La Cámara Federal de Casación Penal dio vía libre para la realización del juicio en ausencia para juzgar a los acusados prófugos por haber planificado el atentado terrorista de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.

Con este fallo, que firmaron los camaristas de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quedó firme la legitimidad y constitucionalidad del juicio en ausencia.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y a un libanés por el ataque a la AMIA y sobreseyó a otros dos que habían sido acusados por el fiscal Sebastián Basso.

Ahora, el fiscal Basso apelará esos dos sobreseimientos y el defensor oficial que representa a los iraníes y libaneses en ausencia apelará el procesamiento.

Cuando la Cámara Federal analice estas apelaciones y en el caso de que deje firmes los procesamientos, entonces el juez Rafecas podrá elevar la causa a juicio en ausencia.

Por los plazos del proceso, es probable que el caso esté en 2027 en un tribunal oral y que el juicio en ausencia comience en 2027 o en 2028 en un tribunal oral a designarse.

Así ahora se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994.

Los acusados a juzgar en ausencia son, por ahora: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios quedaron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático y agente de inteligencia.

Como coorganizador y agente operativo fue procesado Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah, por haber coordinado la fase final del ataque.

Resta sumar a este grupo a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán. Hejazi es el principal acusado, junto con Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, número 1 y 2 del gobierno de Irán actualmente.

“El poder en las sombras”

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní. Así se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado.

El Gobierno celebró los avances en este caso. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques -hijo de uno de los camaristas de Casación que votó hoy- dijo en un comunicado oficial que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”. Esta ley fue promovida por la comunidad judía y el Gobierno.

El Gobierno dijo que la justicia, con la intervención del fiscal Sebastián Basso, acreditó que la decisión estratégica del ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y ejecutada por Hezbollah.

La calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Además, se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente, el 19 de julio de 1994, con 20 muertos. Ambos ataques fueron reivindicados conjuntamente por Hezbollah.

El fallo de la Cámara Federal de Casación deja en pie el juicio en ausencia para avanzar con la causa AMIA. En el último acto para recordar a las víctimas del atentado, las autoridades de la comunidad y los familiares de los muertos les habían recordado a los jueces de Casación que tenían pendiente este fallo, conocido ahora.

Ledesma, Barroetaveña y Carlos Mahiques rechazaron el pedido de inconstitucionalidad de la ley 27784 planteada por la defensa oficial de los imputados, que cuestionaba que no pudiera volver a juzgarse a los acusados en caso de que se presentaran luego de un veredicto en ausencia.

En la sentencia, los camaristas dijeron que el planteo de la defensa era hipotético y conjetural porque suponía una serie de acontecimientos que a la fecha eran aún inciertos, porque en rigor es la persistente rebeldía de los acusados la que no había permitido avanzar con el proceso.

Los camaristas resaltaron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo.

La jueza Ledesma, que votó primero, habló de que las objeciones de la defensa eran conjeturales y que dependen de que se haga el juicio, haya condenas y que estas queden firmes, para que luego uno de los acusados se presente y quede detenido exigiendo un nuevo juicio.

Barroetaveña adhirió, pero enmarcó su voto en las obligaciones internacionales del Estado, como el informe de 2020 de la Comisión Interamericana, que responsabilizó a la Argentina por la impunidad del atentado, y la sentencia de enero de 2024 de la Corte Interamericana en el caso “Memoria Activa”, que ordenó remover todos los obstáculos de hecho y de derecho que mantienen esa impunidad.

“La categoría aberrante de delitos que se juzga requiere también respuestas excepcionales, que exceden los límites concebidos hasta ahora, y justifica una nueva interpretación de las garantías del proceso penal”, dijo el camarista.

Carlos Mahiques recordó su propia intervención en abril de 2024, en la causa contra Carlos Telleldín por el ataque a la AMIA, cuando exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a sancionar una reforma que permitiera juzgar en ausencia hechos como el de la AMIA.

Sostuvo entonces, y lo citó ahora, que frente a delitos como el terrorismo el Estado debe adoptar procedimientos alternativos que eviten la impunidad de autores, instigadores y cómplices.

Definió la ley de juicio en ausencia como una herramienta legítima e imprescindible para conocer la verdad y la vinculó con el reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado y con las convenciones internacionales contra el terrorismo que firmó la Argentina.

Con esta decisión y el procesamiento dictado por Rafecas, una vez firme, la causa queda en condiciones de avanzar hacia un juicio oral que podría realizarse aun sin los acusados en la sala.

En medio de la puja por el rumbo de la política de discapacidad, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional del área, cargo que asumió tras la salida de Diego Spagnuolo, en agosto del año pasado.

El Gobierno confirmó su salida y aún no se conoce quién será su reemplazante.

En una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.

La presentación ocurre menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.

Su decisión se conoce, además, tras la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. Tras el escándalo que provocó, incluso hacia adentro del gabinete libertario, el oficialismo decidió dar marcha atrás y comunicó que trabaja en un “proyecto superador” con aliados.

Es que la inclusión de esos puntos en el proyecto de presupuesto tomó por sorpresa hasta a los integrantes de la mesa política del Gobierno y dejó expuestas las diferencias que imperan dentro del oficialismo.

La más explícita fue Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación. “Quedás como un tonto o como que engañás”, advirtió, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.

También habló de un “error no forzado” y apuntó a la falta de coordinación entre las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del proyecto. La mesa política de Milei, que encabeza su hermana Karina, se reunirá mañana tras estos cortocircuitos que expuso Bullrich.

El episodio también desacomodó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que venía negociando con Pro, la UCR y bloques provinciales un esquema alternativo para discapacidad que quedó en contradicción con el texto enviado por el Poder Ejecutivo.

Tras el revuelo, los libertarios retomaron esas conversaciones y transmitieron a sus aliados que los artículos cuestionados del presupuesto serán reemplazados por lo que finalmente se acuerde en comisión.

La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

El oficialismo plantea que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, asegura LLA, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.

La dimisión de Vilches abre otro frente interno en el Gobierno por la política del área. El funcionario asumió el cargo en agosto de 2025 tras la salida de Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesado por la supuesta compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y mediante un mecanismo de cartelización.

Además, se conoció hoy que la Justicia Federal ordenó investigar al ministro de Salud y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.