POLITICA
Del retiro de dos capítulos a la presión de los aliados: así el Gobierno consiguió la ajustada media sanción de la Ley de Propiedad Privada
“Lo importante fue avanzar con la agenda de Javier Milei”, le dijo un senador libertario a TN tras el cierre de la sesión de este jueves y la madrugada del viernes, en la que el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque la iniciativa finalmente excluyó los cambios a la Ley de Tierras Rurales, el oficialismo logró evitar que la oposición kirchnerista postergara su tratamiento. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en Diputados.
El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto. “El espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello, y seguir el espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional: que la propiedad privada no sea violada”, fundamentó el senador de La Libertad Avanza.
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Por su parte, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó: “Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan”.
El neuquino Pablo Cervi le dijo a TN: “Argentina necesita reglas claras y seguridad jurídica. La defensa de la propiedad privada es un mensaje de confianza para quienes quieren invertir y producir”.
La construcción de mayorías
Para destrabar la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza retiró el capítulo cuarto, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. De esa manera, el oficialismo logró sostener el acompañamiento de los aliados, con quienes ya había acordado descartar el capítulo referido a los cambios en la Ley de Tierras Rurales.
Entre los bloques que acompañaron estuvieron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales que responden a los gobernadores, como en el caso de la chubutense Edith Terenzi. Desde Misiones, los senadores Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones, flamante monobloque) también sumaron sus votos a favor.
Sin embargo, durante el debate hubo un episodio que tensó la relación del oficialismo con sus aliados. Ocurrió cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio contra la kirchnerista Juliana Di Tullio y afirmó: “La ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres (los cambios a la ley de Tierras rurales), que es para los argentinos”.
Los sectores dialoguistas se sintieron aludidos por la referencia a “los tibios del medio” y terminaron inclinando la balanza por el rechazo al capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego. Benegas Lynch intentó luego explicar el alcance de sus palabras, pero no logró convencer a los aliados.
Varios votos negativos
Desde la bancada justicialista se sumaron varios votos de rechazo. Jorge Capitanich planteó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres. La inviolabilidad de la propiedad privada encubre para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.
El también peronista Pablo Bensusán cuestionó que nuevamente se discutiera un proyecto sin dictamen oficial: “De este lado estamos los que defendemos la soberanía, el federalismo, las provincias, las economías regionales. Quienes voten esta ley, están del lado de entregar la Argentina a los Estados extranjeros y yo no voy a ser cómplice de eso”.
La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que los cambios realizados no fueron suficientes, ni siquiera con el retiro del capítulo referido a la venta de tierras rurales.
“A pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap. I Expropiación y Regularización dominial, Cap. II Procesos de Desalojo, Cap. IV Manejo del Fuego, Cap. V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar, esta es una decisión responsable, todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse”.
Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Otro sector que le dio la espalda al oficialismo fue Convicción Federal, el espacio de la jujeña Carolina Moisés. El catamarqueño Guillermo Andrada, integrante de ese bloque, cargó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”.
El legislador Andrada había señalado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos, si bien el 60% es propietario, la mayoría que cobra un salario está regulada por este Gobierno que impide paritarias libres”.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad se había opuesto a los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego. “Se suprime la protección posterior a los incendios para bosques, humedales y zonas agropecuarias, pero el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”, sostuvo. Además, adelantó que la modificación “va a ser cuestionada judicialmente”.
Los puntos del proyecto
La iniciativa introduce una amplia reforma en la Ley de Expropiaciones en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto conserva esa facultad, pero establece que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar específicamente el objetivo perseguido y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En relación con las indemnizaciones, establece que deberá tomarse el valor objetivo del bien y considerar su valor de mercado cuando resulte determinado o determinable. Además, incorpora expresamente el lucro cesante.
Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por la vía del juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las etapas procesales.
El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —en referencia al expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que establece un régimen de regularización dominial. La norma vigente permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.
El proyecto sancionado por el Senado reemplaza ese corte temporal por un requisito móvil. Podrán solicitar la regularización quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la presentación.
Los cambios también alcanzan a la ley que regula los Registros de la Propiedad Inmueble de las distintas jurisdicciones. La iniciativa reconoce expresamente la presentación de documentos digitales y exige que tanto la solicitud como el instrumento registrable estén suscriptos con firma digital.
Si bien algunas jurisdicciones ya admiten presentaciones electrónicas, el proyecto incorpora expresamente esa posibilidad dentro del régimen nacional.
Sin votos virtuales
El Senado no trató las autorizaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para que los senadores Anabel Fernández Sagasti, de la bancada justicialista, y Flavio Fama, de la UCR, pudieran sesionar y votar de manera remota debido a distintas situaciones personales que les impidieron estar presentes en el recinto.
Fernández Sagasti atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que Fama se recupera de una intervención quirúrgica.
Al inicio de la sesión, la senadora Patricia Bullrich (LLA) presentó una moción basada en el artículo 227 del reglamento del Senado. En ese marco, planteó que “a partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
La propuesta recibió el respaldo de los distintos bloques, incluido el justicialismo. De esa manera, ninguno de los dos legisladores pudo participar de la sesión y se acordó abrir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, el debate sobre una eventual vuelta parcial a la virtualidad para casos particulares.
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Para habilitar esa modalidad será necesario modificar el reglamento del Senado con el voto de los dos tercios del cuerpo. Bullrich acordó avanzar por esa vía con los distintos bloques minutos antes de que se retomara el cuarto intermedio iniciado el pasado 16 de julio, cuando la Cámara no había logrado reunir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su tratamiento volvió a quedar postergado.
La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al viaje del presidente Javier Milei a Ecuador. En consecuencia, Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo.
La vicepresidenta había establecido que su resolución, el Decreto de Presidencia 66/2026, que avalaba el pedido de ambos senadores, quedara ad referéndum de la aprobación del pleno del Senado. Finalmente, el cuerpo resolvió que la discusión sobre los votos remotos se lleve a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La vicepresidenta a cargo del PEN, Victoria Villarruel, que no presidió el Senado, participó este jueves de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, con la que dio inicio oficialmente a su misión diplomática y pastoral como representante del Papa León XIV en nuestro país.
propiedad privada, sesion, Senado
POLITICA
Cacace defendió la reforma sobre propiedad privada y aseguró que el límite para la compra de tierras “desalienta proyectos productivos”
La Cámara de Senadores discute un proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. El debate se da tras múltiples cambios en el texto, con el Ejecutivo retirando el capítulo sobre tierras para conseguir consensos. El Gobierno busca dar una señal de seguridad jurídica a inversores y propietarios, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre el alcance de estas reformas.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.
Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.
Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.
Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión
El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.
Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.
Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.
El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.
Cambios en la ley de expropiaciones
El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.
Modificaciones a la ley de manejo del fuego
El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.
La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.
Objetivos oficiales y efectos esperados
Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.
El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.
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POLITICA
“Macri me alentó a que lo hiciera”: Hernán Lacunza dijo que consensuó su candidatura presidencial con colegas del Pro
El exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza ratificó este sábado su intención de competir como precandidato presidencial por el Pro en las próximas elecciones y afirmó que conversó sobre su postulación con el exmandatario Mauricio Macri, quien le dio su respaldo.
“Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, sostuvo el economista en conversación con Radio Mitre, aunque remarcó que el partido “se desdibujó en los últimos años” y “perdió nitidez” en su propuesta.
Sobre la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza diferenció el ajuste fiscal de la necesidad de inversión en infraestructura. “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, matizó.
“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”, advirtió.
También se refirió al rumbo económico y destacó el aporte del Gobierno a la estabilización, aunque señaló desequilibrios en la actividad productiva. “El modelo genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda. Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”, enumeró.
“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, comparó, al diferenciar un modelo productivo de uno financiero.
Al ser consultado sobre si su candidatura podría ser considerada “funcional al kirchnerismo” por “dividir a la derecha o centro-derecha”, Lacunza respondió: “Me parece que ese argumento es filosóficamente pobre. ‘Que no aparezca nada mejor por si aparece algo peor’. Es condenarnos a lo que hay”, sostuvo.
Su anuncio y la reacción del Gobierno
El dirigente del Pro ya había expresado su voluntad de postularse en julio de este año, durante una entrevista con el canal A24. “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó en aquella oportunidad.
Según pudo saber , en la Casa Rosada le restaron importancia los dichos del exministro de Hacienda. Fuentes del Gobierno entienden que el Pro busca condicionar a La Libertad Avanza (LLA) de cara a un posible acuerdo en la ciudad de Buenos Aires.
“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirmaron desde la dirigencia libertaria.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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