POLITICA
El PRO debate un acuerdo con Milei: la foto de los primos Macri y el “tapado” que quiere ser candidato
A simple vista, la foto mostró exactamente lo que el PRO quería mostrar: Mauricio Macri y Jorge Macri compartiendo una reunión de trabajo, revisando la marcha de la gestión porteña y dejando atrás varias semanas de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento político. Pero detrás de esa imagen de distensión siguió abierta una discusión que el partido todavía no resolvió: cuándo, cómo y bajo qué condiciones construir un acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ese fue, hoy, el verdadero debate que atravesó al macrismo. No se discutió si el PRO terminaría o no construyendo un entendimiento con el espacio de Javier Milei. La discusión pasó por el momento en que debería hacerlo, el margen de autonomía que debía conservar hasta entonces y si todavía tenía sentido preservar la posibilidad de presentar un proyecto presidencial propio.
La reunión del lunes en la sede del Gobierno porteño, en Uspallata, terminó convirtiéndose en la primera expresión visible de ese delicado equilibrio.
Según pudo saber Infobae, el encuentro estuvo lejos de ser una cumbre para discutir candidaturas o alianzas. Jorge Macri repasó junto a Mauricio Macri los principales indicadores de la Ciudad, la evolución de las cuentas públicas y distintos aspectos de la administración. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine; y el diputado nacional, secretario general del PRO y principal espada política de Mauricio Macri, Fernando De Andreis.
En el entorno del jefe de Gobierno rechazaron de plano la idea de que existiera una crisis con el ex presidente. Admitieron que existían diferencias de enfoque sobre la estrategia frente a La Libertad Avanza, pero sostuvieron que el vínculo político y personal entre ambos continuó siendo bueno y atribuyeron las versiones sobre un supuesto conflicto a interpretaciones externas que, según esa mirada, magnificaron desacuerdos que nunca dejaron de ser administrables.
En Uspallata también buscaron despejar otra interpretación que consideraron equivocada: la de un Jorge Macri enfrentado con la Casa Rosada. Cerca del jefe de Gobierno describieron una relación fluida con el presidente Javier Milei y con varios integrantes de la primera línea del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ese canal de diálogo, agregaron, también existió con la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, especialmente para abordar cuestiones vinculadas con la gestión porteña.
La convivencia institucional, sin embargo, no eliminó el debate político. Sobre todo, porque hay una figura que es central en cualquier acuerdo: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, titular de La Libertad Avanza y la voz que más escucha el jefe de Estado.
El debate interno del PRO por el acuerdo con La Libertad Avanza
Dentro del PRO convivieron hoy dos miradas respecto de la relación con La Libertad Avanza. Un sector importante del partido —integrado por gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes con fuerte peso territorial, entre ellos Cristian Ritondo— consideró que el entendimiento con el oficialismo debería comenzar a consolidarse cuanto antes para repetir el esquema electoral de 2025, cuando ambas fuerzas compitieron juntas y lograron imponerse tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
La incorporación de Ritondo a la mesa política del PRO porteño fue interpretada precisamente como otro gesto en esa dirección. Quienes impulsaron esa estrategia creyeron que el electorado ya validó esa experiencia y que anticipar un acuerdo permitiría fortalecer una alternativa competitiva frente al peronismo.
Mauricio Macri no rechazó esa posibilidad. Nadie dentro del partido lo ubicó hoy enfrentado a un eventual acuerdo con Milei. Su diferencia pasó por otro lado: creyó que todavía faltaba demasiado para las elecciones presidenciales y consideró un error mostrar desde ahora al PRO dispuesto a integrarse a una alianza cuyos términos ni siquiera comenzaron a discutirse. Para el ex presidente, adelantar esa definición implicó resignar capacidad de negociación y llegar debilitado a una conversación que, inevitablemente, debería darse más adelante.
En otras palabras, el debate no giró alrededor del “qué”, sino del “cuándo”.
Ese matiz explicó buena parte de las conversaciones que atravesaron al partido amarillo. Mientras un sector entendió que la anticipación fortalecía el vínculo con La Libertad Avanza, Mauricio Macri consideró que apresurar esa discusión solo reducía el margen de autonomía política del PRO y limitaba su capacidad para negociar desde una posición de fortaleza.
Fue en medio de ese escenario cuando apareció un movimiento inesperado que sorprendió incluso a dirigentes experimentados del partido.
La irrupción de Lacunza y el candidato propio
Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, reconoció públicamente durante una entrevista televisiva que le gustaría competir por la Presidencia.
“Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación. Sí, me gustaría, pero eso no es una decisión mía”, afirmó. Luego agregó otra definición que también tuvo fuerte repercusión interna: “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”.
La declaración llamó la atención porque Lacunza nunca había expresado de manera tan explícita una aspiración presidencial. Además de haber sido el último ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, hoy es vicepresidente de Racing Club, dirige la consultora Empiria y representa al PRO como director del Banco de Córdoba, cargo al que llegó en el marco del entendimiento político alcanzado con el gobernador Martín Llaryora. El mandatario cordobés, uno de los principales referentes del peronismo no kirchnerista, alternó etapas de cooperación con la Casa Rosada con otros momentos de fuerte confrontación y ya comenzó a preparar el escenario para la elección que definirá a su sucesor, donde una alianza de perfil liberal podría reunir a La Libertad Avanza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
La pregunta empezó a repetirse rápidamente dentro del PRO: ¿Mauricio Macri estaba al tanto de esa declaración? ¿Existió algún tipo de aval previo?
La respuesta que ofreció un histórico dirigente partidario buscó relativizar la discusión.
“Es como lo que hacía Menem. ¿A quién le va a decir Mauricio que no diga que quiere ser candidato a presidente, si quiere serlo?”, resumió la fuente.
Más allá de esa interpretación, la aparición de Lacunza fue leída dentro del partido como algo más que una expresión individual. Para varios dirigentes, volvió a instalar la discusión sobre si el PRO debía reservarse la posibilidad de llegar a 2027 con un candidato presidencial propio, aun cuando más adelante terminara construyendo algún tipo de entendimiento con La Libertad Avanza.
Ese dato tampoco pasó inadvertido en el oficialismo.
En la Casa Rosada existió un objetivo electoral claramente definido: intentar que Javier Milei consiguiera la reelección en primera vuelta y evitar un balotaje que podría unificar detrás de un solo candidato a buena parte de la oposición. Desde esa perspectiva, cualquier candidatura competitiva ubicada dentro del universo liberal o del centro-derecha comenzó a ser observada con atención, incluso cuando todavía faltaran 18 meses para las elecciones. Una postulación propia del PRO podría captar un porcentaje reducido del electorado, pero suficiente para complicar la estrategia libertaria de imponerse sin necesidad de una segunda vuelta.
La foto de los primos Macri buscó ordenar el presente. La aparición del “tapado” que transparentó su intención de ser candidato a presidente empezó a discutir el futuro. Entre una imagen y otra quedó sintetizado el momento que atravesó el PRO: un partido que intenta administrar sus diferencias con Javier Milei sin romper puentes institucionales y que, al mismo tiempo, empezó a preguntarse si en 2027 llegaría como socio político de La Libertad Avanza o con un proyecto presidencial propio.
La discusión no pareció inminente. Falta más de un año para la elección. Pero la reunión de Uspallata y la irrupción de un potencial candidato dejaron una misma conclusión: el partido amarillo todavía no terminó de definir cuál será su lugar en el mapa político que imagina Javier Milei para buscar la reelección.
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POLITICA
Paro docente: el Gobierno dijo que los gremios deben garantizar el 75% de actividad por la reforma laboral
El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, estancando el sueldo mínimo en 500 mil pesos durante el último año y profundizando un escenario de tensión que se había atenuado durante la tregua impuesta por el Mundial de Fútbol.
En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos, y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las acciones de la CGT serán detalladas oficialmente en una conferencia de prensa el lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802.
El Gobierno exige el cumplimiento del 75% de la actividad escolar
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según el artículo 101 de la norma, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.
En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano subrayó que la normativa asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando “el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”. El texto advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado “por los medios legales aplicables”.
La Ley 27.802, que forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, fue mencionada como argumento central por el Gobierno para exigir que los sindicatos garanticen la continuidad del servicio educativo, aun durante las medidas de fuerza. Esta exigencia se fundamenta en el objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.
Reclamos de los sindicatos docentes y contexto del conflicto
La decisión de CTERA de realizar un paro nacional de 24 horas surge de la denuncia de un “ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”, según comunicó el sindicato. Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, la entidad rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, y exige mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
El conflicto sindical docente no es reciente, pero se intensificó tras la negativa oficial a reabrir la discusión salarial que, según CTERA, es el “ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”. La organización también denuncia el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento en la restitución de fondos nacionales destinados a la educación, como el FONID.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero (Unión Docentes Argentinos, UDA), optó por un plan de lucha sin paros, evaluando que el actual marco legal representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total. Entre las acciones previstas se encuentran “semaforazos” en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización de cierre. Las razones de la protesta serán expuestas el lunes por Romero en conferencia de prensa.
Debate judicial sobre la esencialidad del servicio educativo
Aunque la disposición que obliga a mantener el 75% de las actividades mínimas fue objetada judicialmente por los sindicatos, una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita la demanda sindical. Sin embargo, tras la apelación del Gobierno, el límite a la extensión del derecho de huelga se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En este contexto, los sindicatos agrupados en la CGT evaluaron que desobedecer la norma podría exponer a los docentes a “duras sanciones” por parte de las autoridades. La vigencia de la Ley 27.802 fue uno de los motivos por los que la CGT optó por protestas alternativas al paro.
Perspectivas y acciones previstas para agosto
Durante agosto, el plan de lucha de los sindicatos docentes incluirá una serie de medidas que buscan visibilizar el reclamo salarial y la defensa de la educación pública. Además del paro nacional de CTERA del lunes 3 de agosto, se prevén jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas, actividades en la vía pública y una movilización central frente a las autoridades nacionales.
Entre los objetivos sindicales se destacan la recuperación del salario docente, la restitución de fondos nacionales y la defensa de derechos laborales, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios. El Ministerio de Capital Humano reiteró su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo que se pueda acceder a la educación aun durante las medidas de fuerza.
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POLITICA
Kicillof evitó la foto con Máximo en La Rioja y frustró la mediación del gobernador Quintela
LA PLATA.- El cónclave soñado por Ricardo Quintela, en La Rioja, para reunir a Máximo Kirchner y Axel Kicillof en el homenaje al cura Enrique Angelelli fracasó porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires no viaja.
La cubre política imaginada a fin de bajar la tensión entre los principales actores del peronismo bonaerense de cara a 2027 no será este fin de semana. El diálogo político para ordenar a la oposición a Javier Milei no logra concretarse.
Kicillof solo hará un gesto de buena voluntad y enviará a María Cristina Alvarez Rodriguez, jefa de asesores, en una decisión pensada para evitar un desplante a Quintela, que es interlocutor del gobernador y forma en conjunto un frente en contra a Milei. Pero Kicillof esquiva a Kirchner.
En cambio, el gobernador enviará a otro funcionario, Carlos Bianco, a armar políticamente a otra provincia para el Movimiento Derecho al Futuro. El ministro de Gobierno participa de actividades políticas en Entre Ríos. Bianco es uno de los principales artífices de la expansión del movimiento, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y de Trabajo, Walter Correa.
De este modo el gobernador está emitiendo un mensaje claro de autonomía e independencia: el armado federal no depende del aval del líder de La Cámpora, que la última semana volvió a insistir con la candidatura de la expresidenta, Cristina Kirchner.
“Nuestra candidata es Cristina”, repitió esta semana Máximo Kirchner en diversas entrevistas. Kicillof no se lanzó formalmente como candidato a presidente, pero trabaja para fortalecer su movimiento en todo el territorio nacional a fin de llegar con estructura más allá de la provincia de Buenos Aires.
La semana que pasó Kicillof ya había dado otra muestra de autonomía: tampoco asistió a un homenaje por el aniversario de la muerte de Eva Perón convocado por Mariel Fernández, intendente de Moreno y aspirante a suceder a Kicillof, donde también estaba invitado Máximo Kirchner.
Fernández no es neutral: junto a otros diez intendentes peronistas como Federico Otermin (Lomas de Zamora); Federico Achaval (Pilar);Federico Susbielles (Bahia Blanca); Marisa Fassi (Cañuelas); Juan Pablo García (Dolores) Gastón Granados (Ezeiza); Juan de Jesús (La Costa); Gustavo Menéndez (Merlo) Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), buscan estar en la sucesión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Varios de estos alcaldes se vieron en Moreno, en el acto homenaje a Eva Perón.
Kicillof faltó y eligió otro acto, en La Plata, junto al intendente Julio Alak, uno de los armadores del Movimiento Derecho al Futuro. Finalmente Kirchner tampoco fue a Moreno: pero comenzó una semana de alto perfil mediático para instalar la candidatura de Cristina Kirchner.
El diputado nacional tomó la delantera en La Rioja: “Quiero agradecerles en nombre de mi viejo también, que acompañen a Cristina porque es lo que él haría, estaría peleando por ella”, dijo y luego habló del proyecto para recuperar la presidencia en 2027.
“Si tenemos un presidente como Milei, es que hemos cometido muchos errores y muchas veces la gente dejó de escucharnos (…). Esa también es una tarea para el año que viene poder construir una victoria que no tiene que ser la victoria de un partido político o la victoria de una persona, sino que tiene que ser la victoria de los argentinos y argentinas que creen en su país”, manifestó Kirchner.
El diputado nacional visitó una fábrica de Puma cerrada. Y aprovechó para tirar un dardo al gobernador Kicillof: “Les quiero decir que ver esa fábrica en silencio, algo que pasa en muchos lugares también del conurbano de la provincia de Buenos Aires o de diferentes lugares, ver esa fábrica vacía en un pueblo de 3.000, 4.000 personas, donde hablamos de 60 puestos, 70 puestos de laburo. Es la vida del pueblo. No solo de los que trabajan ahí”, dijo.
No obstante Kirchner llamó a una construcción nacional bajo el liderazgo de Cristina: “Nos quieren separar por provincias, y es verdad, cada uno tiene su provincia, sus modismos, sus maneras de entender la vida, pero hay una bandera que nos une y esa bandera la debemos proteger. Porque si nos dividen, si nos balcanizan, si nos parten por las partes, les vamos a hacer muy fácil el trabajo y hay que complicárselas todas”, expresó.
intendente de Moreno,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
Ley de Tierras: el kirchnerismo impulsó un proyecto en PBA y Kicillof envía a su sector a movilizar al Congreso
La discusión por la modificación a la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei –buscará aprobarla la semana que viene en el Senado- pareció despertar al peronismo en territorio bonaerense y, en medio de la discusión interna del sector, mostrarse discursivamente emparentado con todos los espacios.
Es que esta semana el sector kirchnerista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires formalizó un proyecto que busca establecer un régimen de protección del dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La iniciativa lleva las firmas del presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli —referente cercano a Máximo Kirchner—, de Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y de Cintia Romero, diputada de Patria Grande de Juan Grabois. A la par, días atrás el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, fijó la posición formal del gobierno de Axel Kicillof sobre el debate en el Senado: rechazar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Ante esta situación, el kirchnerismo presentó un proyecto en la Cámara baja provincial que va en contramano de lo que busca establecer Milei en el orden nacional. La iniciativa bonaerense, fija límites a la tenencia extranjera de tierras y responde a la derogación de la Ley Nacional de Tierras, así como al avance de la extranjerización en zonas estratégicas del territorio bonaerense.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también había rechazado la derogación de la Ley de Tierras. En un acto realizado el 19 de julio en Avellaneda, el mismo día en que el Senado de la Nación se aprestaba a debatir la modificación de la ley de tierras —propuesta que no se votó por falta de acuerdos y que volverá a tratarse el 6 de agosto—, Kicillof advirtió: “Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”.
En ese momento, el mandatario bonaerense consideró que la iniciativa nacional representa una cesión de soberanía y reclamó que no prospere: “Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”.
El gobernador también había denunciado presuntas presiones del Gobierno nacional sobre los mandatarios provinciales y los legisladores para conseguir apoyo a la iniciativa: “Así vayamos cortándola un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional”.
En su discurso, Kicillof apelaba al triunfo de la Selección Argentina de fútbol sobre Inglaterra y pidió que ese clima se traslade al Senado: “Esperemos que, como ayer dio un ejemplo la Selección, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.
En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof, organiza una movilización para el próximo 6 de agosto. La convocatoria busca expresar rechazo a la modificación de la ley de tierras cuando el Senado de la Nación retome el debate sobre el proyecto que habilita la extranjerización de tierras rurales.
El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece un límite del 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola del territorio bonaerense.
La normativa incorpora requisitos de información y transparencia, prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. La autoridad de aplicación podrá denegar permisos si considera que la operación pone en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorece procesos de especulación y concentración.
Entre los argumentos de los autores, se menciona que la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de la región pampeana y que la derogación de la Ley Nacional de Tierras, mediante el DNU 70/2023, reactivó el debate sobre la defensa de los recursos naturales bonaerenses.
La iniciativa fue presentada como: “En oposición a Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA”.
A priori, la discusión sobre la tenencia y el control de las tierras rurales sugiere un eje capaz de acercar posturas entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense. En un escenario atravesado por tensiones internas y matices en torno a la estrategia y construcción política en vistas a las elecciones del 2027, el rechazo a la extranjerización logra alinear a referentes kirchneristas, del Frente Renovador de Sergio Massa y espacios afines a Axel Kicillof.
Diputados, Noelia Saavedra, Facundo Tignanelli, Cintia Romero
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