Los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart y Celeste Fierro presentaron una acción de habeas corpus para “evitar detenciones arbitrarias” en la denominada “Marcha de la Bronca”, que el Frente de Izquierda impulsa y que se realizará este sábado por la tarde, en un recorrido desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, con consignas opositoras al gobierno de Javier Milei. Los organizadores buscan contrarrestar la posible aplicación del protocolo antipiquetes.

Bodart y Fierro −ambos exlegisladores porteños− sostuvieron en su presentación judicial que formalizan la solicitud de habeas corpus “en favor de todas las personas que participen o transiten por la manifestación denominada ‘Marcha de la Bronca’, prevista para el día 19 de septiembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de evitar detenciones arbitrarias y cualquier afectación a su integridad por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la aplicación del denominado ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’”.

Los dirigentes del MST consideraron que el protocolo antipiquetes habilita “la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa, calificando cualquier reunión o corte parcial de calles como un delito flagrante y permitiendo la detención arbitraria de manifestantes”. Argumentaron que “esta normativa vulnera derechos constitucionales fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad ambulatoria y el derecho de reunión pacífica”.

“Se solicita que se mandate a las fuerzas de seguridad cumplan su función acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, a los fines de garantizar el pleno ejercicio de manifestarse y peticionar ante las autoridades, salvaguardado la integridad física de quienes participan de las protestas. En particular, se ordene que el personal de las fuerzas de seguridad porte visiblemente su nombre, apellido y rango”, pidieron Bodart y Fierro en la presentación judicial, que aún no tiene juzgado a cargo designado.

Como antecedente, los integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad que firmaron la solicitud de habeas corpus señalaron que, en la manifestación contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el 6 de agosto, en la Plaza del Congreso, “las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la masiva protesta en un Congreso vallado y la aplicación de este protocolo derivó en detenciones masivas e ilegales y uso de la fuerza desproporcionado, dejando una gran cantidad de heridos por la fuerza de seguridad nacional y de la ciudad de Buenos Aires”. remarcaron que “existe riesgo cierto e inminente de que esta situación se repita”.

Al insistir sobre el antecedente de la manifestación del 6 de agosto, en la presentación se subrayó el pedido de que “se disponga la designación de veedores judiciales que supervisen el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo del 19 de septiembre de 2026″.

Según puntualizaron los dirigentes del MST en su requerimiento judicial, “el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, confirmó ante las consultas de distintos medios de comunicación que aplicará un dispositivo especial de control en la zona”.

“El derecho a la protesta es una manifestación esencial de la vida democrática y una herramienta legítima de participación ciudadana. Su criminalización, mediante la aplicación de un protocolo que habilita la represión indiscriminada y las detenciones arbitrarias, constituye una grave regresión en materia de derechos humanos. El Poder Judicial tiene el deber de actuar como garante de la Constitución Nacional y de velar por la supremacía del Estado de derecho”, concluyeron Bodart y Fierro.

El FIT-U impulsa una “autoconvocatoria” de unas 200 organizaciones a la “Marcha de la Bronca”, que tiene como consigna “En el camino de derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general”. La manifestación comenzará frente al Congreso, a las 15.30 y, una hora después, comenzará la marcha hacia Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo. Los organizadores esperan una concurrencia de “varias decenas de miles” y anuncian réplicas de la marcha central en distintas ciudades de todo el país.

Al confluir en Plaza de Mayo, la protesta culminará con la lectura de un documento crítico de la gestión Milei, a cargo de artistas, y el cierre musical con una versión de “La Marcha de la Bronca”, de Miguel Cantilo.

Entre los acuerdos políticos y la ortodoxia económica, esta semana volvió a imponerse la segunda. La presentación del Presupuesto 2027 dejó al descubierto una contradicción dentro del Gobierno: el texto enviado por el Poder Ejecutivo avanzó en sentido contrario a la negociación que el oficialismo venía sosteniendo con sus aliados en el Congreso para encontrar una salida al conflicto por discapacidad.

Ante el riesgo de otra derrota parlamentaria, Martín Menem buscó contener a propios y aliados y trazó una estrategia junto con Diego Santilli: aprovechar el cortocircuito que provocó el Presupuesto para convencer al equipo económico de aceptar el proyecto alternativo que los diputados libertarios venían negociando con sus socios.

La crisis abrió así una discusión dentro del Gobierno. De un lado quedaron Menem y Santilli, que necesitan reconstruir los acuerdos políticos en el Congreso. Del otro, las posiciones que terminaron reflejadas en el Presupuesto: la defensa del equilibrio fiscal de Luis Caputo y los cambios en el sector impulsados desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La discusión tendrá dos escalas la semana próxima. El lunes llegará a la reunión de Gabinete y el martes, a la mesa política. Menem y Santilli buscarán allí que el temblor de esta semana juegue a su favor: que Economía avale las concesiones necesarias para sostener el acuerdo con los aliados y evitar que el tema de la discapacidad vuelva a reunir en el recinto una mayoría adversa al Gobierno.

El principal reclamo tanto de Pro, la UCR y otros bloques provinciales es que se garantice el cumplimiento del artículo 13 de la ley de discapacidad, que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. Los aliados también piden garantías de que las prestaciones para las personas con discapacidad no se verán afectadas.

“Si ustedes no pagan, no vengan a pedirnos a nosotros que nos inmolemos”, lanzó un referente de los bloques amigos.

Pese a las diferencias, coincidieron en seguir trabajando sobre un proyecto “superador”: una salida que permita abandonar el esquema de emergencia, pero que antes atienda los reclamos que dieron origen a la ley vigente.

Poco más de 24 horas después llegó el Presupuesto y dinamitó lo conversado.

Laura Rodríguez Machado, una de las principales referentes libertarias en la negociación del nuevo texto, tuvo que aclarar públicamente durante el debate en comisión que el proyecto de presupuesto sería revisado.

Rodríguez Machado es una exPro aliada a Patricia Bullrich, que también expresó su desconcierto este jueves. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo en Radio Rivadavia.

Recomponer con los aliados

Pese al cortocircuito, en Diputados decidieron mantener abierta la negociación. El oficialismo aseguró a los bloques aliados que confían en que el equipo económico terminará aceptando las modificaciones que se acuerden en el Congreso.

Los antecedentes pesan. Desde el año pasado, el Gobierno atravesó siete votaciones adversas en el Congreso vinculadas con discapacidad -incluida la insistencia frente a un veto presidencial-, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En ese recorrido también fue perdiendo respaldos entre sus aliados parlamentarios.

El último revés ocurrió en diciembre, cuando Diputados rechazó un capítulo completo del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Es la escena que Menem y Santilli quieren evitar que se repita.