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Y un día Milei descubrió el nacionalismo

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Era la estación que faltaba, pero a la que finalmente llegó. Un día Javier Milei descubrió el nacionalismo como insumo para tratar de recuperar imagen y soporte político. Lo que hasta ahora había estado ausente en su narrativa y lo diferenciaba de sus pares de la nueva derecha mundial lo encontró en el último campeonato mundial de fútbol.

La llamada “ola antiargentina”, calificada por el Gobierno como “campaña antiargentina”, desatada e instalada en redes sociales, especialmente en las instancias finales de la Copa, aportó el contexto para que un nuevo eje discursivo y de acción fuera adoptado por Milei.

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El monitoreo permanente del universo digital, que hace el comando liderado por Santiago Caputo, había detectado ahí un terreno fértil, especialmente entre sus seguidores, para intentar cultivar un nacionalismo que ya otros gobiernos populistas habían explotado en circunstancias adversas.

En las últimas semanas se habían encendido luces amarillas en la Casa Rosada por la consolidación de una tendencia negativa en el humor social respecto del Gobierno y se buscaba con urgencia un nuevo repertorio para recuperar el protagonismo en la agenda pública. La usina comunicacional mileísta recurrió, entonces, al manual: en tiempos de crisis, la construcción de un enemigo externo y la instigación al nacionalismo pagan.

Por eso, no debería sorprender (y, menos aún, resultar indiferente) que en las primeras horas de este jueves el Gobierno lanzara (y publicitara) un decreto reglamentario de la ley de migraciones que habilita el rechazo o la expulsión de extranjeros “que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en alidad de este último”.

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El escenario parecía propicio y las circunstancias por las que atraviesa el oficialismo lo explican y lo autojustifican. El horario y la forma en la que se difundió no fueron casuales: por las redes sociales y apenas despuntaba el día para que ocupara los títulos de apertura de los portales de noticias y programas de radio y televisión, de forma que se viralizara.

La decisión presidencial no pasó inadvertida. De inmediato circuló, fue celebrada por las milicias digitales libertarias y defendida por los voceros habituales del oficialismo. Pero también despertó la crítica de un muy amplio espectro de constitucionalistas, de distintas organizaciones de la sociedad civil y de dirigentes opositores, alarmados, sobre todo, por el margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades el decreto respecto de conductas no detalladas ni tipificadas. “¿Quién define qué es un mensaje de odio?”, es la pregunta del momento.

Nada de eso, sin embargo, pareció afectar al súper asesor y su equipo, impulsores y ejecutores del decreto, con el que dicen solo haber dado forma y curso a una idea que tiene un único autor, que es el Presidente, cuya figura, algo dañada en las últimas encuestas de las consultoras más serias, se pretende reparar. Al mismo tiempo, ellos necesitan recupera su confianza. Eso sí, nadie oculta que la autoría material corresponde a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, la muy caputista María Ibarzabal Murphy.

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“Es, por lejos, el comunicado más likeado de la historia de la OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) desde su creación. Cuadruplica los números de los mejores comunicados, que rondaban los 40.000 likes y está ya está superando los 200.000. Y en Instagram y en X es también el más likeado y compartido”, se jactaba ayer a media tarde una de las personas más cercanas al gurú, que también se afana por recuperar influencia y cree haber encontrado en la veta nacionalista la clave de bóveda.

El entusiasmo del colectivo caputista pareció no reparar en que esa admisión implica, por contraste, subrayar el relativo interés público despertado por centenares de anuncios presidenciales previos. Incluido el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las mayores obsesiones de Milei, que motivó la flamígera cadena presidencial de anoche. Otro ladrillo más en la construcción del enemigo.

“Evidentemente, nos metimos en la mesa de la gente. Cuando pasan esas cosas es porque eso ya se estaba hablando y lo único que hiciste fue sumarte a la conversación. Si estás conectado con la realidad, se nota muchísimo cuando comunicás”, ampliaban con notable euforia desde la oficina de Santiago Caputo. Quizás en un tiro por elevación a sus adversarios internos del karinismo que le vienen ganando la disputa por la estrategia política.

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Sin embargo, diversas consultoras que hacen seguimiento de redes sociales relativizan esa afirmación y advierten que si bien lo de “la ola antiargentina” tuvo una atención transversal, no ocurrió lo mismo con las reacciones oficiales y, menos aún, con el decreto nacionalista.

“Por el seguimiento que hicimos, advertimos que el tema se encapsula en una burbuja oficialista que lo apoya, pero casi no incluye a sectores ajenos al oficialismo. Y si se potenció fue por la reacción negativa de opositores políticamente comprometidos, pero no por la interacción de personas comunes, de sectores sociales no politizados”, señala Patricio Hernández, director de la consultora Méthodo, especializada en el comportamiento en el universo digital.

Así, la conexión con la realidad de la que hablan el asesor y su equipo parece centrarse en las muy difundidas reacciones de un orgullo nacional herido que se sucedieron tras las críticas generalizadas a los argentinos como racistas y transgresores, por un lado, y por haber gozado el seleccionado nacional de supuestos beneficios por parte de la FIFA.

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A eso se sumó el impacto generado por la aparición de la bandera reivindicatoria de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, que portaron algunos jugadores del seleccionado en la cancha después del épico triunfo, en los minutos finales, sobre Inglaterra, que fue celebrada por una buena parte de la sociedad y cuestionada desde el exterior.

Poco importaba que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, hubiera admitido antes del partido que había acordado con la FIFA que no se pudiera ingresar al estadio con elementos que pudieran considerarse “políticos o provocativos”, entre los que incluyó expresamente referencias al archipiélago ocupado por el Reino Unido.

Si, como señala Giuliano Da Empoli, “la nueva política es ira más algoritmo”, las condiciones estaban dadas y se habían probado potentes. Aunque pocas veces haya correlación entre pasión futbolera y política, la fibra del nacionalismo herido alimentaba a los ideólogos del ensayo.

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Sobraba enojo y las redes lo potenciaban. Solo faltaba tratar de capitalizarlo, porque “una vez que la ira se ha desatado se hace posible construir cualquier clase de operación política”, sentencia el sociólogo y escritor italiano, autor de Los ingenieros del caos. Por algo a Santiago Caputo se lo ha bautizado como El mago del Kremlin, otra creación de Da Empoli.

La línea del tiempo de la conducta oficialista es tan recta que muestra y explica con claridad el derrotero que va de las derivaciones mundialistas al decreto de ayer. En eso se inscribe la denuncia de “una campaña antiargentina” por parte de Milei, a la que le agregó la acusación de haber sido financiada en “un 25% por el gobierno de Brasil” para justificar los insultos proferidos en ese país contra el presidente brasileño y un ministro del Tribunal Superior, que derivó en el mayor conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.

En el medio, apareció un oportunista proyecto de ley del diputado caputista bonaerense Agustín Romo para imponer cargos a los extranjeros que estudien o sean atendidos en centros de salud públicos. Globos de ensayo que precedieron la norma presidencial. Además de potenciadores de las acusaciones de xenofobia de los críticos. El fomento de la polarización no sabe de fronteras.

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Legalidad más que dudosa

La viabilidad legal de la disposición presidencial y la probabilidad de su aplicación sin ser judicializada parecen, por eso, ser cuestiones poco relevantes para el Presidente y sus asesores.

El objetivo, admiten en la cima del oficialismo, es netamente político. Parte de una construcción de una ola de acontecimientos para recuperar el centro de la escena política y desplazar de la agenda datos negativos para el Gobierno, que estaban pregnando en la opinión pública, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos seguían mostrando signos positivos.

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La máxima de Steve Bannon, el estratega norteamericano de la nueva derecha, de “inundar la zona” con anuncios, golpes de efecto y medidas de alto impacto social, se había seguido al pie de la letra una vez más. Un regreso a las fuentes que llevaron a Milei a la Presidencia. Aún cuando el clima ya no sea tan benigno.

Sin embargo, las debilidades legales del decreto, advertidas por numerosos expertos, obligarán al Gobierno a potenciar esa táctica, generar constantes hechos de fuerte repercusión y lograr en forma urgente algunos resultados positivos que desplacen este asunto del primer plano, ya que se prevén uno o varios reveses judiciales, si es que el Estado de Derecho sigue gozando de buena salud. Podría ser una prueba de fuego.

“Por un lado, no está justificada la necesidad y urgencia, porque es evidente que no hay una legión de odiadores extranjeros que quieran entrar o que estén en el país. Por otro lado, la categoría de discurso de odio tiene una indeterminación y una vaguedad absoluta y estaría en colisión con el derecho de entrar, salir y permanecer en territorio argentino que establece el artículo 14 CN”, advierte el abogado y excamrista federal Ricardo Gil Lavedra.

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“El decreto es un verdadero dislate. Tiene dos problemas serios. Primero, afecta el principio de legalidad, ya que la idea es que las normas deben ser previas a los hechos y en este decreto se castiga las expresiones previas. Segundo, se afirma que es para proteger el ‘honor’ del Estado argentino, pero solo las personas humanas tenemos honor. Es decir, se usan argumentos falsos. Y, tercero, ya existen normas en el código penal o en el Pacto de San José, que priorizan la libertad de expresión y sólo responsabilizan civil o penalmente por los actos que afecten los derechos de terceros. Ergo, se debe hacer juicios para acreditar si esos extranjeros cometieron actos que dañaron a alguien. Por lo tanto, es un acto inconstitucional”, afirma el abogado Hugo Wortman Jofré, expresidente y actual directivo de Poder Ciudadano.

En la misma línea, el constitucionalista Roberto Gargarella sostiene: “Me parece una aberración inconstitucional. No puede decidirse sobre esta materia por DNU; no puede modificarse la ley de migraciones dejando de lado al Congreso; contradice su discurso e iniciativas en otras áreas (como la Ley de Tierras). Sin contar con que esto se lleve pésimo con la (burda) retórica alberdiana que suelen invocar cuando les conviene”.

En el plano legal, por lo tanto, parece que sobrará trabajo para los tribunales. Habrá que ver, entonces, si con el (re)llenado y reconfiguración que con tanta celeridad está llevando a cabo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno logra fallos que refuten los argumentos de los críticos.

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Mientras tanto, queda instalada la nueva retórica nacionalista adoptada por el presidente anarco-libertario aperturista. Todo sea por recuperar terreno y ocupar el centro de la escena en días complicados.




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El abogado brasileño que defiende a Cristina Kirchner afirmó que las decisiones de la ONU son vinculantes para el país

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El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo jurídico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato, cuestionó hoy la atribución de responsabilidad penal a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y advirtió que el criterio aplicado en la condena llevaría a que ningún presidente argentino pudiera quedar en libertad. “Si llevamos en serio ese criterio, ningún presidente de Argentina va a quedarse en libertad”, afirmó el letrado paulista, quien integra la nueva defensa internacional de la expresidenta ante la ONU junto al español Javier Borrego y Carlos Beraldi.

En diálogo con Infobae a las 9, Valim señaló que la condena presenta “un problema técnico muy serio” desde el punto de vista del derecho administrativo, al atribuir a Kirchner, en su rol de presidenta de la Nación, responsabilidad sobre contratos firmados por la provincia de Santa Cruz con la Dirección Nacional de Vialidad, un ente autárquico.

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“Desde el punto de vista del derecho administrativo es una barbaridad lo que hicieron”, afirmó, y recordó que en Argentina la administración pública nacional recae sobre el jefe de gabinete y no sobre el presidente, a diferencia de lo que ocurre en Brasil.

El letrado también fue categórico al referirse al alcance de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ante el cual la defensa presentó una Comunicación Individual para cuestionar el proceso judicial. “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo Valim, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una decisión sobre una comunicación individual ante ese organismo puede ser base para la revisión de una sentencia firme.

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En este punto, la defensa solicitó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que actualmente funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Sobre la inhabilitación, Valim fue directo: “El comité rechaza inhabilitaciones perpetuas o inhabilitaciones políticas muy largas. Hay precedentes muy claros sobre eso”, dijo, y citó casos europeos en los que el organismo revisó sanciones de entre cinco y ocho años impuestas a altos funcionarios.

Para explicar la elección del Comité de la ONU por sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valim destacó que la vía elegida ofrece acceso directo sin necesidad de pasar por una comisión previa, y que no rige un plazo de prescripción comparable. “En el reglamento del comité se dice que no se puede abusar del derecho de acceder al comité, y ponen como plazo que sería un abuso cinco años”, precisó, ante las críticas que apuntaban a que la presentación llegaba tarde.

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Sobre el carácter vinculante de una eventual cautelar favorable, Valim admitió que el Estado argentino podría no acatarla, tal como ocurrió en Brasil con el caso Lula, pero advirtió sobre las consecuencias de ese camino. “Se quedó insostenible la situación del propio poder judicial brasileño, porque hubo una presión internacional”, recordó. Aclaró que aquel incumplimiento no tuvo consecuencias jurídicas directas, pero que precipitó la resolución del caso al volver evidente la arbitrariedad del proceso.

Consultado sobre la posibilidad de que Kirchner participe en las primarias del peronismo pese a su inhabilitación, Valim respaldó la tesis de Borrego, que sostiene que la restricción alcanza solo a los cargos públicos electivos y no a la etapa previa de las internas partidarias. “Las restricciones a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de una manera restrictiva y nunca ampliativa”, argumentó. Reconoció que la interpretación generó controversia, aunque aclaró desconocer si también dentro del entorno de la expresidenta.

Sobre su vínculo con Lula, Valim precisó que el mandatario brasileño “sabe que estoy trabajando en eso” pero que no discuten estrategia legal. Fue el propio equipo de Kirchner el que lo contactó a principios de año. “Yo no estoy acá como un militante político, estoy como un abogado”, subrayó.

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Al ser preguntado por los periodistas Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre si Jair Bolsonaro podría recorrer el mismo camino internacional, respondió que su condena le parece correcta desde el punto de vista jurídico. “Él intentó de una manera comprobada hacer un golpe de Estado en Brasil. Y a golpistas se les reserva la cárcel”, dijo. Sí se mostró crítico de la decisión de la justicia brasileña de impedir al presidente Javier Milei visitar a Bolsonaro: “Desde el punto de vista constitucional, de las libertades, no es correcto eso”.

La próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para octubre, cuando la defensa espera obtener una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.

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El discurso completo de Javier Milei sobre la reforma al Banco Central por cadena nacional

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El presidente Javier Milei brindó este jueves los detalles del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) a través de una cadena nacional. La propuesta, anunciada desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, representa uno de los cambios más relevantes presentados por su administración.

Milei habló de un conjunto de reformas estructurales que se caracterizan por ser “las más importantes de los últimos 91 años”.

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Entre las principales definiciones, sostuvo que ya no habrá cinco objetivos para un instrumento y que la misión fundamental del Banco Central volverá a ser preservar la moneda; anunció la prohibición de modo taxativo de la financiación del Estado; el blindaje del presidente de la entidad monetaria y el directorio de los atropellos de la política; la restricción del pago de dividendos por los resultados de la prestación del servicio de liquidez; y la eliminación de cuajo de otros cambios que fueron introducidos en la carta orgánica de 2012.

Además, anunció que esta reforma formará parte de un programa más amplio integrado por la reforma del “grillete fiscal”, que incluirá al mercado de capitales y al mercado de seguros.

Cadena Nacional de Javier Milei: el presidente anunció las reformas del Banco Central

El discurso completo

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Buenas noches a todos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial la reforma de la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000 por ciento repito 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos.

Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa inflación acumulada asciende a 168.580 por ciento. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos.

Otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad. En dicho momento cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos. Es más, dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares, que se podría haber ganado por esas reservas. Sin embargo, la voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares.

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A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos. Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria y la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoreaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados.

La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es para estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos es razonable que eso pase por la casa del pueblo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociado a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico.

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Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ceder girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Sin embargo, esta reforma no funcionará sola, forma parte de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado grillete fiscal, una reforma al mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros que procederé a explicar a continuación. Respecto al grillete fiscal se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado.

Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así: Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y, principalmente, durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente. Quiero ser claro anticipándome a quienes viven de desinformar, esta ley protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado.

Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. En segundo lugar, enviaremos dos proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesite inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión.

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Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir. Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora, permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar. Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento. Y para cerrar, un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado.

Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente, por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas. Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos. Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad.

Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias.

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El Gobierno nombró a un exintendente de Bariloche en la CNEA y busca fortalecer su armado electoral en Río Negro

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El presidente Javier Milei designó al exintendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en una decisión que combina el fortalecimiento de un área estratégica del Estado con el crecimiento del armado político de La Libertad Avanza en Río Negro.

La designación fue oficializada mediante el Decreto 673/2026 y ubica al ingeniero nuclear al frente de uno de los organismos clave del sector energético nacional, en momentos en que el Gobierno lleva adelante un profundo proceso de reorganización de su estructura.

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La CNEA atraviesa una etapa de reformas impulsada por el Ejecutivo, que dispuso una reducción cercana al 58% de su estructura administrativa a través del Decreto 655/2026. El plan contempla la disminución de las unidades organizativas del organismo y forma parte de la estrategia oficial para reducir el tamaño del Estado.

El senador nacional Enzo Fullone es uno de los armadores de La Libertad Avanza en Río Negro. (Foto: X @FulloneEnzo)

Pero además, la llegada de Gennuso a la conducción de la CNEA también consolida el vínculo político que el exintendente viene construyendo con el oficialismo nacional. En junio ya había sido designado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el centro de medicina nuclear de Bariloche que desarrolla sus actividades bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Leé también: La oposición rechazó el DNU de Milei para expulsar extranjeros y buscará frenarlo en el Congreso y la Justicia

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En el entorno del exintendente de Bariloche señalaron a TN que la decisión de designarlo en la CNEA tiene que ver “estrictamente con su campo profesional y de gestión”. “Lo buscaron sin saber la interna ni nada que tiene en la provincia”, remarcaron.

Lo cierto es que Gennuso tiene decidido competir por la provincia en 2027. Es un viejo anhelo para el hombre que fue dos veces alcalde de una de las ciudades clave de Río Negro.

En el pasado, supo ser una suerte de aliado del gobernador Alberto Weretilneck, pero su relación se deterioró con el tiempo y hoy ya no tienen diálogo. De momento, analiza opciones para ver cómo y con quiénes competirá en las elecciones provinciales. “No descarta nada”, indicaron en sus filas respecto de una eventual alianza con La Livertad Avanza.

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El escenario en Río Negro rumbo al 2027

En la Casa Rosada buscan ampliar la presencia de La Libertad Avanza en Río Negro y sumar dirigentes con proyección para disputar la gobernación en 2027.

En ese esquema, Gennuso se incorporaría a un espacio que en la provincia también integran el senador nacional Enzo Fullone, el diputado Aníbal Tortoriello y los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich, todos vinculados al crecimiento del espacio libertario en el distrito.

De concretarse, su desembarco representaría además un nuevo golpe para Juntos Somos Río Negro, el partido que gobierna la provincia. Gennuso fue intendente de Bariloche durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2023, bajo ese sello político, aunque en los últimos años profundizó sus diferencias con Weretilneck.

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Alberto Weretilneck no confirmó todavía si irá por la reelección pero se espera que compita en 2027. (Foto: Gobierno de Río Negro).
Alberto Weretilneck no confirmó todavía si irá por la reelección pero se espera que compita en 2027. (Foto: Gobierno de Río Negro).

El distanciamiento comenzó durante el armado electoral de 2023 y se profundizó con cuestionamientos del exintendente a la conducción del espacio y al mecanismo de selección de candidatos. También criticó lo que consideró una pérdida de protagonismo de Bariloche dentro de las decisiones políticas del gobierno provincial.

En paralelo, dirigentes que integraban el sector político de Gennuso comenzaron a acercarse a La Libertad Avanza. Entre ellos figura la legisladora Marcela González Abdala, quien recientemente formalizó su afiliación al partido, en un contexto en el que la fuerza libertaria ya obtuvo reconocimiento para competir con sello propio en Río Negro.

Antes de iniciar su carrera política, Gennuso desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito científico. Es ingeniero egresado del Instituto Balseiro, trabajó en el Centro Atómico Bariloche y participó en proyectos internacionales vinculados al desarrollo de reactores nucleares durante la década de 1990.

El exintendente también enfrenta una investigación judicial por presunta administración fraudulenta, una causa que fue reactivada durante la gestión de su sucesor en Bariloche, Walter Cortés. Gennuso rechaza las acusaciones y sostiene que la denuncia forma parte de una persecución política impulsada desde el gobierno provincial.

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Si bien se espera que Weretilneck vaya por otro mandato, tidavía no confirmó si irá por la reelección. Pero ya hay una candidata oficial y es del peronismo: la intendenta de General Roca, María Emilia Soria.

La exdiputada nacional es la hermana del exministro de Justicia y ahora legislador nacional, Martín Soria. Ambos son hijos del exgobernador Carlos Soria. Curiosamente, Weretilneck llegó al sillón provincial por primera vez luego del asesinato de Soria, en enero de 2012, cuando era el vice electo del peronismo.

La Libertad Avanza, Río Negro, Javier Milei

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