El conflicto por la actividad aeroportuaria dio un paso más y este martes el Gobierno oficializó mediante un edicto la intimación a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades. La medida se publicó en Boletín Oficial en respuesta al paro por tiempo indeterminado que se inició tras un decreto de desregulación que modifica el régimen del servicio.

La decisión de los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos afectó el comercio exterior, que quedó “totalmente paralizado”, según indicaron fuentes del caso a Infobae. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

En consecuencia, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a 536 trabajadores de la rama a que retomen de manera inmediata la prestación, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, subrayó la PNA, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo – documento que acompaña el texto oficial – a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Es esta última la decisión del Gobierno que puso en jaque la actividad y lleva la firma del presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.

El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

El texto cita el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”, y el artículo 194, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”. La PNA argumentó que la interrupción del practicaje podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos, ya que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.

Los profesionales del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Esto repercute directamente en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.

Impacto de la medida de fuerza

Las consecuencias del paro se hicieron sentir de inmediato. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, según alertó el Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. Varias operaciones ya programadas fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales a través de las cuales se distribuye nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.

Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación era necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.

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Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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Chubut, Neuquén y Río Negro volvieron a mostrarse unidos. La firma de un convenio de gas entre Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, funcionó como excusa para una postal que resucita, aunque sea por un momento, el viejo armado federal patagónico: Weretilneck fue el anfitrión en Bariloche, mientras que Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) se sumaron de modo virtual.

El encuentro tuvo como excusa formal la ampliación de la red de gas en seis barrios barilochenses que beneficiará a más de 1.600 vecinos, aunque la inmediata lectura política fue otra: un trabajo conjunto entre las tres provincias que viene de antes.

Weretilneck resumió el espíritu del encuentro con una frase que apunta directo al vínculo regional: «Sabemos que no hay nada mejor para un patagónico que otro patagónico“.

Torres, por su parte, conectó la obra puntual con una lectura política más amplia sobre el vínculo entre las tres provincias, al calificar la ampliación de la red como una expresión de federalismo y anticipar que seguirán las iniciativas conjuntas con Río Negro y Neuquén.

El trabajo tripartito no es reciente. Los mismos tres mandatarios ya habían escenificado la unidad regional un mes atrás, cuando Torres y Weretilneck cerraron en El Bolsón un litigio judicial de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, con un acuerdo de obra eléctrica por $17.000 millones para la Comarca Andina. En esa oportunidad, Torres había anticipado que la sintonía entre las tres provincias seguiría dando frutos en obras conjuntas, y Weretilneck había apelado a la identidad patagónica compartida por encima de los límites provinciales.

A eso se suma la conexión, meses antes, entre el gasoducto San Martín y el Gasoducto Cordillerano, otra obra tripartita que permitió dar factibilidad de gas a más de 12.000 familias de la región.

Aunque desde el entorno de los mandatarios son más escépticos sobre la “foto” y arriesgan que son “cuestiones de gestión”, el rebranding del antiguo grito federal no pasó desapercibido en la gélida región patagónica.

Como dato accesorio, las tres provincias decidieron afrontar erogaciones millonarias para compensar la retracción del Estado Nacional en materia de obra pública.

En el caso de Río Negro, con fondos del erario provincial el gobierno afrontó la culminación de obras en una sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y la finalización de la construcción de la terminal de ómnibus de la misma localidad cordillerana, entre otras obras.

“Nación abandonó absolutamente el interior del país en todo lo que son obras y acciones” dijo Weretilneck, y ejemplificó con “rutas abandonadas, universidades abandonadas y en todo tipo de acción federal en las provincias”.

Mencionó además que “las provincias encaramos acciones para no fallarle a nuestra gente en la resolución de temas”. Aseguró que debido a la falta de compromiso del gobierno nacional en la ampliación del gasoducto, localidades entre Esquel y Junín de los Andes, incluyendo las de Río Negro, no podían lograr conexiones por falta de disponibilidad”.

“Los tres gobernadores, principalmente Chubut y Neuquén, afrontaron el costo a través de sus bancos para culminar esas obras” dijo el mandatario, y agregó que “la foto de hoy (entre los tres mandatarios), es la unidad de las provincias patagónicas, a sabiendas de que no podemos contar con el apoyo federal”.

Figueroa, por su parte, mencionó que la cooperación entre las provincias “permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana”.

En términos políticos, los tres gobernadores están enfrentados al gobierno nacional y disputarán sus espacios con candidatos libertarios.

En el caso de Figueroa y Weretilneck, representan a partidos provinciales y Torres aún integra el PRO.

En las tres provincias, los armadores de Casa Rosada barajan nombres para disputar las conducciones provinciales y deberán compulsar con los mandatarios actuales quienes, a pesar de que aún no arriesgan confirmaciones, irán por sus reelecciones.

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