POLITICA
La oposición impulsa proyectos para aliviar las deudas de las familias y reclama abrir el debate en el Congreso
A pesar de que el presidente Javier Milei señaló en las últimas semanas sobre las deudas que “son una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”, los diferentes sectores de la oposición, mas cercana, y más alejada del oficialismo, presentaron proyectos en el Congreso para buscar una solución para las familias.
Esto se da luego de que relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas estimen que las deudas en los hogares alcanzaron niveles máximos en las ultimas dos décadas.
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Desde Provincias Unidas, el radical crítico, Pablo Juliano, presentó una iniciativa y señaló que “desde que llegó Milei al poder se multiplicó la morosidad de las familias y se disparó el crédito de corto plazo”. En su proyecto hace referencia a informes de la consultora Zentrix que detalla que ocho de cada diez personas no llegan con dinero al día 20.
El bonaerense pidió crear un Régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito. “La morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente”, señaló el legislador de la UCR, en Provincias Unidas.
En Unión por la Patria (UxP) alertan que la crisis es peor que en el 2001. “Ese año la crisis surgió porque retuvieron los fondos de la gente que tenía depósitos en los bancos. Hoy es peor la crisis porque la gente tiene deudas con los bancos y sobre todo con las plataformas digitales que son usurarias con sus intereses. Hoy no son gastos para comprar heladeras, televisores, o cambiar el auto, hoy los gastos son para comer”, señaló a TN el diputado Carlos Castagneto.
Castagneto adelantó que, la bancada que lidera Germán Martínez, esta unificando los proyectos para discutirlos en las comisiones respectivas.
También hay propuestas que llevan la firma de las legisladoras Lucía Cámpora, Julieta Campo, Gabriela Estévez, Paula Penacca y Julia Strada, entre otras. Otra iniciativa de los diputados Vanesa Silley, Mario Manrique, Sergio Palazo y Lucía Cámpora establecen crear una plataforma denominada Desendeudar, Segunda oportunidad familiar. También hay presentaciones del porteño peronista Roberto Santiago y de la bonaerense Natalia Zaracho.
Mientras que Diego Giuliano y Caren Teep propusieron declarar la emergencia nacional en lo económico y social debido al endeudamiento de personas humanas, y/o grupos familiares, usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas fintech en todo el territorio nacional con el objeto de adoptar medidas destinadas a prevenir situaciones de sobreendeudamiento crítico y proteger la estabilidad económica y social de los hogares argentinos.
Propuesta para las Pymes
La diputada peronista Roxana Monzón esta solicitando un régimen especial para las deudas de las Pymes y Micro Pymes con el ente recaudador ARCA, proponiendo un plan de regularización fiscal. El mismo establecerá que no se exigirá pago a cuenta o anticipo de ningún tipo para la consolidación del plan; con un plazo máximo de financiación de hasta 120 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Una tasa de interés de financiación que será fija y equivalente al 50 % de la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la consolidación del plan y las cuotas vencidas y no abonadas en término devengarán únicamente el interés resarcitorio sin acumulación de intereses punitorios, salvo incumplimiento de tres cuotas consecutivas o alternadas, supuesto en que operará la caducidad del plan.
Además, se suspenden ejecuciones y embargos. “El tejido productivo nacional se encuentra asfixiado por una profunda crisis económica, caracterizada por una severa y sustancial caída del consumo en el mercado interno, el incremento desmedido de los costos operativos y una devaluación del poder adquisitivo que paraliza las ventas comerciales e industriales”, fundamentó la diputada Monzón.
Los aliados también piden soluciones
El diputado del Pro, Cristian Ritondo cree que algo hay que hacer. “El Gobierno debería hablar con el sector financiero y bancario para encontrar alguna forma que, en esta lógica de baja de inflación, de baja tasas favorezca que haya algún tipo de negociación con la deuda que tienen las familias. Principalmente en tarjetas de crédito, tarjetas de pago, entendiendo que las tasa que tienen las tarjetas son muy altas comparado con la inflación que hay”.
Según datos publicados recientemente en base a información del BCRA, la irregularidad del crédito a las familias alcanzó el 12,7% en junio, luego de 19 meses consecutivos de aumentos. Los préstamos personales llegaron al 15,9% de irregularidad y las tarjetas de crédito al 13,1%.
Desde el Senado, la legisladora Beatriz Ávila, de la bancada Independencia, aliada al oficialismo que lidera Patricia Bullrich, presentó una iniciativa para facilitar la regularización de deudas de consumo, con quitas sobre intereses, planes de pago de hasta 60 meses y suspensión de embargos y reportes negativos durante el cumplimiento del acuerdo.
La propuesta establece un mecanismo para que quienes se encuentren sobrendeudados puedan reordenar sus obligaciones, afrontar sus deudas bajo condiciones más sostenibles y permanecer dentro del sistema financiero formal, evitando que una situación de mora termine en una exclusión financiera permanente.
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El proyecto contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago de hasta 60 meses y una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central. También establece la suspensión de embargos, ejecuciones y reportes negativos mientras el deudor cumpla con el plan acordado.
“El problema del sobreendeudamiento ya está afectando a miles de familias y necesitamos darles una herramienta concreta para salir de esa situación. No se trata de promover el incumplimiento ni de borrar las deudas: se trata de generar condiciones para que una persona que cayó en mora pueda regularizarse y volver a ser parte del sistema financiero formal”, sostuvo Ávila.
Por ahora La Libertad Avanza no quiere escuchar hablar de estas iniciativas, pero cada vez son mas los legisladores que están pidiendo abrir las comisiones para iniciar los debates.
crisis, deudas, familias
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Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.
“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.
El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.
Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.
Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país
El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.
Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.
A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.
“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.
POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a
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En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”
El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.
“Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.
En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.
Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.
El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.
Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.
El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.
La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.
Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.
La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.
El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.
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