POLITICA
Un intendente de La Cámpora tendrá policía municipal y crece el pedido para que Kicillof gire el proyecto que las regula

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, avanzó con la creación de una Policía de Prevención Municipal que tendrá hasta 100 agentes para tareas de patrullaje barrial, prevención de proximidad y primera respuesta. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de su distrito y pone la lupa sobre el pedido para que el gobernador Axel Kicillof envíe a la Legislatura el proyecto anunciado para regular las fuerzas locales de seguridad.
La ordenanza aprobada en el distrito gobernado por el dirigente de La Cámpora establece que el nuevo cuerpo dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano. Sus integrantes no reemplazarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni tendrán atribuciones para investigar delitos: deberán concentrarse en la presencia territorial, las recorridas preventivas y la asistencia inicial frente a situaciones de riesgo.
El paso de Lanús se inscribe en un proceso que atraviesa a municipios de distintos signos políticos. Escobar, donde gobierna el intendente kicillofista, Ariel Sujarchuk; Avellaneda, bajo el control político de Jorge Ferraresi; y San Isidro, con Ramón Lanús —cercano a Patricia Bullrich—, entre otros, ya pusieron en marcha patrullas, cuerpos preventivos o estructuras locales que buscan cumplir funciones de seguridad ciudadana. Lo mismo hizo el distrito de Quilmes bajo el gobierno de la cristinista Mayra Mendoza o el axelista Lucas Ghi de Morón La diferencia es que, hasta ahora, no existe una ley provincial que determine sus facultades, el financiamiento, la formación de sus integrantes ni la relación con la Policía Bonaerense. Todo está a resolución de los intendentes.
En el último caso, el de Lanús, la votación del Concejo Deliberante fue precedida por la apertura de la Escuela de Policía Municipal de Lanús. En agosto, Álvarez presentó la primera cohorte, integrada por 120 cadetes, para una capacitación de 600 horas.
El proyecto fue aprobado por mayoría, aunque recibió el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO y el bloque Vamos. Los cuestionamientos se centraron en las facultades del municipio para utilizar la denominación Policía Municipal y en la posibilidad de que las nuevas funciones se superpongan a las de los agentes de seguridad ciudadana. Por ello, explican los intendentes, es necesario que la Provincia intervenga con un marco normativo que englobe las facultades de las fuerzas locales.

La estructura que Lanús aprobó no equivale a la creación de una fuerza policial autónoma. De hecho, ninguna de las fuerzas que ya funcionan en el ámbito local tiene autonomía. La Ley 12.154 de Seguridad Pública establece la seguridad como una responsabilidad provincial y no reconoce específicamente a los intendentes de los municipios grandes como autoridades con competencia policial propia. Eso es lo que está en debate y lo que los intendentes quieren definir. Kicillof lo había anunciado en su apertura de sesiones.
En los hechos, los municipios ampliaron su participación en la prevención del delito. Sostienen centros de monitoreo, cámaras, anillos digitales, botones de alerta, corredores seguros, móviles de patrullaje y asistencia a víctimas. También destinan fondos al mantenimiento de patrulleros bonaerenses, combustible y reparaciones de dependencias policiales.
Sin embargo, ese despliegue se desarrolló sin una regulación integral. La legislación provincial contempla un régimen de Policías de Seguridad Comunal para localidades del interior con hasta 70 mil habitantes que adhieran mediante convenios. Esas fuerzas, de todos modos, integran las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
Por su población y su pertenencia al conurbano, los grands municipios no están incluidos en ese régimen. La flamante fuerza de seguridad votada en Lanús no tiene potestad para realizar investigaciones penales y tiene la obligación de articular con la Bonaerense.
La discusión excede el nombre de las fuerzas. Define, entre otros puntos, quién podrá designar autoridades, aplicar sanciones, financiar los recursos, portar armas, realizar aprehensiones y establecer los protocolos de intervención en la vía pública.
Kicillof anunció en marzo una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde 1998. El gobernador incluyó en ese anuncio una nueva norma para el personal policial y una reforma que incorpore las herramientas que los municipios ya utilizan en materia de prevención.
Intendentes a la espera
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, abrió luego una ronda de reuniones con intendentes de distintos sectores políticos y seccionales electorales. Uno de los encuentros centrales se realizó en Escobar, donde se reconoció que el Ejecutivo preparaba una iniciativa para actualizar el marco normativo de la seguridad provincial.
En ese momento, la reunión convocó a intendentes peronistas y opositores. Estuvieron Ariel Sujarchuk, de Escobar; Jorge Ferraresi, entonces jefe comunal Avellaneda; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Leonardo Boto, de Luján; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, y Ramón Lanús, de San Isidro, entre otros.

Los reclamos no son idénticos. Algunos municipios buscan que la ley valide y ordene sus actuales cuerpos de prevención. Otros pretenden avanzar hacia policías municipales con mayor autonomía, mando local y recursos garantizados.
En Escobar funciona desde marzo de 2025 una Policía Municipal creada por ordenanza, con agentes capacitados, equipamiento específico y armas no letales.
San Isidro plantea una postura más amplia. Su intendente, Ramón Lanús, reclama una policía municipal bajo mando directo del jefe comunal, con autonomía funcional, potestades disciplinarias y estado policial para sus agentes. La demanda atraviesa a dirigentes de fuerzas enfrentadas en el plano provincial y nacional.
Aunque la Provincia completó durante julio la ronda de consultas con los municipios, el proyecto oficial aún no fue remitido a la Legislatura. Esa demora comenzó a generar cuestionamientos de intendentes que consideran insuficiente el actual esquema de coordinación con la Policía Bonaerense e inquietud en la Legislatura.
La Cámara de Diputados bonaerense ya tiene tres iniciativas de autonomía que deberían tener las futuras policías municipales. Las mismas están en la comisión de Seguridad con estado parlamentario y, según supo Infobae, fueron remitidas al Poder Ejecutivo. “No nos contestaron nada”, contó un legislador que de cerca el tema.
Los tres proyectos
El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó un proyecto para crear policías Comunales. La propuesta prevé modificaciones a las leyes 12.068, 12.154 y 13.482, y contempla un Fondo para el Fortalecimiento de esas estructuras. Su modelo se orienta principalmente a municipios de menor escala poblacional y propone integrar las fuerzas locales al sistema de seguridad bonaerense.
Otro texto fue presentado por el diputado Leonardo Moreno, alineado con Sujarchuk. Su iniciativa propone la creación de una Policía Municipal de Proximidad para distritos de más de 70 mil habitantes. El modelo preserva una relación estrecha con la Provincia en materia de financiamiento, formación, coordinación y control, aunque habilita a los intendentes a intervenir en la planificación territorial y la conducción local.
El tercer proyecto corresponde al diputado provincial Juan José Esper, titular del monobloque Derecha Popular. Esper responde al exintendente de San Miguel, Joaquín de La Torre. Es la propuesta que concede el mayor margen de descentralización: establece que las futuras policías municipales dependan de los intendentes en los planos funcional, administrativo, financiero y operativo.

Según la iniciativa de Esper, cada municipio podría adherir al régimen por medio de un convenio suscrito por el jefe comunal y ratificado luego por el Concejo Deliberante. A partir de ese paso, la Policía Municipal quedaría bajo la órbita directa del Ejecutivo local.
El intendente tendría la facultad de designar a la máxima autoridad de la fuerza, con acuerdo del Concejo Deliberante. El proyecto prevé patrullaje preventivo, vigilancia urbana, confección de mapas del delito, intervención ante conflictos vecinales y colaboración en tránsito y seguridad vial.
Esper defiende un esquema con dependencia plena del intendente, estado policial para los integrantes de las fuerzas locales, financiamiento establecido por ley y facultades expresas. Esa posición difiere de los proyectos que proponen un modelo de coordinación con mayor presencia de la Provincia.
“El gobernador quiere ganar tiempo y que el tema lo aborde el próximo gobernador. ¿Qué sentido tiene que lo haga ahora?“, consideró un diputado de la oposición a este medio.
La complejidad del Senado
En el Senado bonaerense, el presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, adelantó su discrepancia con la iniciativa del Ejecutivo y había adelantado que iría con un proyecto de su autoría. En la Cámara alta, Berni responde al esquema cristinista y mantiene un frente abierto con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Verónica Magario. Además, preside la comisión de Seguridad.
Sobre la creación de fuerzas locales, el exministro de Seguridad del primer período de gobierno de Kicillof planteó sus disidencias. El senador vincula el impulso de una nueva fuerza con el calendario electoral y lo compara con la decisión de Daniel Scioli de crear por decreto la Policía Local en 2014, cuando se encaminaba a la campaña para los comicios de 2015. Esa estructura terminó incorporada a la Policía Bonaerense.
“Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, planteó Berni cuándo a mitad de año se lo consultó por el tema. Otro frente de la interna.
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POLITICA
Día de la Lealtad: el PJ llega plagado de guerrillas internas y con una grieta cada vez más profunda

Un 17 de octubre con lealtades divididas. Así encontrará el Día de la Lealtad, siempre importante en el calendario peronista, a las distintas vertientes que conviven en el universo justicialista. Algunos leales a Cristina Kirchner, otros leales a Axel Kicillof, y otros atados a sus distritos, sin entrar en la discusión nacional.
Una buena parte del cristinismo marchará hacia San José 1111 para saludar a la ex presidenta, reivindicar su rol dentro del peronismo y volver a levantar la bandera de “Cristina presidenta”, que se ha convertido en un grito de guerra de ese sector, que mezcla en sus pedidos la libertad de CFK y el reconocimiento de su figura dentro del armado.
El cristinismo está en pie de guerra con el armado político de Axel Kicillof desde hace tiempo por el lugar que ocupa la ex presidenta en el ecosistema peronista. Pero esa rivalidad se acentuó la semana pasada cuando el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó que, según entendía, la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al que acudió la defensa de la ex presidenta, no era vinculante con la justicia argentina.
En los últimos días dos mujeres importantes del cristinismo reaccionaron con dureza contra Bianco y, por elevación, contra Axel Kicillof. Mayra Mendoza dijo en un acto en Solano: “A mi me critican porque no soy careta. Me van a criticar por leal, por defender mi lugar, y prefiero que me critiquen por eso a que lo hagan porque soy una desagradecida. Vamos a trabajar para que Cristina pueda estar libre”.

Mendoza, al igual que muchos de los dirigentes allegados a la ex mandataria, creen que el gobernador bonaerense es un desagradecido. A la voz de la legisladora provincial se sumó la de la diputada nacional Vanesa Siley. “El que niega eso (en referencia a la vincularidad de lo resuelto por la ONU con la justicia nacional) es porque quiere que Cristina siga presa. Es una actitud pasivo-agresiva. Si pongo en el chat GTP que me describa una actitud pasivo-agresiva, me sale Carlos Bianco”, afirmó.
La interna del peronismo bonaerense atravesará todo el Día de la Lealtad. A una fecha tan simbólica como la del 17 de octubre no le faltarán mensajes que en doble sentido, puñales discursivos o gestos de distanciamiento. Un camino con dirección hacia la ruptura más que a la unidad. Un trayecto imposible para una dirigencia que se hunde en sus desacuerdos, pero que no termina de dividirse.
Máximo Kirchner no estará en San José 1111. El viernes viajará a Chaco para sumar una nueva recorrida por el interior del país. Visitará una pyme, tendrá una cena dirigentes e intendentes del PJ local y el sábado al mediodía compartirá el acto central del peronismo chaqueño con Jorge “Coqui” Capitanich.
Tal como contó Infobae en otras oportunidades, el líder de La Cámpora viene subiendo el perfil público con visitas y actividades por fuera de la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de una candidatura nacional es cada vez mayor, teniendo en cuenta la imposibilidad de CFK de ser candidata y la ruptura existente en el vínculo con Kicillof. En ese contexto, los movimientos de Kirchner son leídos en clave electoral dentro del peronismo.

El gobernador bonaerense va a encabezar un acto en el Polideportivo de González Catán, en el partido de La Matanza, con todo el esquema del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Será una nueva oportunidad para que Kicillof deje sobrevolando su voluntad de ser candidato a presidente el año que viene y mostrar su distancia de los conflictos internos que sacuden al peronismo bonaerense.
En el municipio que gobierna Fernando Espinoza estarán presentes algunos gremios cercanos al Gobernador, además del Movimiento Evita y Barrios de Pie, dos organizaciones sociales que empujan su candidatura nacional. Lo más importante no es la cantidad de gente que asista al acto, sino el contenido del mensaje de Kicillof, al que en el cristinismo le pusieron el sello de “traidor” y lo acusaron de querer “que Cristina siga presa”.
Las divisiones son cada vez más profundas y dañinas. Al límite de lo impensando. “Prefiero perder antes de que Axel sea presidente”, confesó un importante dirigente del peronismo que trabaja de lleno en la construcción de una alternativa. La vocación presidencialista de Kicillof, su estrategia -muchas veces cuestionada- y sus decisiones en política electoral generan un rechazo en un sector del peronismo que no puede digerir la posibilidad de que el gobernador bonaerense se pueda convertir en Presidente.
Existe en algunos dirigentes la hipótesis de que, si llegara al poder, Kicillof no tendría el liderazgo suficiente para conducir al peronismo. Sobre todo teniendo en cuenta la gran división interna del espacio y la importante influencia de la figura de Cristina Kirchner sobre un sector de la coalición. “No es jefe. No sabe cómo gestionar el poder”, precisó un dirigente del interior del país.

En ese clima se va a llevar adelante el Día de la Lealtad. Con un aire espeso, donde todos se miran de reojo y en donde hay proyecciones impensadas. Todo está roto. Muy roto. Tal vez, demasiado roto.
Sergio Massa aún no definió qué hará el próximo sábado. Tampoco el triunvirato de la CGT. Juan Grabois no tiene pensado participar en ningún acto de los que se están organizando. Está concentrado en el armado de un foro de la Fundación para el Desarrollo Humano. Esquivará las esquirlas de la interna bonaerense. Sergio Uñac es probable que haga alguna recorrida territorial y no esté en ningún acto puntual.
El PJ Federal, por el momento, tendrá agendas separadas. Al igual que los integrantes de La Liga de intendentes. Los jefes comunales bonaerenses se dividirán entre el kicillofismo y el cristinismo. Algunos intentarán hacer pie en el medio con actos en sus municipios. Es probable que cada uno de ellos levante la voz con pedidos de unidad.
En el interior habrá actos centrales en las provincias que conduce el peronismo como La Rioja, La Pampa y Formosa. El caso pampeano es un retrato de las dificultades que afronta el peronismo en este tiempo. En los últimos meses la tensión entre el gobernador Sergio Ziliotto y el ex mandatario Carlos Verna aumentó considerablemente. Una discusión de poder, egos y futuro, donde se empieza a poner en juego la sucesión del actual mandatario.

Ziliotto convocó a un acto que se realizará en el Club Belgrano, en Santa Rosa, al que no asistirán ni Verna, ni el intendente local, Luciano Di Napoli; ni la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. Estos últimos dos, potenciales candidatos a la gobernación por parte del peronismo. Una muestra de las tensiones existentes, que no desaparecen pese a las convocatorias de unidad.
Una de las particularidades que tendrá el 17 de octubre en el peronismo es la presentación en sociedad de Hazaña Argentina, un espacio que impulsa Alejandro Kim, el dirigente porteño, descendiente de coreanos, que acompañó a Guillermo Moreno el año pasado en Principios y Valores, pero que ahora empezó a transitar su propio camino.
El peronismo afronta un Día de la Lealtad marcado por las guerrillas internas y la falta de un proyecto común que una a todos los sectores, más allá de las diferencias marcadas respecto al gobierno de Javier Milei.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno celebró el número de la inflación y dijo: “Es el camino”

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, quien fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo. Por lo tanto, el exfuncionario seguirá detenido en el penal federal de Río Gallegos.
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El senador peronista y exgobernador de San Juan Sergio Uñac publicó este martes un video en sus redes sociales en el que explicó por qué le gustaría ser candidato a presidente en las próximas elecciones y advirtió que hay “hay mucho desánimo” en la sociedad.
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Claudio “Chiqui” Tapia estará ausente del país hasta el 17 de octubre. La mini gira del presidente de la AFA arrancó esta mañana, casi al mismo tiempo que trascendían las medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese listado se destaca un pedido de información a la FIFA en Zurich (Suiza), su destino final.
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POLITICA
Causa Cuadernos: declararon agentes de inteligencia en una audiencia que se hizo a puertas cerradas y sin transmisión oficial

El Tribunal Oral Federal 7 realizó este martes una audiencia restringida, sin acceso del público ni transmisión en vivo, en la denominada causa Cuadernos, ante la declaración de agentes de inteligencia.
La sala donde se lleva adelante el juicio cerró sus puertas antes de iniciar la jornada y solo se permitió el ingreso a los abogados de las partes y a los testigos citados a declarar. La transmisión por YouTube fue interrumpida, al igual que en la audiencia del jueves anterior.
El presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, explicó el motivo de la medida: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”. Ante esa comunicación, el tribunal dispuso que el proceso se desarrollara únicamente con los testigos citados y los abogados de las partes.
Adentro quedaron personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, los testigos y los defensores.
La audiencia, que finalizó después del mediodía, se concentró en aspectos técnicos del informe sobre los teléfonos de los imputados, incluido el cruce de llamadas entre ellos. No se dio a conocer la identidad de los testigos que declararon en esta jornada.
El cuidado de los datos personales
Antes de estas audiencias a puertas cerradas, las partes hicieron un acuerdo para evitar la filtración de datos personales. El pedido fue planteado por las defensas ante la posibilidad de que analicen cruces telefónicos, lo que finalmente ocurrió en la audiencia de este martes.
“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, agregó.
Méndez Signori también se pronunció a favor del pedido y llamó a adoptar medidas “que impida que los teléfonos trasciendan”.
El pedido también se enmarcó en lo sucedido en jornadas donde se exhibieron fotografías y videos de allanamientos realizados en domicilios particulares, como el de Cristina Kirchner.
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