El Congreso de la Nación se prepara para que este martes por la tarde se defina en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor qué proyectos irán al recinto para intentar encontrar una solución a la crisis de morosidad que afecta a miles de familias.

El oficialismo y la oposición se medirán cada uno con sus proyectos en busca del dictamen que les permita avanzar en el recinto. Quien parece tener el número más simple es La Libertad Avanza, ya que el plenario reúne a 62 diputados y LLA junto al PRO y la UCR —si es que van todos juntos—, con lo que alcanza las 32 firmas necesarias, mientras que el resto de los bloques juntarían 30.

Aunque no ha sido presentado, se espera que, al igual que lo que sucedió con discapacidad, el oficialismo presente un proyecto en el que no apunta a una solución para los más de 6 millones que acumulan deudas impagas, sino que busque establecer algunos lineamientos respecto del tema de cara al futuro, como por ejemplo la tan mentada educación financiera.

Por el lado de los bloques de la oposición, por estas horas se trabaja contrarreloj para intentar encontrar puntos de contacto que les permitan tener un dictamen único.

“Estamos trabajando para llegar a eso”, respondió un referente de la oposición. “La idea es tener un único dictamen y que, en todo caso, si no hay un acuerdo total, se firme con disidencias que nos permitan seguir en conversaciones hasta el momento en que lleguemos al recinto”, agregó otro diputado de la oposición.

La oposición presentó más de 50 proyectos y camina hacia uno que tiene, en sus ejes centrales, planes de refinanciación, topes a las tasas, quitas de intereses y mayores controles sobre bancos y fintech. A esto se le sumaría una línea de crédito vía Anses para monotributistas de las escalas más bajas, beneficiarios de planes sociales y jubilados. En este caso, apuntaría a los sectores que contrajeron deudas con las tasas más elevadas.

En lo que se refiere a La Libertad Avanza, los referentes del bloque trabajan junto a sus pares del PRO y de la UCR en un texto enfocado en “transparencia, defensa del consumidor y educación financiera”.

Los legisladores libertarios se mantienen en la línea del Ejecutivo de que es un problema entre privados y que el Gobierno no tiene que intervenir para solucionarlo. En ese sentido, insisten con el concepto de educación financiera, pero, de alguna manera, reconocen que las empresas crediticias en todas sus versiones no son del todo claras en sus condiciones porque también apuntan a una mayor transparencia, es decir, a la obligatoriedad de ser más claros con las tasas finales de los créditos.

“Hay que ver cómo reaccionan los aliados porque, a diferencia de lo que sucedió en discapacidad, están pidiendo algún tipo de solución real para acompañar”, reconoció un tercer diputado que suele tener conversaciones a ambos lados de los márgenes de la grieta.

En la oposición trabajan frente a la posibilidad de que el oficialismo se lleve el dictamen de mayoría porque los más descreídos entienden que el PRO y los radicales los van a acompañar.

Unas semanas de agenda cargada

Las negociaciones se entrecruzan. Mientras el oficialismo busca contener los avances de la oposición en temas centrales como discapacidad y morosidad, en otras mesas ya se conversa sobre dos proyectos de ley: la ley de defensa de la soberanía y el Presupuesto 2027.

En el caso de la primera, La Libertad Avanza ya estableció para este miércoles 30 de septiembre al mediodía la primera de las reuniones informativas en un plenario de comisiones donde participan Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los diputados Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, todos del bloque de La Libertad Avanza.

Zentrix Endeudamiento Morosidad

El Gobierno descartó presentar una protesta formal ante Chile por los dichos de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, quien había defendido durante el fin de semana el derecho de su país a comerciar con las Malvinas -que también denominó Falklands- y el respeto a la voluntad de los isleños.

“Es el ministro de Defensa de Chile, tiene derecho a decir lo que quiera y en todo caso habrá una conversación entre cancillerías”, sintetizaron a TN en Balcarce 50. Y remarcaron: “Mientras no haya un cambio efectivo en la política de Chile en torno a Malvinas, no ameritarán medidas. Si hubiera un cambio, ahí por supuesto el Gobierno hará lo que tenga que hacer”.

Aún así, las declaraciones no pasaron desapercibidas para el Gobierno, en medio de su reciente escalada diplomática que lleva adelante desde la cadena nacional de inicios de septiembre, donde ratificó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y anunció una batería de medidas y sanciones en contra de las empresas que participen de la explotación de recursos en el territorio disputado.

“Que un ministro de un país amigo, con la posición histórica sobre Malvinas, las mencione con la denominación inglesa, todo mal. Sumado a que reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, que nosotros no, doble agravante”, admitieron a este medio desde la Cancillería.

Sin embargo, por el momento el Gobierno no busca confrontar con la administración de José Antonio Kast, de estrechos lazos ideológicos y personales con Javier Milei. Ambos vienen de mantener un encuentro a principios de septiembre en Santiago de Chile, donde Kast ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino sobre Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones. Por su parte, Milei le expresó que valorará los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades de explotación inconsultas con la Argentina en las Islas.

Pese a esa buena sintonía, el ministerio de Defensa de Chile, Barros Tocornal, puso en duda esa posición. En una entrevista con Polar TV de Magallanes concedida este domingo, el funcionario sostuvo que Chile apoya “la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands”, pero planteó: “Hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”.

En ese sentido, Barros Tocornal también defendió el proyecto de su país de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas, una política contraria a las pretensiones argentinas.

A comienzos de septiembre, la naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno isleño para establecer una conexión entre la localidad austral del país vecino y Puerto Argentino. Según el ministro, la región de Magallanes tiene “el derecho de ejercer el comercio”, por lo que no ve inconvenientes en que esas actividades se desarrollen.

Además, se refirió a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres por las recientes sanciones impulsadas por el Gobierno de Milei a las empresas y ejecutivos que participen de esas actividades. En ese contexto, el ministro chileno dijo que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” que deberá analizarse “en su momento”.

El gobierno de Axel Kicillof no descartó que el gobernador coincida con el presidente Javier Milei durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, afirmó que no existen objeciones a un cruce institucional, aunque aclaró que los actos por la gira papal no serán el ámbito para discutir los reclamos pendientes de la Provincia ante la Nación.

“Respecto de una posible foto con Milei, nosotros no tenemos ningún problema”, sostuvo Bianco este lunes desde la Sala de Conferencias de la Gobernación provincial en La Plata, al ser consultado sobre un acercamiento Milei-Kicillof.

El funcionario explicó que Kicillof participará en las actividades que se acuerden con el Vaticano y señaló que la administración bonaerense ya trabaja en la organización junto con el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Asesores del Gobernador. De hecho, el propio Bianco mantuvo una reunión multidistrital en la que también participó la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de ordenar la logística ante la llegada del Papa.

Javier Milei y Axel Kicillof coincidieron por primera vez el 19 de diciembre de 2023, cuando el Presidente recibió en la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al entonces jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; volvieron a participar de una convocatoria nacional el 8 de marzo de 2024, en una reunión con mandatarios provinciales organizada en la Casa Rosada por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos; y el 12 de marzo de 2025 coincidieron en Bahía Blanca, durante la emergencia provocada por el temporal e inundación del 7 de marzo, cuando Milei recorrió la ciudad y Kicillof encabezaba el operativo de asistencia de la provincia.

La agenda de León XIV incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En ese marco, el Gobierno nacional decretó un feriado nacional para el 9 de noviembre y estableció jornadas no laborables diferenciadas en los distritos que el pontífice visitará durante su estadía.

La posibilidad de una coincidencia entre Kicillof y Milei surge en una agenda que tendrá actos oficiales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores. El presidente recibirá al Papa el domingo 8 de noviembre en la Casa Rosada, luego de su llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

La Provincia prepara su participación en las actividades con el Vaticano

Bianco aseguró que el Ejecutivo bonaerense tiene previsto intervenir en todas las instancias que se definan con las autoridades eclesiásticas. “El gobernador va a participar en todas las actividades”, afirmó al referirse a las negociaciones abiertas para cerrar el cronograma.

Según explicó, la Provincia articula el operativo con el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Jefatura de Asesores, que concentra las cuestiones relacionadas con los cultos religiosos. El dispositivo deberá contemplar la llegada de peregrinos y la coordinación de las actividades previstas en territorio bonaerense, entre ellas la misa que León XIV celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La recorrida del Papa comenzará el 8 de noviembre. Tras aterrizar a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay, visitará el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín. Luego se reunirá con Milei en la Casa Rosada y participará de un acto en el Palacio Libertad con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. Luego, el lunes 9 de noviembre, el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Ahí participará el gobernador bonaerense. Seguidamente, presidirá a las 11:30 una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín y participará de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Mientras tanto, el Gobierno nacional formalizó el cronograma de feriados mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito ante la magnitud de los eventos previstos.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la misa en Palermo. El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, donde el Papa celebrará una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. El miércoles 11 será jornada no laborable solo en la provincia de Buenos Aires, debido a la misa de cierre en Luján que prevén en el gobierno provincial será multitudinaria.

Además, el decreto firmado por Milei creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo tendrá como objetivo planificar, articular y conducir las tareas necesarias para el desarrollo de la gira apostólica. Estará encabezado por un funcionario con rango de secretario, que ejercerá el cargo ad honorem, y tendrá vigencia de hasta 12 meses.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20 mil voluntarios para colaborar con el operativo. Según informó, ya había alrededor de 14 mil inscriptos. También anticipó que quienes participen tendrán acceso gratuito a la red SUBE durante los días de la visita.

“Más allá de lo que cada uno piensa sobre el Presidente, es un presidente constitucional en un sistema democrático votado por el pueblo”, sostuvo Bianco. Pese a mostrar predisposición ante un eventual encuentro con Milei, el ministro de Gobierno bonaerense diferenció una posible aparición compartida en una ceremonia de una reunión formal entre los gobiernos nacional y provincial. “Ese no va a ser el contexto para tener una reunión de gestión de trabajo”, remarcó. Recordó que Kicillof pidió públicamente “cinco o seis veces” una audiencia con Milei. También afirmó que él mismo solicitó una reunión con su par nacional, Diego Santilli, para revisar asuntos vinculados con la administración de la Provincia.

A la par, 13 gobernadores de distintas provincias y buena sintonía con el gobierno nacional se preparan para participar de la Argentina Week París. Como contó Infobae, los mandatarios que formarán parte de la comitiva son: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). La Casa Rosada buscará, entre otros puntos, regresar de la gira con la garantía de que los gobernadores se moverán en el Congreso para eliminar las PASO.

Mientras, en Buenos Aires, el ministro de Gobierno volvió a cuestionar los recortes dispuestos por la Nación y aseguró que el Gobierno nacional le debe a Buenos Aires $28,4 billones. El reclamo por esos recursos forma parte de la agenda que el Ejecutivo provincial pretende discutir con la Casa Rosada desde la primera etapa de la gestión de Javier Milei. Una pretensión que, de momento, es infructuosa.