Mensajes en las redes, un nuevo viaje internacional, platea de empresarios: todo vale para exponer un discurso que oscila entre el reciclado de promesas de bienestar y un discurso sin límites que atribuye a la acción de enemigos los datos de la economía que deshacen pronósticos anteriores. En proceso acelerado de campaña, con indisimulables internas que juegan en contra, Javier Milei marca los picos de la línea libertaria, que difunden -y en algunos casos amplifican- funcionarios, legisladores y tuiteros. El discurso incluye ya sin vueltas un corrimiento de plazos para las promesas económicas, acompañado por una profundización del relato sobre intentos desestabilizadores -sin soporte, algo agravado porque es dicho desde el máximo escalón del Gobierno- y algunos giros que también enredan al oficialismo.

En ese último sentido, el más reciente sacudón fue producido por una inesperada decisión de la Corte Suprema de Justicia que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas -ingrediente significativo en el actual contexto-, dejó vigente el artículo del decreto presidencial que permite la venta de tierras a extranjeros sin límite alguno. El cambio de clima político/social explica en buena medida el impacto. Pasaron casi tres años desde la presentación de aquél recurso y más de dos desde la primera resolución judicial favorable. Otros momentos. En todo caso, ese artículo en particular no asomaba como el principal foco de tensión por el famoso DNU 70.

El punto es que en los últimos meses, especialmente después de la bandera por Malvinas en el Mundial, la cuestión de la soberanía fue creciendo en el temario público. Existen consideraciones diferentes entre consultores sobre la intensidad del hecho, pero está claro que todo vuelve a ir de la mano con las prevenciones sobre su uso político. Y el agregado significativo es que en el caso del mileismo, no representa una línea sino un giro. También, en las consideraciones más amplias sobre la cuestión de la soberanía.

La movida en este terreno fue atribuida por entero a Santiago Caputo, que, en lo personal, habría recuperado terreno doméstico frente a Karina Milei. La primera señal estuvo alimentada por el imaginario -más amplio que lo estrictamente futbolero, pero asociado a la huella mundialista- sobre una enorme y organizada campaña antiargentina. El Gobierno había quedado descolocado frente a la repercusión del episodio del “trapo” con la leyenda por Malvinas que bajó de una tribuna y terminó desplegado por jugadores de la Selección.

El Presidente avanzó entonces en la nueva línea. Se hizo cargo personalmente de potenciar el tema: llegó a acusar directamente a Brasil y apuntó con menos intensidad a México. En el primer caso, fue otra señal de su apuesta directa en la campaña brasileña: este domingo se enfrentan en primera vuelta Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Como sea, y por variados intereses propios -no sólo la apuesta regional alineada con Donald Trump-, el oficialismo colaboró con el clima que se venía insinuando. Curioso, tal vez no lo advirtió cuando, a contramano, se cerró en la intención de avanzar sin cambios con el proyecto original de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía entre otros puntos sensibles la venta de tierras a personas y capitales extranjeros. Hizo más que ruido y afectó las alianzas en el Congreso. Finalmente, el Gobierno debió aceptar en el Senado la poda de ese capítulo -también de Manejo del Fuego- para aprobar la iniciativa. El debate había quedado dominado por la ley de Tierras.

Por entonces, y en medio de los cruces con los críticos del proyecto -no sólo opositores duros, sino una amplia gama de espacios no libertarios-, Pablo Quirno dejó una frase con posterior eco político: dijo que el concepto de soberanía territorial era “anticuado”. Resultó un punto de arrastre para el canciller por la sucesión cronológica de los hechos: aquella votación del Senado fue el 7 de agosto y menos de un mes después, el 3 de septiembre, Milei realizaba la cadena nacional por Malvinas.

Está claro que todos tomaron nota de lo ocurrido en el terreno legislativo y, además, el recorrido violeta siguió adelante. Esa combinación de política y clima más amplio alimenta ahora el oleaje generado por la referida decisión de la Corte, al punto que el propio tribunal decidió difundir una comunicado –algo inusual– para explicar que no se pronunció sobre la cuestión de fondo. Dijo que rechazó el amparo por una cuestión de legitimidad de los impulsores -con criterio restrictivo, según sus críticos- y que siguen abiertas instancias judiciales, además del camino legislativo.

El segundo síntoma lo constituye la incomodidad del Gobierno, que queda otra vez frente a un tema que ya le produjo costos y enfrenta una inesperada alteración de sus planes legislativos. La oposición volvió a apuntar contra el DNU y decidió impulsar una sesión especial en Diputados para mediados de este mes. La suerte de esa movida es un interrogante. Pero alcanza para que el oficialismo analice alternativas. Necesita sumar aliados y provinciales detrás de alguna propuesta que deje de lado el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Por ahora, ideas variadas: impulsar una nueva ley, retomar el texto de propiedad privada con cambios, incluir el tema en el texto de la ley por Malvinas.

Los tiempos corren y en el plano judicial, para salvar el límite marcado por la Corte, asoman posibles jugadores legítimos. Puede ser alguna provincia en manos de gobernadores que no suelen responder a Olivos. Y también, legisladores. Por lo pronto, ya lo hicieron Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, que dejaron planteada la intención de recurrir directamente a la Corte si se demora la primera instancia judicial.

No es este el único que coloca a la gestión libertaria frente a contradicciones en su propio discurso. Es notable en materia económica. Y lo exponen Milei y Luis Caputo, protagonistas centrales de esta especie de costo autoprovocado en materia narrativa. El Presidente viene utilizando hasta escenarios internacionales para tratar de sostener el viraje en sus pronósticos, considerados al menos inoportunos en filas propias.

El ejemplo más notorio tiene que ver con la evolución de la economía, que alguna vez el Presidente graficó con una frase soez sobre la velocidad del crecimiento. Y que el ministro definió, en abril, como el inicio de los “mejores” dieciocho meses de la economía. Cambiaron los tiempos y también las condiciones que demandaría ese vuelco. Primero desde Nueva York y esta semana desde París, Milei ató todo al resultado de los comicios del año que viene. “Si somos reeelectos, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, dijo.

Pero no sólo eso. En la mirada de Olivos, los problemas tienen origen ajeno. Y los cambios de proyecciones -por ejemplo, la inflación con un cero adelante- son atribuidos a movimientos desestabilizadores. Milei repitió en estos días que enfrentó siete intentos de golpe, cuarenta proyectos en contra del equilibrio fiscal y hasta apuestas de algunos operadores de los mercados. Agregó otro ingrediente: “Gente haciendo actos terroristas en la calle”. Eso último, asociado a sus dichos sobre la expulsión o freno unos treinta mil “terroristas” que pretendían ingresar al país.

Está claro que ese cuadro carece de datos que lo sostengan. Asoma como parte de la acelerada carrera electoral, jugada desde el primer día a la polarización extrema con el kirchnerismo: una batalla que no deje espacio para ninguna propuesta diferente. Es una estrategia básica, con pinceladas cada vez más visibles de lo que suele calificarse como “campaña del miedo”.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo”, llegó a anatematizar Luis Caputo. ¿Suma o resta con ese tipo de declaraciones? La respuesta asoma en el doble ensayo de hacer campaña en esos términos y transmitir un mensaje de otro tono al mundo empresarial. Resulta difícil el intento de hacer equilibrio entre alarmar sobre riesgos ciertos de un triunfo opositor y, al mismo tiempo, negar esa posibilidad para no generar un efecto contractivo.

Ese es un riesgo. Y en cualquier caso, efecto directo de los giros y desmesuras del discurso. No se trata sólo de una cuestión de estilo.

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A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV, el Gobierno mantuvo el habitual silencio —al menos en las primeras líneas— ante las renovadas críticas que emitió ayer el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Y planean hacer lo propio de cara a los cuestionamientos que, descuentan, se precipitarán hoy durante la peregrinación a Luján.

La orden histórica de los hermanos Milei a sus ministros y secretarios de mantener “sin politizar” la relación con la Iglesia se mantiene intacta. Pero por lo bajo en la Casa Rosada apuntan contra el monseñor, lo acusan por sus vínculos con el kirchnerismo y distinguen su posición de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, a cargo de Marcelo Colombo.

En sus homilías, García Cuerva suele ser particularmente duro con el mileísmo, aunque sin mencionarlo, por las formas y por el modelo económico y social que propone y aplica el Gobierno. Y ayer retomó el mismo camino.

García Cuerva habló en la puerta de la Catedral Metropolitana, antes de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján. Consultado sobre el país que encontrará el Pontífice al visitar el país entre el 8 y el 11 de noviembre, dijo que se va a encontrar con “una Argentina herida, una Argentina dividida”. También habló de un país “en crisis” y con un porcentaje alto de pobres. Y pidió evitar que el Papa sea ubicado de uno u otro lado de la grieta.

Antes había señalado que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno y destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo. Y deslizó, además, que los gobiernos nacionales y locales y la Iglesia están sentados a una misma mesa para organizar la visita. Pero esos señalamientos, más conciliadores, no fueron suficientes para evitar que en el oficialismo, incómodos, tuvieran que morderse la lengua nuevamente.

Desde Francia, el Presidente ofreció otra lectura de la situación social tras la suba de la pobreza. En el cierre de la Argentina Week Paris, al recibir el premio al “Economista más influyente” del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, el jefe de Estado se mostró sensible. “No estoy diciendo que la foto sea buena, la foto sigue siendo un espanto, la foto sigue siendo horrible, pero sin lugar a dudas es la mejor película de la historia argentina”, sostuvo.

En Casa Rosada solo permiten que las segundas líneas salgan a responder, mientras las primeras se quedan en el molde. De esa dinámica surge el caso de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, que tuiteó con dureza en respuesta al Arzobispo porteño. Núñez integra las tropas de Santiago Caputo y es de confianza del grupo de tuiteros de Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”.

En el oficialismo señalan que hay internas entre los sectores de la Iglesia. Distinguen entre el Episcopado y el arzobispo porteño: según comentarios en off the record, los Milei valoran más al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Un alto funcionario de Casa Rosada explicó que el vínculo no es uniforme y que “no son los mismos lazos políticos” con ambos. Esa lectura es la que sostiene el apuntar contra García Cuerva sin enfrentarse con el conjunto de la Iglesia.

Si bien su prédica es más resonante, García Cuerva no es el único. Ayer, en una entrevista con A24, el párroco de San Cayetano, Lucas Arguimbau, habló con pesar de la situación de los endeudados, los jubilados y los discapacitados, los principales puntos débiles del Gobierno, junto a la educación universitaria. Fue un mensaje muy crítico con el Gobierno que, como el del arzobispo, no lo mencionó. No es la primera vez que la Iglesia porteña pone esos temas sobre la mesa: el 7 de agosto, en la misa de San Cayetano, García Cuerva había dicho que la libertad económica no puede ser absoluta y pidió por los pobres y los endeudados.

Lo dicho por García Cuerva ayer fue un adelanto de la Iglesia. Y se esperan más críticas hoy, en la peregrinación a Luján. Eso podría empañar los esfuerzos del Presidente por ensalzar las inversiones conseguidas en Francia, en medio de los cuestionamientos por el estado de la actividad de la economía. Hay sectores que repuntan, como los de la minería y el petróleo, pero la industria y el comercio caen con fuerza y hay cada vez más despidos.

Peregrinación a Luján. El Arzobispado informó que monseñor García Cuerva atenderá a la prensa entre las 7 y las 7.30 en el santuario de San Cayetano. La imagen peregrina saldrá de allí a las 10.

Para entonces es probable que el Gobierno vuelva a escuchar señalamientos.

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de “desprotección y vulnerabilidad” y el DNU 70/23 “lesiona la integridad territorial” de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, agregó.

El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.

El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “C.E.C.L.M.” tuvo como consecuencia la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023”. Esto dejó a la provincia “en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.

Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.

Esto se debe a que altera de forma sustancial “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial”. Asimismo, “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.

“Resguardar los derechos de Misiones”

La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que “siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales”.

El mandatario señaló que su provincia tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay. Y también “una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sentenció.

El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023”.

El fallo de la Corte

El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.