La disputa entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el caudillo Carlos Rovira, quien representó el poder real en la provincia durante las últimas dos décadas, tendrá un round en el Congreso de la Nación. Será durante la votación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut están frente a dos planteos irreconciliables. O acompañan al mandatario, que se opone, o se mantienen en línea con el “hombre fuerte”, quien tiene un acuerdo con la Casa Rosada.

Según la última versión que se maneja en Posadas, cuando el proyecto sea tratado en la sesión del 6 de agosto, la voluntad de los senadores misioneros se manifestará en una diagonal.

Como gesto hacia los acuerdos de Rovira con Balcarce 50, bajarían al recinto y votarían a favor en general. Pero cuando se debata en particular, se expresarían en contra del capítulo 3, como guiño a Passalacqua.

El apartado en cuestión se refiere a la venta de tierras a extranjeros. Uno de los hombres de confianza del gobernador misionero, Carlos Sartori, dijo al medio local El Territorio que el capítulo representa un riesgo para la provincia. El 90% de los límites de Misiones es frontera con Brasil y Paraguay. En Posadas hay temor por la pérdida de reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos.

Arce y Rojas Decut jugarán a la escondida hasta el último minuto. Por un lado, saben que el “poroteo” está muy ajustado. Y eso preocupa al gobierno nacional, que se juega una ficha clave con la iniciativa. Pero, por otro, son conscientes de que su supervivencia política en Misiones, habida cuenta del giro gravitacional que se registró en el oficialismo, está en riesgo si no acompañan la voluntad del gobernador.

El escenario

Passalacqua pidió a los senadores nacionales de su provincia que no voten la ley que impulsa la Casa Rosada. Fue durante una reunión que mantuvo con ambos legisladores en el Instituto de Biodiversidad a mitad de semana. El título del encuentro era elocuente: “Extranjerización de tierras. Reforma a la ley 26.737”.

Hasta hace unos meses, los tres compartían el mismo espacio político: el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Pero Rovira decidió romper para frenar las intenciones reeleccionistas de Passalacqua. Así que ahora los senadores, que son roviristas, quedaron en Encuentro Misionero (EM). Y el mandatario formó el Movimiento por lo que viene.

Rovira tiene desde siempre un pacto con el Ejecutivo nacional. El acuerdo es independiente de qué fuerza ocupe el sillón de Rivadavia. Sus legisladores nacionales han acompañado todos los proyectos que venían de Balcarce 50 en las últimas dos décadas.

Pero la ecuación de poder en Misiones cambió. El veterano caudillo está de salida. Ya adelantó que no será candidato en 2027. Y todos los días dirigentes y referentes del rovirismo buscan el sol que brilla en la vereda del gobernador.

De allí que, a esta altura, la fidelidad de Arce y Decut, que llegaron a sus bancas por el dedo del caudillo, haya entrado en la separación de bienes del divorcio Rovira-Passalacqua.

Un documento premonitorio

Viviana Rovira es prima de Carlos y esposa del gobernador. Con su pariente no se habla desde hace un tiempo. Hoy por hoy, ocupa la titularidad del Instituto de Biodiversidad y lidera la Red de Mujeres que trabaja por la reelección de su marido.

El grupo emitió hace una semana un documento. En el escrito, pidió a los tres senadores misioneros, incluyendo a Martín Goerling (PRO), que voten en contra del proyecto. El representante del macrismo, que suele estar en línea con La Libertad Avanza, fue contundente. Adelantó que acompañará la norma y que el gobierno misionero “tergiversa” el texto del proyecto en discusión.

El reclamo de la Red fue a todo o nada. “No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, indica el texto.

“Instamos al pueblo de la provincia de Misiones a llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance —institucionales, comunitarias y ciudadanas— en defensa de la intangibilidad del patrimonio territorial de la provincia. La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, añade.

29 de mayo de 202000:001‘minuto de lectura

Para quienes lo vivieron, recordar el lejano 1969 es fácil. Casi nadie en este planeta olvidó qué hacía, dónde estaba, cómo se sintió impactado aquel lunes de julio en el instante en que Neil Armstrong pisaba la Luna. Sin embargo, los nativos que entonces tenían edad como para manipular dinero pueden aprovechar un recuerdo vivencial extra que enseguida les arrancará una exclamación: 1969 fue el año en el que quedaron sepultados los pesos moneda nacional. La plata que corría desde la primera presidencia de Roca. ¿Cómo olvidar los «pesos ley 18.188» de Onganía con los que se esfumaron dos ceros y cundió el desconcierto por la cohabitación de billetes nuevos, billetes viejos y billetes resellados?

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Había una dictadura, hasta el pelo largo estaba prohibido, el Congreso se hallaba clausurado desde hacía más de tres años, la vida intelectual y cultural era burdamente acallada, pero por cada peso hasta para ir a comprar un chicle se debía decir «ley». A los argentinos, que eran por entonces 23 millones y medio, muy poco más que la mitad que ahora, lo de reformular la moneda para lidiar con los estragos de la inflación acumulada les resultaba una novedad inquietante.

Después se hizo costumbre. Cuando terminaba la siguiente dictadura, Bignone dispuso que 10 mil pesos ley 18.188 se transformaran en un peso argentino, luego Alfonsín creó el austral, que equivalía a 1000 argentinos, Menem inventó con cada 10 mil australes un peso-dólar y en el colapso de 2001 tuvimos cuasimonedas y repusimos el trueque por algunos meses.

La inflación es anterior a 1969 (ya el primer Perón había tenido un promedio de 18,7% anual), pero en estos 50 años solo paró de subir por un tiempo considerable durante la convertibilidad de Menem. De los 16 presidentes civiles y militares que hubo entre Onganía y Macri (exceptuados del registro Cámpora, Lastiri y Rodríguez Saá, por breves) nueve tuvieron promedios anuales de aumento del Índice de Precios al Consumidor de dos dígitos. Otros seis presidentes registraron variaciones promedio de tres dígitos (sólo uno, De la Rúa, exhibe una marca negativa, de 1,1, atribuible a la recesión).

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Lo llamativo de aquel primer cambio de nominación, visto con ojos de hoy, es que no provino de una hecatombe hiperinflacionaria, sino todo lo contrario. Quien tuvo la idea, Adalbert Krieger Vasena, un ministro de Economía de alta calificación técnica, quiso consolidar la estabilidad, lograda en gran parte, claro, con un estricto congelamiento de salarios y de tarifas públicas. En todo 1969, la inflación fue de 7,6%. El PBI creció ese año 6,9. El dólar estaba quieto en 350; después, 3 y medio. Y esto duele decirlo, la pobreza era del 3%.

Al mes siguiente de que se dictase la «ley» 18.188, se produjo lo que algunos autores han llegado a llamar la mayor protesta obrera en la historia latinoamericana de la posguerra: el Cordobazo. Que entre otras cosas provocó la inmediata salida de Krieger Vasena. Suceso complejo, marcó el ingreso en una era de política revolucionaria que de algún modo incentivaba esa dictadura tosca, autoritaria, paternalista, paradójicamente bautizada «Revolución Argentina». Su efecto más dañino: se le atribuye haber ayudado a fraguar en vastos sectores juveniles recién asomados a la cosa pública la idea de que la lucha armada era un camino excluyente para lograr una transformación.

Quizá lo más difícil de entender hoy de esa época para los hijos de la era digital no sea la alta politización o la fuerte ideologización que se incubaba entonces con surtidas preferencias marxistas, trotskistas, maoístas, tercermundistas o, especialmente, peronistas combativas, sino el dato de que la democracia no era un objetivo corriente. Más aún, la palabra democracia, a la que los grupos radicalizados y parte del peronismo engarzaban con el adjetivo liberal y despreciaban, no se usaba demasiado como no fuera en ámbitos tradicionales, entre adultos.

Es un anacronismo o una versión algo Billiken de la historia decir que hace 50 años la contradicción democracia-dictadura atravesaba la cotidianeidad de los argentinos. Entre otras cosas porque las ilusiones juveniles prevalecientes, sin ningún modelo democrático a la vista, no pasaban por hacer frente a los militares para imponer un sistema ecuánime de partidos políticos. Bajo el influjo de la Revolución Cubana, de los curas tercermundistas y de la canonización laica del Che Guevara, muerto dos años antes en Bolivia, aquellas ilusiones eran bastante más fogosas. Algo en gran medida ajustado a las radicalizaciones juveniles de afuera, que ya habían producido el Mayo Francés o la resistencia norteamericana a la Guerra de Vietnam.

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Juan Carlos Onganía (1914-1995), un general nacionalista católico muy anticomunista, cuyos sobresalientes bigotes le valieron el apelativo de Morsa, había disfrutado de considerable consenso en 1966 al derrocar al médico Arturo Illia. Además de la Sociedad Rural, la UIA, la CGE y buena parte de la prensa (sobre todo las revistas Primera Plana y Confirmado, que habían socavado al gobierno radical), estuvo el apoyo de Perón al golpe, dato esquivo en la historiografía peronista. Desde Madrid, en declaraciones al periodista Tomás Eloy Martínez, Perón saludó la llegada de Onganía, lo elogió como camarada y celebró que con la caída de Illia se hubiera puesto fin a «una etapa de verdadera corrupción».

El sindicalismo peronista más enjundioso, que respondía al metalúrgico Augusto Vandor y al representante del vestido José Alonso, directamente se puso corbata y participó de la jura de Onganía. Los planes de lucha quedaron suspendidos. Merodeaba la expectativa de recrear un eje gremial-militar como en 1945. Más tarde vendría la partición de la CGT (una negociadora, otra combativa) y un hecho trágico que también le sumó a 1969 carácter de año bisagra, el asesinato de Vandor, lo cual pulverizó el ensayo más importante que haya habido de un peronismo sin Perón.

A muchos argentinos hoy indignados con los sindicalistas enriquecidos y con la desvirtuación que el formidable poder económico de determinados sindicatos causa en la vida política tal vez les resultaría impactante saber que todo eso viene de Onganía. En 1970, necesitado de entendimientos con el sindicalismo peronista, sin visión futura alguna dictó una «ley» que universalizó las obras sociales y puso a disposición de sindicatos únicos la cobertura de salud de los trabajadores. En medio siglo, ningún gobierno, del color político que fuere, pudo replantear el poder sindical sobre el sistema de salud.

Onganía se pretendía sinónimo del orden. Pero ese orden se desmoronó con el Cordobazo. El general de los bigotes poblados, rasgo caricaturesco que a Landrú le costó la clausura de Tía Vicenta, sobrevivió un año más. Lo terminó desalojando un golpe palaciego después del secuestro y asesinato del general Pedro Aramburu, la presentación de los Montoneros. En total estuvo en la Casa Rosada 1440 días, menos tiempo que Videla, pero más que todos los otros dictadores. Su idea inicial de permanencia indefinida, armónica con la inauguración de la Rural en el viejo carruaje que había usado la Infanta Isabel en 1910, hablaba de los «tres tiempos», uno económico, otro social y otro político, un caso de humor involuntario. Los tiempos se precipitaron cuando el generalato entendió que Onganía pensaba quedarse 20 años.

Último caudillo del Ejército con aspiraciones políticas, Lanusse, quien asumió la presidencia después de sacarlo a Levingston, fue artífice de un giro histórico, disruptivo, aunque acotado: el levantamiento de la proscripción al peronismo. A él mismo le tocó ponerle la banda a Héctor Cámpora, tras reconquistar el poder el peronismo con la mitad de los votos. El ineficaz modelo proscriptivo creado por la Revolución Libertadora se había derrumbado.

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La vuelta de Perón al gobierno tras 17 años de exilio fue, claro, un suceso extraordinario. Al cabo, el tercer gobierno peronista, dos años y diez meses en los que gobernaron cuatro presidentes, resultaría un entretiempo entre dos dictaduras. Con la última, se sabe bien, la escala histórica se destruyó debido al carácter y la magnitud monstruosos de la represión ilegal, lo que acabó estandarizando a las cinco anteriores como mansas. El «Proceso» significó para el país un enorme atraso en todos los órdenes. La Guerra de las Malvinas, frustración mayúscula con secuelas muy traumáticas, convenció a los militares de volver a los cuarteles.

Por fin en 1983 todas las dictaduras se terminaron. Se abrió el período democrático más largo que haya habido, ahora en curso, progreso ostensible. Tantas décadas pendulares, tantas botas en vez de votos, sobreestimaron, tal vez, el remedio de la democracia continuada, que aportó grandes beneficios pero todavía no consiguió engendrar tres presidentes seguidos con mandatos ajustados al reloj constitucional, crecer en forma sostenida, erradicar el hambre en un país productor de alimentos, controlar la inflación ni bajar la pobreza. Al país cuyo PBI pasó en 50 años de 31.256 a 637.000 millones de dólares (2017, Banco Mundial) para ubicarse como la economía 21ª. del mundo, no le alcanzó con una nueva Constitución para robustecerse institucionalmente, gran deuda pendiente. Aunque sí consiguió que la democracia desalentara y casi extirpara la violencia política.

Pablo Mendelevich,LA NACION,Política

La senadora nacional Patricia Bullrich mantuvo abierto su despacho durante el receso invernal para avanzar en la negociación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y alcanzó un entendimiento con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre la última versión del proyecto que impulsa el oficialismo.

La iniciativa, que incluye modificaciones a la Ley de Tierras, desalojos exprés y cambios en la Ley de Manejo del Fuego, volverá a debatirse en el Senado el próximo 6 de agosto.

El principal punto de conflicto del proyecto fue la reforma de la Ley de Tierras, en particular el régimen para la compra de suelo argentino por parte de extranjeros.

En la previa de la sesión del 16 de julio, Bullrich encabezó una negociación en las oficinas del bloque radical junto a senadores aliados para consensuar una redacción que otorgara participación a las provincias en las decisiones sobre la venta de tierras rurales.

Ese acuerdo no conformó inicialmente a Sturzenegger, que envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y además se comunicó con varios legisladores para advertirles que, de aprobarse esa versión, el Poder Ejecutivo la vetaría.

Este jueves las diferencias comenzaron a saldarse durante una reunión de poco más de una hora entre Bullrich y Sturzenegger. Ambos mantienen una relación política desde hace años, compartieron gabinete nacional en distintas administraciones y también trabajaron juntos durante la campaña presidencial de Bullrich en 2023.

“Tenemos un texto consensuado entre todos. Y también está la realidad, que es que las leyes se componen de una diversidad de miradas. La del Gobierno con el bloque oficial y con el radicalismo, el Pro y de los senadores provinciales que acompañan. Este es un proyecto, como todos los que han salido, que tiene aportes de todos. Pero siempre dentro de lo que es una filosofía, que es salir de lo que era la Ley de Máximo Kirchner”, resumió la senadora tras el encuentro con el ministro de Desregulación.

La redacción acordada del artículo 25 establece que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”.

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Con ese cambio, el proyecto dejó atrás la propuesta original de la Casa Rosada, que eliminaba todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Además, cuando los inmuebles estén ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.

Los reparos de la UCR

El bloque radical, conducido en el Senado por Eduardo Vischi, encabezó las objeciones al capítulo sobre tierras y reclamó que los registros de esas operaciones permanezcan bajo la órbita provincial.

Las diferencias obligaron a postergar el tratamiento hasta la próxima sesión prevista para el 6 de agosto.

En paralelo, la UCR nacional, liderada por Leonel Chiarella, difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, en el que reivindicó la Ley de Tierras vigente y recordó que establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.

La búsqueda de los votos

La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de sus 21 senadores y aspira a sumar a la mayoría de los diez legisladores radicales y a los tres representantes del Pro.

Entre los bloques provinciales, el oficialismo espera acompañamiento de la salteña Flavia Royón y busca también el respaldo de Beatriz Ávila, de Independencia, y Julieta Corroza, de Neuquinidad.

“Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando”, afirmó Ávila, sin adelantar su posición definitiva.

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En cambio, persisten dudas sobre el voto de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, en medio de la interna política provincial entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario Carlos Rovira. A ese escenario se suman cuestionamientos de organizaciones ambientalistas de Misiones, que rechazan la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros.

Las críticas de Convicción Federal

La bancada de Convicción Federal, integrada por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, defendió su dictamen de minoría, especialmente por las modificaciones vinculadas a los inquilinos.

Los senadores sostuvieron que “es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad”.

La propuesta alternativa distingue los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler, preserva el debido proceso y establece que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin garantizar una instancia efectiva de defensa para el inquilino.

El Senado retomará el tratamiento del proyecto el próximo 6 de agosto. Allí se definirá si el oficialismo consigue construir la mayoría necesaria para aprobar una iniciativa que, según relató Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó en conversaciones privadas como “una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

propiedad privada, Senado, Patricia Bullrich