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Milei, ante el peligro de la “rigidez tóxica”

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Todos los gobiernos, aun los más exitosos, se encuentran con una encrucijada que los obliga a reinventarse. Es decir, a actualizar la lectura del contexto en el que operan. A recrear el compromiso con los ciudadanos, en especial con sus votantes, sobre la base de nuevas promesas. A renovar los argumentos con los que demanda ser apoyado. A diseñar nuevas estrategias de poder. Elaborar esa nueva mañana puede obligar, a veces, a modificar el equipo. La rigidez es tóxica. Sólo la inexistencia de una oposición competitiva puede disimular sus efectos corrosivos. Apenas aparece un adversario desafiante el deterioro se acelera hasta volverse peligroso.

A Javier Milei le ha llegado ese momento. Su gobierno emite señales de agotamiento en distintas dimensiones. Es un fenómeno cuyas causas no se limitan al desgaste de cualquier organización. En el caso de La Libertad Avanza (LLA) existe también un problema político. Se trata de un malentendido con el electorado. Al obtener una victoria significativa en las elecciones parlamentarias, deja la impresión de haber conquistado el poder para remover los principales problemas del país. Sin embargo, esos comicios no terminan de dotar al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para despejar las piedras del camino. Ese desajuste entre el clima de triunfalismo y las limitaciones operativas agrava la frustración, en un momento en que la sociedad ya no imputa sus dificultades a la herencia de administraciones anteriores sino a la gestión del que está al mando del timón. Le pasó a Alfonsín en 1985. Le pasó a Macri en 2017.

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La imagen de un gobierno agotado aparece, en principio, en las encuestas. Se fue Manuel Adorni, sigue bajando la inflación, pero la opinión pública insiste en alejarse de Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno de julio, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un bajón mensual de 6,5%. La caída acumulada desde finales de 2025 fue de 21,5%. Una antigua y misteriosa correlación establece que ese índice equivale a los votos que obtendría el oficialismo en el momento de su elaboración. En este caso, Milei sacaría 38,8% y estaría obligado a un balotaje. Por supuesto, es un escenario artificial con el que sólo se pretende poner en evidencia que el experimento de LLA tocó un piso.

Otros estudios convergen en el mismo diagnóstico. La consultora Poliarquía, que lidera Alejandro Catterberg, detectó en julio que el 66% de los consultados prefiere un cambio respecto de la situación actual, mientras que sólo 33% pide la continuidad. Hugo Haime descubre una situación parecida cuando pregunta si el modelo económico debe ser mantenido o modificado. Un 35% quiere que se mantenga y un 65% opina que sea abandonado. Cuando Haime indaga en el clima emocional advierte que 34% dice tener bronca y 39% confiesa estar triste. Sólo 20% se muestra esperanzado.

En la encuesta de Haime hay una novedad interesante. Por primera vez en muchos meses las limitaciones del poder adquisitivo del salario preocupan más que la corrupción. Un viejo axioma de la vida pública asegura que entre las enigmáticas motivaciones que orientan el voto la más importante es el tamaño del poder adquisitivo del salario. Es imposible no pensar que las restricciones salariales están detrás del malestar preponderante que consignan los estudios de opinión.

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Otro dato importante: en la jerarquía de desvelos de los encuestados, hace rato que el principal problema del país dejó de ser la inflación. Ahora ocupa el séptimo renglón. Es más que una curiosidad. Es un mensaje frente al que Milei debería sentirse muy interpelado. La agenda pública ya no es la que regía cuando él llegó al poder. Cambió, entre otras razones, por su propia intervención en el proceso. Para sintetizar: hoy la gente habla de otras cosas. De que el sueldo queda corto, de que se comprime el consumo o cae la producción. Esta mutación pone a prueba la plasticidad del oficialismo para mantener el consenso social.

Sobre el cuadro general de estas demandas se recorta una situación particular cada vez más acuciante: el peso que tiene sobre las familias el pago de las deudas contraídas con entidades financieras más o menos formales. Como acaba de detallar Luciana Vázquez en , en la sociedad apareció una nueva categoría: la de los morosos.

Según la Central de Deudores del Banco Central, 20,9 millones de personas tiene algún tipo de deuda financiera. De ese universo, 5,8 millones registraban al menos una deuda con más de 90 días de atraso hacia mayo de este año. Es el 27,8% de todos los deudores. Entre mayo de 2025 y mayo pasado, los morosos aumentaron de 3,43 millones a 5,83 millones. Quiere decir que en un año aparecieron 2,39 millones nuevos.

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Este fenómeno, que ha tomado el centro del debate sobre el impacto de la economía en la vida familiar, es un banco de pruebas muy revelador de las dificultades del Gobierno para sintonizar con sectores importantes de la sociedad. Sectores en los que, es muy probable, haya antiguos votantes de LLA. El Presidente les explicó que, si no pueden pagar sus deudas, están atrapados en un problema entre privados, en el que el Estado, es decir él, no va a involucrarse.

En principio, es una afirmación muy útil para advertir los límites de la dogma económico al que se abraza Milei. La suposición de que los agentes económicos toman decisiones libres, que se sostienen en una información perfecta. Para mirar el problema desde esas premisas hay que olvidar varias evidencias. Una de ellas es que ese mundo de deudores está compuesto por muchísimos individuos carentes de información, acuciados por necesidades perentorias, que tienen una relación muy rudimentaria con el sistema financiero. La morosidad se presenta, además, fuera del sistema bancario, en esa suerte de far west digital en el que las billeteras y aplicaciones operan al margen de cualquier regulación, aplicando tasas de usura y fomentando la toma de crédito de gente con poca o nula información en un contexto de baja transparencia y escasísima educación financiera.

Pero el discurso oficial no ignora sólo esas condiciones objetivas. También resulta ajeno a la responsabilidad del Gobierno en la bola de nieve que se formó. Porque muchos de los que se endeudaron lo hicieron obedeciendo a señales emitidas por la propia política económica. Es verdad que el Banco Central no fija en la Argentina la tasa de interés. Pero toma medidas que la determinan, como el establecimiento de la cantidad de moneda y el diseño de la política de encajes. El equipo económico de Milei provocó una baja de tasas espectacular para licuar los pasivos del Banco Central. Fue uno de sus objetivos principales en los primeros meses de ejercicio del poder. Un objetivo sacralizado por Milei. Era previsible que el sector público con esa política induciría al endeudamiento, con el afán adicional de producir una reactivación.

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Esa estrategia fue revertida por la contraria: una inducción por vías indirectas a un aumento fenomenal de la tasa de interés para frenar la corrida cambiaria de mediados de 2025. Crisis que se obturó con el cheque de Scott Bessent, al que Milei ahora atribuye un papel secundario en la normalización cambiaria y crediticia.

Estas fluctuaciones son la consecuencia de políticas públicas que condicionan muchísimo los contratos entre privados. Sin mencionar otra variable siempre presente en los programas de estabilización: la decisión de los gobiernos de poner un tope a los aumentos de salarios. Es decir, a los ingresos de los deudores. Ingresos que se han ido ajustando por otra razón que tal vez explique la caída de popularidad del gobierno libertario: el peso creciente que ha ido adquiriendo el pago de los servicios en el salario formal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios que lideran Alejandro Einstoss y Julián Rojo, en julio el pago de servicios públicos se lleva un 15% del salario formal promedio. Esa participación era del 6% a finales del gobierno de Alberto Fernández, donde el reparto de subsidios era generalizado, y fluctuó entre 10 y 14% entre 2024 y 2025. Cada vez más gente debe optar entre pagar la luz o el gas o cumplir con su deuda financiera. Es obvio que la gran mayoría elige lo primero.

Milei parece menospreciar el peso de sus decisiones económicas en el problema que se ha creado. Tal vez sea víctima de una restricción ideológica para leer el mapa completo. Esa obstinación conceptual le hace perder de vista también algunas de sus propias conductas. Por ejemplo: en el artículo 14 del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió al Congreso, se conserva un párrafo que adjudica a esa institucional la facultad de “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza”. En otras palabras: como reformador del Central Milei es mucho más sensato que como entrevistado televisivo. Entiende que es inconcebible reducir la actividad crediticia a una transacción en la que el sector público resulta por completo prescindente. La religión austríaca, en este tramo al menos, pistonea.

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Luis “Toto” Caputo fue más allá. No sólo se mostró insensible al generalizado problema de los morosos. Se preguntó si las víctimas de esas fluctuaciones en la tasa crediticia, que terminan condenando a innumerables familias a la angustia de una deuda que no pueden pagar, no serían especuladores que apostaron en falso a una suba del dólar que después no se produjo.

Esta explicación de Caputo es inquietante no por razones técnicas sino políticas. Revela que el oficialismo carece de figuras que puedan conectar con las condiciones objetivas y la intimidad anímica de aquellos cuyo desasosiego hay que despejar o, por lo menos, contener con la explicación. Caputo podría informarse dentro del propio gabinete, con gente que está advirtiendo esta tormenta desde hace seis meses, que en el conurbano más pobre se han multiplicado los asesinatos de cobradores que golpean la puerta para reclamar pagos en nombre de “financistas” informales.

Conviene retirar el foco de las cuestiones particulares y mirar una deficiencia estructural. Milei puede pensar la vida material con categorías que no incluyen inconvenientes que se pueden ir transformando en dramas. Reniega de la teoría del derrame pero, cuando debe demostrar por qué su estrategia terminará reanimando la base productiva recurre, igual que su ministro Caputo, a la teoría del derrame. El núcleo de esa explicación es problemático: resuelta la macroeconomía, todo lo demás viene por añadidura. Esa lógica implica que, en poco tiempo, el oficialismo podría decir: “Misión cumplida. Ahora a esperar los brotes verdes”. Dicho de otro modo: es también por su propia concepción teórica que el Gobierno parece un gobierno agotado.

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Pero esa percepción también se alimenta en el discurso. La respuesta a las inquietudes del público resulta cada vez más agresiva. No sólo en el tono. También en los argumentos. Llamó la atención, por ejemplo, que Milei haya sostenido en la última entrevista con Luis Majul que, cultivando supuestas teorías de Gamsci, Cristina Kirchner infiltró las universidades, la prensa y el mundo de los economistas de terroristas encubiertos. Es un terreno en el que el proyecto libertario tocó un límite. La agresividad verbal puede ser recomendable para llegar al poder. El Presidente lo demostró en su campaña contra la “casta”. Pero suele ser estéril, o contraproducente, cuando ese estilo se proyecta desde el poder.

La Casa Rosada carece hoy de un dirigente con habilidades para que las posturas oficiales obtengan consenso. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, consumió casi toda su energía en una pelea interminable con Karina Milei y los primos Menem. A Diego Santilli se lo comió la coyuntura en dos semanas. Él, que jamás se animó a pelear con nadie, quiso dar la primera trompada de su vida de la peor manera: pidiendo la renuncia de la vicepresidente Victoria Villarruel. Otra señal de un oficialismo que se devora a sí mismo. Milei no tiene una espada inteligente desde que se desprendió de Guillermo Francos. Tal vez sea la hora de recuperarlo.

Su propio estrecho de Ormuz

Una señal más de extenuación es la excentricidad regulatoria. Por ignorar que a los puertos argentinos se ingresa por canales y que, por lo tanto, los prácticos son imprescincibles, el Gobierno armó su propio estrecho de Ormuz bloqueando el comercio exterior un par de días. Otra ocurrencia extraña: promover una ley que facilite la extranjerización de tierra en medio de un brote nacionalista incentivado por el propio Presidente que denunció una campaña internacional contra la Argentina con motivo del Mundial. Volvé Francos, te perdonamos.

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Hay otra síntoma típico de los líderes fatigados. La huida hacia la política internacional. Hacia ese universo mucho más abstracto y por eso más comprensivo de extranjeros que sí saben valorar lo que se está haciendo. Milei está involucrado en una de las jugadas que más interesa a Donald Trump: lograr que en Brasil se imponga un gobierno aliado que vuelva más verosímil la doctrina “Donroe”. Sin administraciones amigables en Canadá, México y Brasil, es imposible presentar al continente como una zona de influencia norteamericana en el conflicto global con China.

Milei se propuso prestar servicios a Trump en esa campaña. Es la razón por la cual se dirigió a San Pablo y, en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene su propio entredicho con el presidente de los Estados Unidos. El gobierno brasileño expresó su disgusto llamando en consulta al embajador Julio Bitelli. El canciller Pablo Quirno intentó encauzar la pelea distinguiendo la relación bilateral entre Estados de los choques ideológicos entre partidos de gobierno. Pero su jefe insistió en insultar a Lula. Brasil anunció que Bitelli permanecería en su país por tiempo indeterminado. Y reclamó al representante de la Argentina, Guillermo Raimondi, que regrese a Buenos Aires.

Es la primera vez que la relación argentino-brasileña queda en el nivel de los encargados de negocios. El paso siguiente sería consolidar esa situación con el retiro definitivo del embajador. En los últimos tiempos la diplomacia brasileña sólo dispuso esa medida en Corea del Norte, cuando ese país amenazó con lanzar misiles nucleares, y en Sudáfrica, durante el apartheid.

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Los ataques de Milei son un movimiento del ajedrez global. Ese ajedrez se juega en las elecciones brasileñas. Un indicio de esa dimensión es que el hierático Xi Jinping emitió una declaración a favor de Lula, su socio en el club Brics. Tuvo una respuesta oblícua de Peter Lamelas, el representante de Trump en Buenos Aires: anunció que se revocaba la visa para ingresar a su país a ejecutivos de una empresa neuquina que contrataron la tecnología de Huaweii para su operación en Vaca Muerta. Es posible que no sean las últimas visas que se cancelan.

Otra señal de que se está jugando una partida de gran alcance fue el cruce entre Washington y Brasilia por la designación del embajador norteamericano en Brasil. En lo que fue una sospechosa distracción, el Departamento de Estado hizo público el nombre de ese representante sin pedir el plácet correspondiente al gobierno brasileño. Lo hizo tarde. E Itamaraty, la cancillería de Brasil, todavía no contestó. Ese silencio está durando lo suficiente como para que se interprete que el embajador designado por Washington ha sido rechazado. Por eso el gobierno de los Estados Unidos retiró la visa a la embajadora de Brasil.

Es la segunda gran intervención de Trump en la política brasileña. El año pasado subió los aranceles al comercio en represalia a la penalización a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por haber intervenido en un intento de golpe de Estado. En aquel momento la imagen de Lula mejoró en las encuestas. Y la de los Bolsonaro se deterioró. Trump aspira a contar en octubre con un triunfo de la derecha de Brasil como insumo para sus propias elecciones de noviembre. Lula quiere que se repita el efecto del año pasado. Sueña reencarnar a un genio de la América latina populista. Sueña con repetir la campaña “Braden o Perón”.

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Para el presidente de los Estados Unidos la encrucijada no es dramática. La elección brasileña es bastante pareja, con leve ventaja para Lula. Si el líder del PT reelige, habrá que reajustar el vínculo bilateral, como ya ocurrió a comienzos de año. Milei está en otra situación. Una victoria de Lula sería para él más complicada por una razón muy evidente: no cabe duda alguna de que por los próximos 10 millones de años la Argentina seguirá siendo vecina de Brasil.

Mientras se desliza hacia abajo en las encuestas, el Presidente cuenta con un activo inestimable. Una oposición desconcertada, liderada por un peronismo incapaz de aprovechar que la opinión pública realiza demandas familiares a su sensibilidad. El PJ está en una frecuencia extravagante, como se notó en su última cumbre, donde el gobernador de La Rioja prometió dar marcha atrás con todas las reglas que favorezcan la inversión. Se llama Ricardo Quintela. Le dicen “el Gitano”. Milei tal vez no tenga urgencia en reinventarse. En el rincón menos esperado encontró a su jefe de campaña.

Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno suspendió la reforma del practicaje tras un conflicto con el sector y abrió una mesa de negociación

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 716/2026, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, que suspende los efectos del Decreto 690/2026 publicado el 30 de julio y restablece durante ese período “la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas” por esa disposición.

Además, ordenó crear una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, que estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje. Según el texto oficial, el objetivo será “lograr los consensos necesarios”.

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El decreto también estableció que los organismos involucrados deberán adoptar “las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto” y garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje. La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado.

Se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación 20.094 y consiste en la asistencia técnica que reciben los buques para ingresar, desplazarse o salir de zonas portuarias, ríos, canales y pasos navegables bajo jurisdicción nacional.

Según explicó el nuevo decreto, la modificación aprobada a fines de julio buscaba actualizar una normativa considerada “obsoleta” y reducir barreras que dificultaban la incorporación de nuevos prestadores al sistema. Sin embargo, tras su entrada en vigencia, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que generaron “una situación excepcional” que puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.

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El ministro Sturzenegger promovió el decreto que modificó las reglas en el practicaje. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Ante ese escenario, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional mantuvieron una reunión con representantes del sector del practicaje y pilotaje. En ese encuentro se acordaron una serie de medidas para destrabar el conflicto.

Leé también: Tras retirar el capítulo sobre tierras, el Gobierno asegura tener los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada

Entre ellas se estableció la reactivación de la prestación del servicio de manera regular, la suspensión del Decreto 690/2026, la creación de una mesa intersectorial para elaborar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio de practicaje y pilotaje.

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El decreto firmado por Milei establece que la mesa de trabajo funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y miembros del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.

Además, instruye al Ministerio de Seguridad, a la Prefectura y a la ANPYN a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras avance la discusión de una nueva regulación.

El Gobierno justificó la suspensión al señalar que busca “mitigar la situación de crisis del sistema” y generar un espacio de diálogo que permita revisar la normativa vigente y avanzar en mejoras regulatorias.

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Gobierno, PUERTOS

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Malvinas: los isleños dicen que Milei señala hechos que no sucedieron

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“Estados Unidos cambió su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, sostuvo el presidente Javier Milei, este lunes, en Radio Mitre.

Estas declaraciones, sumadas a otras anteriores, donde indicó que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, cayeron mal en la población isleña y en sus representantes. Consultados al respecto, solo se limitaron a recordar que no existe declaración pública de Washington que respalde los dichos de Milei.

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“La posición estadounidense sobre la disputa de soberanía ha sido históricamente de neutralidad”, dijeron, algo que es cierto, según declaraciones oficiales del Departamento de Estado estadounidense del 24 de abril pasado, cuando señalaron que la posición de Estados Unidos sobre Malvinas “sigue siendo de neutralidad constante”, descartando la posibilidad de que Washington deje de apoyar al Reino Unido en la disputa por las islas, una alternativa que se filtró en un correo electrónico del Departamento de Guerra y que fue publicada por la Agencia Reuters, donde se le sugería a la administración republicana una serie de represalias contra aquellos países de la OTAN que no acompañaron a EE.UU. en su guerra con Irán.

Allí se hablaba, por ejemplo, de la suspensión de España para integrar el bloque y contemplaba la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas. El email solo “aconsejaba sanciones”. Según medios británicos, la filtración se hizo con la intención de advertir a los países de Europa occidental qué podría sucederles si insisten en este comportamiento.

Además, señalaron que “no saben de dónde sacó Milei que la ONU obliga al Reino Unido a dialogar sobre soberanía con Argentina, eso no sucedió”. Así lo dijo el legislador isleño Roger Spink, que agregó que los isleños se sienten seguros bajo la protección de las fuerzas británicas y del respaldo multipartidario en el Parlamento del Reino Unido. Recordó incluso que el primer ministro Keir Starmer mencionó en reuniones oficiales realizadas a fines del años pasado que las Malvinas eran “un asunto personal”, debido a la participación de un familiar en la guerra de 1982.

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En ese sentido remarcaron que “las resoluciones del Comité de Descolonización que instan a Argentina y al Reino Unido a reanudar conversaciones no son vinculantes y se aprueban desde hace décadas, sin que se hayan producido negociaciones de soberanía”.

La posición británica sostenida es que la soberanía no está en discusión y que cualquier cambio dependería de los deseos de los isleños. Las declaraciones de Spink se dieron en un contexto de creciente militarización británica en Malvinas. Londres ha reforzado la base de Mount Pleasant con la rotación periódica de tropas, el despliegue de cazas Eurofighter Typhoon, ejercicios conjuntos y obras de infraestructura de doble uso. Estas medidas consolidan la presencia militar británica en el Atlántico Sur y el comienzo de un proyecto petrolero millonario.

Milei también habló este lunes de ese proyecto petrolero, llamado Sea Lion, desarrollado por empresas británicas e israelíes −el consorcio británico Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum− en aguas próximas al archipiélago y reclamadas por Argentina. Milei indicó que su gobierno presentó los reclamos diplomáticos correspondientes, pero defendió el carácter privado de la iniciativa.

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Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. En un país serio no se hace injerencia en el sector privado”, afirmó, dando la misma respuesta que había ensayado la cancillería israelí. “Se trata de asuntos entre privados y los isleños”, dijeron en diciembre pasado. Ambos gobiernos no reparan en la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa. Sobre todo, una de tal magnitud, porque se espera que la primera fase del proyecto contempla inversiones cercanas a 2100 millones de dólares y una producción estimada superior a 170 millones de barriles de petróleo crudo.

Vale recordar que, cuando Javier Milei viajó a Israel en abril pasado y se reunió con Benjamin Netanyahu, no abordó este reclamo. Al menos no estuvo en la agenda oficial de la reunión bilateral. Poco después, el que viajó a Israel fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tampoco demandó al respecto. Lo curioso de todo esto es que, antes de estos viajes oficiales, en marzo de este año, en una reunión frente a inversionistas, el CEO de Navitas, Amit Kornhauser, dijo que el proyecto era viable políticamente porque había escuchado a Milei respaldar el derecho de autodeterminación de los isleños.

Se refería a lo sucedido el 2 de abril de 2025, cuando el presidente argentino, en el acto de homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, dijo: “Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. Reconoció así el derecho de autodeterminación de los isleños, algo que la Constitución Argentina explícitamente no concede.

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En esto se basó el CEO para despejar dudas, y fue aún más contundente: en la misma exposición, Kornhauser sostuvo que el proyecto Sea Lion avanzó “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las Islas Malvinas.

Luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial y la exposición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, los isleños reforzaron su prédica en defensa de su autonomía y blindaron su relación con el Reino Unido, a quien le pidieron más señales de apoyo. En ese contexto se dio un hecho curioso: estos días se están llevando adelante en Glasgow, Escocia, los “Juegos de la Commonwealth”, donde participan deportistas de todos los países que forman parte de la comunidad del reino. Los deportistas isleños, luego de participar en cada disciplina, desplegaron una bandera de las Islas Malvinas −creada luego de declarar su autonomía en 2013− como una manera de marcar también su posición frente al mundo.

Isleños desplegaron la bandera con la que identifican a Malvinas en los Juegos de la Commonwealth



Daniel Santa Cruz,Conforme a

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Marcha en contra de la ley de Propiedad Privada: cuáles serán los cortes y cómo afectarán el tránsito este jueves

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Este jueves 6 de agosto se realizará una marcha en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 12 del mediodía, en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará en el Senado.

La movilización provocará afectaciones en el transporte público, interrumpiendo el tránsito en arterias clave como Avenida Callao, Avenida Entre Ríos y Avenida de Mayo, recomendando evitar circular por la zona delimitada.

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Senado: el oficialismo eliminó el capítulo sobre la extranjerización de tierras para sostener la sesión

El proyecto legislativo debatido generó polémica tras decidir el Gobierno nacional “el retiro del capítulo” vinculado a modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, que será presentado próximamente como una iniciativa independiente.

Numerosas líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales desviándose hacia avenidas alternativas como Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que diversas organizaciones sociales marcharán desde la Avenida 9 de Julio.

En el sistema de transporte subterráneo, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, al tiempo que se registrará alta afluencia y restricciones peatonales en accesos de las líneas B y E.

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Todas las líneas de colectivos afectadas

Modificarán sus recorridos las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.

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Congreso,Cortes,Ley de Propiedad Privada,Transporte

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