POLITICA
La Justicia le advierte al Congreso que el cambio de las PASO no debe hacerse en pleno proceso electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtió al Congreso que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral. Pareció sugerirle, de ese modo, que la eliminación o suspensión de las PASO se haga, si así lo requiere, antes de fin de año, ya que el próximo habrá elecciones en todo el país.
Según pudo saber , lo que no quieren los jueces es que comenzado el año 2027 se produzcan cambios que impliquen una alteración del calendario electoral, sobre todo en una elección presidencial compleja, con numerosas listas, y donde no se definieron por ejemplo algunos asuntos, como la votación de las categorías de legisladores del Mercosur.
Por eso, si es que avanza una reforma, los jueces entienden que mejor que suceda ahora y no que el Congreso se aboque a esta tarea en las sesiones extraordinarias o recién en marzo próximo, cuando ya arrancó el calendario organizativo de las elecciones nacionales, señalaron fuentes judiciales.
En ese marco, la Justicia electoral pidió prudencia política a través del texto de la acordada, de ocho carillas, que firmaron los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, por unanimidad.
Allí pusieron en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de que el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas “observe los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones”.
“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.
El tribunal recordó que siempre mantuvo “un rol activo en la tutela de las condiciones institucionales” necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral y mencionó numerosos precedentes donde se señalaba que alterar la estabilidad del marco legal durante un proceso electoral puede generar más perjuicios que beneficios.
Los jueces destacaron que los estándares internacionales en materia de integridad recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación.
El tribunal subrayó que estas consideraciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario organizado en marzo de este año, con motivo de evaluar la implementación del sistema de boleta única que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2025.
Frente a la existencia de diversos proyectos de reforma electoral en condiciones de ser tratados por el Congreso, y ante la proximidad del plazo recomendado por las directrices internacionales, el tribunal decidió dirigirse a las autoridades competentes “a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero; de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.
No obstante, los camaristas aclararon que la acordada no implica “juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político institucional o el mérito” de la reforma política, que es una cuestión privativa del Congreso Nacional.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Un fiscal bonaerense aseguró que aplicará la ley que baja la edad de imputabilidad pese al fallo que la suspendió

La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite imputar penalmente a adolescentes desde los 14 años. La medida fue dictada por la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, quien cuestionó la falta de infraestructura para alojar a los menores.
En este contexto, el fiscal Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, aseguró que en su jurisdicción continuarán aplicando la Ley 27.801 y cuestionó con dureza la resolución de Pascual. “La decisión de la jueza es un absurdo”, sostuvo en diálogo con TN.
Según explicó Zárate, la ley tiene carácter penal y, por lo tanto, sus disposiciones de fondo rigen en todo el país. A su entender, la resolución de una jueza bonaerense no puede dejar sin efecto la norma en toda la provincia.
“En este caso, a mi juicio, la decisión de la jueza no está dentro de sus atribuciones como juez. No puede suspenderla”, afirmó. Y agregó: “Ella puede decidir en un caso concreto no aplicar determinada norma declarando su inconstitucionalidad. Ahora, suspender la aplicación de una norma salida del Congreso de la Nación, una norma penal, es un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico”.
Qué dijo sobre la aplicación de la ley
Ante la consulta sobre qué ocurrirá si un adolescente de 14 o 15 años comete un delito grave en San Isidro, Zárate fue contundente: la nueva ley será aplicada. “A mi juicio es plenamente vigente”, indicó.
El fiscal también rechazó el argumento de que la falta de establecimientos específicos impida cumplir con el nuevo régimen. “También quedaban detenidos con medidas de seguridad. No iban a ser condenados, no iban a ser procesados por ese delito, pero sí se disponía judicialmente de ellos. E iban a institutos también”, explicó sobre la aplicación antes de la reforma.
Además, señaló que la Ley 27.801 contempla penas alternativas y un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes, por lo que la privación de libertad no se aplica en todos los casos.
“Difícilmente un fiscal o un juez coherente en la provincia de Buenos Aires le dé el alcance que ella quiso darle”, concluyó el fiscal.
Leé también: Un cura villero presentó el hábeas corpus que frenó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires
La resolución de la jueza Pascual establece una suspensión preventiva durante 60 días y convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. En esa instancia, funcionarios del Gobierno bonaerense deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan para adecuar el sistema provincial al nuevo régimen.
baja de imputabilidad, fiscal
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El camino de Borges: cronología de un golpe

A 50 años del último golpe de Estado, antesala de la dictadura militar más sangrienta, presenta el documental “El camino de Borges”, que reconstruye los desencadenantes del quiebre institucional, el clima de violencia que se había cristalizado a partir del tercer gobierno de Juan Domingo de Perón y la parábola social que vivió la sociedad argentina durante la larga noche del Proceso.
La cronología de aquel 24 de marzo que marcó a fuego la historia nos llega desde el análisis de Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni, Jorge Fernández Díaz, Camila Perochena, Marcelo Larraquy y Pablo Sirven. Testimonios de protagonistas de aquellos días, como Jesús Rodríguez, Diego Guelar, Lito Vitale, María Eugenia Estenssoro y José Ignacio López, entre otros.
El video, de 35 minutos, repasa el contexto internacional de guerra fría en el que se desencadenó el golpe, la crisis económica que estalló a partir del Rodrigazo, las negociaciones secretas, y a la postre fallidas, para evitar la caída del gobierno de Isabel Perón y el avance de la conjura militar que se hizo imparable al iniciarse 1976.
La profundidad del análisis político y social corre en paralelo con imágenes de archivo de los minutos previos y posteriores a la jura de la Junta Militar liderada por Videla, Massera y Agosti. Un viaje en el tiempo para entender cómo se vivieron esas horas críticas, la reacción de una población desbordada por la violencia y por qué hay heridas que no terminan de cerrar.
>LA NACION,>Política,Golpe de estado de 1976,Derechos Humanos,Documentales,Conforme a
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La “vecina” de Cristina Kirchner admitió que compró el primer piso de San José 1111 y dijo para qué lo adquirió

La sindicalista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner y es dueña de otras propiedades, se presentó ante la Justicia para pedir su sobreseimiento en el marco de la causa que investiga el contrato de la empresa USEM con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la gestión de Abel Furlán.
En ese contexto, Calle admitió la compra del primer piso en San José 1111, algo que había negado ante una consulta de , y argumentó que lo adquirió para “una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.
Calle compró el inmueble el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal dos le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta. ¿Para qué lo hizo? había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”. En su presentación judicial, la sindicalista no dio detalles de la supuesta Fundación.
En cambio, le adjudicó otro de sus bienes, un BMW M135 X Drive, a su actual pareja, Federico Darío Monzón, que también adquirió una moto de la misma marca valuada en US$ 20.000.
“Fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, dice el escrito firmado por el abogado Slonimsqui.
Junto a Monzón, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global.
La presentación judicial aclara que esa firma estaba vinculada a “un proyecto empresarial estrictamente privado y familiar” y que “la sociedad no llegó a desarrollar actividad comercial efectiva.
Cuando reveló la compra del departamento de San José 1111, Calle negó la operación y hasta una vinculación con la UOM. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, dijo ese día.
Luego se confirmó que fue empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026, cuando fue despedida por decisión del actual interventor, Alberto Biglieri.
Ahora confirmó, también, que era dueña del departamento que negaba.
reveló que Calle también es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.
La casa de la calle Belgrano tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.
Sobre esos bienes, Calle solo dijo que “fueron adquiridos con anterioridad a la constitución de USEM S.A y a la celebración del contrato” con la UOM.
La semana pasada, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de ambos que incluyen pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
Esa causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta por el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, que administró los aportes de los afiliados al gremio. Su ganancia equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados (un negocio estimado en $100 millones mensuales, según la denuncia).
La defensa de Calle sostiene que la contratación de USEM “fue una decisión del secretariado general de la UOM” y que la empresa “dispuso de una organización funcional, personal asignado, oficinas, equipamiento y asesoramiento externo destinados a la ejecución del contrato”.
“El contrato no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio. Su objeto fue gestionar, dentro del marco del fideicomiso UOMRA-BNA, la apertura y operatoria de cuentas bancarias correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional, y atender excepcionalmente pagos por cuenta y orden de la entidad cuando ésta lo requiriera”, completa la presentación judicial.
LA NACION había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”,compra del departamento de San José 1111,una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Cristina Kirchner,Conforme a
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