POLITICA
La Justicia cita a 10 exsenadores y pide investigar si la Cámara de Diputados cometió un delito

Diez exsenadores bonaerenses de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica deberán presentarse a declarar la semana próxima en los tribunales penales platenses en la investigación sobre “ñoquis” y punteros políticos que operan en el Senado provincial y que es conocida como “Chocolate II” o “Chocolates en el Senado”.
La maniobra que se investiga consistía en nombrar empleados falsos en la Legislatura bonaerense, los llamados “ñoquis”, y quedarse con una parte de sus sueldos.
Los dirigentes políticos deberán declarar entre el lunes y el miércoles próximos, según reveló TN, ante el fiscal de La Plata Juan Menucci, quien busca determinar quiénes designaron a los titulares de las 39 tarjetas de débito bajo sospecha, a quiénes reportaban y qué vínculo mantenían con Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, la pareja que fue registrada operando esas tarjetas en los cajeros del Banco Provincia.
La pesquisa comenzó como un desmembramiento de la causa que tiene a Julio “Chocolate” Rigau y decenas de “ñoquis” de la Cámara de Diputados bonaerense, luego de que detectara en 2024 la presencia de esos dos operadores en los videos del Banco Provincia y lograra identificarlos como Muguerza y Ortellado.
Las cámaras de seguridad habían registrado a Muguerza y Ortellado concurriendo a los cajeros durante las mismas madrugadas en las que operaba Rigau las tarjetas de supuestos empleados de la Cámara de Diputados.
Incluso fueron registrados saludándose y conversando con Chocolate Rigau. Ese hallazgo permitió detectar un segundo circuito de tarjetas, esta vez correspondiente al Senado bonaerense.
A diferencia de “Chocolate” Rigau, vinculado al entramado político del Frente Renovador, Muguerza y Ortellado integraban el circuito político del PRO y la Unión Cívica Radical.
Muguerza además es un histórico militante radical de La Plata y llegó a desempeñarse como funcionario de la gestión de Julio Garro en la Municipalidad de La Plata.
La investigación de había revelado además que entre los titulares de las 39 tarjetas aparecían familiares y personas vinculadas al entorno político platense.
Algunos de los titulares que posteriormente declararon como testigos dijeron que trabajaban políticamente para Muguerza y describieron tareas de militancia territorial.
En ese contexto, el fiscal Menucci dispuso el 9 de este mes citar a audiencia como testigos —y, por tanto, con obligación de declarar la verdad— a los exsenadores Yamila Araceli Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla, quienes deberán presentarse este lunes. Un día después deberán comparecer Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto. Y el miércoles, Joaquín de la Torre, Owen Fernández Farguharson, María Lorena Mandagara y David Hirtz.
Todos ellos deberán responder si trataron con Muguerza, Ortellado o alguno de los 39 titulares de las tarjetas del Senado, que en su mayoría milita para el radicalismo platense, y todos ellos también se encuentran imputados en la pesquisa que instruye la Fiscalía desde hace dos años.
Los senadores (mandato cumplido) se sumarán así a los secretarios de los bloques políticos del Senado bonaerense que ya declararon en la Fiscalía, en tanto que Muguerza, Ortellado y los demás imputados todavía no fueron indagados.
Asimismo, contadores de la Procuración General ultiman un peritaje sobre los movimientos de todas las cuentas sueldo de los titulares de las 39 tarjetas con el objetivo de detectar transferencias y otras operaciones que permitan reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes terminaron recibiendo esos salarios.
La citación de los diez senadores provinciales se conoció horas después de que trascendiera que los diputados provinciales aprobaron archivar los expedientes administrativos que había requerido la fiscal Lacki y el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, mediante una “orden de presentación” para determinar qué legisladores designaron a los “ñoquis” cuyas tarjetas utilizaba “Chocolate” Rigau para cobrar sus salarios en cajeros del Banco Provincia. En otras palabras, la Legislatura votó ocultar la información a la Justicia.
La renuencia de los diputados bonaerenses a colaborar con la Justicia tampoco resultó novedosa. También alcanza al Senado provincial, que jamás trató —ni siquiera para su rechazo— el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte, investigada en Dolores por el presunto desvío de fondos públicos a través de personas que figuraban como sus asesores.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la colaboración de la Legislatura bonaerense con las investigaciones judiciales sobre el supuesto uso de empleados legislativos y sus salarios para financiar estructuras políticas.
Mientras la Cámara de Diputados bonaerense acaba de archivar el expediente administrativo que la Justicia había requerido para identificar a los responsables de las designaciones vinculadas con el caso Rigau, la investigación sobre las tarjetas del Senado intenta avanzar mediante el testimonio de exlegisladores y el análisis de las cuentas bancarias.
Ahora, y ante el archivo que dispuso la Legislatura provincial del pedido, el juez Atencio dispuso remitir su respuesta a la Mesa de Entradas para que lo reciba y solicitó a la Fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública”.
detectara en 2024 la presencia de esos dos operadores,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Un organismo de la Iglesia reclama respuestas para atender la emergencia de las personas con discapacidad

La Comisión de Pastoral Social del Episcopado pidió “responder sin demoras” a la situación que viven las personas con discapacidad, en momentos en que el Congreso debate un proyecto para decidir sobre la continuidad de la emergencia en ese sector social.
En una declaración difundida por el área de Discapacidad del organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, se afirma que para las personas que enfrentan esta emergencia y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana.
El pronunciamiento se difundió en medio de los preparativos del viaje del papa León XIV a la Argentina, cuyo programa comprende una visita del Santo Padre al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, uno de los centros de atención integral de personas con discapacidad más emblemáticos del país.
La comisión episcopal advierte que el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso deroga normativas centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad. “Advertimos que pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”.
Y expresa que en este tiempo en que el Congreso debate decisiones que tendrán consecuencias sobre la vida de las personas con discapacidad y sus familias, la visita del Papa puede convertirse en una oportunidad para responder una pregunta: “¿Qué sociedad estamos construyendo cuando quienes más necesitan de los demás quedan al margen?”.
“La respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida, dolores y esperanzas. El presupuesto público debe erigirse como una herramienta para el desarrollo humano y evaluar la discapacidad únicamente desde una métrica financiera es una práctica de deshumanización que degrada la dignidad de la vida”, se expresa en la declaración.
El organismo de la Iglesia expresa que “la discapacidad no puede ser mirada como un problema que concierne solamente a quienes viven esta realidad y a sus familias. “Nos plantea una pregunta más profunda acerca del tipo de sociedad que queremos construir”, precisa.
Tras señalar que no se puede pensar que la respuesta quede librada a las posibilidades económicas de cada familia, el equipo de Pastoral Social sostiene que “cuando el acceso a los apoyos necesarios depende únicamente de los recursos individuales, corremos el riesgo de que la dignidad y los derechos de las personas queden condicionados por su capacidad económica”.
Gesto simbólico
El área de Pastoral Social se refiere en la declaración a la decisión del Santo Padre de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. “No se trata de un hecho casual, sino de un gesto de profundo contenido simbólico: el Papa elige que uno de los primeros lugares de su visita sea una casa donde viven y son acompañadas personas con discapacidad”, advierten los obispos.
Tras recordar que León XIV enseña que cada vida posee una dignidad única e irrenunciable, expresan que la presencia del Papa en ese ligar es “un reconocimiento del valor de estas personas, de sus historias y sus aportes a la comunidad. Y, también una invitación a “revisar nuestra manera de mirar la fragilidad y a preguntarnos qué lugar ocupan en nuestra sociedad quienes necesitan especialmente del cuidado y del acompañamiento de los demás”.
En línea con la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, el pronunciamiento añade que “la fragilidad no puede ser considerada únicamente como una carencia que debe ser compensada”, al tiempo que llama a humanizar los vínculos, fortalecer la solidaridad y reconocer que “necesitamos unos de otros”.
Expresa, además, que los recursos públicos son limitados y requieren decisiones responsables. “Esas decisiones tienen una dimensión humana y social a ser considerada y requiere, especialmente, escuchar la voz de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales y de las instituciones que cotidianamente sostienen esta realidad.
Mariano De Vedia,Iglesia,Conforme a
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Camioneros mantiene bloqueada desde hace 48 horas una empresa en Arrecifes y denunciaron que hay amenazas

La empresa Southern Seeds Production, ubicada en la ciudad bonaerense de Arrecifes, permanece bloqueada desde este miércoles por activistas del Sindicato de Camioneros que reclaman el pase a relación de dependencia de cuatro choferes que mantenían un vínculo comercial con la firma, en un conflicto que pone en riesgo la actividad de una compañía que produce, procesa y exporta legumbres a unos 40 países.
Ante la negativa de la empresa, los choferes comenzaron a reclamar una indemnización, situación que empeoró cuando hace 48 horas un grupo de 20 representantes de Camioneros se instaló en la puerta de la planta, en el kilómetro 173,5 de la ruta 8, donde, según denunció la firma, amedrentan a choferes de otras empresas transportistas para que no carguen la mercadería.
Algunos choferes de otras empresas que trabajan para Southern Seeds Production permanecen en una estación de servicio contigua a la espera de que se solucione el conflicto, pero no quieren llevar mercadería porque temen sufrir daños en los camiones o agresiones al salir de la planta. “No quiero salir de acá porque me van a pegar un tiro; yo tengo familia”, aseguró Lucio Peroni, dueño y presidente de Southern Seeds Production, que le dijo uno de los choferes. Otro transportista, según el empresario, advirtió que “si me rompen el parabrisas, una cubierta o el camión ya no puedo trabajar más”.
El empresario relató que varios conductores desistieron de ingresar luego de ser abordados por integrantes del bloqueo. También señaló que un vehículo alcanzó a entrar con un empleado de la firma a bordo, pero salió sin cargar después de que su conductor recibiera una llamada telefónica que interpretó como una amenaza.
Peroni dijo a Infobae que el bloqueo impide el ingreso de contenedores y compromete el traslado de los productos de esta empresa familiar, que comenzó sus actividades en 2002 y emplea a 120 trabajadores, combinando la producción en campos alquilados, la compra o recepción de cosechas de productores locales, el procesamiento de mercadería y la exportación de arvejas, lentejas, maíz pisingallo, maíz waxy y otros productos.
Los cuatro choferes en conflicto, explicó Peroni, tenían un vínculo comercial por servicios de transporte, pero hasta hace dos semanas no habían hecho ningún reclamo por la relación que mantuvieron con la empresa.

El empresario sostuvo que el Sindicato de Camioneros planteó inicialmente que los cuatro fueran incorporados como empleados, pero la respuesta fue negativa. “Nosotros no tenemos transporte ni queremos tenerlo porque no es nuestro negocio”, afirmó.
La situación conflictiva, según su relato, comenzó a principios de septiembre, cuando la Delegación de Pergamino del Ministerio de Trabajo bonaerense ingresó a la planta de Arrecifes junto con representantes sindicales para hacer una inspección y luego convocó a una audiencia oficial para que la compañía presentara documentación sobre los transportistas.
Peroni aseguró que, tras esa instancia, dos de los cuatro choferes en conflicto enviaron cartas documento al sindicato para manifestar que no querían formar parte del planteo y que los dejaran trabajar.

Después, según el empresario, el reclamo pasó de exigir la incorporación laboral a reclamar una indemnización. “Si tenemos algo mal, no tenemos ningún problema en dirimirlo en la Justicia. Y si la Justicia dice que esto es así, lo acataremos”, sostuvo.
Los empleados de la compañía están encuadrados en UATRE (rurales), Comercio y URGARA (recibidores de granos), pero ninguno en Camioneros. “No es nuestro negocio ni la actividad principal porque solamente damos viajes a los transportistas con los contenedores que enviamos al puerto de Buenos Aires”, remarcó.
De todas formas, Peroni puntualizó que los choferes y el sindicato “cortaron el diálogo” con la empresa y anticipó que en las próximas horas presentará una denuncia penal contra los responsables del bloqueo porque, pese a que hace 24 horas aparecieron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería, se mantiene la protesta y el amedrentamiento contra los choferes.

“No se pueden cargar los camiones y no podemos cumplir con los compromisos -detalló-. Y estamos teniendo obviamente costos altísimos porque los contenedores están parados. Somos una empresa exportadora. Si creen que el reclamo es válido, para eso está la Justicia”.
Peroni, desconsolado, relató: “Siempre me sentí orgulloso de tener una empresa que pueda exportar Argentina al mundo, de poder crecer y generar empleo en Arrecifes. Vivo acá con mi familia y doy trabajo a gente de mi ciudad. Por eso me parece una locura que me bloqueen de esta forma, amenazando, sin dejar entrar. Uno de los choferes me dijo: ‘No cargo la mercadería porque salgo de acá y me pegan un tiro en la cabeza’. ¿Un tiro en la cabeza? Es como el Lejano Oeste».
Además de denunciar el bloqueo en la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad Nacional para los casos de bloqueos, Peroni pidió ayuda al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Juan Méndez, quien fue este jueves a la planta de Arrecifes para brindarle asesoramiento en este conflicto.
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Mauricio Macri reaparece con un acto de Pro en Jujuy y negocia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza

Luego de que en Pro blanquearan que aún están “lejos de un acuerdo electoral”, el expresidente Mauricio Macri encabezará hoy un acto de Pro en Jujuy, después de tres meses sin declaraciones públicas de índole política. Su bajo perfil coincidió con dos movimientos vitales para el partido durante este trimestre: la conformación de la mesa de diálogo con referentes del gobierno libertario de cara a un eventual acuerdo electoral para 2027 y el lanzamiento de la precandidatura presidencial de su exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
La de hoy será una nueva escala de la gira federal “Próximo Paso” con la que el líder de Pro viajó por distintos puntos del país a lo largo del año, en tren de exhibir músculo político y arengar a la dirigencia partidaria. El acto de este viernes corresponde a la región noroeste de la Argentina y apunta a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
Macri se reúne desde las las 15 con el gobernador radical Carlos Sadir y más tarde brindará el discurso de cierre del encuentro partidario que se realizará en el Hotel Altos de la Viña de San Salvador de Jujuy. Pasará la noche en la provincia y regresará a Buenos Aires mañana por la mañana. En todas las actividades lo acompañará Fernando de Andreis, secretario general de Pro y alter ego del exmandatario.
Lacunza, en cambio, no pisará Jujuy durante esta jornada, según pudo saber . En su entorno argumentaron que es por cuestiones de “agenda”.
Esta semana se repartió entre una cena con dirigentes amarillos de todo el país –incluso estuvo la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal– y una visita a Rosario, donde se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro. En el encuentro partidario en la sede de Pro en Balcarce 412 estuvo presente la titular de la filial jujeña, Claudia Machaca. Cerca de Lacunza aseguran que “próximamente” estará en la provincia.
Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.
La actividad que Macri encabezará hoy transcurrirá apenas 24 horas después de que los diputados nacionales Cristian Ritondo y De Andreis sostuvieran que están “lejos de un acuerdo electoral” con La Libertad Avanza (LLA), luego de la cuarta reunión entre los emisarios del expresidente y los referentes del Gobierno. Ayer se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, ambos delegados de Karina Milei.
Ritondo y De Andreis evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”. En privado, dirigentes de Pro se quejan de que LLA quiere dominar la negociación, mientras no garantiza pautas mínimas de convivencia, como no complicar la gestión diaria en los lugares donde actualmente gobierna el macrismo.
Conservar el poder en la ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro, es la prioridad del macrismo de cara a 2027. Pero los libertarios porteños siguen lanzando dardos contra la gestión del jefe de gobierno, Jorge Macri. No obstante, el alcalde, enfrentado con su primo, se muestra abierto a un entendimiento.
Ayer Ritondo dijo que no hablaron de la Capital en particular, y agregó: “Sin dudas sabemos la valoración que tiene la gente de la gestión de Pro desde 2007. Nosotros no criticamos que nos critiquen. Como acá, hay un ámbito de confianza para que si hay algo que tienen para aportar, lo hagan”.
Otro foco de diferenciación es la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Pro, de momento, se muestra alejado de la chance de apoyar esta medida en el Congreso.
Desde marzo pasado, Macri encabezó actos de “Próximo Paso” en la Capital, la provincia de Buenos Aires (Vicente López y Mar del Plata), Chaco, Mendoza y Santa Fe. Tal como hoy, en estas últimas tres provincias también se reunió con los mandatarios radicales Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Pullaro (Santa Fe). También cenó con los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés, de Corrientes y referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).
En cada una de esas instancias, el expresidente cuestionó distintos aspectos del gobierno nacional: rechazó la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación por su patrimonio; reclamó la independencia del Poder Judicial; y subrayó la necesidad de que la estabilidad macroeconómica se refleje en los hogares.
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