POLITICA
La carta abierta que publicó Cristina Kirchner en la que habló sobre su condena por Vialidad

Este miércoles, la expresidenta Cristina Kirchner publicó una carta abierta en la que cuestionó nuevamente su condena en la causa Vialidad, sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por el “machismo estructural” y anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la sentencia.
“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino», consideró en la misiva que publicó en sus redes sociales.
En la misma línea, siguió: “Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”.
“Como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria“, subrayó y aseguró: ”Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas».
La carta abierta completa
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.
He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.
Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.
Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.
Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?
Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.
Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.
Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.
Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.
Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.
Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.
Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.
En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.
Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.
Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Compatriotas:
Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.
Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.
Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.
Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.
Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.
Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.
No bajen los brazos.
No permitan que les roben la esperanza.
La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.
Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.
Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.
Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.
Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.
Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.
Muchas gracias.
Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino».
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POLITICA
El Senado avanza con 30 nombramientos judiciales y tratará los pliegos de dos candidatos para la Cámara que revisará el caso Libra

La Comisión de Acuerdos del Senado, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto, fijó para el 12 y 13 de agosto, a las 11, una treintena de audiencias públicas con el objetivo de avanzar en los nombramientos judiciales para distintos juzgados y cámaras de la Capital Federal.
La convocatoria ya fue publicada en el Boletín Oficial y, una vez finalizado el receso de invierno, formará parte de la agenda del Senado. Durante esas jornadas, los candidatos deberán exponer ante los legisladores. También habrá audiencias la semana próxima, el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.
Entre las postulaciones de mayor relevancia que enviaron al Congreso el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentran las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata de cargos clave, ya que ese tribunal interviene en algunas de las principales causas de corrupción del país.
La Sala para la que fueron propuestos Bertuzzi y Yadarola tendrá a su cargo la revisión de la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, expediente que instruyen el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
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También deberá revisar resoluciones de jueces federales de primera instancia en otras causas de alto impacto, entre ellas la que investiga presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde están bajo investigación el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La situación de Bertuzzi
El pliego de Bertuzzi continúa generando controversia por el traslado que dispuso por decreto el entonces presidente Mauricio Macri. La polémica se originó en 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña, una decisión cuestionada por el kirchnerismo y que abrió una fuerte disputa política y judicial.
Se espera que el bloque Justicialista, encabezado por el formoseño José Mayans, vuelva a plantear objeciones cuando Bertuzzi se presente ante la Comisión de Acuerdos el próximo 12 de agosto.
El caso ya había sido motivo de debate en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña.
Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las investigaciones por corrupción más importantes que involucró a exfuncionarios kirchneristas. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Cómo está integrada la Comisión de Acuerdos
La estratégica Comisión de Acuerdos está integrada por 17 senadores. El oficialismo y sus aliados cuentan con la mayoría.
Además de Pagotto, La Libertad Avanza tiene otros cuatro representantes: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.
A ellos se suman, por el PRO, Martín Goerling Lara; y por la UCR, Mariana Juri y Maximiliano Abad.
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Las fuerzas provinciales están representadas por Beatriz Ávila (bloque Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas).
Completan la integración Sandra Mendoza, de Convicción Federal; Fernando Rejal, de Justicia Social Federal; y dos bancas que todavía no fueron ocupadas por el kirchnerismo, que reclama una representación mayor en función de la cantidad de integrantes del bloque que conduce Mayans.
Para obtener dictamen favorable, los pliegos necesitan reunir al menos nueve firmas dentro de la comisión.
Los otros postulantes
Además de las vacantes en la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.
También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26.
Para los cargos de defensores públicos adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional fueron propuestos Nuria Saba Sardañons, Esteban Chervin y Germán Artola. En tanto, Hernán Figueroa fue nominado como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Entre los candidatos a juzgados nacionales figuran Lucila Califano (Civil N°9); Javier Pereyra (Criminal y Correccional N°3); Walter Cavassa (N°12); Vanesa Alfaro (N°16); Mariana Salduna (N°25); Evangelina Lasala (N°18); Pablo Cina (N°19); Miguel Asturias (N°27); Federico Battilana (N°30); Adolfo Piendibene (N°38); Diego Villanueva (N°42); Sergio Echegaray (N°44); Sebastián Ghersi (N°45) y Maximiliano Callizo (N°58).
Además, Natalia Crede fue propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; Juan Manuel Cabral como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara de Apelaciones; Karina Rapkinas como jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil; Juan Pablo Sala como juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial; Juan Ylarri como juez nacional de Primera Instancia en lo Civil; y Daniel Cano, Juan Varela y Patricia Cisnero como fiscales ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
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POLITICA
Uno de los nuevos abogados de Cristina Kirchner desató una polémica al burlarse de las personas trans

Tal como anticipó , la expresidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles la incorporación a su defensa internacional de dos nuevos abogados. Uno de ellos es el exmagistrado español Francisco Javier Borrego, un jurista que generó controversia el último año por ironizar sobre la identidad de género durante un acto del partido ultraderechista Vox.
Tras el anuncio de la expresidenta —que llegó en formato de una extensa carta abierta— , distintos usuarios de redes sociales recordaron un episodio del año 2025, cuando Borrego intervino en el Congreso de los Diputados español durante una jornada titulada “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina».
En esa actividad, el abogado fingió asumir una identidad femenina para cuestionar de modo sarcástico la autopercepción de género: “¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que los llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado”.
Su participación en la defensa internacional por Vialidad
Cristina Kirchner dio a conocer mediante sus redes sociales una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia” y publicó columnas de opinión en diarios internacionales como El País de España, Libération de Francia y Folha de São Paulo de Brasil.
En los escritos, la expresidenta confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
“El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, argumentó la expresidenta.
En el marco de la presentación internacional, la exjefa de Estado informó de la inclusión de dos nuevos abogados en su representación: el exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim.
A ambos los caracterizó como juristas de “reconocido prestigio internacional” y con una trayectoria “independiente y ampliamente respetada” en materia de derechos humanos.
La sentencia contra la expresidenta, por la cual cumple prisión domiciliaria en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, quedó firme tras la desestimación del recurso interpuesto por sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy ante la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal argumentó que la representación legal de la exmandataria no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma ni una crítica concreta de la resolución que la juzgó por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
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