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Del retiro de dos capítulos a la presión de los aliados: así el Gobierno consiguió la ajustada media sanción de la Ley de Propiedad Privada

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“Lo importante fue avanzar con la agenda de Javier Milei”, le dijo un senador libertario a TN tras el cierre de la sesión de este jueves y la madrugada del viernes, en la que el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque la iniciativa finalmente excluyó los cambios a la Ley de Tierras Rurales, el oficialismo logró evitar que la oposición kirchnerista postergara su tratamiento. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en Diputados.

El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto. “El espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello, y seguir el espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional: que la propiedad privada no sea violada”, fundamentó el senador de La Libertad Avanza.

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Por su parte, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó: “Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan”.

El neuquino Pablo Cervi le dijo a TN: “Argentina necesita reglas claras y seguridad jurídica. La defensa de la propiedad privada es un mensaje de confianza para quienes quieren invertir y producir”.

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La construcción de mayorías

Para destrabar la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza retiró el capítulo cuarto, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. De esa manera, el oficialismo logró sostener el acompañamiento de los aliados, con quienes ya había acordado descartar el capítulo referido a los cambios en la Ley de Tierras Rurales.

Entre los bloques que acompañaron estuvieron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales que responden a los gobernadores, como en el caso de la chubutense Edith Terenzi. Desde Misiones, los senadores Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones, flamante monobloque) también sumaron sus votos a favor.

Sin embargo, durante el debate hubo un episodio que tensó la relación del oficialismo con sus aliados. Ocurrió cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio contra la kirchnerista Juliana Di Tullio y afirmó: “La ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres (los cambios a la ley de Tierras rurales), que es para los argentinos”.

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Los sectores dialoguistas se sintieron aludidos por la referencia a “los tibios del medio” y terminaron inclinando la balanza por el rechazo al capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego. Benegas Lynch intentó luego explicar el alcance de sus palabras, pero no logró convencer a los aliados.

Varios votos negativos

Desde la bancada justicialista se sumaron varios votos de rechazo. Jorge Capitanich planteó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres. La inviolabilidad de la propiedad privada encubre para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.

El también peronista Pablo Bensusán cuestionó que nuevamente se discutiera un proyecto sin dictamen oficial: “De este lado estamos los que defendemos la soberanía, el federalismo, las provincias, las economías regionales. Quienes voten esta ley, están del lado de entregar la Argentina a los Estados extranjeros y yo no voy a ser cómplice de eso”.

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La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que los cambios realizados no fueron suficientes, ni siquiera con el retiro del capítulo referido a la venta de tierras rurales.

“A pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap. I Expropiación y Regularización dominial, Cap. II Procesos de Desalojo, Cap. IV Manejo del Fuego, Cap. V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar, esta es una decisión responsable, todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse”.

Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza, presidió la sesión.
Foto:  Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza, presidió la sesión.
Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Otro sector que le dio la espalda al oficialismo fue Convicción Federal, el espacio de la jujeña Carolina Moisés. El catamarqueño Guillermo Andrada, integrante de ese bloque, cargó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”.

El legislador Andrada había señalado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos, si bien el 60% es propietario, la mayoría que cobra un salario está regulada por este Gobierno que impide paritarias libres”.

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Por su parte, el radical Maximiliano Abad se había opuesto a los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego. “Se suprime la protección posterior a los incendios para bosques, humedales y zonas agropecuarias, pero el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”, sostuvo. Además, adelantó que la modificación “va a ser cuestionada judicialmente”.

Los puntos del proyecto

La iniciativa introduce una amplia reforma en la Ley de Expropiaciones en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto conserva esa facultad, pero establece que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar específicamente el objetivo perseguido y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En relación con las indemnizaciones, establece que deberá tomarse el valor objetivo del bien y considerar su valor de mercado cuando resulte determinado o determinable. Además, incorpora expresamente el lucro cesante.

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Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por la vía del juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las etapas procesales.

El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —en referencia al expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que establece un régimen de regularización dominial. La norma vigente permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.

Senadores nacionales de Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Foto: Senado nacional.

El proyecto sancionado por el Senado reemplaza ese corte temporal por un requisito móvil. Podrán solicitar la regularización quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la presentación.

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Los cambios también alcanzan a la ley que regula los Registros de la Propiedad Inmueble de las distintas jurisdicciones. La iniciativa reconoce expresamente la presentación de documentos digitales y exige que tanto la solicitud como el instrumento registrable estén suscriptos con firma digital.

Si bien algunas jurisdicciones ya admiten presentaciones electrónicas, el proyecto incorpora expresamente esa posibilidad dentro del régimen nacional.

Sin votos virtuales

El Senado no trató las autorizaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para que los senadores Anabel Fernández Sagasti, de la bancada justicialista, y Flavio Fama, de la UCR, pudieran sesionar y votar de manera remota debido a distintas situaciones personales que les impidieron estar presentes en el recinto.

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Fernández Sagasti atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que Fama se recupera de una intervención quirúrgica.

Al inicio de la sesión, la senadora Patricia Bullrich (LLA) presentó una moción basada en el artículo 227 del reglamento del Senado. En ese marco, planteó que “a partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

La propuesta recibió el respaldo de los distintos bloques, incluido el justicialismo. De esa manera, ninguno de los dos legisladores pudo participar de la sesión y se acordó abrir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, el debate sobre una eventual vuelta parcial a la virtualidad para casos particulares.

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Para habilitar esa modalidad será necesario modificar el reglamento del Senado con el voto de los dos tercios del cuerpo. Bullrich acordó avanzar por esa vía con los distintos bloques minutos antes de que se retomara el cuarto intermedio iniciado el pasado 16 de julio, cuando la Cámara no había logrado reunir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su tratamiento volvió a quedar postergado.

La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al viaje del presidente Javier Milei a Ecuador. En consecuencia, Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo.

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La vicepresidenta había establecido que su resolución, el Decreto de Presidencia 66/2026, que avalaba el pedido de ambos senadores, quedara ad referéndum de la aprobación del pleno del Senado. Finalmente, el cuerpo resolvió que la discusión sobre los votos remotos se lleve a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La vicepresidenta a cargo del PEN, Victoria Villarruel, que no presidió el Senado, participó este jueves de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, con la que dio inicio oficialmente a su misión diplomática y pastoral como representante del Papa León XIV en nuestro país.

propiedad privada, sesion, Senado

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En Colombia, los dinosaurios siguen en pie. Crónica de una ciudad que, a dos meses del terremoto, todavía se derrumba

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CALI, Colombia.- Los dinosaurios están en una repisa exhibidora. Son 29. Veintitrés de ellos siguen ubicados en sus compartimentos correspondientes, todos parados sobre sus minúsculas patitas de plástico. Un tiranosaurio con la boca abierta, uno de cuello largo, otro con placas en el lomo, de esos que se compran en cualquier juguetería y que un chico ordena con una seriedad que los adultos no le dedicamos a casi nada. Ninguno se cayó.

Es la imagen del dormitorio de un niño. Una postal que pudimos observar porque su habitación, de un segundo piso, ya no tiene pared. El terremoto se la llevó y la dejó abierta a la calle, como una casa de muñecas, en un edificio partido que Cali va a tener que demoler. Los juguetes están intactos.

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El lunes 10 de agosto, a las 7.34, la tierra empezó a moverse en San José del Palmar, en el Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad. Fue un sismo de magnitud 7,4, el más fuerte que registró Colombia en lo que va del siglo. Golpeó de lleno al occidente del país: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia. El epicentro estuvo del otro lado de la cordillera, pero la ciudad con más muertos fue Cali, con 154. Llegamos a ella casi un mes después, el 7 de septiembre, acompañando a Enrique Piñeyro, fundador de la ONG Solidaire, a entregar donaciones de la Cruz Roja.

Como había sucedido en La Guaira, Venezuela, algunas semanas atrás, edificios enteros se desplomaron en segundos con familias adentro. Las calles se llenaron de escombros, de sirenas, de gente buscando a los suyos con las manos. Uno imagina que a esa altura una ciudad ya está en otra etapa, juntando los pedazos, reparando. Pero no. Cali todavía está rompiéndose.

Lo primero que desconcierta en Cali es la arbitrariedad. No hay una zona arrasada y otra a salvo, una línea clara que separe a los que perdieron de los que no. Hay un edificio de pie, con sus ventanas enteras y la ropa tendida en el balcón, y al lado otro que ya no existe. Mismo barrio, misma cuadra, mismo sacudón de las 7.34. Una zona intacta, con gente comprando en el almacén y, en la siguiente, un edificio inclinado, sostenido por quién sabe qué, rodeado de cintas.

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Uno se vino abajo con familias adentro y el otro amaneció como cualquier lunes. Recorrer Los Cámbulos o Pampalinda es caminar por una lotería que nadie eligió jugar. Es el mismo sinsentido del estante de los dinosaurios, pero en escala de ciudad: lo que quedó en pie y lo que no parece repartido al azar.

Edificio en Cali, Colombia

Y el azar se agranda cuando se mira el mapa entero. El epicentro estuvo en el Chocó, del otro lado de la cordillera. Cali, más lejos, fue la ciudad con más muertos del país. En Armenia, con un impacto sísmico parecido, no murió nadie. La tierra se movió para todos más o menos igual. La pregunta es por qué no cayó igual para todos. Y ahí la injusticia deja de parecer azar.

El mismo día que llegamos, otro edificio más se había venido abajo. Esta vez, por decisión de la alcaldía. Después de un terremoto hay meses, si no años, de destrucción antes de la reconstrucción. Cuando llegamos, los cálculos de los especialistas en conjunto con el estado arrojaban por lo menos 765 construcciones que tenían que ser demolidas por completo.

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Edificio derrumbado en Cali, Colombia

Cada edificio que se demuele arrastra la misma pregunta: ¿por qué este sí y el de al lado no? Colombia tiene código sismorresistente desde 1984. Parte de lo que se cayó es anterior a esa norma, o se levantó a toda velocidad entre los 80 y los 2000, sin planificación, en parte durante los años del cártel de Cali. Pero también se cayeron edificios relativamente nuevos. Los ingenieros que recorren la zona hablan de normas antisísmicas que no se cumplieron y de materiales, cemento y hierro que no eran los que tenían que ser. A lo que creció sin planificación se suma la informalidad: una de cada tres viviendas construidas en el país entre 2005 y 2018 no tuvo licencia, ni control técnico. Debajo, además, el suelo de esta zona es más blando, algo que una microzonificación sísmica pendiente debería haber advertido.

Un terremoto es impredecible. No se puede evitar que suceda, pero sí que mate tanto. Por eso la Alcaldía abrió un peritaje para determinar si hubo corrupción, atajos en la obra o falta de inspección. Las curadurías aprobaban los planos. Nadie parece haber verificado que se construyera lo que decía el papel. Los nombres de los muertos ya están grabados en una placa. Los de los responsables, todavía no. Y cuando terminen las demoliciones y las topadoras se lleven el último escombro, va a quedar la tentación de llamarlo desastre natural. La falla fue natural. Lo demás, no.

Cali, Colombia, después del terremoto

En el Hospital Departamental, se derrumbó una parte del edificio donde estaban los bebés. “Tuvieron que sacar a todos los niños y atenderlos afuera, en carpas”, me contó un caleño que nos acompañó. “Hubo muertos porque no los pudieron sacar”. En un hotel donde se hospedaban unos músicos, todo quedó ahí: las camas, las valijas, una estadía que no terminó. Todo quedó detenido en el tiempo.

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Lo más extrañamente perturbador es la intimidad expuesta. En los edificios partidos, las casas de familia se ven por dentro, como si alguien hubiera arrancado la tapa de una caja: un dormitorio con la cama sin hacer, un baño con el cepillo de dientes en el vaso, un placard abierto, una foto todavía colgada en una pared que ya no da a ningún lado. Una casa es, antes que nada, el lugar donde uno puede cerrar la puerta. Es lo que nadie más ve: cómo dormimos, qué dejamos tirado, qué guardamos.

Sin esas imágenes, la magnitud del desastre se queda en cifras que nadie siente. Pero cada plano de un dormitorio expuesto es también la intimidad de alguien que no eligió exhibirla y que probablemente nunca sepa que la estamos mirando. No es una curiosidad del recorrido para documentar. Es la prueba más concreta de lo que se rompió.

Al momento de este recorrido, 45.139 familias habían sido desplazadas. Muchas de ellas siguen viviendo en refugios, o buscan cualquier departamento con una ayuda estatal de 875.000 pesos colombianos para alquilar. Hay tanta gente sin casa que no alcanzan las viviendas, y muchas terminan en hoteles con convenio, llenos de familias en lugar de turistas.

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La mayoría de los caleños con los que hablé destaca que la respuesta del Estado fue rápida y eficiente, un contraste fuerte con la vecina Venezuela. Hoy, a casi dos meses, Colombia suma 335 muertos, más de 4500 heridos, más de 750 edificios colapsados y más de 36.000 viviendas destruidas en 16 departamentos. Casi medio millón de personas afectadas. Cali tiene 154 muertos, más de 1600 heridos y al menos 24 edificios caídos por completo. Unas 20.000 familias caleñas siguen fuera de sus casas. El alcalde calcula tres años de recuperación.

Los dinosaurios seguían ahí, en fila, mirando una ciudad que antes no podían ver. Alguien los había acomodado con paciencia, uno al lado del otro, bien parados, cada uno en su lugar. Esa dedicación, la de un chico que cuida lo suyo como si de eso dependiera todo, es la que faltó a las paredes que los rodeaban.




LA NACION,Política,El lunes 10 de agosto, a las 7.34,La Guaira, Venezuela,Camila Dolabjian,A Fondo,Conforme a

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Ricardo Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales”

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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti analizó durante la tarde de este viernes el fallo del máximo tribunal que suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros. En ese sentido, resaltó que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.

En una entrevista con A24, el magistrado justificó la medida basándose en “tres aspectos”: “Uno, los hechos concretos. El otro es la cuestión ambiental, los recursos naturales. Y el tercero es algo que para mí es muy importante, que es el debilitamiento de la participación social en el Estado democrático, en el Estado de derecho”.

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“Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental. Tampoco pueden sorprenderse de que la Corte lo haga”, esgrimió Lorenzetti.

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.

La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

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Horacio Rosatti acompañó la postura de Lorenzetti

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.

En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.

El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”. Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.

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“Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental. En este caso, el doctor Rosatti y yo interpretamos que la ley ambiental, en el artículo 32, permite que los jueces tomen medidas aun cuando no hay una petición de parte. Es decir, nosotros hemos considerado que como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización, que en este caso es una organización ambiental. Entonces, hay una relación con la protección de los recursos naturales y por eso nosotros hemos interpretado, en base a este artículo 32 de la ley ambiental, que era procedente una cautelar frenando este artículo que ustedes mencionan del decreto de necesidad y urgencia, porque como no lo trataron en primera instancia, toda esta asociación quedó desprotegida durante todo ese tiempo”, argumentó su voto Lorenzetti.

La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar, por lo que el tribunal los convocó para desempatar.

Carlos Rosenkrantz no acompañó el voto de sus compañeros

En esta ocasión, Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas. Sin embargo, Lorenzetti consideró que la posición de su colega “también es legítima”.

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Rosenkrantz firmó en disidencia. Entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. Por lo tanto, sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa, por lo que en los hechos implicaría dejar vigente la derogación de la ley de tierras.

“La posición del doctor Rosenkrantz también es legítima, porque él tiene una opinión más restrictiva. Es decir, esto no significa nada. Al contrario, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte. No es que signifique un conflicto, me parece bien. Son dos opiniones diferentes, pero siempre hay una mayoría y una minoría. Yo creo que ahí se termina el asunto”, cerró el tema.

En ese sentido, Lorenzetti insistió en que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.

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El juez, luego, manifestó su sorpresa porque a pesar de la repercusión mediática y en redes sociales del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares ante la Justicia. Lo atribuyó a un “debilitamiento de la participación social” e instó a los ciudadanos a recurrir a los métodos oficiales de protesta y disidencia: “Hay que expresarse más en medidas cautelares, en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones. Este es un tema muy importante y nos llamó mucho la atención que en este caso prácticamente no hubo acciones”.

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La idea de autorizar listas colectoras vuelve a la mesa de negociación entre el Gobierno y las provincias

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Enfocado en lograr la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada analiza por estas horas la posibilidad de autorizar listas colectoras en los frentes electorales, con el objetivo de aumentar el apoyo entre los gobernadores.

Así lo confirmaron a diferentes fuentes del oficialismo.

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La posibilidad de que el proyecto de reforma política incluya colectoras ya había sido barajada inicialmente en la negociación, pero luego se desestimó.

Ahora, la idea volvió a ser analizada, pero bajo la modalidad de una única colectora por frente.

Una lista colectora es una herramienta que permite que dos o más partidos diferentes presenten sus propias listas para determinados cargos, por ejemplo, para diputados, pero todas llevan “enganchado” o “colgado” al mismo candidato para un cargo ejecutivo superior, como puede ser presidente o gobernador.

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“Está la posibilidad”, ratificó una de las fuentes consultadas. “Adhesión, sería la palabra”, agregó otra, en referencia a cómo sería el mecanismo. En la práctica, es similar. La lista “adhiere” al candidato de otra fuerza para un cargo superior.

“La idea es que no haya PASO el año próximo y poder incorporar una sola colectora por frente electoral”, agregó otro miembro de la Casa Rosada.

Se trata, fundamentalmente, de un pedido del sector del radicalismo. “Al peronismo también le sirve porque si no hay PASO podría utilizarla”, explicó otro miembro del oficialismo.

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El Gobierno trabaja a contrarreloj para lograr los votos para conseguir la aprobación del proyecto, que esperan poder comenzar a tratar durante octubre.

Por eso, tras su viaje a París, Francia, por la Argentina Week, en el que llevaron a 13 gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada, el Gobierno aceleró los contactos con mandatarios provinciales. Allí también se habló del tema de la posible incorporación de una colectora por frente, aseguraron las fuentes consultadas y por eso su evaluación volvió a escena con más fuerza en los últimos días.

Tras la vuelta del viaje, Karina Milei y Diego Santilli, principal interlocutor con los gobernadores, estuvieron este martes en Salta junto al mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz, y Raúl Jalil, de Catamarca.

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Santilli recibió este jueves a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y este viernes a Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, mantuvo un encuentro con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.Prensa Ministerio

Las negociaciones seguirán en los próximos días y la mira está puesta fundamentalmente en cuándo se reunirá Santilli con el radicalismo, por la cantidad de votos que representan en el Senado y podrían terminar inclinando la votación.

Tanto en el radicalismo y en Pro había reservas para acompañar el proyecto, pero en el Gobierno se muestran cada vez más optimistas.

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Por eso en las últimas horas se aceleraron las reuniones.

En el corazón libertario se muestran expectantes de lo que puede suceder durante los próximos días y también en lo que puede pasar el martes próximo, cuando vuelva a reunirse la mesa política, en la que se aborda el manejo del tema, junto a otros objetivos de la agenda legislativa.

Allí, encabezados por Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se dan cita todos los martes al mediodía los principales estrategas del Gobierno en las diferentes áreas: Patricia Bullrich, en el Senado, Martín Menem, en Diputados; Fabián Fernández en Comunicación y Medios; Luis “Toto” Caputo, en Economía; Eduardo “Lule” Menem; responsable del armado político libertario; Santiago Caputo y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

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Cecilia Devanna,Conforme a

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