POLITICA
El Sindicato de Camioneros se movilizará ante la Legislatura porteña para reclamar los USD 200 millones en indemnizaciones
Los Moyano decidieron ir a la guerra para garantizar el pago de USD 200 millones en indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos en CABA: en una asamblea masiva realizada este miércoles, el Sindicato de Camioneros resolvió una movilización para el lunes próximo ante la Legislatura porteña con el fin de asegurar que se incluya ese beneficio en los nuevos pliegos de licitación del servicio entre 2028 y 2038.
En un predio ubicado en Lafayette 1751, en Barracas, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, acompañado por el secretario gremial, Marcelo Aparicio, anunció el inicio de protestas ante la versión de que el gobierno de Jorge Macri no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.
“El compromiso de Hugo, de Pablo y de Feúcho (por Aparicio) es que se tienen que pagar las indemnizaciones totales -dijo el dirigente en la asamblea-. El día lunes, que es la primera audiencia pública, tenemos que ser más de 20 mil trabajadores. A nosotros nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.
“No nos van a frenar, compañeros -agregó-. Hoy empezamos una lucha que va a ser durísima porque tenemos a la justicia, los medios y los empresarios en contra, tenemos a estos dos gorilas que nos gobiernan (por Javier Milei y Jorge Macri), pero no van a poder con la unidad y con la lucha de los trabajadores. Vamos por la indemnización completa”.
El conflicto, anticipado por Infobae, se reactivará el lunes que viene porque ese día, al mediodía, se hará una audiencia pública virtual en la que se analizarán los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad entre 2028 y 2038.
Pablo Moyano advirtió que la exclusión de las indemnizaciones del pliego afectaría una práctica que consiguió Hugo Moyano a partir de fines de los años 90 y que consiste en que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Conocida como “Ley Moyano”, esa norma no escrita y sin basamento jurídico alguno se basa en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano desde que debutó en 1998 con la finalización del contrato con Manliba.
En un video publicado en las redes sociales de Camioneros, Pablo Moyano dijo este martes que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento a 6 mil empleados del sector.
Por eso anunció que empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para “garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos”.
El sindicalista aseguró que hay “más de 7 mil empleados” a la espera de una indemnización y recordó a quienes trabajaron durante la pandemia. “Por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”, dijo.
El pliego vigente del servicio de recolección de residuos, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, contempla el ítem “Indemnizaciones Finales” dentro del Régimen de Personal Operativo, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El gobierno de Jorge Macri no prevé incorporar ese pago para los trabajadores de recolección en los nuevos pliegos, donde, de todas formas, los empleados conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 y durante 10 años, ya sea en las empresas actuales o en las nuevas adjudicatarias del servicio.
La preocupación sindical también se extiende al presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno enviará a la Legislatura de la ciudad: Camioneros teme que no incluya las partidas necesarias para afrontar las compensaciones que surgen de la “Ley Moyano”.
La práctica de pagar el resarcimiento a Camioneros se inició tras la finalización del contrato de Manliba en 1998 y ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores cuando cambiara una concesionaria.
El sistema fue utilizado también en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.
La disputa por este mecanismo alcanzó a Walmart después de que Grupo Narváez comprara la cadena en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, indemnización y reincorporación de 500 de los 718 empleados del centro de distribución, con el pago de la doble indemnización vigente.
La indemnización finalmente no se aplicó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El episodio exhibió la capacidad de presión del gremio para sostener ese esquema en operaciones empresariales.
En 2022, el sindicato volvió a confrontar con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta resolvió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó entonces al jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.
La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de la Ley Moyano. En mayo de 2024, Pablo Moyano había amenazado con que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el siguiente vencimiento de los contratos.
Sin embargo, el gobierno porteño recordó que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero que en 2020 las partes prorrogaron los contratos hasta 2028.
En octubre de 2024, Hugo Moyano y la Ciudad acordaron no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes tenían problemas de salud desde la pandemia que les impedían cumplir sus tareas.
La decisión provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado en una asamblea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, como se vio en un video registrado en ese momento.
La reacción llevó al secretario gremial Marcelo Aparicio a difundir un video en el que calificó el mecanismo como un “privilegio” para los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permite recibir indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.
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POLITICA
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.
La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.
Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.
Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .
Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.
El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.
Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.
¿Candidata en la Ciudad?
Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.
Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.
En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.
Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.
Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.
Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.
De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.
Propuestas con sello porteño
Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.
Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.
También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.
“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.
A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.
El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.
También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.
La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.
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POLITICA
Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido de secuestro de su auto que estaba sin efecto: le hicieron control de alcoholemia y lo dejaron seguir
Máximo Kirchner permaneció hoy durante unas dos horas al costado de la ruta en San Luis luego de que la Policía provincial lo interceptara cuando viajaba en su automóvil hacia San Juan y detectara un antiguo pedido de retención del vehículo vinculado con la causa Hotesur. La demora efectivamente existió, pero, según pudo saber Infobae, el procedimiento se originó en una orden judicial vieja que había quedado sin efecto y continuaba registrada en el sistema utilizado por los efectivos puntanos.
El incidente ocurrió este miércoles en el cruce de Justo Daract, en la provincia de San Luis. Máximo Kirchner viajaba en su propio auto rumbo a San Juan, donde tenía previsto desarrollar una agenda política, cuando fue detenido durante un control.
Al consultar los datos del vehículo, los policías encontraron una medida que se remontaba a la investigación de la causa Hotesur. A partir de esa información, resolvieron impedir momentáneamente que el diputado continuara el viaje hasta determinar si el requerimiento seguía vigente.
La orden que apareció en los registros es la misma que consta en un antiguo oficio judicial al que accedió Infobae y que había sido firmado por el juez federal Julián Ercolini.
El documento fue confeccionado en el marco del expediente 11.352/2014, caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. Art. 303 del CP”, y estaba dirigido al jefe de la Gendarmería Nacional. Allí, Ercolini comunicaba que se había dispuesto “el SECUESTRO de los vehículos que se detallan en un cuadro que se adjunta al presente”.
La medida comprendía en aquel momento vehículos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de personas y sociedades investigadas dentro del expediente.
El escrito establecía además cómo debían proceder las fuerzas de seguridad si localizaban alguno de esos bienes. “En caso de que alguno de ellos sea habido, deberá establecer consulta de inmediato con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 8”, señalaba el oficio.
Y añadía: “La medida aquí comunicada deberá quedar anotada a exclusiva disposición del mencionado tribunal”.
Ese documento, sin embargo, reflejaba una situación procesal anterior. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la medida que afectaba al automóvil en el que viajaba Máximo Kirchner ya había quedado sin efecto. El problema fue que la Policía de San Luis tenía en sus registros aquella resolución antigua y actuó inicialmente sobre la base de esa información.
Por eso, el episodio no terminó con el secuestro definitivo del vehículo ni con una detención del diputado nacional.
Mientras se intentaba aclarar la situación, Kirchner permaneció más de una hora esperando al costado de la ruta. La Policía puntana debía recibir la confirmación de la Justicia Federal de que la medida que figuraba en su sistema ya no se encontraba vigente.
Durante el procedimiento también le realizaron un control de alcoholemia. El resultado fue negativo. “Fue muy llamativo todo lo que pasó”, dijeron a Infobae en el entorno del dirigente que lidera la organización La Cámpora.
Una vez recibida la información judicial correspondiente y aclarada la situación del automóvil, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con normalidad hacia San Juan.
En el entorno del ex presidente del Partido Justicialista bonaerense remarcaron que el vehículo es utilizado habitualmente por el diputado y que había circulado anteriormente sin inconvenientes por distintos puntos del país.
Mencionaron, entre otros antecedentes, viajes al conurbano bonaerense, La Rioja y Mar del Plata en los que no había surgido ningún impedimento relacionado con el automóvil.
La aclaración resulta relevante porque las primeras informaciones que circularon sobre el operativo presentaron el episodio como el secuestro de un vehículo relacionado con la investigación de Hotesur e incluso algunas versiones hablaron de una supuesta detención de Máximo Kirchner. Un medio puntano llegó a publicar que el legislador había sido “detenido”, aunque esa versión no coincide con la reconstrucción obtenida posteriormente sobre lo sucedido.
Lo que ocurrió, según pudo reconstruir Infobae, fue diferente: hubo una demora real, prolongada durante más de una hora, mientras la Policía comprobaba el estado de una disposición judicial que figuraba en sus registros. Pero la orden era antigua y había perdido vigencia.
La confusión ocurrió además un día después de otro procedimiento en San Luis en el que había sido localizada una camioneta alcanzada por un requerimiento judicial vinculado con la misma investigación. Esa sucesión de episodios contribuyó a que inicialmente se relacionara el caso de Máximo Kirchner con una medida judicial activa.
Hotesur es una de las investigaciones patrimoniales que involucraron a la familia Kirchner y que analizó operaciones comerciales vinculadas con sus empresas hoteleras y las relaciones económicas mantenidas con firmas del empresario Lázaro Báez. La causa atravesó distintas instancias judiciales durante más de una década, con resoluciones, medidas patrimoniales y cambios en la situación procesal de los acusados.
El expediente que aparece mencionado en el antiguo oficio de Ercolini no debe confundirse, además, con las medidas patrimoniales que actualmente tramitan en la causa Vialidad. Este mismo miércoles, el Tribunal Oral Federal N°2 concedió recursos para que Máximo y Florencia Kirchner recurran ante la Cámara Federal de Casación Penal decisiones vinculadas con bienes de Hotesur y Los Sauces en el proceso de ejecución de la condena contra Cristina Kirchner. Se trata de actuaciones judiciales distintas.
Después de que se resolviera el inconveniente en Justo Daract, Máximo Kirchner retomó la ruta y continuó hacia San Juan.
El viaje tenía un objetivo político. Para este jueves estaba prevista una reunión con el senador nacional y ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac, de la que también participarían diputados y senadores. El encuentro forma parte de los contactos que mantiene el diputado en medio de la discusión interna del peronismo y de la agenda parlamentaria.
Así, un viaje que inicialmente debía transcurrir como otros realizados por Kirchner en los últimos meses terminó alterado durante cerca de dos horas por una alerta judicial desactualizada.
La clave del episodio quedó finalmente en la diferencia entre la existencia histórica de la orden y su vigencia actual. El oficio de Ercolini es auténtico y había ordenado expresamente el secuestro de una serie de vehículos dentro de la causa Hotesur. Pero, en el caso del automóvil en el que viajaba este miércoles Máximo Kirchner, esa disposición ya había sido dejada sin efecto.
La Policía de San Luis actuó sobre la base del viejo registro, mantuvo demorado al diputado mientras consultaba a la Justicia Federal y, una vez comprobada la situación procesal actual, permitió que siguiera viaje en el mismo vehículo hacia San Juan.
POLITICA
Tras el fallo de la Corte, Elisa Carrió reclamó a Diputados que rechace el DNU de extranjerización de tierras
La líder fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados que rechace el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto los límites que esa norma establecía para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El reclamo se produjo un día después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo.
“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, escribió en su cuenta de la red social X.
La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo además que la medida constituye un “poder autoritario” que “afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina” y responsabilizó por ello al Presidente y a los ministros que firmaron el decreto.
Y acusó: “Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la Inteligencia Artificial (IA) y el agua dulce. Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para la enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”.
Qué decidió la Corte
La Corte Suprema revocó este martes la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que en diciembre de 2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no estaba legitimado para iniciar esa acción y no existía un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. La Corte Suprema revocó ese fallo este martes.
La Corte aclaró expresamente que su decisión no supone un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni implica una interferencia sobre las facultades del Congreso.
La consecuencia práctica del fallo es que volvió a quedar vigente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras. De esta manera, quedaron sin efecto los límites que establecía esa norma para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, que las tierras en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie de cada territorio nacional, provincial y departamental, y fijaba además un límite de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.
Críticas de la oposición
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, diferentes diputados de la oposición criticaron la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y lo calificaron como “vergonzoso” y “escandaloso”.
Uno de los primeros fue el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, quien solicitó una sesión especial en la Cámara baja para tratar el tema. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23″, dijo.
A su crítica se sumó el diputado izquierdista Nicolás del Caño: “Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto (…) Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2×1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles».
Por su parte, el diputado de Fuerza Patria Martín Soria expresó: “A meses de que el Pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo. No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros”.
También de la Coalición Cívica se manifestó el diputado Maximiliano Ferraro. “Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, dijo y agregó: “La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en el Congreso no pueden sostenerlo con un DNU. No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, diputados y senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.
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