POLITICA
El abogado de Cristina Kirchner afirmó que la Argentina deberá cumplir lo que resuelva la ONU: “Es vinculante”
El abogado brasileño Rafael Vadim, integrante del equipo internacional de Cristina Kirchner, sostuvo en Solo una vuelta más por TN que el Estado argentino estará obligado a implementar cualquier decisión que adopte el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la presentación realizada por la expresidenta. Aclaró, sin embargo, que una eventual resolución no sería aplicada automáticamente por los tribunales locales, sino que requeriría medidas internas.
Vadim, quien participó en la estrategia jurídica internacional de Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja en el caso junto con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Conducimos la etapa internacional de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner”, señaló.
Rafael Vadim aseguró que la decisión de la ONU será vinculante
“Podemos afirmar sin ninguna duda que lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante”, afirmó el abogado.
Según explicó, existe “una obligación del Estado argentino” de cumplir las decisiones del organismo internacional, aunque remarcó que eso no significa que el Poder Judicial deba aplicarlas de manera automática.
“El Poder Judicial argentino recibirá esa decisión del comité y tendrá que implementarla”, sostuvo Vadim al describir el procedimiento que, según la postura de la defensa, debería seguirse en el plano interno.
El pedido para suspender la inhabilitación política de Cristina Kirchner
La defensa de la expresidenta solicitó que, mientras se analiza la cuestión de fondo, el organismo internacional dicte una medida provisional para suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Podemos poner como ejemplo el pedido para que se suspenda la inhabilitación política de Cristina hasta la decisión de fondo. Si el comité dicta una cautelar en ese sentido, el Estado argentino tiene que tomar las decisiones para que en el plano interno sea implementada esa decisión”, afirmó Vadim.
“No se trata de una injerencia; fue el pueblo argentino, en su Constitución, en la reforma del ‘94, que dio esa apertura a los tratados internacionales de derechos humanos, incluso les dio rango constitucional. No se trata de una injerencia ni de una cuarta instancia. El comité no va a hacer un nuevo juicio, va a examinar si el caso cumplió con los deberes que están contemplados en la noción de debido proceso legal”, aseguró el jurista.
Y agregó: “La inhabilitación perpetua está en clara contradicción con antecedentes de derechos humanos de Naciones Unidas, hay antecedentes que no permiten esta inhabilitación perpetua o inhabilitaciones largas. O sea que esta decisión de la Corte argentina está vulnerando un antecedente del comité y, por lo tanto, es legítimo que una ciudadana argentina pueda cuestionar esta decisión”.
Sobre la condena, consideró que fue ilegítima. “Lo vamos a poner bajo el escrutinio del comité. Examiné todo el expediente de la causa Vialidad y puedo afirmar que Cristina es inocente; no hay elementos para condenarla”, afirmó.
Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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El Tribunal Oral Federal N.º 2 consideró probado que, durante sus presidencias, intervino en una maniobra destinada a favorecer a empresas controladas por Lázaro Báez mediante 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz, con irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de los contratos que provocaron un perjuicio a la administración pública.
La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por su defensa.
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POLITICA
A 10 años de la primera marcha, los movimientos sociales vuelven a peregrinar por Tierra, Techo y Trabajo
El próximo viernes 7 de agosto, a diez años de la primera peregrinación que visibilizó a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que reclamaban por la “Ley de Emergencia Social”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma—, y organizaciones piqueteras y sindicatos de bases, convocaron a una nueva marcha desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
En un duro comunicado, la UTEP describió la situación marco de la protesta: “La jornada de este 2026 se da en un contexto de extrema gravedad. Las organizaciones venimos denunciando el desmantelamiento absoluto de las políticas destinadas a los sectores vulnerables, la eliminación definitiva de herramientas de ingreso para trabajadores de la economía popular como el Volver al Trabajo (originalmente el Salario Social Complementario), el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios y la parálisis de la urbanización en barrios populares, junto con el avance de medidas que destruyen incluso derechos laborales formales».
La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva. Desde allí, la columna avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde a las 13 se realizará el acto central y la lectura de un documento unitario de las organizaciones.
A lo largo del trayecto se irán sumando organizaciones sociales, políticas, piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y Territorios en Lucha. El grueso de los sindicatos que integran la CGT, como Bancarios, UOM, SMATA, entre otros, recibirán a los peregrinos en la cabecera de Plaza de Mayo, frente al palco desde el cual se leerá un único mensaje que ya consensuaron los dirigentes a cargo de la organización de la protesta contra Javier Milei.
A las 11 de la mañana, sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación, está previsto “un verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde sus orígenes en 2016.
El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de este año: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos”.
Aquella primera marcha de los denominados “Los Cayetanos” fue el puntapié de un proceso que derivó, meses después, en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Entre otros espacios, esa masiva movilización, que unió a casi 300 mil personas, fue organizada por la UTEP, por entonces liderada por Esteban “Gringo” Castro; la CTEP, fundada por Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conducida por Juan Carlos Alderete; y dirigentes de la talla de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita;y Daniel Menéndez coordinador nacional de Barrios de Pie.
La normativa conquistada en base a esos reclamos, de los cuales también participaron las CTA y gremios de la CGT, instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular. Ese derecho conquistado es precisamente el que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar a través del cierre del Programa Volver al Trabajo, predecesor del Potenciar Trabajo.
La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, precisó el alcance de los reclamos de este año: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”. La dirigente también señaló que la movilización del 7 de agosto se realiza “en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás”.
Otro de los dirigentes que participará de la peregrinación de San Cayetano a Plaza de Mayo es uno de los primeros organizadores, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco. En diálogo con Infobae recordó: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las ‘TresT’, Techo, Tierra y Trabajo. Pero esto empezó antes. Fue Saúl Ubaldini (ex secretario general de la CGT ya fallecido) quien lideró la primera marcha contra los milicos genocidas. Desde la cancha de Vélez al santuario de San Cayetano. Fue un 7 de noviembre de 1981. Él lo dice en un reportaje. Mientras las instituciones se cerraban, San Cayetano los recibió. Pero esto viene aún de más atrás. Cuando en 1930, con la sequía, un anónimo laburante del campo deja una espiga a los pies de la imagen del santo en nuestra querida iglesia en Liniers. Ahí empieza esto tan criollo, tan nuestro, que el santo venido de Nápoles, Italia, por San Mama Antula se hace patrono del pan y el trabajo porque logra que llueva en la sequía”.
Las organizaciones denuncian además el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis de la urbanización en barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur —una de las agrupaciones de Territorios en Lucha que también participará de la jornada—, advirtió que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”.
La movilización del 7 de agosto viene precedida, además, por una marcha al Congreso el jueves 6 de agosto. Ese día, la UTEP, junto a organizaciones sindicales y sociales, repudiará el debate en el Senado del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone la derogación y modificación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La norma impulsada por el oficialismo eliminaría el tope del 15% vigente para la extranjerización de tierras rurales y lo elevaría al 25% y quitaría restricciones para adquirir tierras que contengan recursos hídricos y minerales.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas del sector al decir: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas. Estas son nuestras demandas históricas y, como decía nuestro hermano el papa Francisco, son derechos sagrados”.
La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción. “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”, dijo.
El secretario de Organización de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, amplió el horizonte político de la convocatoria: “Este 7 de agosto volvemos a ganar las calles con la unidad del conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Juntando fuerzas que nos permitan construir un proyecto político que termine con tanta sumisión al FMI; que le ponga fin a tanto ajuste y sufrimiento a nuestro pueblo”.
La marcha de San Cayetano es el primer hito de un agosto con agenda sindical densa. La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.
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Tras el paro docente, el Gobierno destacó a las provincias que garantizaron el servicio mínimo y criticó la posición bonaerense
La Casa Rosada siguió de cerca este lunes las repercusiones del paro nacional docente y en qué distritos se garantizó el servicio mínimo del 75% de actividad en las escuelas. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por “escatimar” la información y evitar las inspecciones de Nación.
“Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios”, enfatizaron a TN desde Balcarce 50, donde aclararon que las eventuales consecuencias no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza.
Para dar cuenta del cumplimiento de los pisos de prestación mínima establecidos por la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo.
Fuentes oficiales aseguraron a este medio que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo de actividad en sus escuelas. En contraposición, que la provincia de Buenos Aires obstaculizó la recopilación de información sobre las escuelas en su jurisdicción.
A su vez, en Entre Ríos, Chubut y San Juan informaron que hubo un “muy bajo acatamiento” a la medida.

Los cuestionamientos de la Casa Rosada al gobierno bonaerense tienen que ver con una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio para actuar frente a los eventuales pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante el área que dirige Julio Cordero para que se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público del distrito.

En ese sentido, el texto argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.
“El punto es la incoherencia. La provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, (el paro) es un tema de ellos”, replicó un funcionario nacional a TN. En ese sentido, la Casa Rosada cuestionó el accionar de los gremios docentes de realizar un paro nacional cuando las negociaciones salariales son responsabilidad de las provincias. “La medida de fuerza se tornó muy politizada”, remarcaron.
Leé también: Paro docente en todo el país: CTERA dijo que el acatamiento fue “altísimo” y desafía al Gobierno
CTERA justificó la convocatoria al paro de 24 horas en todas las escuelas del país en el rechazo del Gobierno de convocar a una Paritaria Nacional Docente en un contexto donde el sueldo mínimo de los docentes continúa alrededor de los $500 mil.
Así, el sindicato reclamó un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —herramienta para pagar un adicional a los maestros y profesores que fue eliminada en 2024— y un mayor financiamiento para el sistema educativo, entre otros puntos. Para el sindicato, la jornada de huelga tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”.
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Milei abre la puerta a un acuerdo con aliados para definir su compañero de fórmula en las elecciones de 2027
“La política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de eso se puede tomar una opción u otra”, admitió el presidente Javier Milei, el día después de haber revelado que había definido el nombre de su compañero de fórmula para 2027. Aunque el mandatario sostuvo que tenía un nombre elegido, esta mañana admitió que existen alternativas en carpeta y no le cerró la puerta a definir el candidato a Vicepresidente en función de un eventual acuerdo electoral.
Lanzado el operativo por la reelección del libertario, en Casa Rosada garantizan que una de las condiciones para definir al candidato es que responda políticamente al Poder Ejecutivo. En La Libertad Avanza aspiran a evitar un desenlace similar al generado con Victoria Villarruel, de nula relación con el Presidente, por lo que intentarán designar a una persona del entorno del libertario. “Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el Vice no responda a Casa Rosada”, plantearon desde el oficialismo ante este medio.
A diferencia de la estrategia adoptada en 2025, en Balcarce 50 se muestran receptivos a nuevos entendimientos electorales con mandatarios provinciales y con partidos aliados como el PRO y la UCR. En los dos últimos casos, la negociación es aún más compleja, en particular con el partido que lidera Mauricio Macri, donde la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires oficia de parteaguas.
Asimismo, algunos interlocutores violeta ven con buenos ojos contemplar la posibilidad de tener un Vicepresidente que provenga del interior del país, en la búsqueda por otros cuatro años de gestión de Milei, pero aseguran que todavía no hay definiciones al respecto.
Luego de contar que tiene resuelto quién será la persona que lo acompañará en la disputa por un nuevo mandato, Milei planteó que cuenta con un “conjunto de personas” que califican para el cargo, pero evitó dar mayores precisiones debido a que considera que “la política es dinámica”. “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, pero la política es dinámica y pueden ocurrir acuerdos”, precisó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.
Como contó este medio, entre los nombres que evalúa la administración libertaria aparecen la jefa de la bancada violeta en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien admitió sus intenciones por competir en 2027, y figuras alineadas con el libertario como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si bien este medio consultó con esta última, no obtuvo respuesta.
Pese a que desde su entorno lo negaron, el nombre del actual titular de la Cámara de Diputados –Martín Menem- es otro de los mencionados en las filas oficialistas por su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por su alineamiento con el Presidente. También el de la menor de los Milei en lo que configuraría una fórmula estrictamente pura de “Milei-Milei”.
La discusión sobre el futuro compañero de fórmula cobra especial relevancia en medio del deterioro definitivo de la relación entre Milei y Villarruel, quien ya no oculta sus diferencias con el Poder Ejecutivo e incluso acusó al mandatario de tener “persecuciones imaginarias”. Esto llevó a que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le sugiriera dar un paso al costado.
Por su parte, el mandatario se hizo eco de las declaraciones de la Vice y evitó confrontar con la que supo ser su compañera de fórmula en 2023. “Cada vez que alguien cambió la realidad lo tildaron de loco. Entiendo que los enamorados del status quo, al que quiere cambiar las cosas, lo traten de loco”, sentenció.
Pese a ello, le facturó a Villarruel el intercambio con los gobernadores peronistas de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y el homenaje en el Senado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón.
“No es tan importante Victoria Villarruel”, arremetieron por los pasillos de Casa Rosada para desmentir que el anticipo del mandatario respondiera a los chispazos ocasionados en los últimos días. A poco más de dos años de gestión, el vínculo entre el Presidente y la Vice está completamente roto.
ceremonia de investidura – jura de cargo / toma de posesión de javier milei como presidente de argentina – bastón de mando / bastón presidencial,políticos
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