El Senado de la Nación debate un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.

El propósito central de la normativa que debate la Cámara alta apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.

Sin embargo, el proyecto divide a los bloques políticos de manera transversal, según intereses regionales. Aspi, el texo fue cuestionado con dureza por los legisladores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires.

Las voces críticas a la iniciativa advirtieron que las regulaciones que contempla el texto atentan contra los pequeños productores y que llevará a la concentración del mercado en manos de las grandes compañías del sector, en especial a las aceiteras de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Para conseguir la aprobación del proyecto, se le introdujeron cambios de último momento con el objetivo de reducir los cuestionamientos formulados por senadores de provincias de la zona núcleo, preocupados por defender a los pequeños productores que no se encuentran en una cadena productiva integrada.

El proyecto declara de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional.

Uno de sus motores operativos fundamentales consiste en fijar incrementos obligatorios y escalonados en los porcentajes de mezcla con los combustibles fósiles tradicionales.

En el caso del gasoil o diésel, la norma establece un corte mínimo inicial obligatorio del 7,5% de biodiesel, cuota que se elevará al 10% una vez transcurridos doce meses desde la promulgación de la ley.

Por su parte, para las naftas se fija un corte obligatorio inicial del 12% de bioetanol -respetando una cuota equitativa del seis por ciento para el producido a partir de caña de azúcar y un seis por ciento derivado del maíz-, porcentaje que ascenderá al 15% al cumplirse el primer año de vigencia del nuevo marco regulatorio, quedando el remanente libre para ser completado con cualquier otra materia prima renovable.

La propuesta fue defendida por la senador Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería y autora de una de las iniciativas que se tuvieron en consideración para alcanzar el dictamen que se discutió en el recinto.

“Esto no es una reforma sino que es un nuevo marco regulatorio que intenta construir una política de largo plazo, una política que ha combinado previsibilidad y competencia, que fortalece las economías regionales y que habilita el agregado de valor de los granos en origen”, explicó Royón.

que invirtió, hoy pierde. ¿Qué gana el país con esta modificación? POrque cada vez que se reasigna un mercado debe ser para que el país avacen, para generar nuevas fuentes de trabajo, pero nada de eso va a pasar las grandes industrias del biodiesel tienen la instalación y mano de obra y no van a generar nada nuevo.

En el otro extremo se ubicó Daniel Bensusán (PJ-La Pampa), quien cuestionó en duros términos la iniciativa por considerar que no beneficia a nadie y que con sus regulaciones dará lugar al cierre de pymes en el interior del país.

“Quienes acompañen esta ley tendrán que explicarle a los que pierdan sus fuentes de trabajo en La Pampa y en San Luis, porque con este dictamen en poco tiempo más empiezan a cerrar todas estas pymes que invertían y producían en las economías regionales del interior y va a quedar todo concentrado en el polo agroexportador de la provincia de Santa Fe”, denunció Bensusán.

Además de le elevación de la cuotas de los cortes, la iniciativa incorpora mecanismos para asegurar la libre formación de precios y evitar distorsiones en el mercado interno.

Así, la comercialización mensual destinada a abastecer los cortes obligatorios se concentrará de forma única mediante subastas públicas en un Mercado Electrónico operado por un organismo independiente, tomando como referencia objetiva los valores internacionales de paridad de importación.

En el aspecto tributario, deja a los biocombustibles exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), gravándose únicamente el componente fósil de la mezcla final.

También permite la desregulación del uso y la comercialización de energías renovables complementarias, como el biometano para inyección en gasoductos y el Combustible Sostenible de Aviación (SAF).

Entre los cambios introducidos poco antes de iniciado el debate se destacan las definiciones técnicas para distinguir estrictamente entre empresas integradas de manera vertical en una cadena productiva y aquellas que no lo están. Se categoriza a las primeras como aquellas plantas que superen una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales y formen parte de un grupo económico tenedor de fábricas de aceites vegetales o harinas proteicas.

Por el contrario, se definió como empresas no integradas a las firmas con capacidad menor o igual a 50.000 toneladas al año o que no pertenezcan a conglomerados aceiteros.

También se incorporaron resguardos explícitos contra la concentración económica y mecanismos para afianzar el “federalismo productivo”, fijándose una cláusula antimonopolio que impide que alguna empresa elaboradora o grupo económico pueda adjudicarse más del 10% del biodiesel comercializado por año, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.

En paralelo, la norma instruye a la autoridad de aplicación a instituir regiones geográficas de negociación con un límite de hasta el 20% del volumen anual comercializado, con el objeto directo de optimizar la eficiencia logística, abatir los costos de transporte en el territorio nacional y proteger las cadenas de valor agroindustriales del interior del país.