra considerada elevada por tributaristas y contadores. También subrayó la importancia de establecer con claridad en el texto en qué momento corresponde considerar el monto de punibilidad vigente, proponiendo que sea el del vencimiento o presentación de la declaración jurada.
La estrategia del Gobierno no solo busca sumar recursos al sistema financiero, sino también fortalecer la capacidad de crédito y financiamiento de proyectos productivos, infraestructura y pequeñas y medianas empresas. La expectativa oficial es que, con la nueva versión de la ley, aumente el número de contribuyentes dispuestos a regularizar fondos, lo que permitiría canalizar una porción significativa de los ahorros informales hacia la economía formal.
El proceso legislativo resultará determinante para el éxito de la iniciativa. El Ejecutivo apuesta a que, antes del 27 de agosto, la Cámara de Diputados apruebe el texto revisado, permitiendo que los contribuyentes accedan en tiempo y forma a los beneficios. Hasta entonces, se mantendrá la presentación de la declaración jurada pospuesta, pero el pago del impuesto a las Ganancias seguirá con la fecha original del 27 de julio.
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ECONOMIA
El Gobierno quiere acortar los tiempos para abrir una empresa: cuáles son los cambios que dispuso

El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), simplificó el régimen de constitución de sociedades y flexibilizó el objeto social. La nueva normativa apunta a reducir las barreras y los costos de formalización de empresas, al tiempo que amplía el margen para definir las actividades que podrán desarrollar.
“Con el objetivo principal de reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para abrir una empresa, la IGJ simplifica el régimen de constitución de sociedades y flexibiliza el objeto social”, dijo a través de su cuenta de X el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El funcionario precisó que la Resolución General 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, deroga 33 artículos reglamentarios, y dos resoluciones generales que incorporaban exigencias no previstas en la norma de fondo, dispensa el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades y elimina restricciones a la pluralidad del objeto social, permitiendo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) adoptar “cualquier actividad lícita” como objeto.
Los considerandos de la norma indican que “los registros de sociedades deben funcionar como ventanillas de habilitación ágiles, orientadas a la publicidad y a la certeza jurídica, y no como filtros de control previo de naturaleza discrecional”.

“La reducción de barreras formales de acceso al registro constituye una herramienta de política pública destinada a facilitar la incorporación de la actividad económica a la economía formal, reducir los costos de cumplimiento de los emprendedores y aproximar la realidad del tráfico a la registración pública”, agrega.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
1. Eliminación de precalificación obligatoria: La constitución de sociedades ya no requiere dictamen de precalificación profesional, sin perjuicio de su presentación facultativa o de los supuestos en que resulte exigido.
2. Mayor flexibilidad para definir el objeto social: El objeto podrá comprender una o más categorías de actividades, sin exigirse conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas. En las SAS se admite expresamente la fórmula “la realización de cualquier actividad lícita”.
3. Incorporación de la sede electrónica: Las entidades podrán constituir, junto con su sede social física, una sede electrónica complementaria, mediante la declaración de una dirección de correo electrónico, con efectos frente a socios y terceros una vez inscripta.
4. Aportes dinerarios: Se amplían los medios admitidos para acreditar la integración de aportes en efectivo.
5. Cláusula arbitral: Se habilita expresamente la inclusión de cláusulas arbitrales en los instrumentos constitutivos.
6. Documentos registrables: Se simplifican y unifican los requisitos aplicables a los instrumentos constitutivos y a los actos posteriores a la constitución (escritura pública, instrumento privado con firma certificada o digital, y documento electrónico con firma digital de los otorgantes).
Cada modificación introducida responde a la verificación de que el requisito eliminado o flexibilizado reiteraba lo ya establecido por la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normas, o imponía recaudos formales que no aportaban una utilidad verificable a la función registral.
Por otra parte, la normativa establece reglas específicas para los aportes de capital realizados con activos virtuales, como las criptomonedas. En estos casos, el instrumento constitutivo deberá individualizar la clase, cantidad y valor asignado de los activos, además de identificar al socio aportante.

También se deberá acreditar que el aportante era titular de esos activos antes de realizar el aporte y depositarlos en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), a nombre de los administradores designados, con el compromiso de transferirlos a la sociedad una vez obtenida su CUIT.
El valor deberá acreditarse mediante una certificación profesional sobre el valor de plaza a la fecha de constitución o mediante una cotización emitida por un PSAV registrado.
“La medida se suma al proceso de revisión y simplificación normativa que la IGJ viene desarrollando durante 2026, que incluyó modificaciones en materia de inscripción de directores, administradores societarios, sociedades constituidas en el extranjero, digitalización registral, presentación de estados contables, notificaciones electrónicas y tramitación digital”, aseguraron fuentes oficiales.
La decisión se da en un contexto en que iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025.
ECONOMIA
Mercados: bajan los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto desde abril

Mientras que los precios del petróleo rebotan, con el Brent otra vez sobre USD 100 el barril, los principales indicadores de Wall Street negocian con una caída en un rango de 0,3% a 0,8% y los bonos del Tesoro de los EEUU incrementan hasta 10 puntos básicos sus rendimientos, otra vez en máximos desde 2007.
A las 13 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un 0,8%, a 2.970.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hay cifras mixtas y destaca la suba de 2,2% en los títulos de YPF, en los 54,55 dólares.
Los bonos soberanos vuelven a operar en negativo en sus emisiones hard dollar. Los Globales con ley extranjera caen 0,8% en promedio, mientras los Bonares, con legislación local, restan un 0,4 por ciento. El riesgo país de JP Morgan sube tres unidades para la Argentina, en los 557 puntos básicos, un máximo desde el 29 de abril.
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La prudencia operativa caracterizaba nuevamente el movimiento en la plaza financiera de Argentina, “con retracción de precios, por una evidente preocupación entre los inversores ante factores locales y externos”, indicó Reuters.
“Las dudas de cara al proceso electoral por las elecciones presidenciales del 2027 y el prolongado conflicto en Oriente Medio que presiona sobre el petróleo contribuyen a la cautela en los negocios”, añadió.
“El mercado argentino está en un punto de lateralización por la falta de un conductor sólido a mediano plazo ante la incertidumbre del año electoral, por lo que los activos permanecen tranquilos y las coberturas en dólares agilizan la dinámica”, comentó un analista de riesgo de un banco extranjero.

“Uno de los principales riesgos es que se tenga un nuevo cambio abrupto de timón político, por lo que la cautela domina la escena de los mercados. La dinámica de la economía real, con un necesario aumento en el ritmo del consumo, será vital para ver alguna nueva variable”, agregó.
“El mercado descuenta que habrá estabilidad total del tipo de cambio real hasta mediados del año que viene, según surge de la comparación entre las curvas CER (ajustadas por inflación) y dollar linked (por tipo de cambio)”, reportó el agente de liquidación y compensación Facimex.
“Esto es mayormente consistente con lo que muestra la experiencia histórica de elecciones presidenciales con riesgo de reversión de políticas en Latinoamérica, aunque creemos que las valuaciones actuales dejan algo de espacio para captar valor rebalanceando posiciones a junio 2027”, apuntó Facimex.
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El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos tiene previsto financiar proyectos relacionados con minerales críticos y energía en Argentina por un valor de hasta 7.000 millones de dólares, según un documento al que tuvo acceso Reuters, como parte de una iniciativa para profundizar la cooperación económica entre Washington y Buenos Aires.
Los precios del crudo volvían a negociar en alza, tras cinco sesiones consecutivas de pérdidas. El barril de petróleo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, sube 2,5%, a USD 101,70 en los contratos con entrega en noviembre.
En este sentido, el presidente de los EEUU Donald “Trump amenazó a Irán con un ataque definitivo si no hay acuerdo, y se espera una reunión entre Xi Jinping y Trump para negociar aranceles e inteligencia artificial”, indicaron los analistas de Rava Bursátil.
Cohen Aliados Financieros reportó que “las tasas largas de EEUU castigaron a los activos locales: la deuda soberana cayó más que sus pares regionales, el riesgo país superó los 500 puntos básicos y el Merval extendió su corrección. En paralelo, la actividad mostró una mejora acotada, el BCRA moderó sus compras y la liquidez comenzó a normalizarse”.
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ECONOMIA
Crisis autopartista: dos empresas cierran tras el fin de la producción nacional de una camioneta y hay más firmas complicadas

La decisión de la alemana Volkswagen de reemplazar la actual pick up Amarok, fabricada en la planta de General Pacheco, por otra que se ensamblará localmente pero cuyas piezas serán, en su mayoría, de origen chino generó una profunda crisis en una decena de proveedores dedicados exclusivamente a fabricar autopartes para esa camioneta. La empresa comunicó oficialmente la novedad en abril del año pasado, pero los impactos en toda la cadena de valor se están comenzando a sentir ahora, a pocos meses de que la emblemática “chata” deje de fabricarse en el país.
Diversas fuentes gremiales y empresarias del Parque Industrial de Pilar, donde se encuentran algunas de las firmas afectadas, confirmaron que una de las empresas que ya decidió bajar la persiana es Kromberg & Schubert, un grupo alemán especializado en sistemas eléctricos y cableado para la industria automotriz.
Su producto principal son los mazos de cables y es proveedor exclusivo de Volkswagen para la Amarok. De hecho, llegó al país en septiembre de 2009, para iniciar con ese proyecto. La camioneta comenzó a fabricarse en Pacheco en 2010. “Ellos ya informaron que se van a fin de año. Los trabajadores ya están al tanto de la situación”, dijeron las fuentes. Son más de 200 empleados.

Otra autopartista que ya decidió abandonar el país tras la decisión de Volkswagen de reemplazar la actual Amarok es Irauto, la filial industrial argentina del grupo español Antolin. Nació en 1997 como una joint venture entre el entonces Grupo Antolin y un socio local, pero en 2018, Antolin adquirió el 100% de la compañía.
Fabrica techos interiores para autos y tiene una única planta en la localidad bonaerense de Benavídez. La casa matriz de esta multinacional está en Burgos y es uno de los grandes proveedores globales de interiores de vehículos. En cuanto a los trabajadores, serían unos 80 aproximadamente. Hay versiones en el sector que indican que las líneas de producción de esta planta pasarían a manos de Trefelt, otra autopartista que también produce piezas para la terminal alemana.
También Pelzer System, perteneciente al grupo internacional de origen italiano Adler Pelzer Group, está agonizando. La empresa se instaló en el Parque Industrial de Pilar en 2009 para abastecer a la Volkswagen Amarok de insonorizantes y alfombras para pisos y creó, para ese proyecto, unos 100 puestos de trabajo. Hoy, tras no haber sido elegida para continuar con la producción de la nueva camioneta, la firma atraviesa una profunda crisis, ya que también fabricaba exclusivamente para Taos y Amarok. El SUV ya dejó de fabricarse y la pick up lo hará a fin de año.
Fuentes cercanas a la firma precisaron que hoy quedan 13 trabajadores que están en busca de nuevos negocios a los fines de evitar la retirada final del grupo de la Argentina. Según pudo saber Infobae, los trabajadores supieron de la decisión de que Pelzer no había sido elegida para la nueva Amarok entre febrero y marzo; a partir de ese momento hubo varios conflictos y paradas de planta de los trabajadores, en reclamo de retiros voluntarios. “En uno de esos episodios, la empresa canceló el contrato. Y la planta estuvo dos meses sin trabajar, con el stock que había quedado. En ese interim, se consiguió algo con Stellantis pero es muy chica la producción”, dijo una de las fuentes.

Y la lista sigue. Motherson, del grupo multinacional de origen indio y uno de los grandes proveedores globales de la industria automotriz, también verá afectado gran parte de su negocio. Hace inyección plástica y si bien tampoco participarán del nuevo proyecto Amarok, su presencia en el país no estaría en juego debido a que trabajan para otros clientes.
Lo mismo sucede con Caimari, empresa argentina de larga trayectoria, constituida en 1956, con planta Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, que fabrica materiales textiles técnicos y aislantes, especialmente fieltros y no tejidos. Y en el caso de Albano Cozzuol, una importante empresa argentina que también realiza inyecciones plásticas, también vio fuertemente afectado su negocio con el cambio de la Amarok, pero a diferencia de las otras empresas, Volkswagen le mantuvo algunas piezas, dijo una fuente del sector. De los 60 proveedores locales que supo tener la terminal de origen alemán, ahora quedarán 16 para el nuevo proyecto.
Consultadas fuentes de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC) sobre el tema, hicieron referencia a un informe elaborado por la asociación en el que muestran que desde abril de 2009 a la fecha cerraron sus actividades o cancelaron proyectos de relevancia en la Argentina unas 63 empresas autopartistas, de las cuales 11 cerraron entre 2024 y la actualidad.
Este escenario se enmarca en el actual contexto macroeconómico de apertura y de pérdida de competitividad en el mercado local. En este caso de la Amarok, Volkswagen tiene un acuerdo con un partner chino (SAIC) y se trata de un vehículo basado en la plataforma desarrollada conjuntamente que es la base también de la pick up Maxus de esa marca. Ese acuerdo contempla la compra del kit de piezas a esa misma firma. Si la empresa quiere exportar el vehículo a Brasil, para que pueda ingresar al 0% de arancel, debe cumplir con la regla de origen Mercosur.
El precio FOB de un vehículo incluye 60% de piezas/materiales y 40% de costos de ensamblado, gastos indirectos y margen. De ese 60% correspondiente a piezas, el 50% debe ser importado, por lo que queda apenas un 10% para que sea regional, según el ACE 14, que es el acuerdo de Complementación Económica entre Argentina y Brasil. Ello implicaría, en términos de autopartes, que podría ensamblarse un auto con solamente el 16% de piezas de todo el Mercosur y 84% por fuera de la región.
Kromberg & Schubert,Pilar,planta industrial
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