Como indican los manuales del buen político argentino, la renuncia de Manuel Adorni se produjo con el «timing» menos perjudicial: sábado a la noche, en la previa de un partido de la Selección Nacional, como para garantizarse que el hecho tuviera el menor espacio posible en la conversación pública.

Igualmente, podrán pensar muchos dentro y fuera del gobierno, ha quedado la sensación de que la anunciadísima renuncia llegó con un retraso de tres meses. El cuestionado jefe de Gabinete ya había perdido credibilidad y margen de acción política desde la desastrosa conferencia de prensa del 25 de marzo.

Aquella mañana, el jefe de gabinete había intentado enterrar la controversia sobre su crecimiento patrimonial, y llevó una nutrida agenda de anuncios sobre economía y desregulaciones. Pero todo salió mal: los periodistas acreditados en la Casa Rosada no preguntaron sobre ninguna otra cuestión, y Adorni se mostró irritado, con frases que empeoraron su imagen, como «yo contesto ante un juez, no ante un simple periodista».

Ese mismo día, perdió en los hechos su condición de vocero presidencial, algo que recién se oficializó dos meses más tarde, cuando se nombró al economista Adrián Ravier en ese cargo.

Desde aquel momento, el presidente Javier Milei se expuso personalmente en la defensa de su funcionario: asistió al informe ante el Congreso, donde intercambió chicanas con los diputados opositores; profundizó su agresividad hacia el periodismo y dejó que se generase una fisura interna, con una facción rebelde liderada por la senadora Patricia Bullrich.

La credibilidad, primera víctima

Lo ocurrido este sábado fue la consumación de lo obvio, dado que Adorni no pasó el test de credibilidad ante la opinión pública, y su argumento sobre las ganancias obtenidas por la inversión en bitcoins resultó más una autoincriminación que una coartada.

Es por eso que la pregunta central de los politólogos es por qué Milei sostuvo un estrés durante tres meses, para que la historia de Adorni tuviera el final que todos sabían que era inexorable.

Como cultor de los economistas clásicos, Milei sabe que todas las acciones de los hombres son resultado de una ponderación entre costo y beneficio. Y, si el presidente actúa de modo racional, entonces cabe suponer que él sintió que defender a su funcionario le traía más ventajas que problemas.

Hasta ahora, están más que claros los costos que pagó Milei: para empezar, la palabra corrupción volvió a estar entre las tres más mencionadas en los rankings de preocupaciones de los argentinos. La propia intención de voto del presidente cayó en las encuestas, no solamente por debajo de la de Axel Kicillof, sino también con menos porcentajes que Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

Pero, sobre todo, pagó un costo intangible y que no se puede medir, pero que lo afecta en la base de su electorado: el discurso de «la moral como pilar de la política» quedó seriamente erosionado. Ahora ya no le resulta tan fácil al presidente establecer la antinomia entre «los argentinos de bien» y los cómplices de la «casta corrupta».

Tanto es así, que hasta el PRO de Mauricio Macri tomó distancia, con un duro comunicado, que decía textualmente: «El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer».

De hecho, las clásicas acusaciones al kirchnerismo por los hechos de corrupción ocurridos en los gobiernos peronistas perdieron su efectividad. En ese sentido, el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, dijo que, a esta altura, ya dejó de ser relevante la diferencia de montos de la corrupción entre el negociado por las SIRA -los permisos de importación que se otorgaban discrecionalmente bajo la gestión de Sergio Massa– que casos menores, como puede ser la compra de un departamento con dólares del colchón.

La doctrina Espert

¿Cuál sería, entonces, el beneficio de haber estirado la decisión? De momento, no se lo ve claro. Pero es posible que Milei haya pensado que, de haberle soltado la mano a Adorni desde un inicio, habría transmitido una imagen de debilidad política.

Ya había tenido una reacción similar ante las acusaciones contra José Luis Espert durante la campaña electoral por las legislativas 2025. También en esa ocasión Milei «bancó» a su candidato, hasta que las encuestas le marcaron con claridad que podía perder en el estratégico bastión de Buenos Aires.

Milei, que había apoyado enfáticamente a Espert y hablaba sobre operaciones mediáticas para perjudicar las chances electorales del gobierno, no tuvo inconveniente en aceptar la «renuncia» del candidato y buscar un sustituto de urgencia -casualmente, Diego Santilli-.

El presidente justificó la decisión con el argumento de que no podía permitir que «una operación maliciosa» pusiera en riesgo el proceso de reformas. Es decir, el mismo argumento con el que antes había apoyado a Espert fue la justificación para sacarlo de la lista.

A juzgar por el resultado de las elecciones legislativas, la decisión de «sacrificar» a Espert se reveló como la opción correcta. Es decir, no se confirmó la tesis de quienes decían que, al desprenderse del funcionario, todo el gobierno estaría manchado por haber apoyado a un candidato cuestionado.

Y, un año después, cuando en la justicia estadounidense se anularon los cargos por narcotráfico contra Fred Machado -el empresario que financió la campaña presidencial de Espert en 2019-, Milei aprovechó para recargar contra el periodismo, al que acusó de haber «destruido la reputación» de un inocente.

¿Qué ganó Milei?

Por lo pronto, la demora en la renuncia de Adorni lleva implícita una sospecha contra el propio Milei: varios políticos opositores dejaron en claro que, si caía el jefe de gabinete, la crisis no se detendría allí, sino que continuaría con una sucesión de acusaciones que mancharía a todo el gobierno. Después de todo, antes de que saltara el escándalo de Adorni, ya habían cobrado nuevo impulso las denuncias sobre el caso Libra.

Desde ese punto de vista, podría considerarse que la demora de Milei tuvo el sentido de sacar al presidente del centro de las denuncias y, además, permitirle a Adorni diseñar su estrategia de defensa legal y rehacer su declaración patrimonial. Ahora, igual que como ocurrió con el caso Espert, podrá decir que accedió a un pedido del propio funcionario, motivada en no perjudicar al gobierno ante el ataque mediático.

Y, eventualmente, si la situación judicial de Adorni mejora en un futuro, Milei podrá repetir el argumento de que la oposición y los medios destruyeron la reputación de un inocente, a quien él sí defendió.

Lo cierto es que, a partir de ahora, una sensación de alivio recorrerá el gobierno, al menos en las primeras semanas. Con el nuevo vocero, se podrá retomar el control de la agenda pública, algo que el gobierno había perdido, al punto de que no lograba sacar rédito de indicadores económicos positivos.

Por otra parte, se destrabará la agenda reformista en el Congreso, dado que el oficialismo podrá buscar nuevamente apoyos que había perdido, como los del bloque del PRO y el «peronismo dialoguista». El estancamiento legislativo era un tema que desesperaba a la senadora Bullrich, quien había planteado con claridad que la situación no daba para más.

Lo que viene: elecciones a la vista

Queda, finalmente, la incógnita respecto de qué tan dañada puede haber quedado la imagen de Milei. En el fondo, el presidente y sus asesores saben que eso depende mucho más de la economía que de la prolijidad en la gestión de los dineros públicos.

La historia reciente da sobradas pruebas al respecto. Nadie lo sabe mejor que Cristina Kirchner, que en 2011 arrasó pese a tener un vicepresidente acusado por el escándalo de «Sueños Compartidos» y dos años después fue derrotada, en medio de una crisis por escasez de divisas. Claro, en ese momento se vivía un boom consumista, con cifras récords en casi todos los rubros.

Por lo pronto, los índices sobre confianza en el gobierno, como el que elabora la Universidad Di Tella, marcaron una mejora en mayo, tras una racha de caídas. No por casualidad, ese mes se registró un IPC de 2,1%, la menor cifra en nueve meses. También el Indec registró que, en abril, se había roto la racha de caída de los salarios frente a la inflación.

Si se cumple el pronóstico del ministro Toto Caputo, a partir de julio empezarán «los mejores 18 meses» para los argentinos en materia económica, con un verdadero boom de ingreso de dólares al país. En ese caso, las chances de Milei mejorarán y, acaso, el escándalo Adorni se irá disipando.

Pero, si ocurriera lo contrario, con una economía estancada y agravamiento del desempleo, Adorni será un fantasma que volverá en cada debate de la campaña electoral.

En enero, el Banco Central de la República Argentina publicó la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), que se aplica a las obligaciones en pesos que entran en mora cuando no hay tasa pactada ni fijada legalmente. La Resolución 1/26 del Directorio incluye un anexo metodológico, donde constan las fórmulas, y se acompaña con una calculadora en la web del organismo que liquida los intereses devengados por período.

El propósito oficial es brindar herramientas a los tribunales para determinar los intereses moratorios cuando las partes no acordaron la tasa o esta no se encuentra fijada por una ley especial, según el artículo 768 del Código Civil y Comercial.

Esta norma, que delegó la cuestión en el BCRA, está vigente desde el 1° de agosto de 2015. Sin embargo, durante una década, esa tasa subsidiaria no fue reglamentada. Ante la ausencia, los jueces de todo el país aplicaron criterios y mecanismos dispares. La jurisprudencia se volvió caótica.

La Tasa de Intereses Moratorios es una tasa efectiva diaria en pesos. Resulta de un promedio aritmético simple entre tasas pasivas y activas que el Banco Central releva a diario en el sistema financiero argentino.

La tasa pasiva es aquella que los bancos pagan a los ahorristas por los plazos fijos a treinta días. La tasa activa surge de promediar lo que los bancos cobran por préstamos a sola firma y por préstamos personales. Ambas tasas están ponderadas por los montos de las operaciones. La TIM queda así en un punto intermedio entre lo que el sistema paga por captar fondos y lo que cobra por prestarlos.

Además, dado que las tasas nominales a menudo no incorporan o sobreestiman la prima por inflación, el BCRA estableció para la TIM un piso y un techo. Ambos se definen por la evolución de la inflación minorista, con un margen de tres puntos porcentuales por debajo y por encima.

Para ello se toma el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se calcula sobre la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor del Indec.

La TIM no puede caer por debajo del piso ni superar el techo: se mueve siempre dentro de ese corredor:

• La banda inferior es la tasa mensual equivalente a la variación diaria del CER menos 3% efectivo anual. El piso protege al acreedor frente a tasas reales negativas, esto es, cuando la inflación supera la tasa de interés.
• La banda superior equivale a la variación diaria del CER más 3% efectivo anual. El techo protege al deudor cuando las tasas quedan muy por encima de la inflación. Para liquidar los intereses de un período, se divide el valor del día final por el del día anterior al inicio del cómputo. Esa relación, expresada en porcentaje, arroja el interés devengado.

La TIM es de aplicación supletoria. Procede, como vimos, ante la falta de una tasa acordada por las partes o fijada por ley. Alcanza a las obligaciones en pesos nacidas de contratos y títulos valores sin cláusula de intereses y, en principio, a las que provienen de indemnizaciones por daños.

Buena parte de los demás litigios quedan fuera, ya que los intereses moratorios están contemplados en la ley. Así, por ejemplo, las deudas laborales, tributarias y de tarjetas de crédito tienen sus propias tasas legales.

La publicación de la TIM no despeja todas las dudas. Hay al menos tres objeciones.

1. La retroactividad. La TIM se remonta al 3 de junio de 1993. El BCRA dirá que es solo una serie estadística. Pero si un tribunal la usa para liquidar intereses devengados desde 2010, estaría aplicando una tasa que no existía cuando el deudor entró en mora. Tampoco existía el marco legal que la habilita, ya que el Código recién rige desde agosto de 2015.
2. El promedio simple entre tasas de interés pasivas y activas. El BCRA no brinda razón plausible para esa paridad. El acreedor, para suplir la liquidez por la falta de pago del deudor, generalmente debe financiarse a tasa activa, no a tasa pasiva. Así, el promedio diluye el costo real de la mora con una tasa pasiva que siempre corre por debajo del costo de financiarse. Es decir que el resultado podría favorecer al deudor. Este problema ya lo tiene la tasa para uso de la justicia del BCRA, difundida por el Comunicado 14290 de 1991. Como es un promedio de tasas pasivas, el componente de caja de ahorro lo arrastra hacia abajo.
3. Las bandas. El CER recién se creó en febrero de 2002. Para llegar a 1993, el BCRA empalmó la serie hacia atrás con el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires. Esta metodología es discutible por sí misma. Pero hay algo más grave. Parte de la serie se apoya en cifras del Indec del período 2007-2015. Para esos tramos, las bandas se calcularon sobre una inflación que la propia Justicia cuestionó.

Hay, además, un uso impensado. Más allá del supuesto para el que fue creada, la TIM podría servir para morigerar intereses excesivos. El artículo 771 del Código Civil y Comercial faculta a los jueces a reducir las tasas que exceden sin justificación el costo medio del dinero para deudores en operaciones similares. La norma remite, así, a las tasas de mercado.

La TIM reúne esa condición: es una tasa objetiva, de fuente oficial, construida sobre datos del propio mercado financiero. Es decir que puede servir de vara para medir tasas abusivas. Su influencia, entonces, podría ir más allá del artículo 768. Ese mismo uso, sin embargo, entraña un peligro. Si los jueces recortan las tasas moratorias con base en la TIM, las tasas pactadas tenderían a comprimirse contra ese parámetro.

El propio artículo 771, es cierto, manda atender al tipo de operación, de modo que una tasa más alta puede justificarse por mayor riesgo. Aun así, una tasa supletoria podría terminar influyendo sobre el precio de todas las demás.

Queda un problema semántico con implicancias de fondo. El BCRA elige el verbo difundir. Evita fijar o establecer. Si la TIM es apenas una serie que el Banco Central publica, ¿están los tribunales obligados a adoptarla?

El Banco Central le marcó la cancha a la Justicia. Resta saber si los jueces aceptarán jugar en ella.

El autor es Abogado, especialista en derecho tributario (UBA). Autor del libro “Manual práctico de procedimiento tributario”

El primer trimestre de 2026 cerró con récord de actividad económica, exportaciones y saldo del intercambio comercial; compras de dólares y acumulación de reservas por parte del Banco Central; y una disminución de las tasas de interés y de los diferentes tipos de cambio. Esas tendencias no solo continuaron en el segundo trimestre, sino que se completaron con el regreso de la desinflación, apuntalada en la continuidad del superávit fiscal y la disciplina monetaria.

Sin embargo, ese escenario no fue suficiente para despejar dudas entre muchos economistas de consultoras locales e internacionales sobre la solidez del plan de gobierno, como justificó Morgan Stanley Capital International (MSCI) para mantener a Argentina en la categoría más baja del ranking global (Standalone), pese a que dos de las mayores calificadoras internacionales de bonos nacionales y corporativos mejoraron sus notas para el país.

Infobae entrevistó a Walter Morales, economista especializado en micro y macroeconomía, presidente, director y estratega de Wise Capital, Agente de Mercado de Capitales, para analizar el escenario actual y sus perspectivas de corto y mediano plazo.

— ¿Visualiza un punto de inflexión en la confianza de los inversores internacionales tras dos años de gestión de Javier Milei?

— Sí, considero que estamos atravesando un punto de inflexión importante. Los inversores internacionales observan con atención los resultados concretos más que los anuncios, y en estos dos años Argentina logró mostrar avances significativos en variables que históricamente fueron motivo de preocupación: equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria, recuperación de reservas y una mayor estabilidad cambiaria. Todo esto contribuye a mejorar la percepción de riesgo.

Sin embargo, la confianza internacional no se recupera de manera inmediata. Argentina viene de décadas de inestabilidad macroeconómica, cambios abruptos de reglas de juego y múltiples incumplimientos financieros. Por eso, aunque el cambio de tendencia es evidente, todavía estamos en una etapa de reconstrucción de credibilidad. Lo que se está consolidando es la expectativa de que el país puede sostener un rumbo diferente, algo que será determinante para atraer inversiones de largo plazo.

— El índice de riesgo país bajó a la zona de 400 puntos básicos, en un contexto de superávit fiscal y comercial, acumulación de reservas, desinflación y estabilidad cambiaria. Sin embargo, la calificación para acceder al mercado de capitales internacional (MSCI) sigue siendo baja. ¿A qué atribuye esa brecha?

— La brecha se explica porque los mercados financieros suelen reaccionar con mayor rapidez a las mejoras coyunturales, mientras que las calificaciones y los índices internacionales evalúan cuestiones más estructurales. La baja del índice de riesgo país refleja que los inversores perciben una mejora concreta en la capacidad de pago y en la consistencia macroeconómica.

En cambio, organismos como MSCI consideran aspectos vinculados a la calidad institucional, la seguridad jurídica, la libertad para operar en los mercados financieros y la previsibilidad de largo plazo. Argentina todavía debe demostrar que las mejoras observadas no son transitorias, sino permanentes. En definitiva, el mercado ya comenzó a reconocer el cambio económico, pero todavía espera señales adicionales para validar una transformación estructural.

— ¿Considera que los antecedentes de default y confiscaciones de activos siguen teniendo más peso que los dos años de cumplimiento del actual programa económico?

— Todavía tienen un peso importante porque la memoria de los mercados suele ser larga. Argentina atravesó múltiples eventos que deterioraron la confianza, desde defaults hasta reestructuraciones compulsivas, controles cambiarios graves y modificaciones unilaterales de contratos. Es lógico que muchos inversores institucionales mantengan cierta cautela.

No obstante, también es cierto que cada año de cumplimiento de objetivos económicos reduce gradualmente ese peso histórico. Dos años de disciplina fiscal y monetaria son una señal muy positiva, pero probablemente el mercado necesite varios años consecutivos de consistencia para modificar completamente su percepción de riesgo. La confianza se recupera mucho más lentamente de lo que se pierde.

— ¿Argentina ya dejó atrás el riesgo de una nueva crisis de reservas o todavía existen factores que podrían desestabilizar el escenario macroeconómico?

— La situación de reservas es significativamente más sólida que hace dos años. De hecho, el Banco Central se encuentra por encima de los USD 47.000 millones de reservas brutas y las reservas netas prácticamente se han neutralizado. Sin embargo, el desafío sigue siendo la acumulación sostenida de divisas para cumplir las metas acordadas con el FMI y afrontar los vencimientos futuros sin sobresaltos.

Por eso, más que hablar de un riesgo inminente de crisis, hoy hablaría de la necesidad de consolidar un proceso de fortalecimiento permanente del balance del Banco Central.

— Algunos economistas y consultores internacionales sugieren que Argentina debería regresar pronto al mercado global de deuda. ¿Cree que el ministro Caputo acierta al no apresurarse en esa dirección?

—A mi entender, la prudencia es una decisión acertada. Argentina no necesita demostrar que puede emitir deuda en los mercados internacionales: ya lo hizo en otras oportunidades. Lo importante es garantizar que cualquier regreso al mercado se produzca bajo condiciones sostenibles y con costos compatibles con una estrategia de largo plazo.

Hoy el Gobierno cuenta con herramientas que le permiten administrar los compromisos financieros sin necesidad de acelerar ese proceso. Esperar una reducción adicional del riesgo país y una mejora en la percepción internacional podría permitir acceder a financiamiento más barato y con mejores plazos. La clave es no confundir acceso al crédito con dependencia del crédito.

Ahora bien, también es cierto que el regreso al mercado internacional será un paso necesario. El propio calendario financiero muestra que hacia 2027 aparecen vencimientos relevantes por aproximadamente USD 9.000 millones, y despejar cualquier duda sobre su refinanciación contribuiría a reducir el riesgo país y fortalecer la confianza de largo plazo. La clave no es volver rápido, sino volver bien.

— ¿Cuáles serían, a su juicio, las ventajas y los riesgos de aprovechar la oportunidad actual para volver a financiarse en los mercados internacionales?

— La principal ventaja sería fortalecer aún más la posición financiera del país, incrementar las reservas y mejorar el perfil de vencimientos futuros. También podría servir como señal de normalización para inversores globales que aún permanecen al margen de Argentina.

El riesgo consiste en interpretar que la etapa de consolidación ya terminó. Históricamente, muchos procesos de estabilización en América Latina fracasaron cuando el financiamiento externo reemplazó los esfuerzos de disciplina fiscal. Argentina debe evitar caer nuevamente en esa lógica. El endeudamiento solo es positivo cuando financia crecimiento y desarrollo, no cuando se utiliza para sostener desequilibrios.

— El Tesoro acumula depósitos por más de USD 12.000 millones en el Banco Central, incluyendo 3.000 millones en divisas y 9.000 millones en pesos al tipo de cambio mayorista, lo que cubre holgadamente los vencimientos hasta mediados del próximo año. ¿Considera que ese respaldo es suficiente para disipar la incertidumbre entre los analistas?

—Sin duda representa una señal muy favorable. Disponer de liquidez suficiente para afrontar vencimientos reduce significativamente los riesgos de corto plazo y fortalece la confianza en la capacidad de pago del Estado.

Sin embargo, presto atención no solo al stock de recursos disponibles, sino también a la capacidad de generar esos recursos de manera sostenible. En ese sentido, la acumulación de depósitos es una condición necesaria, pero la verdadera señal de fortaleza proviene de la continuidad del superávit fiscal y del proceso de ordenamiento macroeconómico.

— La inflación mensual volvió a desacelerarse en abril, aunque la tasa interanual sigue por encima del 30%. ¿Cómo analiza esa dinámica y la diferencia con la meta presupuestaria oficial?

— La inflación interanual suele ser un indicador rezagado porque incorpora registros muy elevados del pasado reciente. Por eso considero que la inflación mensual es hoy la variable más relevante para analizar la dinámica actual de precios.

Lo importante es que el proceso de desaceleración continúa mostrando consistencia. Puede haber diferencias temporales respecto de las metas presupuestarias, pero lo central es la tendencia descendente. Si el equilibrio fiscal se mantiene y no aparecen shocks significativos, la convergencia hacia niveles de inflación cada vez más bajos debería continuar durante los próximos meses.

Más allá de algunos factores puntuales que impactaron en costos mayoristas, especialmente vinculados al petróleo y al contexto geopolítico internacional, nuestra visión es que la inflación seguirá descendiendo gradualmente. Lo importante es observar la tendencia subyacente, que continúa mostrando una moderación consistente respecto de los niveles observados durante los últimos años.

— ¿Hasta dónde cree que va a descender la inflación mensual en lo que resta del año según su escenario base?

— Nuestro escenario base contempla que la inflación continúe descendiendo y que durante los próximos meses logre perforar el umbral del 2% mensual. No obstante, creemos que el proceso será gradual. El impacto de tarifas, algunos ajustes relativos de precios y factores externos todavía pueden generar cierta volatilidad. Lo importante es que la tendencia general sigue siendo descendente y consistente con un escenario de estabilización.

Alcanzar registros similares a los observados en economías de la región sería un avance extraordinario para Argentina. De todas formas, la experiencia internacional muestra que el último tramo del proceso desinflacionario suele ser el más desafiante. Reducir la inflación desde niveles muy elevados es complejo, pero llevarla desde el 2% o 1% mensual hacia niveles consistentes con estabilidad de largo plazo requiere todavía más disciplina y coordinación de expectativas.

— ¿La actual política de tasas de interés es sostenible o prevé cambios relevantes en los próximos meses?

— Las tasas de interés deben acompañar la evolución de la inflación y de las expectativas. En la medida en que continúe el proceso de desinflación, resulta razonable esperar una reducción gradual de las tasas nominales.

Lo importante será mantener tasas reales positivas que sigan incentivando el ahorro en moneda local y contribuyan a sostener la estabilidad financiera. No espero cambios bruscos, sino un proceso gradual y consistente con el objetivo de consolidar la normalización monetaria.

— Desde inicios de 2026 se observa una apreciación cambiaria. ¿Se trata de un fenómeno estacional o responde a un cambio estructural en el comercio exterior?

— Hay elementos coyunturales y estructurales. Desde el punto de vista estacional, el ingreso de divisas provenientes de exportaciones genera una mayor oferta de dólares en determinados momentos del año. Sin embargo, una vez finalizada la estacionalidad de la cosecha gruesa, es razonable esperar que el tipo de cambio retome una dinámica más alineada con la inflación para evitar un deterioro adicional de la competitividad.

Pero también existen factores más profundos vinculados a la mejora de la confianza, al incremento de inversiones en sectores estratégicos y a una menor demanda precautoria de dólares por parte de los agentes económicos. Por eso considero que no estamos únicamente frente a un fenómeno estacional.

— ¿Cree que una eventual liberación total del cepo cambiario podría revertir la tendencia actual del tipo de cambio?

— Toda liberalización genera un período de adaptación y puede provocar cierta volatilidad inicial. Sin embargo, si la salida se realiza en un contexto de equilibrio fiscal, reservas suficientes y expectativas estabilizadas, no necesariamente debería implicar una corrección significativa del tipo de cambio. Lo determinante será la confianza que inspire el nuevo régimen cambiario. Cuando los fundamentos macroeconómicos son sólidos, la liberalización suele ser absorbida por el mercado de manera mucho más ordenada.

— ¿Qué señales o medidas esperaría usted para afirmar que el país está listo para levantar totalmente el cepo cambiario?

— Esperaría observar un nivel de reservas más robusto, una inflación estabilizada en niveles bajos, acceso normal al financiamiento internacional y una demanda sostenida de activos en pesos. También sería importante que la economía haya consolidado una mayor previsibilidad en materia fiscal y monetaria. La eliminación total del cepo debe ser la consecuencia natural de un proceso de estabilización exitoso y no una medida aislada destinada a generar confianza por sí misma.

— ¿Cuáles son sus expectativas para el segundo semestre en materia de actividad económica, empleo, mercado de capitales, tipo de cambio, inflación y tasas de interés?

— Para el segundo semestre esperamos una mejora gradual de la actividad económica impulsada principalmente por sectores como energía, petróleo, gas, minería y agroindustria. También podrían comenzar a sentirse los efectos de los proyectos de infraestructura anunciados por el Gobierno.

Al mismo tiempo, observamos señales mixtas: mientras la industria muestra algunos indicadores de recuperación, el consumo todavía permanece débil, con ventas minoristas y confianza del consumidor mostrando dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

— ¿Qué impacto espera sobre el empleo si se mantiene la actual política económica durante el segundo semestre?

— La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para generar empleo sostenible. Durante los períodos de alta inflación e incertidumbre, las empresas suelen postergar inversiones y contrataciones.

Si el actual proceso de estabilización continúa, es razonable esperar una recuperación gradual del empleo formal. No será un fenómeno inmediato ni homogéneo entre sectores, pero la inversión privada debería comenzar a traducirse en una mayor demanda laboral a medida que se consolide el crecimiento.

— ¿Cuál es, en su opinión, el principal desafío para consolidar la recuperación económica en el corto plazo?

— El principal desafío es transformar la estabilización en crecimiento sostenido. Argentina está demostrando que puede ordenar sus variables macroeconómicas, pero ahora necesita que esa mejora se traduzca en más inversión, mayor productividad y creación de empleo formal.

La recuperación será verdaderamente sólida cuando las empresas aumenten sus planes de inversión y los hogares perciban una mejora sostenida en su capacidad de consumo y ahorro.

— Diversas consultoras advierten sobre la incertidumbre política de cara a 2027 y el riesgo de que se repita un escenario de inestabilidad como el de 2025. ¿Cuál es su visión sobre ese escenario y sus posibles efectos sobre el plan económico?

— El principal desafío político para el programa económico no está en 2026, sino en 2027. Los mercados observan con atención la posibilidad de continuidad de las reformas porque entienden que muchos cambios estructurales todavía están en proceso de consolidación. Hoy las encuestas muestran que el oficialismo mantiene competitividad electoral, pero también evidencian una creciente preocupación por la situación de la economía real y el poder adquisitivo. Si la recuperación económica no logra llegar con mayor claridad a los hogares, el componente político podría volver a ganar protagonismo en la valoración de los activos argentinos.

— Si tuviera que definir con una palabra el momento económico actual de la Argentina, ¿cuál elegiría y por qué?

— Elegiría la palabra “consolidación”. Porque Argentina ya superó la etapa más crítica del proceso de estabilización y ahora enfrenta el desafío de consolidar los avances alcanzados. El mercado comenzó a reconocer las mejoras, pero el objetivo final sigue siendo transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido, inversión y desarrollo de largo plazo.