POLITICA
La reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Propiedad privada: las tres batallas legislativas que el Gobierno quiere ganar en agosto

Agosto comenzó con varios desafíos legislativos para La Libertad Avanza. En el Senado, el oficialismo busca retomar el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que llegó al recinto luego de sufrir 15 modificaciones en su dictamen. En Diputados, en tanto, avanzan los preparativos para iniciar el tratamiento de la reforma del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
Las diferencias entre el oficialismo y sus aliados quedaron expuestas durante la discusión del proyecto de propiedad privada, especialmente en el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Hubo cambios propuestos por los aliados dialoguistas que aceptó la senadora Patricia Bullrich y este martes los anunciará junto a los senadores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
“Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos exprés. De todo eso y varios ítems polémicos más trata el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que está en debate en el Senado”, señaló Carolina Moisés, senadora jujeña de Convicción Federal.
En la misma línea, Alejandra Vigo, senadora cordobesa de Provincias Unidas, afirmó: “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia”.
La iniciativa, que también contempla desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una última versión producto de las conversaciones que mantuvo la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
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El oficialismo espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, de la mayoría de los integrantes de la UCR y de distintos espacios provinciales. La sesión será presidida por el libertario Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por un nuevo viaje al exterior del presidente Javier Milei.
Los debates en Diputados
La Cámara baja definió los giros a las comisiones para iniciar el tratamiento del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central anunciado por Javier Milei en cadena nacional.
La iniciativa será analizada por tres comisiones presididas por diputados libertarios: Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch; Legislación General, encabezada por Santiago Santurio; y Finanzas, presidida por el fueguino Santiago Pauli.
El plenario de las tres comisiones ya se fijó para este miércoles a las 15. Será una reunión informativa con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Este martes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirá a los jefes de bloques dialoguistas para definir la estrategia legislativa y establecer el cronograma de los plenarios de comisiones. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto durante las últimas semanas de agosto, con las fechas del 19 o el 26 como posibles alternativas.
Una de las primeras críticas sobre el funcionamiento del Banco Central fue expresada por Martín Menem: “El desastre que fue el Banco Central, manipulado por la política. Ha sido una constante meter la mano en el Banco Central. Con ese sistema de poner dinero en las manos de la gente llegamos al 57% de pobreza”, cuestionó el diputado.
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Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó la necesidad de limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. “Cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”, sostuvo.
El proyecto impulsado por Milei busca establecer un régimen legal que garantice la independencia funcional y financiera del Banco Central, determine la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.
La reforma también apunta a revertir los cambios implementados en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.
Además, la propuesta incluye el denominado “grillete fiscal”, una versión local del shutdown estadounidense, junto con reformas vinculadas al mercado de capitales y al mercado de seguros.
Inocencia Fiscal
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal fueron convocadas para este miércoles a las 10.30 con el objetivo de iniciar el debate sobre los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
La iniciativa contempla modificaciones vinculadas a la Modalidad Simplificada de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a la prescripción tributaria.
El objetivo del Gobierno es incentivar la incorporación de más contribuyentes al sistema formal y promover el ingreso al circuito financiero de los denominados “dólares del colchón”, que, según estimaciones del equipo económico, alcanzan los 170.000 millones de dólares fuera del sistema.
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló durante la presentación del proyecto que, aunque los depósitos en dólares del sistema financiero se encuentran en niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros mantenidos fuera del circuito bancario.
La intención de La Libertad Avanza es aprobar esta norma durante las sesiones previstas para agosto. La iniciativa se convirtió en una de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el 15 de septiembre ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.
debates, Congreso de la Nación, Javier Milei
POLITICA
Antes de la visita del Papa al Cottolengo, el Gobierno recibe a la Iglesia para defender sus políticas sobre discapacidad

Previo a la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, el Gobierno recibe a la Iglesia para defender sus políticas sobre discapacidad. La reunión está prevista para las 11.00 en el Ministerio de Salud, entre funcionarios del área y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El próximo mes el pontífice visitará el centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.
Desde la CEA anunciaron su participación en la reunión, “a partir de una invitación del Gobierno nacional, con el propósito de dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.
De parte del Gobierno participarán el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del Área. En representación de la Iglesia participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.
Desde la Iglesia destacaron que el objetivo es el de “fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”, y agradecieron la invitación del Gobierno, que destacaron que es “una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”.
Los detalles del proyecto de ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno, en medio de fuertes tensiones
El mes pasado el oficialismo logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría por la situación en discapacidad, en medio de fuertes tensiones internas y con la oposición.
La propuesta de LLA apunta a reemplazar la emergencia en el sector, que vence a fin de año, logró 42 firmas junto a aliados y tendrá prioridad en el debate cuando el tema se discuta en el recinto. Mientras que la oposición tuvo 36 firmas en su iniciativa para prorrogar la emergencia.
El proyecto del Gobierno oficial se titula “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. Apuesta a consolidar de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
POLITICA
El juicio Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner se encamina a su reunificación

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, donde Cristina y Máximo Kirchner están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, se encamina a su reunificación, aunque hay dudas si hay tiempo para que comience en la fecha prevista del 23 de octubre, en tres semanas.
Es que hay una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco.
Los jueces del tribunal oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces decidieron de manera unánime que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027. Lo partieron en dos, a pesar de que gira en torno a la misma maniobra de lavado.
Pero el fiscal Velasco se opuso, porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar una condena. Teme que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos.
Por eso es que el fiscal impugnó en un escrito esa medida y planteó un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación y que sea ese tribunal el que resuelva.
El TOF 5 decidió el viernes a última hora conceder el recurso del fiscal para que sea la Cámara Federal de Casación la que decida. Todo se encamina a la reunificación, que se discutirá en 15 días.
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero donde Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción de fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
La Cámara de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dio vuelta ese fallo y la Corte Suprema de Justicia exhortó en 2024 a hacer el juicio lo antes posible.
Ahora nuevamente Petrone y Barroetaveña pueden ser quienes destraben el asunto. Ambos convocaron a una audiencia para el 15 de octubre próximo.
Esta audiencia ya estaba agendada antes de la decisión de partir el juicio en dos. La habían dispuesto los camaristas a pedido del fiscal Velasco para exhortar al tribunal a que pusieran fecha de inicio al juicio oral.
El mismo día en que se conocía esta audiencia, los jueces del tribunal oral federal difundieron la decisión sobre la que venían trabajando de comenzar el juicio el 23 de octubre, pero partido en dos procesos.
El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar avisó entonces que la audiencia del 15 de octubre debía mantenerse en pie porque estaba indefinida aún la fecha de inicio de juicio por el desdoblamiento en dos partes del proceso.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Por la mayoría votaron Petrone y Barroetaveña, que entendieron que deben tratarse en esa audiencia si mantienen o revocan el desdoblamiento.
“No ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia. Por el contrario, la cuestión conserva actualidad”, dijo Petrone, y agregó que el desdoblamiento de la causa en las fechas diferenciadas para la realización de los dos juicios “no permite considerar agotada la controversia”.
“Permanece vigente el interés en obtener una respuesta jurisdiccional sobre el agravio oportunamente planteado”, sostuvo.
Su colega Barroetaveña señaló que “el asunto conserva actualidad” y consideró que “corresponde continuar el trámite casatorio de este legajo y, atendiendo la proximidad de las fechas de debate ya señaladas, resulta prudente estar a la audiencia asignada oportunamente” el 15 de octubre.
Allí se debatirá todo: la reunificación del juicio y la fecha de inicio. El fiscal Velasco no quiere posponer el juicio, sino que comience en la fecha fijada, para no demorar más el caso. Pero defiende que comiencen los dos procesos juntos, según dijeron a fuentes judiciales.
Los jueces de la Casación, con la misma mayoría que en la decisión de la semana pasada, se inclinarían por unificar las causas nuevamente, con la idea de que el juicio conjunto de Hotesur y Los Sauces comience el 23 de octubre.
El problema es que “Hotesur y Los Sauces son formalmente sociedades diferentes, pero a su vez no lo son, porque todo se juntaba en los plazos fijos de las cuentas de Néstor y Cristina Kirchner”, planteó el fiscal.
Además, los fondos secuestrados en la causa provienen de una cuenta de los Kirchner, no de Los Sauces S.A., la misma cuenta a la que iba el canon locativo de Hotesur. Para los acusadores, eso demuestra que los dos circuitos de dinero confluyen en un solo patrimonio, por lo que es imposible partir los dos juicios.
Por ejemplo, las transferencias de Austral Construcciones, la ruta del dinero y las pericias contables confluyen. Y, al separar los dos juicios, una pericia producida en Hotesur no podría hacerse valer como prueba en el juicio de Los Sauces.
Uno de los ejes del juicio que se viene es una prueba que la fiscalía considera el eslabón entre los dos expedientes: el peritaje contable que reconstruyó el recorrido del dinero desde el Estado hasta las cuentas de la familia Kirchner.
Ese peritaje contable, en parte exhibido por la fiscalía en 2021, determinó que, el mismo día, en 21 oportunidades, los fondos que Lázaro Báez cobró por obra pública con sobreprecios de Vialidad terminaron en las cuentas de los Kirchner después de pasar por Valle Mitre, la sociedad que gerenciaba los hoteles presidenciales.
No se trata de dos movimientos independientes, sino de un pago del Estado y una transferencia al patrimonio familiar que ocurren en la misma jornada y por montos equivalentes.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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¡Precios de Manhattan con sueldos de Argentina! Cómo los créditos hipotecarios inflaron las propiedades y congelaron el sueño de la casa propia

La reactivación de los créditos hipotecarios bajo la gestión económica de Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei generó una expectativa masiva entre la clase trabajadora que sueña con la casa propia. Sin embargo, detrás del anuncio oficial y la promesa de bancarización, se gestó un efecto colateral alarmante: la falta de regulación en el mercado inmobiliario desató una suba desmedida en el valor de los inmuebles.
Lejos de democratizar el acceso a la vivienda, la inyección de liquidez de los créditos terminó beneficiando de manera exclusiva a los vendedores y desarrolladores, empujando los precios a niveles absurdos, congelando las operaciones reales y dejando al comprador en una posición de absoluta vulnerabilidad.
El negocio del vendedor: precios por los nubes y metros cuadrados mínimos
Cuando se habilitan líneas de crédito sin una contraparte de regulación estatal o topes lógicos, la ley de la oferta y la demanda se desvirtúa por completo. Los propietarios e inmobiliarias inflan los precios de manera especulativa, sabiendo que el comprador cuenta con un monto financiado que, teóricamente, «lo respalda». El resultado es trágico: el crédito subsidia el sobreprecio.
Hoy en día, buscar un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expone una disparidad enorme según la zona, pero con un denominador común: los metros cuadrados se pagan a precio de oro. Si analizamos el valor del metro cuadrado (USD/m^2) en CABA, el abanico va desde las opciones más económicas hasta los valores más prohibitivos:
* Zonas más accesibles / Sur de la Ciudad (ej. Lugano, Pompeya o barrios periféricos): Los valores del metro cuadrado pueden encontrarse desde los USD 1.000 a USD 1.300 por metro cuadrado en unidades a refaccionar o alejadas de los ejes comerciales.
* Zonas medias / Residenciales (ej. Almagro, Caballito, Balvanera): Los precios oscilan entre los USD 1.800 y USD 2.200 por metro cuadrado.
* Zonas norte y de alta gama (ej. Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero): El metro cuadrado se dispara sin escalas desde los USD 2.800 hasta superar los USD 4.500 o 5.000 en emprendimientos premium.
Bajo este panorama, los monoambientes —que apenas rondan los 25 a 30 metros cuadrados— en zonas norte o centro se ofrecen sistemáticamente en valores exorbitantes de entre USD 90.000 y USD 110.000. En la práctica, esto significa que se pagan cifras ridículas por espacios diminutos, donde el metro cuadrado de las unidades chicas se vuelve artificialmente más caro que el de las propiedades grandes debido a la desesperación de la demanda.
¿Qué pasa en la Argentina? Cuando el metro cuadrado supera a las capitales del mundo
Esta distorsión nos obliga a frenar y hacernos una pregunta incómoda pero urgente: ¿Qué pasa en la Argentina que el metro cuadrado en barrios selectos o incluso en unidades chicas sale igual o más caro que en grandes metrópolis del primer mundo?
Mientras que en vastas zonas de Estados Unidos o Europa los mercados inmobiliarios responden a macroeconomías estables, créditos con tasas bajas reales y una oferta regulada, en la Argentina conviven salarios pauperizados en dólares con costos del metro cuadrado completamente desquiciados.
Si contrastamos esto con los valores estadísticos internacionales del metro cuadrado, el sinsentido queda en absoluta evidencia:
* Europa (ej. Madrid, España): El promedio del metro cuadrado en zonas intermedias ronda los USD 3.000 a USD 3.500, mientras que en capitales del este europeo desciende considerablemente.
* Europa del Este / Sur (ej. Atenas o Roma): En zonas metropolitanas funcionales, los valores se ubican entre los USD 2.000 y USD 2.800 el metro cuadrado.
* Estados Unidos (fuera de los núcleos ultra exclusivos de Manhattan o San Francisco): En ciudades secundarias de gran crecimiento (como Houston, Atlanta o Phoenix), el costo promedio del metro cuadrado se sitúa entre los USD 2.000 y USD 2.800, guardando una proporción directa con el ingreso anual medio de un trabajador formal.
En contraparte, pagar USD 3.000 o más por metro cuadrado en CABA significa que un habitante local necesita acumular décadas de ingresos íntegros para comprar lo que en el hemisferio norte se adquiere con facilidades crediticias lógicas y estables. Pagamos precios de primer mundo con ingresos pulverizados.
El gran estancamiento: un crédito que beneficia al vendedor y ahoga al comprador
El combo entre la libertad absoluta de precios («todos cobran lo que quieren») y las cláusulas de actualización atadas a la inflación (como las líneas bajo sistema UVA) genera una trampa perfecta.
* La disparada inicial: Ante la demanda de créditos de Caputo, los valores nominales de las propiedades subieron de inmediato.
* El bloqueo de operaciones: El comprador se encuentra con que el préstamo ya no le alcanza para la propiedad que estimaba, y el mercado entra en un profundo estancamiento. Las operaciones reales se frenan porque la brecha entre lo que el banco presta, lo que el sueldo permite pagar y lo que el vendedor pretende especularmente cobrar se vuelve insalvable.
Los requisitos de los créditos hipotecarios actuales: ¿quién puede endeudarse y por cuánto tiempo?
Para comprender el trasfondo de este colapso, es fundamental analizar cuáles son las condiciones reales que imponen hoy las entidades financieras en la Argentina para acceder a un crédito hipotecario (en su mayoría ajustados por UVA):
* Plazos de endeudamiento extremo: Los créditos se extienden habitualmente por plazos de 15, 20 y hasta 30 años. Esto significa que una persona que toma un préstamo a los 35 años terminará de pagarlo pasados los 50 o 65 años de edad, asumiendo el riesgo inflacionario durante décadas.
* Relación cuota-ingreso: Por reglamentación general, la cuota mensual del crédito no puede superar el 25% o 30% de los ingresos netos demostrables del grupo familiar.
* Ingresos familiares requeridos (la barrera más alta): Debido a los altos montos y tasas iniciales, para calificar a un crédito destinado a un departamento promedio de USD 100.000 (financiando un 75% o 80%), los bancos exigen hoy ingresos familiares netos que oscilan, como piso, entre los $2.500.000 y $4.000.000 de pesos mensuales (o cifras superiores según la entidad). Esto deja automáticamente afuera a más del 80% de los trabajadores informales y de la clase trabajadora registrada con sueldos promedio.
* Ahorro previo (Anticipo): Los bancos no financian el 100% de la propiedad; por lo general cubren entre el 75% y el 80% del valor de tasación, lo que obliga al comprador a contar de cash con un 20% a 25% de anticipo en dólares, además de afrontar los costosos gastos de escribanía e impuestos iniciales.
El saldo de esta política es clarificador: el mercado inmobiliario se mueve al ritmo de la especulación financiera, los créditos se transforman en una herramienta inflacionaria de precios y el sueño de la casa propia queda, una vez más, secuestrado por la falta de regulaciones inteligentes que protejan al eslabón más débil de la cadena.
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